La demagogia política chilena frente a la migración

La masacre del fin de semana pasado en Lampa ha vuelto a poner la crisis de seguridad como prioridad en la agenda, pero además, debido a que todos los involucrados son extranjeros ilegales, ha levantado la discusión respecto a quién o quiénes tienen la responsabilidad respecto al problema de la migración ilegal. Como muestra de uno de los problemas que afecta a Chile, los distintos sectores políticos, en vez de buscar soluciones conjuntas, comenzaron a acusarse mutuamente. Pero, mirando los hechos, las responsabilidades son muy compartidas entre todos ellos.

En 2018, durante la discusión respecto a la Reforma de la ley Migratoria, se informaba que la solicitud de visas pasó de 54.937 en 2009 a 196.839 en 2016, lo que implicaba un aumento de 256,5%. Según informaba el gobierno de Sebastián Piñera a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, entre 2014 y 2017 los migrantes habían aumentado en un 232%. En septiembre de 2017, el gobierno de Bachelet construía zanjas para frenar el flujo migratorio y sobre todo impedir el paso de vehículos robados hacia Bolivia.

A inicios de marzo de 2018, la PDI informaba que entre 2016 y 2017 el ingreso de haitianos aumentó un 138%, pasando de 47.027 a 111.746. Información que también fue entregada a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

¿Qué explica este explosivo aumento migratorio?

Varios factores externos. En 2013 Chile era considerado el mejor lugar para invertir en América Latina y tenía el mayor PIB per cápita de la región. Teníamos las claves del bienestar: inversión, trabajo y seguridad. Haití en cambio estaba entre los países con peor ingreso, además de inestable e inseguro. Era tal el optimismo, que en 2012 el entonces ministro Pablo Longueira, en una entrevista en La Vanguardia, decía: “Vénganse a Chile: ¡tenemos trabajo para todos ustedes!”

El año 2013 también se agudiza la migración venezolana producto del desastre económico creado por Chávez. Ya en 2009 la caída de los precios del petróleo evidenció la demagogia económica de Chávez. Venezuela tenía la tercera inflación más alta del mundo y niveles de desabastecimiento propios de un país en guerra. El hambre comenzó a golpear a los venezolanos. La ley de precios justos aplicada por los socialistas empeoró las cosas. A tal nivel que Maduro, a quien el actual Presidente Boric le enviaba fuerza, dejó de presentar el índice de escasez en el año 2014. Ante la salida masiva de venezolanos que escapaban del hambre, en 2015 Maduro cerró la frontera con Colombia.

En Chile, la mezcla entre demagogia y buenismo hacía su trabajo a nivel político. Las buenas condiciones económicas y sociales hacían ver el tema migratorio como algo entre romántico y económicamente controlable. Así, en 2015, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se eliminó el requisito de cinco años de antigüedad para que migrantes pudieran postular como cualquier chileno al subsidio habitacional. Entre 2014 y 2016, según el propio Ministerio de Vivienda de la época, se habían entregado 3.049 subsidios de vivienda a migrantes.

En 2016, el mismo gobierno de Michelle Bachelet sumó a migrantes irregulares como beneficiarios de Fonasa. Desde 2016, según cifras del gobierno de Bachelet, 20 mil migrantes se inscribieron en centros de salud pública. Los Oficios Nº894 y 329 del Ministerio de Educación, del segundo gobierno Bachelet, aseguraban acceso al sistema educativo de menores sin importar condición migratoria de sus padres.

Todas estas medidas crearon enormes incentivos a la migración ilegal hacia Chile sin que tuviéramos una ley migratoria adecuada y moderna para un flujo mayor de extranjeros ingresando a nuestro país. Tampoco teníamos élites políticas que comprendieran el asunto. El migrante se convirtió en la nueva excusa de los estatistas para acrecentar el asistencialismo gubernamental.

En 2018, cuando el tema migratorio se estaba volviendo un problema, durante la discusión respecto a la reforma de la ley de migraciones, un grupo de parlamentarios propuso el libre acceso a subsidios estatales y sin mayores requisitos para migrantes que arribarán al país. Raúl Saldívar (PS), Andrea Parra (PPD), Catalina Pérez (RD), Pedro Velásquez, fueron los que proponían aquello.

El gobierno de Piñera había incluido un inciso que establecía el requisito de dos años de plazo en el país para la obtención de beneficios sociales de gasto 100% fiscal para migrantes. Diputados como Gonzalo Winter, Catalina Pérez y Claudia Mix se reunían con agrupaciones migrantes para acusar de discriminación al gobierno. Frente a esto, el delirio era tal, que se llegó a acusar racismo.

En esa mismo contexto de discusión de la ley migratoria, la Nueva Mayoría y el Frente Amplio incluyó el “Principio de no devolución” que buscaba impedir la expulsión de extranjeros ilegales apelando a proteger “su derecho a la vida, integridad física y libertad personal”. Nadie es ilegal era el eslogan de la época, que también enarbolaba el actual director de Migraciones del gobierno, Luis Thayer.

En ese mismo contexto, el actual presidente Boric decía: “No tengo problemas con inmigrantes sin papeles. Creo que debemos acogerlos, darles oportunidades y tratarlos como los iguales que son”. Ante las críticas por lo que ya se percibía como un problema, Boric acusó que eran una xenofobia terrible.

Ese mismo año 2018 en Venezuela se produjo la hiperinflación. 2,3 millones de venezolanos salieron arrancando del socialismo del siglo XXI. En 2017, el Observatorio Venezolano de Salud advertía la falta de alimentos y medicamentos en Venezuela. Mientras, Nicolás Maduro se mostraba feliz disfrutando un festín en un lujoso hotel de Turquía. El flujo migratorio venezolano, que hoy bordea los 7 millones de personas, se extendió por todo el continente y también impactó a Chile.

En marzo de 2018, en entrevista con DW, Piñera dijo que se seguiría “recibiendo venezolanos en Chile, por un deber de solidaridad”. La represión en Venezuela era más que evidente. Algo que se ratificó en 2019, cuando el informe de Michelle Bachelet como Alta Comisionada para los Derechos Humanos consignó que en Venezuela se habían cometido 5.287 ejecuciones extrajudiciales por parte del régimen socialista venezolano.

Mientras por un lado, se abría las puertas a la migración venezolana, por otro lado, a mediados de 2018, el gobierno de Piñera anunciaba el “Plan Humanitario de Regreso Ordenado”, destinado a enviar a Haití a migrantes de ese país que se encontraran en situación regular o irregular en Chile, que incluía la prohibición de ingresar al país por nueve años.

A fines de ese año 2018, Piñera anunció la Visa de Responsabilidad democrática y también rechazó firmar el Pacto Migratorio de la ONU por considerar que promovía migración ilegal. La oposición, como era habitual, lo cuestionó férreamente.

En ese contexto, el tema migratorio se convirtió en monedita de cambio de las élites políticas y se tomó con liviandad. La entonces ministra vocera Cecilia Pérez, por ejemplo, en julio de 2018, dijo que “se seguiría recibiendo migración venezolana a Chile hasta que el país lo resista”.

La resistencia de Chile se pondría a prueba con el estallido y sobre con la pandemia. Antes de eso, en febrero de 2019, se realiza el Venezuela Live Aid en la zona fronteriza de Cúcuta. El acto, que incluyó un concierto, buscaba la entrega de ayuda humanitaria pero además, al romper la frontera se buscaba agudizar la dualidad de poder que buscaba el entonces presidente de la Asamblea Juan Guaidó, también denominado “presidente encargado”, para debilitar a Maduro. Sebastián Piñera participó junto al entonces presidente colombiano Iván Duque. También estaba Luis Almagro, secretario general de la OEA.

Como era de esperar, el foco de la oposición se centró en la presencia de Piñera y no en la grave situación que sufría Venezuela bajo el régimen chavista. Tampoco les preocupaba el tema migratorio por sus implicancias sociales, sino por sus efectos políticos.

Entre junio y julio de 2019 se produce la llegada masiva de migrantes, en su mayoría venezolanos provenientes de Perú, lo que produjo el colapso del paso Chacalluta. Con la pandemia, este problema se agudiza aún más. Tal como lo explicó en 2021 la Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Waleska Ureta, quien dijo que el ingreso por paso no habilitado venía “dándose desde 2018. Coincide con la agudización de problemas sociopolíticos en los países vecinos y hoy con la crisis sanitaria producto del covid-19”.

A inicios de 2021, el pequeño pueblo de Colchane se ve invadido por cerca de 1.800 migrantes, según indicaba el alcalde Javier García. En enero del mismo, el gobierno de Piñera había autorizado al ejército a intervenir en el control migratorio en la frontera norte de Chile, lo que permitía a las autoridades proceder a la expulsión inmediata. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció que serían expulsadas las personas que ingresaran de forma irregular. Frente a esto, Rodolfo Noriega, de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes acusó que el ingreso clandestino no era ilegal.

En febrero de 2021, en una entrevista, José Antonio Kast sacó al tapete la idea de cavar una zanja en la frontera. Lo que ya había hecho Bachelet en 2017. En un debate presidencial, Marco Enríquez Ominami de forma claramente deshonesta acusó de fascista y de extrema derecha la zanja que proponía Kast. En el programa de Gabriel Boric como candidato presidencial, primero se ofrecía viviendas a migrantes incluso ilegales. Luego, cambiaron esa propuesta debido a las críticas que suscitó.

En abril de 2021, Piñera anuncia la nueva Ley de Migraciones, que el Congreso tardó 8 años en promulgar. La norma establecía que los extranjeros irregulares podrían ser devueltos a su país con la prohibición de ingresar a Chile por seis meses indicando que “no queremos que ingrese a nuestro país el crimen organizado”. Frente a esto, la oposición acusó que se estaban promoviendo las deportaciones masivas.

En septiembre de 2021 se produce un Iquique una marcha contra la migración que terminó en la quema de pertenencias de algunos migrantes indocumentados que se habían instalado a vivir en lugares públicos de la ciudad. Alrededor de 3 mil personas estaban en esa situación. A finales de 2021, ingresaron cerca de 40 mil venezolanos a Chile según el Servicio Nacional de Migraciones.

En octubre de 2021, la oposición interpela al entonces ministro del Interior Rodrigo Delgado. El diputado del Frente Amplio, Vlado Mirosevic, quien hace la interpelación acusó que las expulsiones eran “propaganda política contraria a derecho y que no resolvían ningún problema”.

En ese mismo mes de octubre, ocurre un episodio donde se produce una falla en la base de datos que contenía información de extranjeros residentes en Chile desde 1993 hasta 2021. Luego, fue recuperada la información parcialmente.

En abril de 2022, con el gobierno del presidente Gabriel Boric ya instalado, las nuevas autoridades anuncian que continuarán con las expulsiones de migrantes ilegales y con el resguardo fronterizo en Colchane.

No obstante, la poca seriedad respecto al tema migratorio seguía y quedó en evidencia en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara baja, cuando la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, dijo que un avión con migrantes expulsados había retornado al país con todos los pasajeros en el gobierno anterior. Tal denuncia resultó falsa y Siches debió pedir disculpas.

En 2023, como una muestra del problema subyacente que afecta a la política chilena, se produce el episodio del Megáfono en la frontera, un mensaje perdido en el desierto.