Educación camino al futuro: los avances del Gobierno de Milei.

Durante años, Argentina convivió con una catástrofe educativa que no se explica por la falta de presupuesto sino por cómo se utilizaron los recursos, cómo se administraron las políticas y sobre todo, cómo se desdibujó el rol de la escuela en nuestra sociedad. La inversión ha crecido de manera sostenida en los últimos años pero los aprendizajes cayeron, las oportunidades se diluyeron y las brechas crecieron.

En ese proceso, la escuela perdió el sentido: dejó de ser el espacio central de transmisión de conocimiento, de impulso y desarrollo del carácter y habilidades socioemocionales, de adquisición de hábitos y disciplina. Progresivamente emergió como refugio social, un prestador de servicios múltiples y desordenados: pasó a ser el lugar donde esperamos que se resuelvan todos los males externos -económicos, familiares, comunitarios- a costa del tiempo pedagógico y la calidad de la enseñanza.

Con esto no quiero desconocer que la escuela puede ser un gran espacio para combatir las desigualdades que enfrentamos los argentinos, lo que busco señalar es que se diluyó la función académica, debilitando el contrato social sobre el cual se supo sostener nuestro sistema educativo.

La escuela es el lugar donde la movilidad social ascendente se vuelve una realidad. Es el lugar donde se aprende, donde se desarrollan capacidades y habilidades que nos van a acompañar el resto de nuestras vidas, donde se despiertan nuestros sueños más grandes.

Entonces, cuando una institución pierde claridad sobre su misión, ningún presupuesto puede ser suficiente. Lo que colapsó en Argentina no fue el financiamiento sino el propósito.

Esa es la verdadera crisis heredada: una escuela cargada de expectativas que no puede cumplir, con contenidos desactualizados, docentes colapsados e imposibilitada de garantizar los aprendizajes más básicos. Los datos no mienten: solo 10 de cada 100 estudiantes que comenzaron la primaria en 2013 lograron llegar al final de la secundaria en 2024 en tiempo y forma. De hecho, según las últimas Pruebas Aprender Secundaria (2024) el 58% de los estudiantes alcanzó o superó el nivel satisfactorio en Lengua y solo el 14,2% logró el mismo resultado en Matemática.

Este Gobierno decidió revertir ese deterioro estructural construyendo un nuevo paradigma: invertir con inteligencia, ejecutar con evidencia y gobernar con datos, entendiendo a la educación como el núcleo estratégico del capital humano del país. Ahora, la inversión deja de medirse por el tamaño del presupuesto y pasa a medirse por el impacto real en los aprendizajes y proyectos de vida de los chicos. Ese es el giro conceptual que ordena todas las políticas educativas implementadas durante este año.

Ese reordenamiento empezó por lo más elemental: devolverle seriedad y previsibilidad a la escuela. En Octubre, las 24 jurisdicciones ratificaron un calendario extendido de 190 días de clase para el próximo año, un hecho inédito en una Argentina acostumbrada a perder semanas enteras de aprendizaje. Considerando la media sanción de la Ley de Educación Esencial, que operó como un mensaje claro, vamos camino a garantizar todos los días de clase en cada aula del país.

A la vez, el Gobierno avanzó con iniciativas que recuperan la centralidad de los aprendizajes fundamentales. El Plan Nacional de Alfabetización y Matemática vuelve a poner en agenda lo que cualquier sistema educativo moderno considera irrenunciable: que todos los estudiantes, en especial los de los primeros ciclos, dominen las habilidades básicas que determinan su trayectoria escolar y en definitiva, su futuro. Esa decisión se complementa con un operativo nacional de evaluación que alcanza a 750 mil estudiantes de sexto grado en Lengua y Matemática, una escala que no se veía desde hacía años y que permitirá reconstruir parte del diagnóstico perdido.

Nada de esto sería sostenible sin información. Por eso la creación del Sistema Integrado de Consulta de Datos e Indicadores Educativos (SICDIE) y el compromiso asumido con el Relevamiento Nacional de Personal Educativo representan un salto institucional profundo: por primera vez, las decisiones podrán tomarse con datos unificados, comparables y actualizados. Además, los datos están disponibles en la web para todo aquel que desee consultarlos, con más transparencia hay mejor control. Argentina comienza el camino para mirar su sistema educativo con instrumentos profesionales, no con intuiciones o planillas inconexas.

Después de dos décadas sin actualizaciones sustantivas, se incorporaron habilidades socioemocionales, educación financiera y contenidos vinculados al mundo real dentro de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios. Aspectos que en muchas escuelas ya eran vistos como fundamentales para cualquier política educativa permanecían en pausa en la agenda estatal. La actualización curricular, tantas veces anunciada y siempre pospuesta, está en camino a materializarse. A esa modernización se suma un paso decisivo hacia el futuro: el lanzamiento del Programa Argentino de Innovación de la Educación con Inteligencia Artificial (PAIDEIA). La IA deja de ser un tema de nicho para convertirse en parte de los proyectos escolares.

En paralelo, la creación del Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación reabre un debate que la política argentina evitó durante años: quién forma a los futuros docentes, con qué estándares y con qué resultados. Según informa el INFoD, la implementación se dará a través de un proceso participativo que contará con dos instancias: una autoevaluación institucional y una evaluación externa.

La agenda de propuestas también alcanzó a las familias. Los vouchers educativos, junto con la desregulación de cuotas en escuelas privadas (sin subvención estatal), funcionaron como un alivio directo (tanto para las familias como para muchas instituciones) en un contexto económico complejo, permitiendo que miles de estudiantes mantuvieran su continuidad educativa.

Todas estas medidas responden a una lógica que ordena el enfoque educativo del Gobierno: invertir mejor, no necesariamente gastar más.

De todas formas, vale una precisión clave que suele omitirse en el debate público. La educación obligatoria en Argentina es financiada mayoritariamente por las provincias: cerca del 75% del gasto total depende de sus presupuestos, mientras que la Nación cubre apenas una cuarta parte. Esto es así desde la transferencia establecida por la Ley 24.049, promulgada en 1991. En este marco, cargar toda la discusión sobre la supuesta “falta de inversión nacional” no solo resulta intelectualmente deshonesto: oculta la responsabilidad efectiva que tienen las provincias en sostener, mejorar o degradar el financiamiento educativo. Como cerca del 90% del gasto educativo provincial se destina a salarios docentes, cualquier variación presupuestaria depende casi por completo de las decisiones de gobernadores y ministerios provinciales. Si queremos un debate serio, también hay que mirar, y exigir, el esfuerzo de los Gobernadores, porque ahí se juega la mayor parte del financiamiento del sistema.

En conclusión, la discusión pública quedó atrapada en la falsa dicotomía entre inversión y recorte cuando la verdadera pregunta es por la eficacia. La Argentina heredó un sistema educativo que había dejado de formar al capital humano necesario para competir en un mundo en transformación. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, se observa una hoja de ruta coherente que combina orden, tecnología, evaluación y actualización. Se trata de una política educativa que mira hacia adelante: recuperar aprendizajes, modernizar estructuras y devolverle a la escuela la misión que nunca debió perder.

Claro está que estos avances todavía conviven con desafíos enormes. Pero el giro de paradigma ya está en marcha. Y en un país que siempre discutió la educación desde el gasto, quizá el cambio más profundo sea comenzar a discutirla a partir de los resultados.