El Salvador — ¿Por qué es tan criticado?

Hoy no quiero perderme en rodeos ni desviarme hacia otros asuntos antes de entrar en materia. Quiero hablar de una de las polémicas más discutidas de los últimos años en Hispanoamérica y, más concretamente, de un hombre que ha conseguido algo cada vez más difícil en política: dividir opiniones con la misma intensidad con la que cosecha apoyos. Hablo de Nayib Bukele. Desde su llegada al poder en El Salvador, Bukele ha impulsado una serie de medidas extraordinariamente duras contra las pandillas, el narcotráfico y la corrupción que durante décadas habían convertido al país en un territorio donde la ley parecía tener menos autoridad que los criminales. Las dos organizaciones más temidas, la MS-13 y Barrio 18, ejercían un control casi absoluto sobre numerosos barrios. Decidían quién podía cruzar una calle, quién podía visitar a un familiar y, en ocasiones, quién merecía seguir viviendo. Durante años, El Salvador fue un lugar donde la amenaza, la extorsión y la violencia formaban parte del paisaje cotidiano. La respuesta del gobierno fue tan simple como contundente: detener a miles de pandilleros y desmantelar las estructuras que habían convertido amplias zonas del país en feudos criminales. Para ello recurrió a detenciones masivas apoyadas por las fuerzas armadas y al envío de los arrestados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, más conocido como CECOT, una prisión que se ha convertido en símbolo de la política de seguridad salvadoreña. Las críticas no tardaron en aparecer. Organizaciones internacionales, juristas y numerosos medios denunciaron que muchas detenciones se realizaron sin suficientes garantías procesales y que parte de los arrestados no habían sido vinculados de manera individual a delitos concretos. Es una crítica legítima y merece ser escuchada. Sin embargo, también conviene recordar el contexto. Buena parte de los detenidos pertenecían a organizaciones criminales cuya presencia era pública y notoria. Muchos exhibían tatuajes asociados históricamente a las pandillas, símbolos que durante años funcionaron como marcas de pertenencia y, en no pocos casos, como auténticas cartas de presentación dentro del mundo criminal. Para una gran parte de la población salvadoreña, aquellas capturas no representaban una amenaza contra las libertades, sino la primera demostración de fuerza de un Estado que llevaba demasiado tiempo ausente. Y ahí es donde nace el verdadero debate. Porque mientras unos ven una peligrosa erosión de las garantías jurídicas, otros observan algo mucho más simple: barrios donde ya no se escuchan disparos, comerciantes que han dejado de pagar extorsiones y ciudadanos que pueden caminar por la calle sin mirar constantemente por encima del hombro. Entre ambas posiciones se mueve una discusión incómoda, compleja y mucho menos sencilla de lo que suelen admitir quienes la contemplan desde la distancia. Otros critican las condiciones en las que viven los reclusos dentro del CECOT. Señalan que pasan la mayor parte del día encerrados, con un contacto mínimo con el exterior, sin visitas familiares y con importantes restricciones para comunicarse con abogados. También se habla de hacinamiento, de la ausencia de programas de reinserción y de denuncias realizadas por organizaciones internacionales que apuntan a presuntos casos de malos tratos, negligencia médica e incluso muertes bajo custodia. El gobierno salvadoreño rechaza esas acusaciones y sostiene que forman parte de una campaña destinada a desacreditar su política de seguridad. A diferencia de muchas cárceles occidentales, concebidas al menos en teoría para reinsertar al delincuente en la sociedad, el CECOT persigue otro objetivo mucho más simple y mucho menos romántico: impedir que quienes entran allí sigan ejerciendo influencia sobre el mundo exterior. Gustará más o gustará menos, pero esa parece ser la filosofía que lo sostiene. La polémica alcanzó uno de sus puntos más altos en marzo de 2022. Tras una nueva ola de asesinatos atribuida a las maras, el presidente Nayib Bukele anunció que, si las pandillas continuaban sembrando cadáveres en las calles, los encarcelados verían endurecidas todavía más sus condiciones de vida. Menos comida, menos tiempo al aire libre y un aislamiento aún más severo. La lógica era sencilla: si los cabecillas seguían teniendo capacidad para influir sobre quienes permanecían fuera, también debían asumir las consecuencias de lo que ocurría. Las críticas no tardaron en llegar. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que aquello suponía una forma de castigo colectivo incompatible con los principios básicos de la responsabilidad penal individual. Y, siendo honestos, no les falta parte de razón. La ley debería juzgar personas, no grupos. Debería condenar actos concretos, no pertenencias abstractas. Ahora bien, aquí es donde la teoría se encuentra con la realidad y ambas suelen llevarse bastante mal. Porque llegados a este punto conviene hacerse una pregunta que, por lo visto, incomoda bastante a ciertos sectores: ¿por qué se exige tanta preocupación por los derechos de quienes pasaron años pisoteando los de los demás? No me malinterpreten. No estoy defendiendo que un Estado pueda hacer cualquier cosa simplemente porque le convenga. Tampoco sostengo que la justicia deba administrarse desde la venganza. Pero hay algo profundamente irritante en observar cómo muchos de los discursos que hoy se pronuncian sobre las cárceles salvadoreñas parecen olvidar, con una facilidad admirable, lo que ocurría en las calles antes de que comenzaran esas detenciones masivas. Porque las víctimas también existían. Existían los comerciantes extorsionados, las familias que vivían aterradas, los chavales que crecían sabiendo que una calle equivocada podía costarles la vida. Existían los asesinados, los amenazados y los que aprendieron a bajar la mirada para seguir respirando un día más. Y, curiosamente, sobre ellos rara vez se escriben informes de doscientas páginas. Hay algo muy humano en todo esto. Cuando la violencia golpea lejos, solemos refugiarnos en principios, teorías y declaraciones solemnes. Cuando golpea cerca, la cosa cambia. Entonces aparecen el miedo, la rabia y ese deseo poco elegante, pero profundamente humano, de ver sufrir a quien ha hecho sufrir durante años a los demás. Desde la seguridad de un despacho europeo resulta sencillo hablar de proporcionalidad, reinserción y garantías jurídicas. Mucho más sencillo, desde luego, que vivir durante décadas en un lugar donde la ley había dejado de mandar y donde las pandillas ejercían un poder que el propio Estado era incapaz de disputarles. Y quizá ahí se encuentre el origen de toda esta polémica. No en las cárceles, ni siquiera en Bukele. La discusión real está en el eterno choque entre los principios y la realidad. Entre lo que creemos que debería ocurrir y lo que ocurre cuando una sociedad lleva demasiado tiempo conviviendo con el miedo. Porque la teoría suele ser impecable. El problema aparece cuando le toca enfrentarse a la práctica. Y la práctica, como casi siempre, tiene la desagradable costumbre de ser bastante más sucia que los discursos.