Tranquilino Ubiarco y José de Jesús Lacarra

Tranquilino Ubiarco y José de Jesús Lacarra

Documentos, memoria y violencia durante la Guerra Cristera

Sobre esta investigación

Esta historia es resultado de una investigación independiente desarrollada durante varios meses a partir de archivos históricos, prensa de la época, registros civiles y eclesiásticos, testimonios orales, entrevistas y documentación relacionada con la Guerra Cristera en Los Altos de Jalisco.

El interés por este tema surgió al encontrar repetidas referencias a ejecuciones, ahorcamientos y actos de violencia atribuidos al coronel José de Jesús Lacarra Rico en distintas narraciones locales. Entre ellas aparecía de manera constante el caso del sacerdote Tranquilino Ubiarco, cuya historia ha sobrevivido principalmente a través de la memoria religiosa.

La investigación buscó contrastar esas memorias con documentos históricos, expedientes, correspondencia oficial, prensa nacional y archivos disponibles, con el propósito de comprender mejor el contexto en que ocurrieron los hechos y las distintas formas en que fueron narrados, recordados u olvidados.

Este trabajo no pretende establecer una verdad absoluta ni emitir un juicio definitivo sobre sus protagonistas. Busca aportar documentos, contexto y nuevas preguntas a una historia que, casi un siglo después, continúa habitando la memoria de la región.

Sergio Vidal Investigador independiente Proyecto de documentación histórica sobre memoria, violencia y Guerra Cristera en Los Altos de Jalisco.

Tranquilino Ubiarco y José de Jesús Lacarra

Documentos, memoria y violencia durante la Guerra Cristera

A las orillas de un pueblo

La madrugada del 5 de octubre de 1928, un sacerdote fue sacado de su celda en Tepatitlán y llevado a las orillas del pueblo para ser ejecutado.

En los registros sobre sacerdotes muertos durante la guerra cristera en México, ese nombre aparece como Tranquilino Ubiarco.

Sin embargo, términos como “madrugada” y “a las orillas del pueblo” abren una variedad de versiones sobre los hechos que dieron origen a esta investigación.

La censura

El 16 de octubre de 1928, el diario El Tucsonense, publicado en Arizona, informó sobre la muerte del sacerdote Tranquilino Ubiarco. Hasta el momento, en la presente investigación no se localizaron publicaciones equivalentes en la prensa mexicana sobre el hecho. Sin embargo, en la Ley sobre delitos y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa de 1926, también conocida como Ley Calles, se encontraron artículos que limitaban algunas publicaciones relacionadas con el culto religioso.

Un año antes, el diario español El Heraldo Alavés, en su edición del 28 de mayo de 1927, describía el ambiente de control hacia la prensa mexicana atribuido al gobierno de Plutarco Elías Calles:

“Ustedes publicarán esta nota sin cambiar una sola palabra, sin comentarla y sin añadir nada; si quieren poner algún título, éste habrá de ser las primeras palabras de la nota”.

Según la publicación, ante la protesta de algunos directores de periódicos, Calles respondió:

“Caballeros, no admito protestas; desde hoy ha terminado la presidencia de México, ahora empieza la dictadura”.

En ese contexto apareció la publicación de El Tucsonense, que describía la captura y ejecución del sacerdote. La nota señalaba que Tranquilino Ubiarco había sido detenido mientras se disponía a celebrar un matrimonio clandestino en Tepatitlán y que, un día después, fue ejecutado por órdenes del coronel Lacarra.

El periódico afirmaba además que dos soldados se negaron a cumplir la orden de fusilamiento y que uno de ellos habría sido ejecutado inmediatamente. También describía que el cadáver fue colgado de un árbol con un letrero “infamante”, mientras habitantes del pueblo buscaban recuperar el cuerpo para darle sepultura.

Frente a una muerte ocurrida durante la madrugada y en las orillas del pueblo, la publicación de El Tucsonense puede considerarse una de las primeras versiones impresas sobre los hechos. Sin embargo, las narraciones que surgirían posteriormente añadirían elementos que complementan, contradicen o transforman aquella primera versión.

Algunas fuentes mencionan a la hermana del sacerdote saliendo de su casa después de escuchar un tosido; otras describen el sonido como un silbido aparentemente intencional. En ciertas versiones, la mujer alcanza a observar a la patrulla de soldados caminando por el borde del río y, al llegar al lugar de la ejecución, encuentra el cuerpo de su hermano colgado de un árbol.

Otra fuente cercana a la fecha describe el rostro del sacerdote después de morir:

“No demostraba ninguna expresión desfigurada como los demás que así mueren; en este sacerdote fue lo contrario”.

Las diferencias también aparecen en la forma de ejecución. Algunas narraciones sostienen que Tranquilino Ubiarco fue únicamente ahorcado, mientras otras aseguran que primero fue fusilado y posteriormente colgado del árbol.

Sobre los soldados involucrados, las versiones vuelven a dividirse. Algunas mencionan a dos militares ejecutados por negarse a cumplir la orden; otras centran la historia en un solo soldado identificado como Vargas. Durante años, una cruz colocada junto al árbol donde fue colgado el sacerdote habría conservado ese apellido como parte de la memoria popular del lugar.

El descenso del cuerpo también presenta distintas interpretaciones. Algunas versiones hablan de gestiones ante las autoridades para recuperar el cadáver; otras mencionan a un grupo de lecheros que pasaban por el lugar durante la madrugada y cortaron la cuerda. Existen además relatos donde un soldado baja el cuerpo mientras otros militares observan en silencio.

Con el paso de los años, las versiones religiosas añadieron nuevos elementos al relato: el sacerdote bendiciendo la cuerda antes de morir, perdonando a los soldados o pronunciando frases dirigidas al militar que se negó a cumplir la orden. Otras narraciones describen un cielo oscurecido durante la ejecución y habitantes conservando fragmentos de la ropa del sacerdote como reliquias.

Sin embargo, serían los primeros habitantes que observaron el cuerpo colgado al amanecer quienes comenzarían a construir, con distintas versiones, la historia de su muerte.

Detrás de esas diferencias entre testimonios, relatos religiosos y publicaciones periodísticas, un nombre aparece de manera constante: el del coronel José Jesús Lacarra.

La ejecución de Tranquilino Ubiarco no solo abrió distintas versiones sobre la muerte de un sacerdote en Tepatitlán. También dejó rastros sobre la actuación de uno de los militares más controvertidos de la Guerra Cristera.

El vacío

Algunos de los principios del periodismo son la verificación de los datos, la búsqueda de la verdad y servir como voz pública frente al poder. Sin embargo, en el caso de la muerte de Tranquilino Ubiarco, la ausencia de registros periodísticos en México contrasta con la importancia que posteriormente tendría el hecho dentro de la memoria religiosa y oral de Tepatitlán.

La nota publicada el 16 de octubre de 1928 en Arizona, comparada con la mayoría de las versiones posteriores, contiene elementos que contrastan entre sí. El contexto de censura a la prensa en México durante ese periodo impide realizar un comparativo más amplio con otras publicaciones nacionales, dejando como principales referencias los testimonios orales y la literatura clasificada como cristera.

La ausencia de publicaciones podría relacionarse con las reformas realizadas al Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California sobre delitos del fuero común y para toda la República sobre delitos contra la federación de 1871, que originalmente contemplaba artículos relacionados con la libertad de imprenta.

Originalmente señalaba:

CAPÍTULO II.

Delitos contra la libertad de imprenta Artículo 966. El que, empleando violencia física o moral, impidiere a alguno que imprima y publique sus pensamientos, sufrirá las penas señaladas en los artículos 450 a 452.

Artículo 967. Si el delito de que habla el artículo anterior se cometiere por un funcionario público, con el fin de impedir que se examine su conducta o se publique alguno de sus actos oficiales, sufrirá las penas señaladas en el artículo anterior y destitución de empleo.

Estos artículos serían modificados con la Ley sobre delitos y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa, publicada en el Diario Oficial el 2 de julio de 1926 y conocida como “Ley Calles”.

Los artículos 13 y 14 establecían:

Art. 13. Las publicaciones periódicas religiosas o simplemente de tendencias marcadas en favor de determinada creencia religiosa, ya sea por su programa o por su título, no podrán comentar asuntos políticos nacionales ni informar sobre actos de las autoridades del país o de particulares que se relacionen directamente con el funcionamiento de las instituciones públicas.

El director de la publicación periódica que incumpla este mandato será castigado con pena de arresto mayor y multa de segunda clase.

Art. 14. Si la publicación periódica no tuviere director, la responsabilidad penal recaerá en el autor del comentario político o de la información a que se refiere el artículo anterior; y si no fuera posible conocer al autor, la responsabilidad recaerá en el administrador, jefe de redacción o propietario de la publicación.

En caso de reincidencia, se ordenará la suspensión definitiva de la publicación periódica.

La modificación resulta relevante porque transforma un marco legal que originalmente protegía la publicación de actos oficiales en otro que limitaba la posibilidad de informar sobre acciones de las autoridades cuando existiera una relación con temas religiosos. En ese contexto, el silencio de la prensa alrededor de determinadas ejecuciones durante la Guerra Cristera deja abierta la posibilidad de una censura legal o de autocensura editorial.

Antes de la muerte de Tranquilino Ubiarco se menciona que hubo una detención y que fue llevado a una celda. Sin embargo, al revisar el archivo histórico abierto publicado por el municipio de Tepatitlán, no aparecen documentos relacionados con el caso.

La carpeta correspondiente a la Guerra Cristera contiene información sobre aprehensiones, asuntos del Ministerio Público, comunicaciones, circulares y administración municipal entre enero y junio de 1928. Sin embargo, el periodo de julio a diciembre de ese mismo año — cuando ocurrieron diversas ejecuciones atribuidas a fuerzas militares en la región — presenta ausencia de documentos relacionados con el caso del sacerdote.

El coordinador del museo de Tepatitlán menciona, citando una de sus fuentes, que parte de los documentos históricos quedaron en manos de particulares. Según relata, algunos expedientes fueron conservados por un médico local y por Francisco Gallegos, cronista del pueblo, ambos ya fallecidos. También señala que durante años existió acceso libre a los archivos municipales y que algunas personas retiraban documentos relacionados con historias familiares o personajes relevantes de la región.

Francisco Gallegos llegó a mencionar que conservaba documentos encontrados en la basura de la presidencia municipal. Incluso se relatan casos donde personas ingresaban al archivo y arrancaban registros que consideraban inconvenientes para su historia familiar. En un archivo que abarca de 1926 a 1929, resulta llamativa la ausencia de documentos correspondientes precisamente al periodo que cubre esta investigación, mientras otros fondos históricos registran denuncias, ejecuciones y acciones militares en la región.

Las historias escritas en la literatura cristera, la prensa religiosa, los testimonios orales y las versiones de cronistas permiten observar no solo lo que quedó registrado, sino también aquello que desapareció o nunca fue documentado oficialmente. Lo ausente también forma parte de la historia.

La Secretaría de la Defensa, el Archivo General de la Nación y el propio municipio mantienen silencio o ausencia de información a través de mecanismos institucionales de “transparencia”, argumentando inexistencia o falta de localización de documentos relacionados con el periodo. Sin embargo, búsquedas personales en otros fondos históricos permiten localizar registros que contradicen parcialmente esa ausencia documental.

Entre ellos aparece una antigua acta de defunción que registra la muerte de Tranquilino Ubiarco por:

“Asfixia por suspensión, sin asistencia médica”.

La frase, breve y burocrática, termina convirtiéndose en una de las pocas certezas documentales dentro de una historia marcada por vacíos, contradicciones y silencios.

¿QUIÉN ERA TRANQUILINO UBIARCO?

Tranquilino Ubiarco nació el 8 de julio de 1899 en Ciudad Guzmán, Jalisco, en una familia formada por Inés Ubiarco y Eutimia Robles. Los registros civiles y parroquiales permiten reconstruir parcialmente la historia familiar del sacerdote y muestran un entorno marcado por la precariedad, la enfermedad y la pérdida constante.

La familia estuvo integrada por varios hermanos: Inés Ubiarco, nacido en 1879 y fallecido siete meses después a causa de viruela; María Josefa, nacida en 1881, de quien posteriormente no se localizaron más registros además de su bautizo; Juana Ubiarco, nacida en junio de 1885 y fallecida diez meses después por pulmonía; María Timotea, nacida en 1888; María Desideria, nacida en 1891; José Esteban Ubiarco, nacido en 1893 y fallecido a los seis años por viruela hemorrágica; y finalmente Tranquilino, nacido en 1899.

La muerte fue una presencia constante dentro del hogar. Antes del nacimiento de Tranquilino, tres de sus hermanos habían fallecido siendo niños. A ello se sumó la muerte de su padre, Inés Ubiarco, quien falleció en 1902 en el Hospital de San Vicente de Paul por una afección orgánica del corazón, cuando Tranquilino tenía aproximadamente tres años de edad. En los registros aparece constantemente la palabra “soltero” tanto para Inés como para Eutimia, un dato que también genera contrastes con otras fuentes familiares y religiosas.

Otro elemento que llama la atención es que, tanto en el registro civil de Tranquilino como en el de su hermana María Desideria, aparece la leyenda “madre desconocida”, mientras que en los registros eclesiásticos de bautizo sí figura Eutimia Robles como madre. La diferencia entre ambos documentos refleja inconsistencias entre el registro civil y el religioso en una época donde ambos sistemas convivían y no siempre coincidían.

Tras la muerte de Inés Ubiarco, zapatero de oficio, la responsabilidad económica del hogar recayó en Eutimia y en las hermanas mayores. Algunas versiones señalan que Tranquilino vivió una infancia marcada por las privaciones y el trabajo, donde el comercio representaba el principal sustento familiar.

En 1915 ingresó al seminario. Por su fecha de nacimiento, creció durante un periodo de tensiones entre Iglesia y Estado, en un contexto donde conceptos como persecución religiosa, mártir y martirio comenzaban a formar parte del lenguaje cotidiano dentro de ciertos sectores católicos. Fue ordenado presbítero en 1923, en Guadalajara, por el arzobispo Francisco Orozco y Jiménez.

En 1927 llegó a Tepatitlán. Para entonces, el conflicto religioso había alcanzado uno de sus momentos más tensos. El párroco titular de la localidad se había refugiado fuera de la población, por lo que Tranquilino Ubiarco fue nombrado vicario ecónomo con funciones de párroco. Diversas fuentes señalan que ejerció su ministerio de forma clandestina durante aproximadamente quince meses, cambiando constantemente de domicilio y vestido en ocasiones como obrero o campesino para evitar ser identificado por las autoridades militares.

Cuando llegó a Tepatitlán, el pueblo ya vivía bajo un ambiente de tensión, vigilancia y enfrentamientos relacionados con la Guerra Cristera.

TEPATITLÁN EN ESE MOMENTO

Cuando Tranquilino Ubiarco llegó a Tepatitlán en 1927, encontró una población marcada por la tensión militar, el desplazamiento forzado y las consecuencias de la Guerra Cristera. El conflicto había transformado la vida cotidiana del pueblo y convertido a la región de Los Altos de Jalisco en uno de los principales escenarios del enfrentamiento entre el gobierno federal y los grupos armados cristeros.

En un boletín municipal, el cronista de Tepatitlán describe aquel periodo como una etapa en la que “Tepatitlán, que era una ciudad tranquila, se vio transformada en preciada presa de los dos bandos”, teniendo dentro de ella “combates, asedios, bombardeos, reconcentraciones, fusilamientos y ahorcamientos”. La población observaba “con ojos despavoridos y llorosos” los cierres y profanaciones de templos como la Parroquia, el Santuario de Guadalupe y el templo de San Antonio.

Uno de los episodios más recordados fue la política de reconcentración impulsada por el gobierno federal y el ejército mexicano. El 6 de enero de 1928, al considerar imposible controlar a los grupos rebeldes en las zonas rurales, se ordenó una tercera reconcentración que obligó a miles de campesinos a abandonar ranchos y comunidades para concentrarse en Tepatitlán. Una ciudad de aproximadamente ocho mil habitantes llegó a recibir cerca de veinte mil personas más, sin contar con condiciones suficientes de higiene, vivienda o alimentación.

Las disposiciones militares eran severas. Según el mismo cronista, las órdenes establecían “fusilar a toda persona que se encontrara en la zona fuera de las ciudades establecidas para su concentración”. La medida buscaba aislar a los grupos cristeros del apoyo económico y alimentario que recibían de las comunidades rurales.

El 14 de abril de 1928, el general Andrés Figueroa ordenó terminar con la reconcentración debido a las epidemias de viruela y sarampión que comenzaron a extenderse entre la población concentrada y que, según el boletín, llegaron a provocar hasta treinta muertes diarias. El hambre, las enfermedades y el abandono de ranchos y cultivos dejaron una profunda crisis social en la región.

El cronista también señala que, tras el desplazamiento de las familias, muchas propiedades quedaron abandonadas y fueron objeto de saqueos y pillajes por parte de fuerzas federales. La paralización del trabajo agrícola provocó escasez de alimentos y una hambruna que afectó a gran parte de Los Altos de Jalisco.

Ese era el contexto en el que un sacerdote debía desplazarse de forma clandestina, cambiar constantemente de domicilio y celebrar ceremonias religiosas en casas particulares.

En términos legales, durante ese periodo se encontraba vigente la Ley de Reformas al Código Penal para el Distrito y Territorios Federales y para toda la República en materia de culto religioso, conocida como “Ley Calles”. La legislación contemplaba sanciones contra actividades religiosas consideradas ilegales por el Estado; sin embargo, no establecía la pena de muerte como castigo por su violación.

El Código Penal de 1871, vigente en aquella época, sí contemplaba la privación de la vida como pena en ciertos casos, aunque establecía restricciones específicas: debía evitarse cualquier aumento innecesario del sufrimiento, no podía aplicarse en público, debía notificarse previamente al condenado para permitir arreglos espirituales y testamentarios, y no podía ejecutarse contra mujeres ni personas mayores de setenta años.

Entre la presión militar, las medidas extraordinarias del gobierno y una legislación endurecida por el conflicto religioso, Tepatitlán se convirtió en un territorio donde los límites entre legalidad, control militar y violencia comenzaban a volverse ambiguos.

DOS DÍAS ANTES

Dos días antes de su muerte, Tranquilino Ubiarco había estado en Guadalajara, en el Hospital de la Santísima Trinidad, donde visitó al presbítero J. Pilar Flores. Algunas fuentes mencionan que durante esa visita se confesó.

En el hospital conversó con religiosas sobre los últimos acontecimientos que se vivían en distintas regiones del estado. Las historias que circulaban hablaban de persecuciones, detenciones y ejecuciones donde incluso niños habían resultado afectados por la violencia del conflicto.

Después regresó a Tepatitlán.

Una de las versiones más citadas menciona que la señora María de Jesús Estrada invitó al sacerdote a pasar la noche del 4 de octubre en una casa del centro del pueblo, donde en la madrugada del día siguiente celebraría misa y asistiría al matrimonio religioso de Germán Estrada.

Según esa versión, el sacerdote llegó alrededor de las nueve de la noche, tomando precauciones para evitar ser descubierto. Sin embargo, los arreglos visibles de la boda llamaron la atención de las autoridades y de quienes vigilaban cualquier actividad religiosa clandestina.

Cerca de las diez de la noche, el presidente municipal Arturo Peña, el comandante Aurelio Graciano y varios soldados llegaron al domicilio para detenerlo y trasladarlo a la cárcel municipal.

A partir de ese momento comienzan nuevamente las diferencias entre las versiones escritas, orales y religiosas. Algunas narraciones sostienen que el sacerdote ya presentía su muerte y aceptaba con tranquilidad la posibilidad de ser ejecutado. Otras mencionan que su hermana lo acompañó esa noche hasta la casa donde permanecería oculto. Algunas versiones aseguran que previamente alguien revisó la zona para confirmar la ausencia de soldados; otras afirman que fue escondido dentro de un ropero o incluso en una carbonera.

También existen diferencias sobre la forma en que ocurrió la captura: si los soldados ingresaron por la puerta principal, por los techos o por las azoteas contiguas; si la discreción falló por los preparativos visibles de la boda; o si la denuncia provino de vecinos, funcionarios, soldados o autoridades municipales.

Las versiones tampoco coinciden sobre quién tomó realmente la decisión de detenerlo. Algunas señalan a autoridades locales; otras sugieren la participación directa de la guarnición militar establecida en Tepatitlán.

Sin embargo, detrás de todas las variantes existe un elemento constante: hubo una orden de detención y, horas después, una ejecución.

Del otro lado de esa historia aparecía el nombre del coronel José Jesús Lacarra.

DEL OTRO LADO DE LA HISTORIA: EL CORONEL LACARRA

¿QUIÉN ERA JOSÉ JESÚS LACARRA?

José de Jesús Lacarra Rico nació en Hermosillo, Sonora, el 20 de julio de 1893. Era hijo de Bibiano Lacarra Romero y Margarita Rico Trujillo; de ascendencia española por línea paterna y con raíces en la tribu Seri por parte materna, según versiones familiares.

El matrimonio entre José de Jesús Lacarra y Elena Ortega se celebró el 7 de enero de 1919. En el acta matrimonial ambos aparecen registrados como “católicos mexicanos”, mientras que Lacarra ya era identificado como militar desde joven.

De esta unión nacieron varios hijos. La primera fue Elena María de la Paz Lacarra Ortega, nacida en enero de 1920 en Colotlán, Jalisco. Posteriormente nació José Rubén Lacarra Ortega, alrededor de 1922, quien falleció a los dos años de edad en 1924. Más tarde nació José Bibiano Lacarra Ortega, hacia 1925 en Celaya, quien murió en noviembre de 1939 a los 14 años. Otra hija del matrimonio fue Margarita Lacarra Ortega, nacida aproximadamente en 1926 en Colotlán.

Los registros civiles consultados muestran también la constante movilidad geográfica de la familia Lacarra-Ortega. Sus hijos nacieron en distintos puntos del país — entre ellos Colotlán, Aguascalientes y Celaya — , circunstancia probablemente relacionada con la carrera militar del propio Lacarra y los cambios de adscripción del ejército durante el periodo posrevolucionario.

La documentación revisada permite observar además un cambio en la forma en que el militar registró su nombre tras la muerte de su hijo José Bibiano. Mientras en documentos anteriores aparece como José de Jesús Lacarra Rico, en registros posteriores figura como José Justo Lacarra. La variación puede observarse en distintos documentos civiles conservados hasta la actualidad.

Un familiar cercano al militar menciona que la presencia de Lacarra en Jalisco derivó de una reunión entre el presidente Plutarco Elías Calles y el general Joaquín Amaro, secretario de Guerra, donde se decidió enviar a la región a algunos de los coroneles considerados más “bravos” del ejército federal, ante el incremento de la presión cristera en distintos puntos del estado. Entre ellos se encontraba Lacarra.

Para 1928, el coronel José Jesús Lacarra ocupaba el cargo de jefe del Cuarto Sector Militar con presencia en Tepatitlán, una región marcada por enfrentamientos constantes entre fuerzas federales y grupos rebeldes.

Durante esta investigación no fue posible localizar una fecha exacta sobre su llegada a Tepatitlán. Sin embargo, registros hemerográficos permiten reconstruir parte de su actividad militar en Jalisco. En enero de 1928 aparece en Guadalajara; en marzo participa en un enfrentamiento en el cerro de Tarengo, en Atotonilco, al mando del 11.º Regimiento; y en noviembre es mencionado nuevamente en operaciones militares en las barrancas de Zapotlanejo.

Su presencia en Los Altos de Jalisco coincidió con uno de los momentos más violentos del conflicto: reconcentraciones forzadas, epidemias, enfrentamientos armados y ejecuciones atribuidas tanto a grupos rebeldes como a fuerzas federales.

Los antecedentes militares de Lacarra en Jalisco también se relacionan con operaciones de pacificación en la región de Colotlán durante el periodo revolucionario. Un familiar cercano señala que inició su carrera militar como pagador y que, con el paso del tiempo, desarrolló vínculos cercanos con quienes después serían presidentes de México, como Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán.

Hasta ese momento, el nombre de Lacarra aparecía en registros militares, notas periodísticas y testimonios orales como el responsable de operativos en distintas regiones del occidente del país. Sin embargo, alrededor de su figura comenzarían a surgir también denuncias, relatos y documentos que lo describían de manera muy distinta.

¿Bajo qué marco legal se detuvo y ejecutó a Ubiarco?

Los artículos del Código Penal de 1871 relacionados con los delitos contra la libertad de cultos establecían sanciones para quienes impidieran, interrumpieran o insultaran prácticas religiosas permitidas por la ley. Las penas contempladas consistían principalmente en arrestos y multas económicas, no en castigos extremos como la pena de muerte.

El artículo 968 castigaba a quien obligara a otra persona a practicar un culto religioso contra su voluntad o le impidiera ejercer la religión que profesaba. El artículo 969 sancionaba a quienes alteraran o interrumpieran ceremonias religiosas mediante disturbios o desórdenes. El artículo 970 establecía castigos para quien ridiculizara o ultrajara públicamente creencias y objetos religiosos; mientras que el artículo 971 protegía directamente a los ministros de culto frente a amenazas o agresiones durante el ejercicio de sus funciones.

En conjunto, estos artículos muestran que la legislación mexicana todavía reconocía cierta protección legal a las prácticas religiosas y a los ministros de culto, imponiendo sanciones limitadas como arrestos y multas.

Sin embargo, esta relación entre el Estado y la Iglesia cambiaría de manera importante con la promulgación de la Ley sobre delitos y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa de 1926, conocida como “Ley Calles”.

A diferencia del Código Penal de 1871, que protegía el ejercicio del culto y castigaba únicamente actos de violencia o interrupción contra él, la nueva legislación convirtió diversas actividades religiosas en conductas sujetas a vigilancia, sanción penal y prisión.

La ley definía como ejercicio ministerial no solo la administración de sacramentos, sino también la predicación pública y cualquier actividad de proselitismo religioso. También prohibía a corporaciones religiosas y ministros dirigir escuelas de instrucción primaria.

Además, establecía penas severas para sacerdotes o ministros que criticaran al gobierno, las leyes o las instituciones políticas, sanciones que podían alcanzar hasta seis años de prisión.

La reforma también amplió el control sobre la prensa religiosa. Las publicaciones vinculadas con alguna creencia no podían comentar asuntos políticos ni informar sobre actos de autoridad relacionados con instituciones públicas. En caso de incumplimiento, directores, redactores o propietarios podían ser arrestados, multados e incluso perder definitivamente la publicación.

Otro cambio importante fue la restricción del culto fuera de los templos. Los actos religiosos públicos únicamente podían celebrarse dentro de recintos autorizados y bajo vigilancia de la autoridad. Los ministros que celebraran ceremonias fuera de esos espacios podían ser arrestados y sancionados económicamente.

Asimismo, la ley prohibía el uso de vestimenta o distintivos religiosos fuera de los templos, imponiendo multas y arrestos a quienes incumplieran la disposición.

En conjunto, estas reformas muestran un cambio importante en la legislación mexicana: prácticas religiosas que anteriormente eran protegidas por la ley pasaron a considerarse actividades sujetas a control estatal, vigilancia política y sanción penal.

En ese contexto legal ejercía su ministerio el sacerdote Tranquilino Ubiarco. Diversas fuentes religiosas y testimoniales describen que, durante aproximadamente quince meses, celebró misas en casas particulares y ranchos, administró sacramentos de forma clandestina y se desplazaba disfrazado de campesino, arriero u obrero para evitar ser identificado.

Las fuentes coinciden en presentarlo como un sacerdote activo durante la persecución religiosa:

“Con gran valentía, rodeado de peligros, ejerció el ministerio sacerdotal durante quince meses en Tepatitlán.”

“Celebraba la Santa Misa en casas particulares y administraba los sacramentos.”

“Tuvo que disfrazarse de campesino, de arriero o de obrero para poder visitar a los enfermos.”

Algunas versiones sostienen también que nunca promovió el levantamiento armado:

“A pesar de esta situación, el P. Tranquilino nunca incitó a la violencia ni al levantamiento armado.”

Sin embargo, otras fuentes dejan ver cómo las autoridades podían interpretar sus actividades dentro del nuevo marco legal. Además de celebrar ceremonias religiosas clandestinas, algunas publicaciones lo mencionan como redactor, director o distribuidor de periódicos católicos como La Luz de Occidente, El Orión o Gladium, medios dedicados a la difusión de doctrina religiosa en un contexto donde la Ley Calles imponía fuertes restricciones a la prensa confesional.

Un boletín municipal relacionaría indirectamente el clima de tensión con el asesinato del juez Ignacio G. Velázquez, ocurrido en agosto de 1928, señalando que:

“La muerte de este personaje en cierto modo precipitó la del Padre Ubiarco, ya que el gobierno federal empezó a presionar a las autoridades locales exigiéndoles la entrega de los asesinos.”

Las actividades realizadas por el sacerdote podían interpretarse como violaciones a las leyes reformadas y vigentes en ese momento. Sin embargo, incluso bajo ese marco legal, las formas y el proceso mediante los cuales fue detenido y ejecutado continúan abriendo preguntas.

La Ley Calles no hacía referencia directa a la pena de muerte. Sin embargo, el Código Penal de 1871 todavía la contemplaba dentro de las penas permitidas por la legislación mexicana. El artículo 92, fracción X, la incluía dentro del catálogo legal de sanciones aplicables en determinados delitos.

El artículo 143 establecía que la pena de muerte debía reducirse a la simple privación de la vida y prohibía cualquier circunstancia que aumentara el sufrimiento del condenado antes o durante la ejecución. El artículo 144 añadía limitaciones humanitarias, prohibiendo su aplicación en mujeres y en hombres mayores de setenta años.

El propio código también establecía un protocolo para su ejecución. La sentencia no debía realizarse en lugares públicos, sino en cárceles o espacios cerrados; debía ejecutarse en días no festivos y el condenado debía recibir aviso con anticipación, entre veinticuatro horas y tres días, para recibir auxilios espirituales y realizar disposiciones testamentarias.

Asimismo, los artículos 145 y 239, fracción I, contemplaban la sustitución de la pena capital por prisión extraordinaria de hasta veinte años en determinados casos.

La pena de muerte quedaba reservada para delitos considerados de máxima gravedad, principalmente aquellos relacionados con homicidio calificado, parricidio, secuestro con extrema violencia, salteamiento de caminos, incendios intencionales con resultado mortal, traición a la patria, piratería con homicidio y rebelión armada con ejecución innecesaria de prisioneros o civiles.

Bajo este marco legal, las actividades atribuidas al sacerdote Tranquilino Ubiarco no parecían tener como consecuencia jurídica directa la pena de muerte.

Las fuentes sobre su captura y ejecución coinciden en señalar una orden inmediata atribuida al coronel Lacarra:

“Le sacan a culatazos y, conducido ante el coronel Lacarra, le sentencia a muerte: a la horca.”

“Ahí lo pusieron en un cuarto, solo e incomunicado. Algunos momentos después llegó el jefe de la tropa, el coronel José Lacarra.”

“En la mañana del día 5, el coronel Lacarra ordenó a los soldados que sacaran al padre de la cárcel y lo llevaran a la alameda de la entrada de Tepatitlán para darle muerte.”

“Sin pérdida de tiempo, soldados del coronel Lacarra invadieron la casa por las azoteas contiguas y capturaron al virtuoso párroco.”

La mayoría de las fuentes consultadas coinciden en una idea central: la muerte del sacerdote fue consecuencia de una orden directa y sumaria atribuida al jefe militar de la región.

La explicación de esa decisión podría encontrarse en el contexto extraordinario bajo el que operaban las autoridades militares durante la Guerra Cristera.

El Congreso había otorgado al presidente Plutarco Elías Calles facultades extraordinarias en materia de Guerra y Hacienda, lo que permitió ampliar el margen de actuación del Ejecutivo y del Ejército en las zonas consideradas en rebelión. A ello se sumaba el artículo 22 de la Constitución de 1917, que todavía contemplaba la pena de muerte para determinados delitos.

En la práctica, los grupos cristeros eran frecuentemente clasificados por las autoridades como rebeldes, traidores o salteadores, categorías que permitían justificar acciones militares inmediatas bajo criterios de guerra y pacificación.

Más que derivarse directamente de un artículo específico de la Ley Calles, diversas fuentes muestran que muchas ejecuciones durante el conflicto respondieron a órdenes militares, decretos de emergencia y decisiones tomadas por mandos regionales en contextos donde las garantías civiles quedaban suspendidas de facto.

Diversos testimonios y relatos posteriores atribuyen a Joaquín Amaro y a otros mandos militares órdenes severas contra sacerdotes o rebeldes que continuaban operando pese a las restricciones impuestas por el gobierno federal. Casos como la ejecución de Miguel Agustín Pro, la muerte de Francisco Serrano en Huitzilac o los fusilamientos ordenados en Cotija, Michoacán, muestran cómo dentro de la estructura militar una orden superior podía bastar para ejecutar de manera inmediata a prisioneros o sospechosos.

En ese contexto, la muerte de Tranquilino Ubiarco puede entenderse no solo desde el marco jurídico de la época, sino también desde una lógica militar de excepción donde los mandos regionales actuaban con amplios márgenes de discrecionalidad.

Un familiar cercano al general Lacarra explicaría años después:

“Era la guerra cristera; en las guerras hay advertencias y, si no se obedece, se ahorca o fusila.”

También sostuvo que el sacerdote ya había sido advertido previamente:

“Mi tío lo conocía, se conocían los dos y ya muchas veces le había advertido y pues no hizo caso.”

Por su parte, el cronista de Tepatitlán, Francisco Gallegos, mencionaba:

“El general Lacarra ya lo conocía, hasta le tenía admiración por la capacidad que tenía para esconderse y escaparse; ya tenía tiempo persiguiéndolo.”

Las fuentes también coinciden en otro elemento: algunos soldados se habrían negado inicialmente a ejecutar al sacerdote y posteriormente fueron fusilados por desacatar la orden. Más allá de la precisión histórica de cada versión, la repetición constante de este relato en testimonios y narraciones posteriores refuerza la idea de una ejecución marcada por tensión incluso dentro de la propia tropa.

Si la muerte ocurrió mediante ahorcamiento, como sostienen varias fuentes, el método también tendría una carga simbólica. Durante la Guerra Cristera, la horca fue utilizada en distintas regiones como mecanismo de terror y advertencia pública. A diferencia del fusilamiento — relacionado con una ejecución militar — el ahorcamiento exponía el cuerpo y buscaba producir un efecto psicológico sobre la población civil que apoyaba o simpatizaba con los grupos rebeldes.

La legislación vigente durante la Guerra Cristera permite entender cómo un sacerdote podía ser perseguido, detenido o encarcelado. Sin embargo, la ejecución inmediata de Tranquilino Ubiarco mediante la horca continúa abriendo preguntas sobre los límites entre legalidad, guerra y decisión personal dentro de la estructura militar.

En ese punto, la figura del coronel José de Jesús Lacarra deja de aparecer únicamente como un jefe militar encargado de aplicar órdenes y comienza a convertirse en el centro de una historia donde la violencia, el poder y la interpretación de la ley parecen confundirse.

La imagen familiar y militar

En 1925, José Jesús Lacarra Rico recibió el grado de coronel de caballería por parte del presidente de la República. No sería sino hasta 1929 cuando obtendría el nombramiento de general brigadier, también otorgado por el Ejecutivo federal.

Esa diferencia explica por qué, en la mayoría de los documentos y acontecimientos relacionados con la Guerra Cristera, aparece mencionado como coronel, mientras que actualmente algunos de sus familiares insisten en nombrarlo como general, rango con el que terminó su carrera militar.

Al comenzar la conversación y mencionar al coronel, surge de inmediato una corrección por parte de un familiar:

— “No coronel, general. Él fue general.”

La conversación continúa.

“El coronel ya había estado mucho antes en Colotlán, en la tierra de mi papá, donde conoció a mi tía Lenita”, recuerda un familiar cercano al general José de Jesús Lacarra. “Se decía que era muy bonita. Yo todavía conservo una fotografía de ellos dos cuando se casaron y otra de mi tío ya como general, con su águila y todo.”

Los recuerdos familiares construyen una imagen distinta a la que aparece en varios testimonios relacionados con la Guerra Cristera. Dentro del entorno familiar, Lacarra es recordado como un hombre disciplinado, elegante y cercano con sus sobrinos.

“Era muy cariñoso con nosotros, tanto con mi hermana como conmigo. Muy estricto también; traía muy bien vestido a su regimiento. Era exigente, enérgico, con gran sentido de mando y muy querido por sus subalternos. Vestía impecablemente, tanto de civil como de militar.”

El mismo familiar lo describe como “un amor”, alguien atento y generoso con los niños de la familia:

“Cuando llegaba nos regalaba monedas para que compráramos lo que quisiéramos. Tengo magníficos recuerdos de él. Incluso quería que yo estudiara medicina.”

Durante la conversación, el familiar menciona con orgullo el origen español de la familia paterna del militar y recuerda constantemente el prestigio que alcanzó dentro del ejército mexicano.

Sin embargo, al abordar el contexto de la Guerra Cristera y la ejecución de sacerdotes, el tono de la conversación cambia. Antes incluso de preguntarle directamente sobre el caso de Tranquilino Ubiarco, el familiar intenta contextualizar las acciones del general dentro del ambiente de guerra de la época:

“Era la Guerra Cristera, y en las guerras hay advertencias; si no se obedecen, los ahorcan o los fusilan. Eso fue lo que pasó con varios curas que no hicieron caso. Algunos incluso eran amigos desde antes.”

“El general ya conocía al sacerdote y muchas veces le había advertido.”

La explicación aparece acompañada por otra idea constante: la violencia no era exclusiva de un solo bando.

“Menciona que también los cristeros cometían malos actos”, como intentando justificar las decisiones tomadas por los mandos militares en aquel contexto.

La conversación también permite observar las relaciones políticas y sociales que rodearon a Lacarra después de la Guerra Cristera. El familiar recuerda reuniones y tardes de polo compartidas con personajes que años después ocuparían algunos de los cargos más importantes del país, entre ellos Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán.

Esa cercanía política también puede rastrearse en documentos familiares. En las actas matrimoniales de sus hijas Elena y Margarita aparecen como padrinos y testigos el entonces presidente Manuel Ávila Camacho y su esposa, además del general Claudio Fox y miembros del círculo militar posrevolucionario.

Los matrimonios de sus hijas también vincularon a la familia Lacarra con personajes cercanos a círculos políticos, militares y sociales de relevancia nacional. Entre ellos aparecen José Méndez — conocido como “Che Méndez” — y Alberto Valdés Ramos. Méndez sería relacionado posteriormente con el Rancho Cuquío, un terreno de gran extensión ubicado en lo que hoy es Ciudad Satélite, en la Ciudad de México, además de ser mencionado en versiones familiares como cercano al círculo del presidente Manuel Ávila Camacho.

Por otra parte, Alberto Valdés Ramos alcanzaría reconocimiento nacional como integrante del equipo ecuestre mexicano que obtuvo la medalla de oro en salto por equipos durante los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, uno de los mayores logros deportivos de México en aquella época.

Después de los llamados “arreglos” entre la Iglesia y el Estado, el general Lacarra fue asignado a la región de Ixtlán, Jalisco, y posteriormente a Tepic, Nayarit, donde comenzó a aparecer de manera constante en registros militares y sociales. La prensa de la época lo menciona participando en actividades relacionadas con la construcción de campos para la práctica de polo, organizando torneos y formando parte de distintos eventos civiles y militares.

También aparece vinculado con operaciones que muestran lo que podría interpretarse como una amplia trayectoria y capacidad militar: misiones de rescate de ciudadanos extranjeros víctimas de secuestro, la búsqueda de un piloto extraviado tras un accidente aéreo en Veracruz y labores relacionadas con la construcción de la carretera que conectaba Jalisco con Nogales. Incluso fue mencionado como guía y colaborador en una producción documental sobre los caminos de México.

En 1938, su nombre vuelve a aparecer durante el levantamiento de Saturnino Cedillo en San Luis Potosí, participando en operaciones militares federales.

Con el paso de los años, el apellido Lacarra dejaría atrás los campos de batalla para aparecer en espacios de poder, deporte y prestigio social.

El militar visto por las fuentes

Sin embargo, fuera del entorno familiar y militar, la figura de José Jesús Lacarra cambia por completo cuando aparece en testimonios, crónicas y publicaciones relacionadas con la Guerra Cristera.

Mientras algunos documentos oficiales lo muestran como un militar disciplinado y cercano a los círculos de poder del México posrevolucionario, diversas fuentes religiosas, relatos orales y literatura cristera construyeron alrededor de su nombre una imagen asociada con el miedo, la violencia y las ejecuciones ejemplares en Los Altos de Jalisco.

Una de las descripciones más duras lo presenta de la siguiente manera:

“En Tepatitlán tronaba como señor de horca y cuchillo un militarón callista llamado Lacarra, al frente de la guarnición allí establecida. Era éste un hombre brutal, cruelísimo y sanguinario, especialmente cuando estaba en estado de ebriedad, lo que era muy frecuente.”

Las referencias al alcohol aparecen repetidamente en distintos testimonios consultados. Algunas fuentes describen al coronel como un hombre violento durante sus estados de embriaguez y relacionan ese comportamiento con castigos, ejecuciones y actos de intimidación contra la población.

Otra narración menciona:

“Temiendo algún atropello de Lacarra, que por esos días andaba de muy mal humor, ahogándolo como de costumbre en alcohol y cometiendo tropelías de todas clases.”

La ejecución del sacerdote Tranquilino Ubiarco también aparece vinculada, en varios relatos, con ese estado de violencia:

“Y el general dio, en medio de los hipos de su borrachera, la orden de sacar al cura Ubiarco y ahorcarlo en la alameda de Tepatitlán.”

Los testimonios consultados coinciden además en describir el ahorcamiento público como una práctica utilizada no solo para ejecutar, sino para enviar mensajes de terror a la población civil.

En distintas regiones de Los Altos y zonas cercanas aparecen relatos similares atribuidos al coronel Lacarra. En Acatic, por ejemplo, algunas versiones lo señalan como responsable de ejecuciones realizadas durante las reconcentraciones y de amenazas dirigidas contra quienes intentaran retirar los cuerpos de los ejecutados.

Uno de esos relatos afirma que, después de ordenar un ahorcamiento, advirtió a los habitantes:

“Dentro de tres días volveré, y si no están en su lugar, ustedes con su muerte lo pagarán.”

Otra narración describe cómo, tras la ejecución de un habitante acusado de proteger a un sacerdote, el cuerpo permaneció colgado por temor a represalias contra la familia y los vecinos.

También aparecen referencias a castigos contra soldados que se habrían negado a cumplir órdenes relacionadas con ejecuciones. Una fuente sostiene:

“Lacarra, en el paroxismo del furor, ordenó que fusilaran a los dos soldados y que otro ejecutara la orden.”

En los relatos relacionados con los llamados Mártires de los Adobes, el coronel vuelve a aparecer asociado con amenazas, ejecuciones y demostraciones públicas de autoridad militar. Las narraciones describen escenas donde los condenados eran ejecutados frente a familiares o pobladores como forma de escarmiento.

Aunque gran parte de estas versiones provienen de literatura cristera, testimonios orales y publicaciones religiosas — fuentes marcadas por una evidente visión confesional del conflicto — , la repetición de ciertos patrones, métodos y descripciones en distintos documentos y regiones permite observar la construcción persistente de una imagen específica alrededor del coronel Lacarra: la de un jefe militar temido, asociado con la violencia extrema y las ejecuciones ejemplares durante la Guerra Cristera.

Denuncias, procesos y documentos oficiales

Más allá de los testimonios orales, la literatura religiosa o las memorias locales, existen también documentos oficiales y correspondencia dirigida a las más altas autoridades del país donde el nombre del coronel José de Jesús Lacarra aparece relacionado con acusaciones de abusos, ejecuciones y actos arbitrarios cometidos durante la Guerra Cristera.

Parte de estas denuncias fueron dirigidas directamente al presidente Plutarco Elías Calles, quien para entonces seguía siendo una de las figuras de mayor influencia dentro del gobierno federal y el ejército.

Uno de los documentos localizados corresponde a una carta enviada desde la Ciudad de México en junio de 1929 por José Ana Castañeda, quien se presenta como empleado particular y simpatizante del gobierno federal. Desde las primeras líneas, el autor aclara que no escribe como opositor al régimen, sino como alguien que consideraba necesaria la “depuración del ejército”.

En el documento, Castañeda acusa directamente al coronel Lacarra de haber cometido diversos abusos durante su permanencia en Tepatitlán, entre ellos:

• “atropellos, asesinatos y robos”; • reconcentraciones forzadas acompañadas de cobros ilegales a pobladores; • fusilamientos pese a la existencia de amparos federales; • extorsiones a detenidos acusados de colaborar con rebeldes; • decomiso de ganado; • ahorcamientos; • y actos realizados fuera del marco judicial ordinario.

El denunciante asegura además haber promovido investigaciones previas ante la Secretaría de Guerra y Marina y menciona que Lacarra incluso habría sido sometido temporalmente a proceso antes de reincorporarse al servicio militar y continuar su carrera.

Entre los casos señalados aparece el fusilamiento de Eusebio Flores y Justo Álvarez, quienes — según el documento — contaban con un amparo federal. También se menciona el caso de varios detenidos que, presuntamente, recuperaron su libertad tras entregar dinero a militares del sector.

Otro de los episodios denunciados corresponde al ahorcamiento de Felipe de Anda, vecino de Paredones, acusado de colaborar con grupos rebeldes. El autor cuestiona la legalidad del procedimiento y señala inconsistencias dentro del juicio militar relacionado con el caso.

El documento también permite observar tensiones internas entre mandos militares. En distintos pasajes, el denunciante expresa inconformidad por la aparente protección que algunos generales brindaban al coronel Lacarra, particularmente el general Andrés Figueroa, jefe de operaciones en la región.

Entre los documentos localizados también aparece una respuesta firmada por el general Andrés Figueroa, fechada el 6 de noviembre de 1928 y dirigida a José Ana Castañeda en Guadalajara.

La carta surgió después de que Castañeda solicitara autorización para publicar órdenes militares relacionadas con denuncias y actuaciones atribuidas al coronel Lacarra durante su permanencia en Tepatitlán.

En la respuesta, Figueroa no desmiente los documentos ni las órdenes señaladas. Su negativa se centra en impedir su difusión pública:

“No me es posible autorizarle la publicación de las órdenes que cita… dichas órdenes no son para adornar las columnas de ningún periódico.”

Más adelante agrega:

“Dichas órdenes son para cumplirse fielmente por quienes las reciben.”

El contenido de la respuesta resulta significativo porque muestra que las denuncias y señalamientos contra Lacarra ya circulaban formalmente desde 1928 y habían alcanzado niveles de correspondencia militar y política.

También permite observar el ambiente de control informativo existente durante el conflicto cristero, particularmente respecto a operaciones militares, denuncias de abusos y decisiones tomadas por mandos federales en regiones consideradas de alta conflictividad.

Aunque no todas las acusaciones pueden comprobarse plenamente de manera individual, el expediente resulta relevante porque muestra que los señalamientos contra Lacarra no provenían únicamente de relatos religiosos o memorias posteriores, sino también de denuncias formales dirigidas al propio gobierno federal durante el conflicto.

A ello se suman informes militares donde aparece mencionado otro aspecto recurrente en distintas fuentes: el consumo excesivo de alcohol.

En un reporte atribuido al general Alejandro Mange, al referirse a distintos jefes militares, se menciona sobre Lacarra:

“Con relación al Gral. Gallegos, lo cree de peligro, pero confía en la lealtad del Cnel. Lacarra, cuyo más grave defecto es la embriaguez, que lo expone a verse envuelto por los malos elementos.”

En otro fragmento del mismo documento se señala:

“En cuanto al Coronel Lacarra, no dudo de su lealtad, pero sí desconfío lo vayan a envolver estos elementos, por estar muy ligado con ellos y tener para mí un defecto muy grave como es el de tomar hasta embriagarse en los centros públicos, tanto con civiles como con militares y subalternos.”

Estos documentos permiten observar cómo, incluso dentro de sectores militares y políticos afines al régimen, existían cuestionamientos sobre la conducta del coronel Lacarra durante los años más intensos de la Guerra Cristera.

Las denuncias, informes y testimonios construyen así una figura compleja y contradictoria: por un lado, un militar cercano a círculos de poder, con trayectoria reconocida dentro del ejército federal; por otro, un personaje señalado reiteradamente por actos de violencia, abusos de autoridad y ejecuciones sumarias en distintas regiones del occidente del país.

Estas referencias coinciden parcialmente con diversas narraciones publicadas años después en literatura cristera, donde el consumo de alcohol es mencionado de manera recurrente en episodios atribuidos al coronel Lacarra durante su permanencia en Los Altos de Jalisco.

Sin embargo, la figura del militar también aparece vinculada a procedimientos legales donde él mismo buscó protección judicial. En julio de 1931, el periódico El Informador publicó que el general José Lacarra Rico había solicitado un amparo federal contra actos de la Secretaría de Guerra y de mandos militares de Guadalajara y Tepic.

La nota señalaba que el militar temía ser detenido e incluso “pasado por las armas”, mientras se desarrollaba una investigación relacionada con acusaciones consideradas graves por las autoridades militares. Días después, el mismo diario informó que el proceso continuaba dentro de la Novena Jefatura de Operaciones Militares y que el amparo buscaba retrasar la instrucción del caso mientras el general intentaba responder a los cargos presentados en su contra.

Aunque no fue posible localizar el expediente completo ni una resolución definitiva sobre dichas investigaciones, la existencia de denuncias formales, solicitudes de amparo y procesos militares permite observar que la figura de Lacarra generó cuestionamientos incluso dentro de estructuras oficiales del propio régimen, y no únicamente en relatos surgidos desde la memoria religiosa o regional.

El caso Ubiarco como punto de quiebre

La ejecución del sacerdote Tranquilino Ubiarco no fue el primer acto de violencia atribuido al coronel José de Jesús Lacarra durante la Guerra Cristera. Diversos testimonios, denuncias y documentos revisados a lo largo de esta investigación lo relacionan previamente con fusilamientos, ahorcamientos, reconcentraciones forzadas y otras acciones represivas desarrolladas en distintas regiones de Jalisco.

Del mismo modo, Lacarra tampoco fue el único jefe militar federal señalado por ejecuciones sumarias o métodos violentos durante el conflicto religioso. La propia documentación de la época muestra que varios mandos militares actuaron bajo dinámicas de guerra donde las fronteras entre justicia militar, castigo ejemplar, represión política y violencia extrajudicial resultaban frecuentemente ambiguas.

Precisamente por ello, el caso Ubiarco adquiere una relevancia particular.

Más allá de la legalidad o ilegalidad de las acciones atribuidas al sacerdote bajo el contexto de la Ley Calles y las medidas extraordinarias aplicadas durante la Guerra Cristera, distintos testimonios, crónicas y documentos coinciden en que su muerte ocurrió mediante una orden sumaria atribuida directamente al coronel Lacarra.

Sin embargo, lo que convirtió este episodio en un punto de quiebre no fue únicamente la ejecución en sí, sino la forma en que el hecho permaneció dentro de la memoria colectiva regional.

La horca pública, los relatos sobre amenazas dirigidas a quienes intentaran bajar el cuerpo, la difusión posterior dentro de la literatura religiosa y el contexto simbólico de la muerte de un sacerdote provocaron que el episodio sobreviviera durante generaciones en testimonios orales, narraciones familiares, crónicas locales y textos vinculados a la memoria cristera.

A partir de entonces, el nombre de Lacarra dejó de aparecer únicamente como el de un jefe militar regional para convertirse en una figura profundamente polémica dentro de la memoria histórica de Los Altos de Jalisco.

Así, el caso Ubiarco no solo permite analizar la figura de José de Jesús Lacarra, sino también observar las complejas relaciones entre legalidad, guerra, religión y memoria durante el conflicto cristero.

Más que presentar una explicación definitiva, el episodio abre la posibilidad de estudiar cómo determinados actos de violencia quedaron fijados en la memoria regional y cómo algunos personajes terminaron convertidos en símbolos contradictorios de una época marcada por la confrontación entre el Estado revolucionario y el mundo religioso.

Poder, memoria y silencios

La reconstrucción de la figura del general José de Jesús Lacarra y de los hechos ocurridos durante la Guerra Cristera enfrenta un problema constante: la fragmentación documental, la ausencia de expedientes completos y la coexistencia de memorias profundamente opuestas sobre los mismos acontecimientos.

Archivos faltantes

Parte importante de la información localizada para esta investigación provino de fondos documentales relacionados con el Fideicomiso Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, así como de colecciones vinculadas al periodo de Álvaro Obregón y la posrevolución mexicana. Sin embargo, durante el proceso de búsqueda aparecieron inconsistencias importantes en los repositorios nacionales.

En varios casos, los criterios de búsqueda dentro de plataformas institucionales no arrojaban resultados directos sobre José de Jesús Lacarra, aun cuando los documentos existían dentro de los propios fondos digitalizados. Paradójicamente, algunos materiales pudieron localizarse con mayor facilidad a través de repositorios y sitios extranjeros que contienen copias de los mismos archivos mexicanos.

A ello se suma un vacío particularmente significativo: la ausencia de documentación municipal correspondiente al periodo comprendido entre julio y diciembre de 1928 dentro del archivo histórico de Tepatitlán, precisamente los meses donde se concentran varias de las ejecuciones y hechos violentos atribuidos tanto a fuerzas federales como a grupos rebeldes. La posible explicación de esta ausencia ya fue comentada anteriormente; sin embargo, el vacío documental continúa siendo relevante para comprender las limitaciones de la reconstrucción histórica.

Silencio institucional

La búsqueda dentro del Portal Nacional de Transparencia también mostró ciertas limitaciones. Bajo criterios directos relacionados con el nombre del general Lacarra, las respuestas institucionales indicaban inicialmente la inexistencia de archivos relevantes.

No obstante, al modificar los criterios de búsqueda hacia el contexto militar, regional y temporal de la Guerra Cristera, comenzaron a aparecer referencias indirectas a expedientes, fondos y documentos posiblemente relacionados con operaciones militares desarrolladas en Jalisco y Nayarit durante esos años. Aunque muchos de estos materiales aún no han sido revisados de manera completa, su existencia sugiere que parte de la información permanece dispersa, clasificada de forma distinta o integrada dentro de expedientes más amplios sobre campañas militares federales.

Más que una desaparición absoluta de documentos, parece existir una combinación de fragmentación archivística, criterios institucionales limitados y vacíos históricos que dificultan reconstruir plenamente los hechos.

Memoria religiosa

Frente a la ausencia parcial de expedientes oficiales completos, gran parte de la narrativa sobre el caso de Tranquilino Ubiarco proviene de literatura religiosa, testimonios orales y publicaciones vinculadas con la memoria cristera.

Aunque estas fuentes presentan un evidente sesgo confesional y apologético, varios de los elementos descritos en ellas coinciden parcialmente con documentos militares, denuncias civiles y notas periodísticas localizadas durante esta investigación. La reiteración de ciertos episodios — como ejecuciones sumarias, ahorcamientos públicos, amenazas contra pobladores o el consumo excesivo de alcohol atribuido al coronel Lacarra — obliga a reconsiderar el valor historiográfico de estas memorias religiosas.

Sin embargo, la dificultad permanece: ante la ausencia o fragmentación de archivos oficiales, muchas afirmaciones continúan siendo complejas de verificar plenamente desde una perspectiva documental estricta.

Memoria militar

A diferencia de la memoria religiosa, la memoria militar sobre Lacarra aparece mucho más dispersa y menos personal. Su presencia se encuentra principalmente en notas periodísticas, registros de operaciones, referencias administrativas y menciones dentro de literatura histórica relacionada con la Guerra Cristera.

Más que construir un perfil humano del militar, estas fuentes permiten reconstruir una especie de itinerario institucional: ascensos, movimientos de tropas, campañas militares, operaciones de pacificación, actividades ecuestres, obras materiales y vínculos con mandos políticos y militares del periodo posrevolucionario.

En ese sentido, la figura de Lacarra aparece dividida entre dos narrativas distintas: la del militar funcional al Estado posrevolucionario y la del personaje violento que permanece dentro de la memoria regional y religiosa de Los Altos de Jalisco.

Prensa ausente

Otro elemento significativo es la limitada cobertura periodística localizada sobre algunos de los hechos más violentos atribuidos al coronel Lacarra.

Hasta el momento, fuera de notas aisladas y referencias indirectas, no se localizaron reportajes extensos o investigaciones periodísticas contemporáneas sobre la ejecución de Tranquilino Ubiarco dentro de la prensa nacional mexicana. Parte de la información más directa apareció en publicaciones fuera del país, particularmente en material difundido desde Tucson, Arizona, relacionado con el conflicto religioso mexicano.

La ausencia de cobertura amplia dentro de periódicos nacionales puede entenderse también dentro del contexto político y militar de la época, marcado por censura indirecta, control de información militar y polarización ideológica.

Continuidad familiar y política

Mientras la memoria religiosa convirtió a Tranquilino Ubiarco en una figura martirial, la memoria familiar de Lacarra conservó una imagen profundamente distinta del militar.

Dentro de su entorno familiar permanece el recuerdo de un hombre disciplinado, elegante, cercano a figuras de poder político y orgullosamente identificado con su trayectoria militar. Cuando las conversaciones alcanzan episodios relacionados con ejecuciones o violencia durante la Guerra Cristera, las explicaciones suelen desplazarse hacia el contexto legal y militar de la época: advertencias previas, estado de guerra, obediencia militar y acciones cometidas también por grupos rebeldes.

La continuidad de esta memoria familiar muestra cómo ciertas figuras militares conservaron prestigio social y vínculos políticos aun después del conflicto. También permite observar cómo el relato familiar tiende a reinterpretar o justificar determinadas acciones dentro de la lógica de la guerra y del deber militar.

¿Quién pudo contar la historia?

La permanencia del caso de Tranquilino Ubiarco dentro de la memoria regional parece haber dependido principalmente de testimonios transmitidos oralmente y posteriormente recogidos por sacerdotes, cronistas locales e investigadores.

Probablemente la historia comenzó a circular desde los primeros testigos del hecho: familiares del sacerdote, habitantes de Tepatitlán y figuras cercanas como su hermana Timotea. Con el paso del tiempo, el relato fue retomado por publicaciones religiosas, cronistas regionales y memorias orales que se transmitieron de generación en generación.

En muchas versiones permanecen constantes tres figuras centrales: el sacerdote Tranquilino Ubiarco, el coronel Lacarra y el soldado que presuntamente se negó a ejecutar la orden y también habría sido asesinado.

Sin embargo, como ocurre con buena parte de las memorias transmitidas oralmente, algunos detalles parecen haberse transformado, amplificado o simplificado con el tiempo.

¿Quién no la contó?

También resulta significativo preguntarse quiénes no dejaron testimonio.

Fuera de documentos militares fragmentarios y algunas notas de prensa, no existe hasta ahora una versión extensa escrita desde el entorno cercano del propio Lacarra sobre los hechos ocurridos durante aquellos años. La memoria familiar conservó recuerdos personales, militares y sociales del general, pero no parece haber desarrollado públicamente una narrativa amplia sobre las ejecuciones atribuidas a su mando.

Ese silencio puede explicarse de múltiples maneras: por el contexto político posterior, por razones sociales, por protección familiar o simplemente porque ciertos episodios quedaron absorbidos dentro de una lógica de guerra donde muchas acciones dejaron de discutirse públicamente con el paso del tiempo.

En ese sentido, la figura de Lacarra permanece suspendida entre documentos incompletos, memorias enfrentadas y silencios institucionales que todavía dificultan establecer una versión definitiva sobre su papel durante la Guerra Cristera.

Dos memorias

Según los testimonios y narraciones religiosas conservadas en Tepatitlán, después de la ejecución del padre Tranquilino Ubiarco uno de los soldados cortó la cuerda y el cuerpo cayó al pie del árbol, donde permaneció durante varias horas.

El sacerdote tenía entonces 29 años de edad y apenas cinco de ministerio sacerdotal.

Con el amanecer comenzó a correr la noticia de su muerte por toda la población. Los habitantes acudían lentamente hacia la alameda observando con consternación el cuerpo tendido junto al árbol donde había sido ahorcado.

Distintas versiones señalan que algunas personas intentaron mover el cadáver hacia la calzada, mientras soldados y varias mujeres ayudaban posteriormente a trasladarlo. Gracias a la intervención de una mujer apellidada Navarro, el presidente municipal autorizó que el cuerpo fuera llevado temporalmente a una casa para ser velado antes del entierro.

La respuesta popular fue inmediata. Numerosos habitantes acudieron al velorio para rezar y tocar objetos religiosos al féretro, convencidos de que Tranquilino Ubiarco había muerto como mártir de la fe católica.

La afluencia de personas fue tan grande que la vivienda resultó insuficiente. Algunas versiones señalan incluso que las autoridades prepararon ametralladoras ante el temor de disturbios o manifestaciones durante el sepelio.

Finalmente, el sacerdote fue enterrado en el cementerio municipal de Tepatitlán, en un sepulcro prestado por Julia González, viuda de Hernández.

Años después, sus restos fueron trasladados al Hospital del Sagrado Corazón y posteriormente, el 5 de octubre de 1978, al templo de San Francisco en Tepatitlán, donde actualmente permanecen sus reliquias.

El 22 de noviembre de 1992 fue beatificado y el 21 de mayo del año 2000 canonizado por Juan Pablo II.

Décadas más tarde, el 5 de octubre de 2023, se abrió un santuario en el sitio donde ocurrió su ejecución.

La memoria religiosa transformó lentamente al sacerdote perseguido en figura martirial. Su historia comenzó a transmitirse entre familias, cronistas y comunidades católicas de Los Altos de Jalisco, aunque incluso dentro de la devoción popular algunos estudios señalan que no alcanzó el mismo nivel de veneración que otros mártires cristeros.

Un cronista local llegó a mencionar que parte de esa diferencia podía relacionarse incluso con su apariencia física: “No tenía la imagen del alteño tradicional; era el pobre, el morenito.”

La historia de Tranquilino también deja ver los contrastes sociales del periodo. El mismo día de su ejecución, otro sacerdote — el padre E. Salinas — permanecía oculto bajo protección dentro de la casa del presidente municipal, práctica relativamente frecuente durante la persecución religiosa, donde familias influyentes escondían sacerdotes para mantener servicios religiosos clandestinos. En el caso de Tranquilino, esa protección parece no haber existido o no haber sido aceptada.

Mientras tanto, la vida del general José de Jesús Lacarra continuó dentro del ámbito militar y político del México posrevolucionario.

Murió el 15 de octubre de 1944 en la Ciudad de México, en la calle Atlixco, a los 51 años de edad. Su acta de defunción lo registra como José Justo Lacarra Rico, nombre que comenzó a utilizar después de la muerte de su hijo José Bibiano, cuando dejó de emplear el “Jesús” dentro de su nombre oficial.

Según recuerdos familiares, su funeral fue acompañado por un regimiento completo que desfiló desde su domicilio hasta el Panteón Francés, donde probablemente todavía descansan sus restos.

Las dos memorias siguieron caminos distintos.

Tranquilino Ubiarco pasó del cementerio municipal a los altares. Su figura quedó ligada a la santidad popular, al martirio religioso y a la memoria oral de Tepatitlán.

Lacarra, en cambio, permaneció asociado al ejército, a círculos políticos y al prestigio social construido durante el México posrevolucionario. Su apellido continuó apareciendo décadas después en espacios de reconocimiento nacional: en la equitación, en círculos militares, en el deporte olímpico y en sectores cercanos al poder político y social del país.

Sin embargo, ambas historias quedaron inevitablemente unidas por una madrugada de octubre de 1928.

La historia de Tranquilino fue preservada principalmente por sacerdotes, cronistas y comunidades religiosas. La de Lacarra sobrevivió entre documentos militares, memorias familiares y relaciones políticas que continuaron mucho tiempo después de la Guerra Cristera.

Uno fue convertido en santo.

El otro quedó suspendido entre el prestigio militar, las denuncias, el silencio institucional y la memoria polémica de la región.

Y quizá esa sea una de las mayores complejidades de esta historia: entender cómo dos figuras surgidas del mismo conflicto terminaron ocupando lugares tan distintos dentro de la memoria mexicana.

Cierre

La historia del padre Tranquilino Ubiarco y del coronel José de Jesús Lacarra permanece atravesada por múltiples versiones, silencios y memorias construidas desde espacios distintos.

Por un lado, la memoria religiosa convirtió al sacerdote en mártir y posteriormente en santo, preservando su historia a través de testimonios, cronistas, literatura católica y tradición oral. Por otro, la trayectoria de Lacarra sobrevivió entre registros militares, prensa nacional, relaciones políticas y recuerdos familiares que continúan presentándolo como un militar disciplinado, leal al gobierno y producto de un contexto de guerra.

Entre ambas memorias aparece un problema central: la ausencia parcial de archivos, expedientes completos y documentación oficial capaz de reconstruir plenamente los hechos.

Gran parte de los documentos localizados surgieron de fondos fragmentados, correspondencia aislada, prensa extranjera, denuncias personales o referencias indirectas encontradas fuera de los repositorios nacionales donde originalmente deberían conservarse. Incluso en archivos municipales y solicitudes de transparencia persisten vacíos importantes, particularmente en el periodo de mayor violencia ocurrido en Tepatitlán durante 1928.

Esa fragmentación documental obliga a observar la Guerra Cristera no únicamente desde los decretos oficiales o desde las narraciones religiosas, sino también desde las tensiones entre memoria, poder y silencio institucional.

La investigación muestra además cómo el contexto legal del periodo resulta más complejo de lo que suele presentarse en las versiones simplificadas del conflicto. La Ley Calles, las facultades extraordinarias del Ejecutivo, la militarización de regiones enteras y la suspensión práctica de garantías generaron escenarios donde la frontera entre legalidad, castigo militar y violencia extrajudicial se volvió difícil de definir incluso para las propias autoridades de la época.

Dentro de ese escenario, la ejecución de Tranquilino Ubiarco no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una dinámica más amplia de represión, guerra regional y control político desarrollada durante los años más intensos del conflicto cristero.

Sin embargo, esta investigación tampoco permite construir respuestas absolutas.

Las fuentes religiosas presentan claros elementos devocionales; los testimonios orales fueron transmitidos durante generaciones; los documentos oficiales aparecen incompletos; y gran parte de la prensa nacional de la época guardó silencio sobre muchos de estos acontecimientos.

Al final, la historia de Tranquilino Ubiarco y José de Jesús Lacarra parece sobrevivir precisamente en esa tensión: entre documento y memoria, entre archivo y silencio, entre santidad y violencia, entre justicia y guerra.

Quizá por ello, casi un siglo después, ambos personajes continúan ocupando lugares profundamente distintos dentro de la memoria mexicana.

Uno fue llevado a los altares.

El otro quedó suspendido entre el prestigio militar, las denuncias, el poder político y las narraciones de violencia surgidas en Los Altos de Jalisco.

Y en medio de ambas figuras permanece todavía una pregunta abierta sobre quién pudo contar la historia, quién decidió conservarla y cuántas partes de ella continúan todavía sin aparecer en los archivos.

Agradecimientos

Esta investigación no habría sido posible sin la generosidad de las personas que compartieron su tiempo, sus recuerdos y sus archivos.

Agradezco a los cronistas, investigadores locales, familiares de los personajes mencionados, habitantes de Tepatitlán y de la región de Los Altos de Jalisco que accedieron a conversar, responder preguntas y aportar documentos, fotografías, testimonios y referencias que permitieron ampliar la comprensión de esta historia.

Mi reconocimiento especial para quienes han dedicado años a preservar la memoria histórica de sus comunidades. Muchas de las fuentes consultadas no se encuentran en archivos oficiales, sino en colecciones familiares, recuerdos transmitidos de generación en generación y esfuerzos personales por evitar que estas historias desaparezcan con el paso del tiempo.

También agradezco a quienes ofrecieron perspectivas distintas e incluso contradictorias sobre los hechos. La posibilidad de escuchar voces diversas permitió construir una investigación más amplia, crítica y equilibrada.

Finalmente, agradezco a los habitantes de San Francisco de Asís, Tepatitlán y de los pueblos vinculados a esta historia, cuya memoria colectiva continúa conservando episodios fundamentales para comprender una etapa compleja de la historia regional y nacional.

Este trabajo no pretende establecer una verdad definitiva. Es una aportación sustentada en los documentos, testimonios y fuentes localizadas hasta el momento, con la esperanza de que futuras investigaciones continúen ampliando, corrigiendo o enriqueciendo lo aquí presentado.