Inteligencia, aprehensión y Estado de Derecho

La habilitación de facultades de aprehensión al personal de inteligencia plantea una pregunta estrictamente jurídica: si era necesario ampliar el poder coactivo del Estado cuando el ordenamiento penal ya regula la detención excepcional bajo control judicial. Una discusión que excede la coyuntura y toca el núcleo del artículo 18 de la Constitución.

Por Alejandro Vecchi

Un crimen y asesinato de carácter de los mas violentos de la historia. Miguel de Unamuno fue perseguido por pensar y decir lo que creía justo. En 1920 fue condenado a dieciséis años de prisión por injurias al rey Alfonso XIII, una pena que no llegó a cumplir por haber sido indultado. Cuatro años después, en 1924, el régimen de Primo de Rivera lo desterró a Fuerteventura, lo apartó de la universidad y lo confinó lejos de su país por sus críticas abiertas al poder. Aquella isla fue su prisión más real: el silencio impuesto al intelectual incómodo. Murió en Salamanca, el 31 de diciembre de 1936, aislado y vigilado, tras enfrentarse públicamente al autoritarismo naciente. Su vida y su muerte recuerdan que el pensamiento libre siempre tiene un costo cuando el poder deja de tolerarlo.

Liberalismo, legalidad y una advertencia temprana.

“…Ésta es una campaña contra el liberalismo, no contra el bolchevismo. Todo el que fue ministro en la República, por de derecha que sea, está ya proscrito…”. La referencia a que el alzamiento de 1936 constituyó una ofensiva contra el liberalismo y no exclusivamente contra el bolchevismo reproduce el sentido doctrinal de la intervención de Miguel de Unamuno del 12 de octubre de 1936 en la Universidad de Salamanca, conforme a reconstrucciones historiográficas concordantes, basadas en crónicas contemporáneas y en su correspondencia posterior (v. gr. L. Portillo, Horizon, 1941; S. Delgado, Univ. de Salamanca; J. Marías). No existe transcripción taquigráfica literal del discurso, pero en uno de los episodios más conocidos de la vida intelectual española del siglo XX, Miguel de Unamuno dejó una reflexión que trasciende largamente su tiempo y su circunstancia política. Unamuno no fue un enemigo del liberalismo; por el contrario, fue uno de sus defensores más singulares y honestos. Creía que el liberalismo con todas sus tensiones y fragilidades era el sistema que debía regir la convivencia política, precisamente porque colocaba límites al poder y protegía la dignidad de la persona frente a la fuerza.

Su advertencia, formulada en 1936 en la Universidad de Salamanca, no estuvo dirigida contra la idea de orden ni contra la defensa del Estado, sino contra un fenómeno distinto y más profundo: el riesgo de que, en nombre de una causa que se decía salvadora, se abandonaran las reglas que hacen legítimo a un sistema político. Cuando Unamuno afirmó que “vencerán, pero no convencerán”, no estaba negando la capacidad de imponerse por la fuerza; estaba señalando que la victoria material no reemplaza a la legitimidad moral ni a la adhesión racional que exige un orden verdaderamente liberal.

“…La barbarie es unánime. Es el régimen de terror por las dos partes. España está asustada de sí misma, horrorizada. Ha brotado la lepra católica y anticatólica. Aúllan y piden sangre los hunos y los hotros. Y aquí está mi pobre España: se está desangrando, arruinando, envenenando y entonteciendo. La deficiencia mental de nuestra juventud totalitaria, giovinezza, es espantosa…”. La cita corresponde a Miguel de Unamuno, en Los hunos y los hotros por Borzoni, Sandro, Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, Nº 49, 2021, Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto, Novara, p. 76.

En ese contexto, Unamuno advirtió que la violencia paraestatal que comenzaba a desplegarse no fortalecía al liberalismo, sino que lo vaciaba desde adentro. No cuestionaba la necesidad de defender ideas ni instituciones, sino el modo en que esa defensa se estaba llevando adelante, sustituyendo el derecho por la fuerza, la ley por la excepción y el debate por la imposición. Su preocupación no era coyuntural: era estructural. Un sistema que se dice liberal deja de serlo cuando tolera que la violencia suplante a las garantías.

Abrir este análisis desde Unamuno no implica trasladar mecánicamente un conflicto histórico al presente, sino recuperar una intuición que sigue siendo relevante: el liberalismo no se sostiene solo por sus fines, sino también y sobre todo por sus medios. La vigencia del derecho, el respeto por la legalidad y la sujeción del poder estatal a reglas claras no son obstáculos para el orden, sino su condición de posibilidad.

Desde esa perspectiva, la discusión que se propone en las páginas que siguen no pretende impugnar el sistema político elegido democráticamente por la sociedad, ni confrontar con tradiciones ideológicas determinadas. Por el contrario, parte del reconocimiento de un dato básico de toda convivencia democrática: cada comunidad tiene el derecho de darse, por las vías constitucionales, el modelo de organización política que considere legítimo.

El planteo que aquí se ensaya es de otra naturaleza. Se trata de una reflexión interna, serena y necesaria, sobre los límites y las exigencias que todo sistema debe respetar para preservarse a sí mismo. En la mirada de Unamuno, allí donde el Estado actúa dentro de la ley, el liberalismo como cualquier orden fundado en reglas se fortalece. Allí donde, aun con propósitos declarados legítimos, la fuerza comienza a desplazar al derecho, el sistema ingresa en una zona de tensión que no invalida el debate, pero sí invita a pensarlo con especial cuidado.

Este enfoque no busca cerrar discusiones ni establecer jerarquías ideológicas, sino contribuir a un diálogo institucional respetuoso, en el que la vigencia del derecho y la protección de la libertad personal sigan siendo puntos de encuentro, más allá de las diferencias.

Miguel de Unamuno, se explayó sobre el tema en su intervención del 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca; allí denunció que el alzamiento en curso no constituía una lucha contra el bolchevismo, sino una ofensiva contra el liberalismo político y moral. En ese contexto y según reconstrucciones historiográficas concordantes basadas en crónicas contemporáneas y en su correspondencia posterior afirmó que los sublevados “vencerían, pero no convencerían”, porque la fuerza podía imponerse materialmente, pero era incapaz de generar adhesión moral o legitimidad intelectual.

La fórmula “Vencerán, pero no convencerán” pertenece de modo inequívoco a Miguel de Unamuno. Las referencias a la campaña contra el liberalismo reproducen fielmente el sentido doctrinal de su intervención, conforme a reconstrucciones históricas basadas en testimonios, crónicas periodísticas y cartas del propio Unamuno (octubre–noviembre de 1936).

La reciente modificación a la Ley de Inteligencia Nacional reabre una discusión estructural del Estado de Derecho: si el sistema jurídico argentino necesitaba o no habilitar facultades de aprehensión en cabeza del personal de inteligencia cuando el derecho procesal penal ya regula, de manera expresa y constitucionalmente controlada, los supuestos excepcionales de privación de la libertad. Un análisis dogmático, constitucional y comparado que excede la coyuntura y se inscribe en los límites permanentes del poder estatal.

Una discusión jurídica, no coyuntural

Existen debates que, aun cuando emergen a partir de decisiones normativas recientes, no deben ser abordados desde la lógica de la coyuntura, sino desde la estructura permanente del orden constitucional. La reforma introducida al régimen legal de la inteligencia estatal mediante un decreto de necesidad y urgencia vuelve a poner en primer plano una cuestión clásica del derecho público: la distribución constitucional de las funciones de inteligencia, prevención y coerción, y los límites que el Estado de Derecho impone cuando se trata de restringir la libertad personal.

La pregunta que orienta este trabajo es estrictamente jurídica y dogmática:

¿era necesario introducir o explicitar una facultad de aprehensión en cabeza del personal de inteligencia cuando el ordenamiento argentino ya prevé, de manera expresa y suficiente, la posibilidad de detener y poner a disposición de la autoridad en situaciones de urgencia?

Responder este interrogante exige recorrer, de manera sistemática, cuatro planos: a) la reforma normativa al régimen de inteligencia;

b) el derecho procesal penal vigente (CPPN y CPPF);

c) el derecho comparado (Reino Unido y Estados Unidos);

d) el bloque constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

La reforma al régimen de inteligencia: alcance normativo

El nuevo año encontró a los argentinos con el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que introdujo modificaciones relevantes a la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, norma históricamente caracterizada por su sensibilidad institucional, dado que regula organismos que operan bajo principios de reserva, secreto y excepcionalidad.

Entre las modificaciones incorporadas, adquiere particular trascendencia la inclusión del artículo 10 nonies, que establece que el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, con el deber de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales o de seguridad competentes.

Desde una perspectiva estrictamente normativa, esta previsión introduce una novedad cualitativa: por primera vez se reconoce de manera expresa una facultad coactiva directa en cabeza de organismos cuya función tradicional ha sido la producción de información, no el ejercicio de la fuerza.

La norma no redefine formalmente la naturaleza de los servicios de inteligencia, pero amplía su espectro competencial hacia un terreno que históricamente ha sido reservado al derecho procesal penal: la privación de la libertad personal.

La aprehensión en el derecho procesal penal argentino: un instituto ya regulado

El primer dato dogmático relevante es que el derecho argentino ya regula exhaustivamente la aprehensión sin orden judicial. No existe vacío normativo alguno.

a) Código Procesal Penal de la Nación (CPPN)

El CPPN estructura la aprehensión como una excepción estricta, fundada en la flagrancia:

– art. 284 CPPN: habilita la aprehensión sin orden judicial en caso de flagrancia; — art. 285 CPPN: autoriza la aprehensión por cualquier persona, imponiendo la obligación de entrega inmediata a la autoridad; — art. 286 CPPN: define la flagrancia de manera objetiva y taxativa.

Desde el punto de vista dogmático, el diseño es contundente: la legitimidad de la aprehensión no depende del cargo, la función ni la pertenencia institucional, sino exclusivamente de la situación fáctica objetiva.

Por otro lado**, la flagrancia no depende del agente, sino del hecho**.

b) Código Procesal Penal Federal (CPPF)

El CPPF, vigente progresivamente, no altera esta lógica, sino que la reafirma dentro de un modelo acusatorio más robusto:

– arts. 176 a 179 CPPF: regulan la flagrancia y la aprehensión excepcional; — refuerzan el control temprano del Ministerio Público Fiscal; — aseguran la judicialización inmediata del acto.

Las diferencias entre CPPN y CPPF son de técnica procesal, no de sustancia constitucional. En ambos regímenes, la aprehensión es objetiva, excepcional, temporal y sometida a control judicial. No es una potestad estatutaria autónoma.

Reserva procesal y artículo 18 de la Constitución Nacional

Este desplazamiento funcional resulta particularmente sensible cuando se introduce mediante un decreto de necesidad y urgencia, instrumento constitucionalmente excepcional cuya utilización exige una justificación reforzada cuando se trata de derechos fundamentales.

El núcleo constitucional del problema se encuentra en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que consagra el principio según el cual nadie puede ser arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo el supuesto excepcional de flagrancia.

De esta cláusula se desprende un principio dogmático central: la privación de la libertad es materia de reserva procesal estricta.

La regulación de la aprehensión corresponde al derecho procesal penal como expresión directa del debido proceso, del juez natural y del principio de legalidad. No puede ser ampliada, desplazada o reconfigurada indirectamente por normas de otra naturaleza.

La doctrina de la Corte Suprema: el caso Daray

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido consistente en esta lectura. En el precedente “Daray, Roberto” (Fallos: 312:2467), el Tribunal sostuvo que toda restricción de la libertad personal fuera de los supuestos legalmente previstos vulnera el artículo 18 de la Constitución Nacional; que la flagrancia no admite interpretaciones extensivas; y que la prevención o conveniencia estatal no suplen la habilitación legal estricta.

La Corte fue clara: la fuente de legitimidad de la aprehensión no es la finalidad, sino la existencia de una previsión procesal precisa y control judicial efectivo.

Con este precedente, la Corte fijó un límite estructural al poder preventivo del Estado, estableciendo que la seguridad no puede operar como cláusula abierta para erosionar la legalidad procesal.

Desde Daray en adelante, el derecho argentino dejó en claro que no hay detención legítima por la sola autoridad del agente, sino únicamente cuando existe un motivo previo, legalmente definido y capaz de soportar control judicial

Daray no es un caso aislado, sino doctrina estable de la Corte.

Derecho comparado: inteligencia sin coerción

Reino Unido — MI5 (Londres)

El modelo del Reino Unido: inteligencia sin coerción y primacía del proceso penal

El Reino Unido ofrece uno de los modelos más consistentes y deliberados de separación funcional entre inteligencia y coerción personal dentro de una democracia constitucional. Esa separación no responde a una tradición informal ni a una limitación operativa coyuntural, sino a una decisión jurídica consciente, adoptada y sostenida incluso frente a amenazas terroristas prolongadas y de extrema gravedad. En el diseño británico, la inteligencia cumple una función estratégica de identificación y neutralización de riesgos, mientras que la privación de la libertad permanece estrictamente en manos de las fuerzas policiales y del sistema judicial.

El Servicio de Seguridad británico, conocido como MI5, no es una fuerza de seguridad ni un órgano policial. Su misión es la protección de la seguridad nacional mediante la recolección, análisis y evaluación de información relativa a amenazas internas, tales como el terrorismo, el espionaje o la subversión del orden constitucional. Desde su configuración institucional moderna, el MI5 fue concebido como un organismo de inteligencia pura, carente de potestades ejecutivas de coerción personal.

Este principio fue expresado con particular claridad por Stella Rimington, quien se desempeñó como Directora General del MI5 entre 1992 y 1996. En su conferencia “Intelligence, Security and Law”, pronunciada en Londres en 1994, Rimington formuló una afirmación que se ha convertido en referencia doctrinal del derecho de inteligencia comparado: el Servicio de Seguridad no tiene, ni debe tener, poderes ejecutivos de detención. La identificación de amenazas y la producción de inteligencia corresponden a los servicios de inteligencia; la detención, el procesamiento y el juzgamiento pertenecen a la policía, a la fiscalía y a los tribunales.

Rimington explicó que el MI5 investiga de manera encubierta, utiliza fuentes humanas y técnicas de inteligencia altamente intrusivas y coopera estrechamente con las fuerzas policiales, pero no arresta personas. Cuando una investigación alcanza el umbral penal, el caso se transfiere a la policía, que actúa bajo las reglas ordinarias del proceso penal, con control judicial y posibilidad de contradicción. Esta separación funcional no fue concebida como una limitación inconveniente, sino como una garantía esencial del Estado de Derecho.

Este diseño se mantuvo incluso durante los años más intensos del conflicto con el IRA, cuando el Reino Unido enfrentó una amenaza terrorista persistente durante décadas. Aun en ese contexto, el sistema británico rechazó la creación de una “superagencia” con facultades unificadas de inteligencia y coerción. La razón fue clara: la concentración de información secreta y poder coercitivo en un mismo organismo erosiona las garantías sin mejorar necesariamente la eficacia en la prevención del delito. En lugar de centralizar funciones, el modelo británico optó por una cooperación intensa, pero con roles claramente diferenciados.

El marco normativo contemporáneo consolidó este enfoque. El Investigatory Powers Act 2016 reguló de manera detallada y exhaustiva las facultades de vigilancia e injerencia en la privacidad, estableciendo un sistema de autorización reforzada conocido como “double lock”, que combina la intervención de un ministro responsable con el control de un juez independiente. Sin embargo, esa ley no otorgó al MI5 facultades de detención. Por el contrario, reafirmó la distinción entre inteligencia y coerción, sometiendo las técnicas más intrusivas a mayores exigencias de legalidad, proporcionalidad y supervisión.

Rimington subrayó un principio que resulta especialmente relevante para el análisis dogmático: cuanto más intrusiva es la actividad de inteligencia, mayor debe ser el nivel de autorización y control. Esa lógica es incompatible con la atribución de facultades abiertas de aprehensión a organismos que operan bajo secreto y reserva. La legitimidad del sistema británico descansa precisamente en la trazabilidad de la privación de la libertad, en la identificación clara del agente actuante y en la posibilidad real de control judicial efectivo.

El modelo británico demuestra que la inteligencia puede ser eficaz sin ejercer coerción directa. La neutralización del terrorismo y de las amenazas graves no se logra mediante la expansión difusa de poderes, sino mediante un diseño institucional que preserve la separación entre quien produce información secreta y quien detiene, acusa y juzga. En esa arquitectura, la inteligencia orienta y alerta; la policía actúa; la fiscalía acusa; y los jueces controlan.

Desde una perspectiva constitucional comparada, el Reino Unido ofrece una enseñanza clara: incluso frente a riesgos extremos y prolongados, el Estado de Derecho se protege manteniendo la distinción funcional entre inteligencia y fuerza. La ausencia de potestades de detención en cabeza del MI5 no es una debilidad del sistema, sino una elección jurídica deliberada destinada a preservar las garantías fundamentales sin sacrificar eficacia operativa.

Estados Unidos — CIA y FBI

El modelo de Estados Unidos: inteligencia sin detención, coerción bajo proceso

El sistema estadounidense ofrece un ejemplo particularmente claro de separación funcional estricta entre inteligencia y coerción penal. Esa separación no es retórica ni cultural, ni responde a una tradición informal o a una mera práctica administrativa. Se trata de un diseño normativo deliberado, institucionalmente reforzado y judicialmente controlado, que forma parte de la arquitectura constitucional del Estado norteamericano. En ese sistema, la inteligencia y la fuerza no se confunden: se articulan, cooperan y se retroalimentan, pero no se superponen.

La Central Intelligence Agency fue creada por la National Security Act de 1947 como una agencia civil dedicada exclusivamente a la inteligencia exterior. Su mandato es claro y limitado. Está autorizada a recolectar inteligencia en el extranjero, analizar amenazas a la seguridad nacional, realizar operaciones encubiertas fuera del territorio estadounidense y asesorar al Presidente y a la comunidad de inteligencia. Sin embargo, tan importante como esas funciones es aquello que la CIA no puede hacer. No puede detener personas dentro del territorio estadounidense, no puede realizar arrestos penales, no puede conducir investigaciones criminales ni ejercer funciones policiales.

Esta prohibición no responde a un formalismo legal ni a una cuestión de técnica administrativa. Es el resultado de una decisión constitucional profunda, adoptada a la luz de la experiencia histórica. El sistema estadounidense comprendió tempranamente que permitir que una agencia diseñada para operar bajo secreto, sin publicidad ni contradicción, ejerciera coerción interna sobre las personas sería incompatible con el debido proceso y con los principios básicos del Estado de Derecho. Por esa razón, aun cuando la CIA detecta amenazas graves para la seguridad nacional, no actúa directamente sobre los individuos involucrados. Produce inteligencia, la analiza y la transfiere a los organismos competentes para que la respuesta estatal se canalice por las vías legalmente previstas.

La coerción penal interna recae principalmente en el Federal Bureau of Investigation, que cumple un rol híbrido, pero cuidadosamente delimitado. El FBI es una agencia policial federal, investiga delitos federales, actúa como policía judicial y puede detener personas únicamente bajo las reglas del proceso penal. Opera bajo la supervisión directa del Department of Justice y del Poder Judicial. A diferencia de la CIA, el FBI sí puede detener, allanar, interceptar comunicaciones y reunir pruebas para un juicio, pero solo en condiciones estrictas: con orden judicial, con estándares probatorios definidos, con registro de actuaciones, con control de jueces y fiscales y con la posibilidad de contradicción posterior por parte de la defensa.

Incluso cuando el FBI interviene en investigaciones vinculadas al terrorismo, su actuación se encuentra jurídicamente canalizada por el proceso penal. La inteligencia puede orientar una investigación, señalar riesgos o identificar patrones, pero solo se transforma en prueba si puede ser judicializada. La información secreta, por sí sola, no habilita la coerción. Este punto resulta central para comprender la lógica del sistema.

Durante décadas, el derecho estadounidense reforzó deliberadamente una verdadera “pared” — the wall — entre la inteligencia de seguridad nacional y la investigación penal. Aunque esa pared fue parcialmente flexibilizada después de los atentados del 11 de septiembre para mejorar la cooperación interagencial, nunca fue eliminada. La razón es estrictamente dogmática: si la inteligencia secreta se convierte automáticamente en coerción penal, el debido proceso se vacía de contenido. Por eso, la inteligencia puede guiar, sugerir y alertar, pero no sustituye al proceso ni habilita por sí misma detenciones. La coerción solo es legítima cuando pasa por el fiscal, por el juez, por una causa legal concreta y por un control posterior efectivo.

Incluso en los momentos más críticos, cuando Estados Unidos intentó apartarse de este modelo — como ocurrió con el régimen de detención en Guantánamo — , el propio sistema constitucional reaccionó. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en decisiones sucesivas, afirmó que no existe detención indefinida sin control judicial, que la categoría de “enemigo” no borra el debido proceso y que la seguridad nacional no suspende la Constitución. Guantánamo no se consolidó como modelo; quedó como anomalía. Y precisamente por eso funciona como advertencia: cuando la coerción se separa del proceso, el Estado de Derecho entra en una zona de excepción.

La lógica estructural del sistema estadounidense puede resumirse en una fórmula simple pero robusta: la CIA piensa, observa y alerta; el FBI investiga y actúa; el fiscal acusa; el juez controla; el proceso penal canaliza la coerción. Cada actor cumple su función. Ninguno concentra todas. Esa fragmentación no es una debilidad operativa, sino una garantía constitucional.

Desde el punto de vista constitucional, este modelo refuerza una conclusión central para el análisis argentino: la eficacia en materia de seguridad no exige otorgar poderes de detención a los servicios de inteligencia. Incluso frente a amenazas existenciales, el sistema estadounidense optó por preservar la separación funcional, reforzar la cooperación interinstitucional y mantener la coerción estrictamente dentro del proceso penal. La inteligencia informa, la policía actúa y el juez controla. No es una consigna ni una fórmula retórica. Es una arquitectura constitucional.

Derecho comparado

Europa continental y Unión Europea: inteligencia bajo legalidad estricta y prohibición de detención arbitraria

El modelo europeo continental, consolidado a partir del sistema del Consejo de Europa y posteriormente reforzado por la Unión Europea, ofrece un tercer estándar normativo de enorme relevancia para el análisis del vínculo entre inteligencia estatal, coerción personal y Estado de Derecho. A diferencia de los modelos anglosajones — marcados por una fuerte tradición jurisprudencial — , el sistema europeo se caracteriza por una codificación explícita de garantías, una concepción robusta de la legalidad estricta y una desconfianza estructural frente a toda forma de privación de la libertad que no se encuentre plenamente judicializada.

En el derecho europeo contemporáneo, la detención de personas no es concebida como una herramienta administrativa de gestión de riesgos, ni como una facultad funcional asociada a determinados organismos, sino como una medida de máxima gravedad que solo puede desplegarse dentro de un marco procesal penal claramente definido, con control judicial previo o inmediato y con estándares de previsibilidad normativa particularmente exigentes.

Este enfoque se asienta, en primer lugar, en la Convención Europea de Derechos Humanos y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y se proyecta, en segundo término, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que recoge y sistematiza esos principios en clave supranacional.

El artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, y que nadie puede ser privado de su libertad salvo en los casos y conforme a los procedimientos previstos por la ley. Esta fórmula, lejos de ser declarativa, ha sido interpretada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como una exigencia de legalidad estricta, precisión normativa y control judicial efectivo. El Tribunal ha reiterado que cualquier privación de libertad debe ser no solo formalmente legal, sino también sustancialmente compatible con el Estado de Derecho, lo que implica previsibilidad, accesibilidad de la norma y protección contra la arbitrariedad.

En este marco, la inteligencia estatal ocupa un lugar claramente delimitado. Los servicios de inteligencia europeos — sean internos o externos — cumplen funciones de recolección, análisis y producción de información estratégica, pero carecen, como regla, de facultades propias de coerción personal. Cuando la información producida por la inteligencia alcanza relevancia penal, la respuesta estatal se canaliza a través de las fuerzas policiales y del sistema judicial ordinario. La inteligencia informa; la policía actúa; el juez controla. Esta secuencia no es una convención informal, sino una exigencia estructural del sistema europeo de derechos humanos.

La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea refuerza esta arquitectura. Su artículo 6 reconoce el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona y prohíbe toda detención arbitraria. La noción de arbitrariedad, en la interpretación del derecho europeo, no se agota en la ilegalidad formal, sino que incluye cualquier privación de libertad que no esté acompañada de garantías suficientes contra el abuso de poder. Entre esas garantías se destacan la intervención judicial, la posibilidad de impugnación, la identificación clara del agente actuante y la trazabilidad de la decisión.

Desde esta perspectiva, resulta particularmente relevante que el derecho europeo rechace expresamente la idea de “zonas grises” en materia de detención. No existen, en el modelo continental europeo, facultades implícitas de aprehensión asociadas a la pertenencia a determinados organismos ni habilitaciones genéricas basadas en la función institucional. La legitimidad de la privación de libertad no deriva de quién actúa, sino de cómo, cuándo y bajo qué procedimiento se actúa. Este punto conecta directamente con la tradición constitucional argentina y con la doctrina de la Corte Suprema en materia de reserva procesal.

Incluso en materia de terrorismo — uno de los ámbitos donde la tentación de expandir las potestades estatales ha sido históricamente mayor — , el sistema europeo ha mantenido una línea de contención normativa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido enfático en señalar que la lucha contra el terrorismo no habilita la suspensión del núcleo duro de las garantías procesales. La detención preventiva, cuando existe, debe estar expresamente prevista por ley, ser excepcional, estar sujeta a plazos estrictos y quedar bajo control judicial efectivo. La inteligencia puede aportar información relevante, pero no puede sustituir al proceso penal ni convertirse en fuente autónoma de coerción.

Este enfoque responde a una enseñanza histórica profunda del constitucionalismo europeo de posguerra: la concentración de funciones de información, fuerza y decisión en un mismo órgano es incompatible con la lógica del Estado de Derecho. La separación funcional no es un lujo institucional ni una formalidad académica; es una técnica de garantía diseñada para prevenir abusos estructurales del poder estatal. Cuanto más opaca es una actividad como ocurre necesariamente con la inteligencia, mayor debe ser la distancia respecto del ejercicio directo de la coerción personal.

Desde esta óptica, el modelo europeo ofrece una confirmación adicional de la tesis central del análisis: la eficacia en materia de seguridad no exige otorgar facultades de detención a los servicios de inteligencia. Por el contrario, la experiencia comparada demuestra que los sistemas más consolidados en términos de derechos fundamentales son aquellos que preservan con mayor rigor la frontera entre información y coerción, incluso bajo presión.

La inteligencia europea opera, así, dentro de un marco de legalidad reforzada, sometida a controles parlamentarios, administrativos y judiciales, pero sin potestades propias de privación de libertad. La detención sigue siendo un acto jurídico excepcional, anclado en el proceso penal y sometido a estándares de control particularmente exigentes. No hay atajos normativos, ni habilitaciones implícitas, ni excepciones funcionales que desplacen ese diseño.

Leído en clave comparada, el sistema europeo continental refuerza una conclusión convergente con los modelos británico y estadounidense: la separación entre inteligencia y coerción no es una peculiaridad local ni una opción política contingente, sino un rasgo estructural de las democracias constitucionales maduras. Allí donde esa separación se debilita, el derecho entra en una zona de excepción; allí donde se preserva, el Estado de Derecho conserva su espesor institucional.

El problema dogmático: superposición funcional, debilitamiento del control y erosión del estándar constitucional de legalidad

A la luz del sistema constitucional argentino, el problema central que introduce la habilitación de facultades de aprehensión al personal de inteligencia no reside en la supuesta carencia de herramientas estatales para enfrentar situaciones de urgencia. Por el contrario, el ordenamiento jurídico ya contempla, de manera expresa, suficiente y constitucionalmente controlada, los supuestos excepcionales de privación de la libertad personal. El verdadero conflicto es de naturaleza dogmática: la superposición funcional entre inteligencia y coerción, y el consecuente desplazamiento de los parámetros clásicos de control de legalidad.

El derecho procesal penal argentino ha construido históricamente un estándar exigente para legitimar cualquier aprehensión sin orden judicial. No se trata de una potestad discrecional ni de una facultad derivada de la pertenencia institucional del agente actuante. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido clara y reiterada al sostener que la restricción de la libertad personal solo es constitucionalmente válida cuando se funda en circunstancias objetivas, verificables y posteriormente controlables, capaces de resistir un examen estricto de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

En este marco, la flagrancia no es una categoría elástica ni una noción disponible para la conveniencia estatal. Es un concepto jurídico estricto, de configuración fáctica precisa, cuya concurrencia debe poder ser reconstruida y evaluada a posteriori por el juez natural. La legitimidad de la aprehensión no se mide por la finalidad invocada ni por la misión asignada al agente, sino por la posibilidad de demostrar, con datos objetivos, que el hecho encuadraba inequívocamente en los supuestos previstos por la ley procesal.

Este punto resulta central: el control judicial de la aprehensión es siempre ex post, pero no por ello menos riguroso. La Corte ha exigido que el accionar del agente pueda ser sometido, sin zonas grises, a un juicio posterior de legalidad. Ello implica que el agente debe poder explicar qué vio, qué oyó, qué circunstancias objetivas lo llevaron a concluir que se estaba ante un delito flagrante y por qué la privación de la libertad era necesaria e inmediata. Todo lo demás es arbitrariedad.

Desde esta perspectiva, la introducción de una facultad de aprehensión en cabeza de personal de inteligencia introduce un elemento disruptivo: desplaza el eje de legitimación desde la situación fáctica objetiva hacia la condición subjetiva del agente. La aprehensión deja de aparecer como una excepción procesal fundada en hechos y pasa a insinuarse como una potestad estatutaria asociada a la función de inteligencia, caracterizada precisamente por la reserva, el secreto y la opacidad operativa.

Dogmáticamente, este desplazamiento es incompatible con los estándares constitucionales. La privación de la libertad no puede fundarse en “tareas de inteligencia”, “misiones encubiertas” o “razones de seguridad” formuladas en abstracto. Ningún ciudadano puede ser reducido, inmovilizado o privado de su libertad en la vía pública porque un agente — no identificado como fuerza de seguridad, no sujeto a reglas de actuación policial, no inserto formalmente en una investigación judicial — invoque estar realizando tareas de inteligencia. El Estado de Derecho no admite aprehensiones por contexto, por sospecha genérica ni por rol institucional.

La Corte Suprema y la jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal han sido constantes en afirmar que el control de legalidad exige trazabilidad del acto, identificación clara del agente, explicitación de los motivos, sujeción a protocolos y posibilidad real de revisión judicial. Cuando la aprehensión se desvincula de esos parámetros y se apoya en categorías difusas, el control se vuelve ilusorio y la garantía se vacía de contenido.

En términos estrictamente dogmáticos, la reforma analizada no amplía capacidades estatales necesarias; altera la arquitectura del sistema. Introduce una zona de penumbra en la que la coerción puede ejercerse sin los anclajes clásicos del proceso penal, debilitando el estándar de legalidad que el artículo 18 de la Constitución Nacional exige de manera innegociable. El problema no es operativo; es estructural. No es de eficacia; es de límites.

La experiencia constitucional argentina enseña que cada vez que se desdibujaron las fronteras entre información y fuerza, entre prevención e intervención coactiva, entre secreto y proceso, el resultado no fue mayor seguridad, sino mayor arbitrariedad. El derecho penal democrático no se defiende ampliando facultades ambiguas, sino preservando con rigor los requisitos que permiten, después, que cada acto estatal pueda ser explicado, justificado y controlado ante un juez.

Como recordatorio histórico y advertencia institucional, resulta imposible soslayar que hace muy poco tiempo el país rindió un merecido homenaje a los ex integrantes de la Cámara Federal que en 1985 juzgó a las Juntas Militares: León Carlos Arslanian, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Andrés D’Alessio y Guillermo Ledesma. Aquel tribunal encarnó uno de los hitos más altos del constitucionalismo argentino contemporáneo y marcó un avance definitivo hacia la consolidación de un pleno Estado de Derecho. Pero ese logro no fue abstracto ni gratuito: estuvo precedido por años de sangre, balas, fuerza bruta y ejercicio del poder sin control, donde la inteligencia, la coerción y la violencia estatal se confundieron deliberadamente al margen de toda legalidad.

La democracia argentina no se edificó negando la seguridad, sino subordinándola al derecho; no desarmando al Estado, sino encuadrándolo; no debilitando a las instituciones, sino reforzando los límites que impiden que el poder se ejerza sin rendición de cuentas. Ese legado reivindica el rol del juez competente como único habilitado para controlar la privación de la libertad y reafirma el derecho de los ciudadanos a vivir su libertad amparada por normas constitucionales que les aseguran que nadie puede ser reducido, detenido o sometido al poder estatal fuera del proceso legal. No es una consigna histórica: es la condición misma de posibilidad de la libertad en una sociedad democrática.

La doctrina penal contemporánea ha sido clara en este punto. Dos grandes juristas argentinos se han pronunciado con claridad y fundamento. Advierte Gustavo Eduardo Aboso, que la expansión de facultades coactivas por fuera del proceso penal no responde a una necesidad jurídica, sino a una lógica de excepción que debilita el principio de legalidad reforzada. En esta misma línea, Sandro Abraldes ha señalado que el ejercicio de la coerción estatal solo resulta constitucionalmente legítimo cuando se encuentra inserto en el proceso penal y sometido al control judicial efectivo. La prevención, aun cuando responda a finalidades estatales relevantes, no habilita por sí misma restricciones a la libertad personal. Cualquier desplazamiento de la coerción fuera del circuito fiscal–judicial implica una ruptura del principio de legalidad y del diseño acusatorio del sistema penal. Dos prestigiosos maestros del derecho penal, uno desde la función de la defensa pública otro desde la óptica del Ministerio Público Fiscal.

Palabras finales.

El análisis sistemático del derecho vigente, del bloque constitucional, de la jurisprudencia de la Corte Suprema y del derecho comparado permite arribar a una conclusión clara: el Estado de Derecho no necesita nuevas habilitaciones coactivas cuando el sistema ya ofrece respuestas constitucionalmente adecuadas.

La aprehensión está prevista, regulada y controlada. La inteligencia debe informar; la policía debe actuar; el fiscal debe acusar; el juez debe controlar. Esa separación no es un formalismo: es una garantía.

El riesgo no está en la falta de herramientas, sino en desdibujar los límites que el propio orden constitucional impuso para proteger la libertad personal frente al ejercicio del poder estatal.

Cuando la excepción deja de ser estrictamente procesal y pasa a ser institucional, el Estado de Derecho no se fortalece: se vuelve opaco.

Cuando el Estado empieza a confundir información con fuerza, la primera víctima no es la eficacia, sino la libertad.

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