¿Cuáles son los factores que influyen en el tránsito de la minería informal a la minería ilegal?

Resumen (Abstract)

El artículo analiza la compleja transición de la minería informal a la ilegalidad, destacando los factores que impulsan este fenómeno en el contexto latinoamericano. La minería informal, si bien no es ilícita en sí misma, representa una etapa previa a la ilegalidad, donde diversos factores condicionan a los individuos a cruzar la línea hacia la actividad ilícita.

El estudio se basa en la Teoría General de la Informalidad (TGI) para explicar cómo la informalidad genera un entorno propicio para la ilegalidad, difuminando las fronteras entre lo lícito y lo ilícito. La decisión individual de ingresar a la ilegalidad está influenciada por un análisis costo-beneficio, donde las motivaciones económicas, como la búsqueda de mayores ingresos y la reducción de costos, juegan un papel central.

Además de los factores económicos, el artículo resalta la influencia de factores culturales y sociales, como la cultura arraigada de la informalidad en Latinoamérica, que promueve antivalores y limita el desarrollo de una ciudadanía responsable. La transición también se ve afectada por una multiplicidad de factores interconectados, incluyendo aspectos institucionales, económicos, sociales, geográficos, políticos, culturales, legales y ambientales.

Las consecuencias de la minería ilegal son sumamente devastadoras, ocasionando graves daños ambientales (deforestación, contaminación, pérdida de biodiversidad) y sociales (violencia, inseguridad, trabajo infantil, explotación laboral). Además, genera perjuicios económicos considerables a través de la evasión fiscal y la competencia desleal con la minería formal.

Abordar la minería ilegal requiere un esfuerzo conjunto y sostenido de todos los sectores de la sociedad. Se necesitan acciones firmes e integrales que ataquen las raíces de la informalidad, fomenten la formalización de la minería, promuevan el desarrollo económico sostenible, fortalezcan la gobernanza ambiental y propicien el bienestar de las comunidades locales. La educación, la sensibilización ciudadana y la cooperación internacional son elementos claves para combatir este fenómeno y construir un futuro más justo y sostenible.

Por César Reyna Ugarriza, consultor en temas económicos, políticos y sociales. Correo: cesarreyna78@gmail.com

Palabras clave: minería informal, minería ilegal, informalidad, Teoría General de Ia Informalidad (TGI), factores económicos, factores sociales, consecuencias, lucha contra la minería ilegal, desarrollo sostenible, Ministerio de Energía y Minas (Minem), crimen organizado, SNMPE, formalización, Reinfo, minería artesanal, pequeño productor minero, MAPE, pequeño minero artesanal, transición, contaminación ambiental, explotación de oro, producción de oro, minería aurífera, minería formal, empresa minera, compañía minera, Perú

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I. Consideraciones previas. –

En principio hay que señalar que la informalidad predispone a la ilegalidad, es decir, es un estadio previo o antesala a la trasgresión o delito. Naturalmente esto no ocurre en todos los casos, pues parte de una decisión individual o grupal que se sustenta en determinados incentivos y ciertos elementos contextuales (culturales, económicos, políticos y sociales). La informalidad muchas veces no se elige, sino que se crece dentro de ella como informal como parte de una cultura que caracteriza a los países latinoamericanos; en cambio el delito es producto de una elección eminentemente personal. Sin embargo, la primera hace más probable la comisión de ilícitos, esto es, inclina a los sujetos a realizar una serie de actos contrarios al ordenamiento jurídico y, por lo tanto, sancionables por la justicia penal. Esta apreciación se sustenta en los postulados de la Teoría General de la Informalidad (TGI) -obra aún en desarrollo- mediante la cual se explica la génesis, naturaleza, principios, características, clases, evolución y consecuencias o alcances de la informalidad como fenómeno cultural sobre la sociedad, la economía, la política y las normas; siendo el problema más importante que enfrentan la mayoría de países latinoamericanos (Reyna, 2019).

Afirmar que la informalidad favorece la generación de crímenes de diverso tipo revela que esta coloca a cualquier individuo -afectado o imbuido por ella, culturalmente hablando- en una situación propicia -y precaria- para cruzar la línea que separa el bien del mal, o de lo que se considera o conoce como el acatamiento de las buenas costumbres, el respeto de derechos ajenos y la adopción valores sociales o universales. En el caso del informal esta línea figurativa es mucho más delgada, ya que el formal tiene como estadio intermedio la propia informalidad antes de pasar al plano del delito en sí mismo. En contraposición, entre informalidad e ilegalidad no existe ninguna etapa o escalón previo, no hay un terreno gris en ese sentido. Es por ello que se puede sostener que la informalidad es una suerte de hall o antecámara social en la que se si avanza lo suficiente, se puede incursionar en distintas actividades ilícitas directamente.

El ingreso en la ilegalidad está fundado esencialmente en la voluntad o autonomía individual, por lo que es el propio sujeto quien decide cómo, cuándo y por qué realiza el acto ilícito (el denominado dolo de la doctrina penal). De modo que se si pretende indagar sobre las causas de la propensión a la ilegalidad hay que remitirse irremediablemente a una decisión personal. Pero esta, desde luego, no se encuentra exenta o librada de condicionamientos e incentivos de diversa índole, puesto que la determinación de realizar actos ilegales es influenciada por una serie de elementos como la posible ventaja de realizar la conducta sancionada por la ley, la disponibilidad de información relevante para cometerla, el grado de impunidad (posibilidad de no ser atrapado ni inculpado), factores contextuales (funcionamiento de la justicia, ausencia de fiscalización, pobreza, desigualdad, etc.), entre otros aspectos gravitantes.

El individuo como tal, antes de resolver la comisión de ilícitos, realiza un análisis costo-beneficio a un nivel preliminar, el cual no tiene por qué ser necesariamente detallado ni sesudo, sino que consiste en un mero balance de los eventuales beneficios y riesgos asociados con el acto delictivo. Este puede ser muy elaborado o simple en función de la complejidad del hecho a cometer, la disposición de información relevante y las condiciones cognitivas y pericia del propio sujeto. Entre las posibles ventajas de llevar adelante la acción criminal se encuentra la facilidad para la obtención de una ganancia económica rápida, el menor costo que supone ser ilegal que informal (en lo ambiental se contamina porque el agente considera que es más económico en muchos casos), la generación de ahorros significativos que aumentan la rentabilidad (no gastar en procedimientos complicados para ingresar a la formalidad), la ausencia del Estado en materia de fiscalización), la regulación permisiva (prórrogas indefinidas en el caso del proceso de formalización), escaso control y sanción de actividades irregulares o ilícitas[1] (reducida capacidad sancionadora cuando la justicia penal no es capaz de procesar y condenar el delito de minería ilegal de manera ejemplar y oportuna).

Otros factores que intervienen en el crecimiento de las actividades ilegales son la presencia de una cultura de la informalidad fuerte que irradia todas las dimensiones de la realidad política, social, económica y cultural, otro postulado de la Teoría General de la Informalidad (TGI), lo cual hace más proclive la manifestación de inconductas fundadas en antivalores. La informalidad atraviesa todos los vasos comunicantes de las sociedades latinoamericanas en mayor o menor medida. La ausencia de valores o una moral pública es evidente en países donde la informalidad se ha constituido como el principal signo o elemento de identidad además de la religión cristiana y el idioma español. Es por ello que no se sanciona moral o socialmente las actitudes y comportamientos informales, y existe una gran tolerancia hacia el delito, en particular a la corrupción que se presenta como una práctica común, arraigada y generalizada entre políticos, funcionarios, servidores, empresarios y ciudadanía en general.

La informalidad, a nivel cultural y social, promueve antivalores como el individualismo exacerbado, egoísmo extremo, inmediatismo, superficialismo y facilismo, entre otros males. Estos no permiten construir una ciudadanía responsable, solidaria y comprometida; una sociedad próspera, tolerante e inclusiva; una economía desarrollada, innovadora y sostenible; ni mucho menos pensar en un Estado moderno, justo y eficiente orientado hacia la consecución del bien común y desarrollo de las potencialidades humanas. La disfuncionalidad que introduce la informalidad en todos los estamentos públicos y privados limita cualquier posibilidad o visión de futuro, y no solo el mero crecimiento económico. Esta es una de las consecuencias más importantes que han sido mencionadas en la Teoría General de la Informalidad (TGI) acerca del impacto de la informalidad en los ámbitos políticos, sociales, culturales y económicos de los países latinoamericanos.

Dicho esto, conviene centrar la discusión en la minería informal y su tránsito hacia la minería abiertamente ilegal, esto es, explicar la transición de una modalidad a otra y por qué se presentan tantos casos de la segunda, ello con el fin de conocer esta indeseada evolución para tener una mejor comprensión del problema.

II. La evolución de la minería informal a la minería ilegal. –

La transición de la minería informal a la ilegalidad es un proceso complejo influenciado por una serie de factores interconectados que merecen un análisis detallado. Inicialmente se puede proponer que, la minería informal surge como respuesta a diversas barreras que obstaculizan la formalización, como trámites administrativos engorrosos, altos costos asociados (costos de transacción) y la falta de acceso a financiamiento formal o bancarizado, tesis de intelectuales como Hernando De Soto[2]. Esta situación se ve agravada por la ausencia de una supervisión estatal efectiva en zonas geográficamente remotas o de difícil acceso, donde las actividades mineras informales se desarrollan sin ser detectadas, o siéndolo, existe una débil capacidad fiscalizadora[3] por parte de gobiernos regionales ante la falta de presupuesto, recursos humanos, desinterés manifiesto y otros factores como la corrupción de funcionarios[4].

Sin embargo, la transición hacia la ilegalidad no es un proceso lineal y puede ser resultado de múltiples causas. Una de ellas es la presión económica sobre los mineros informales, quienes, ante la necesidad de aumentar sus ingresos, pueden recurrir a prácticas ilegales, como la explotación minera sin licencias ambientales, el uso indiscriminado de químicos e insumos peligrosos como el mercurio en la extracción de minerales o la invasión de áreas protegidas. Esta presión, alegan algunos mineros informales, se debe al contexto de pobreza y exclusión en el que viven y del que muchos proceden por la falta de oportunidades y servicios públicos de calidad; empero, algunos ya realizan labores de mediana minería o incluso de gran minería por la cantidad de material mineralizado que llegan a procesar en distintas plantas, por lo que la justificación de la pobreza y exclusión se desvanece, quedando como respuesta la ambición por alcanzar mayores niveles de rentabilidad a costa del sacrificio del ambiente y los derechos de terceros afectados por el desarrollo de su actividad, entre los que se encuentra el propio Estado.

Además de la consabida falta de oportunidades económicas y la pobreza que suelen empujar a individuos y comunidades campesinas enteras hacia la ilegalidad como un medio de subsistencia -en particular por el escaso rendimiento de las tierras agrícolas ubicadas a mayor altitud, efectos del cambio climático, menor grado educativo y escasa diversidad productiva-, la actividad informal o ilegal se desarrolla especialmente en regiones donde la minería constituye una de las pocas fuentes de empleo disponibles, situación que se ve agravada por la debilidad del Estado para brindar alternativas económicas de desarrollo viables y por la inadecuada aplicación de la norma que creó el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), que permite que los infractores operen sin temor a consecuencias significativas (ausencia del Estado de Derecho).

La dinámica social y económica de las regiones mineras también desempeña un papel crucial en este proceso. La migración hacia áreas mineras, impulsada por la promesa de riqueza, empleo y oportunidades, ha generado un aumento desbordado de la informalidad y, como consecuencia, de la ilegalidad, exacerbando los problemas sociales y ambientales en estas zonas, sobre todo en la disposición y calidad de recursos hídricos para consumo humano, animal y vegetal, así como graves conflictos con empresas mineras formales.

La debilidad del Estado se evidencia en la falta de un marco legal que aborde cabalmente la formalización y ofrezca soluciones viables e incentivos reales. Se mencionan a las barreras burocráticas debido a que los procesos de formalización son difíciles, lentos y costosos, lo que desincentiva a los mineros a cumplir con la normativa. Un ejemplo claro es la exigencia de estudios técnicos complejos y costosos de naturaleza ambiental, inaccesibles para aquellos pequeños mineros con recursos limitados.

Otro factor es el desconocimiento de la normativa. Esto se refiere a la falta de acceso a información clara, sencilla y comprensible sobre los requisitos legales y los beneficios de la formalización también contribuyen al problema. Un ejemplo es la baja cobertura de programas de capacitación y asistencia técnica dirigidos a comunidades mineras alejadas de los centros urbanos. Además, se verifica la falta de acompañamiento consistente en apoyo técnico y financiero por parte del Estado para guiar a los mineros en el proceso de formalización, lo que dificulta su avance. Un ejemplo de ello es la escasez de oficinas descentralizadas del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en zonas con alta actividad minera informal.

En cuanto a la búsqueda de mayores ganancias, los mineros informales que terminan convertidos en mineros ilegales utilizan una serie de métodos antirreglamentarios, esto debido a la presión ejercida por grupos o cuerpos de seguridad armados[5] que controlan la operación y exigen maximizar las ganancias, lo que los conduce a emplear métodos más rápidos y baratos, aunque sean ilegales o dañinos para el medio ambiente y las personas. Esto ocurre particularmente en la provincia de Pataz en la región La Libertad (al norte de Perú), donde operan mineras auríferas formales como Minera Poderosa, Consorcio Minero Horizonte, Minera Retamas, empresas peruanas que se dedican a la exploración, explotación, extracción y desarrollo de recursos minerales auríferos e hidroeléctricos, en cuyas concesiones se encuentran instalados cientos de mineros informales e ilegales quienes actúan bajo órdenes de organizaciones criminales que realizan atentados y actos intimidatorios con el objeto de apoderarse de ricos yacimientos de oro

No menos conocida es la explotación de recursos no declarados. En este caso los mineros informales devenidos en ilegales omiten la cantidad real de minerales extraídos para evadir impuestos y obtener así mayores ganancias. Un ejemplo es la subdeclaración de la producción de oro en las boletas de venta, lo que dificulta el control por parte de las autoridades. Además emplean a intermediarios que prestan servicios ilegales como el denominado “facturador”, quien ofrece su razón social y registro de contribuyente ante la administración tributaria para hacer pasar la producción minera del minero ilegal como suya para no figurar en ninguna transacción u operación comercial[6].

Esto se complementa con la venta a compradores ilegales que pagan en efectivo y no exigen documentación legal, lo que facilita la evasión fiscal y el lavado de dinero. Esto se trata puntualmente de la venta de oro a intermediarios informales que operan al margen del sistema financiero formal. Asimismo, existen una situación bastante oscura o irregular por el lado del financiamiento que reciben mineros informales o simplemente ilegales, pues podrían estar lavando dinero de empresarios o financistas inescrupulosos cuyos nombres no se conocen o no han trascendido a la fecha; pero que ofrecen capital en condiciones presumiblemente perjudiciales para estos mineros, quienes a su vez deben incrementar la explotación para cancelar sus deudas y son incentivados para invadir nuevas zonas de producción para mantener el ritmo de ingresos y cumplir con sus obligaciones, seguramente bajo amenaza o intimidación en algunos casos. Mucha de esta producción sale de Perú en camiones hacia Ecuador[7] y Bolivia[8] sin ningún tipo de control o fiscalización. Se estima que una parte importante de la producción de oro tiene procedencia ilegal: un 39.3% aproximadamente según la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE)[9].

En ese orden de ideas, la minería ilegal se ha convertido en un negocio bastante atractivo para grupos criminales que buscan lavar dinero, financiar sus actividades ilícitas y corromper a funcionarios públicos. Un ejemplo es la infiltración del narcotráfico en la minería ilegal de oro en la región amazónica, utilizando las ganancias para financiar sus operaciones y corromper a autoridades. La articulación entre estas dos actividades empieza a crecer y preocupar a las autoridades sobre sus implicancias para la seguridad interna y gobernabilidad de los países afectados.

Un elemento que no se puede dejar de lado es el crecimiento de la demanda de minerales, en concreto la del oro. Este aumento de la demanda global de minerales ha generado un rápido auge para la minería oro, pero también para el cobre, lo que incentiva la minería informal, incluso en áreas no aptas o con alto valor ambiental. Esto se ha reflejado en la expansión de la minería aurífera aluvial en la Amazonía en regiones como Madre de Dios y parte occidental de la Cordillera del Cóndor, zonas de gran biodiversidad y ecosistemas frágiles. Los precios altos de los minerales en el mercado internacional motivan a las personas a buscar oportunidades de ganancia rápida en la minería informal, incluso sin considerar los riesgos ambientales y sociales, lo que a la postre los convierte en mineros ilegales al trabajar en áreas no aptas para el desarrollo de la minería bajo prácticas realmente condenables.

La transición de la minería informal a la ilegalidad es el resultado de una combinación de factores estructurales, económicos, sociales y políticos. Comprender estos elementos es fundamental para diseñar estrategias efectivas que promuevan prácticas mineras responsables y sostenibles, así como para abordar las causas subyacentes que alimentan la minería ilegal.

Cuadro N°1: Factores que facilitan la minería ilegal

§ Cultura de la informalidad: este fenómeno ejerce una influencia significativa en la transición de la minería informal a la ilegalidad. Esta cultura impregna las normas sociales, económicas y políticas de la sociedad, creando un ambiente propicio para la tolerancia hacia la ilegalidad y la transgresión de las leyes. En muchos países latinoamericanos, la informalidad se ha arraigado como una característica omnipresente en la vida cotidiana, lo que contribuye a la normalización de prácticas ilegales[10].

§ Ubicación geográfica: la minería informal e ilegal se realiza en zonas alejadas, de difícil acceso y con escasa presencia del Estado.

§ Contexto de pobreza y exclusión social: se refiere a la falta de oportunidades laborales y económicas en las comunidades locales, de donde procede la mano de obra no calificada que labora en operaciones mineras informales e ilegales.

§ Demanda por recursos minerales: existe una alta demanda global de minerales, especialmente en países en desarrollo (India, Turquía y Emiratos Árabes se presentan como los principales compradores de oro peruano)[11].

§ Debilidad institucional: la falta de recursos, coordinación y capacidad de las entidades responsables del control y la fiscalización incide directamente en el avance y proliferación de la minería ilegal de oro, cobre y otros productos metálicos y no metálicos.

§ Corrupción: esta práctica endógena alcanza a funcionarios y servidores públicos sobornados o extorsionados por grupos criminales involucrados en la minería ilegal. Este elemento endémico socava los esfuerzos para combatir la actividad ilegal y perpetúa su existencia.

Fuente: elaboración propia 2024

III. Consecuencias de la minería ilegal. –

La minería ilegal genera graves consecuencias ambientales, sociales y económicas. Entre los daños ambientales se cuentan la deforestación, contaminación de ríos y suelos, pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas frágiles. En el caso de los impactos sociales se registra el incremento de los niveles de violencia, inseguridad, trabajo infantil, explotación laboral, trata de personas y serios problemas de salud pública. La minería ilegal suele estar asociada a la trata de personas, ya que los grupos criminales explotan a mujeres, niños y adolescentes en diversas actividades, como la prostitución, el trabajo forzado y el servicio doméstico. Un ejemplo es la captación de mujeres en zonas rurales con falsas promesas de trabajo y su posterior explotación sexual en campamentos mineros ilegales. Asimismo, se encuentran perjuicios económicos tales como evasión fiscal, competencia desleal con la minería formal, pérdida de ingresos para el Estado, entre otros.

La lucha contra la minería ilegal es un desafío complejo que requiere un esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad. Solo a través de acciones firmes y sostenidas se podrá erradicar esta actividad nociva y construir un desarrollo sostenible en el Perú.

IV. Medidas recomendadas. –

La transición de la minería informal a la ilegal es un proceso complejo y multicausal, impulsado por factores económicos, sociales, institucionales, culturales, geográficos y políticos. La lucha contra la minería ilegal requiere un enfoque integral que aborde las causas estructurales del problema, fortalezca las instituciones, promueva la formalización y garantice la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Por lo que se requieren medidas urgentes por parte del Estado, la sociedad civil y el sector privado para:

a) Fortalecer la institucionalidad: se debe aumentar los recursos, mejorar la coordinación entre entidades y capacitar al personal encargado del control y la fiscalización.

b) Combatir la corrupción: existe la necesidad de implementar mecanismos idóneos de transparencia, rendición de cuentas y control social para prevenir y sancionar actos de corrupción.

c) Promover la formalización: se necesita simplificar los procesos de formalización, brindar asistencia técnica y financiera a los mineros informales y crear incentivos adecuados para la formalización.

d) Controlar la actividad minera: es preciso realizar operativos de inspección y control más frecuentes y efectivos, utilizando tecnología moderna y sancionando a los infractores.

e) Proteger el medio ambiente: el gobierno debe aplicar medidas de restauración ambiental en zonas degradadas por la minería ilegal y promover prácticas mineras sostenibles.

f) Garantizar los derechos humanos: el Estado debe brindar protección a las comunidades afectadas por la minería ilegal, combatir la trata de personas y promover el trabajo digno.

V. Conclusiones:

A continuación, se presentan las principales conclusiones de la breve investigación:

i. El artículo aborda de manera exhaustiva la transición de la minería informal a la ilegalidad, destacando los factores que influyen en este proceso. Señala que la informalidad actúa como un estadio previo a la ilegalidad, condicionando a los individuos cultural y contextualmente hacia la trasgresión del orden jurídico. La minería informal no es un estado estático, sino que representa una etapa previa a la ilegalidad, donde diversos factores condicionan a los individuos a cruzar la línea hacia la actividad ilícita. La transición entonces es gradual.

ii. Destaca la influencia de la Teoría General de la Informalidad (TGI) en la comprensión de este fenómeno, resaltando cómo la informalidad genera un entorno propicio para la comisión de delitos al diluir la línea entre lo lícito y lo ilícito. La TGI explica cómo la informalidad genera un caldo de cultivo para la ilegalidad, al explicar cómo se difuminan las fronteras entre lo legal y lo ilícito.

iii. Subraya la importancia de la decisión individual en el ingreso a la ilegalidad, influida por diversos incentivos y condicionantes. El análisis costo-beneficio previo a la comisión de actos ilícitos se presenta como un elemento clave, donde se ponderan las ventajas económicas y la reducción de costos asociados a la ilegalidad. El ingreso a la ilegalidad no es un acto fortuito, pues responde a un análisis por parte de los individuos, donde las ganancias económicas y la reducción de costos se convierten en incentivos.

iv. Menciona además la presencia de factores culturales y sociales que refuerzan esta transición, como la presencia de una cultura de la informalidad arraigada en la sociedad latinoamericana, que promueve antivalores y limita el desarrollo de una ciudadanía responsable y una sociedad próspera.

v. Considera también que la transición de la minería informal a la ilegalidad es un proceso complejo influenciado por factores económicos, sociales, institucionales, geográficos, culturales y políticos interconectados. La falta de oportunidades económicas y la presión económica sobre los mineros informales son factores que pueden llevarlos a recurrir a prácticas ilegales para aumentar sus ingresos.

vi. Indica que la minería ilegal genera graves consecuencias ambientales, como la deforestación, contaminación de ríos y suelos, pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas frágiles.

vii. Refiere que además de los impactos ambientales, la minería ilegal también tiene consecuencias sociales, como el aumento de los niveles de violencia, inseguridad, trabajo infantil y explotación laboral, así como perjuicios económicos, como la evasión fiscal y la competencia desleal con la minería formal.

viii. Considera que el combate contra la minería ilegal es un desafío complejo que requiere un esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad. Se necesitan, por tanto, acciones firmes y sostenidas para erradicar esta actividad nociva y construir un desarrollo sostenible en las regiones afectadas por la minería ilegal.

ix. El artículo intenta ofrecer una visión detallada y multifacética del tránsito de la minería informal a la ilegalidad, contribuyendo así a una mejor comprensión de este complejo problema sociocultural.

VI. Referencias:

• Reyna, C. (2019). Teoría General de la Informalidad. Medium. Disponible en: https://www.linkedin.com/posts/c%C3%A9sar-reyna-ugarriza-73602a156_informalidad-informalidadlaboral-informalidadeconaejmica-activity-7158570707159801856-dRHm?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Notas:

[1] De acuerdo con una nota del portal Infobae (02.04.2024): “A fecha 2 de abril de 2024, la Fiscalía ha registrado más de 7.200 investigaciones por minería ilegal y se han logrado 285 sentencias condenatorias. El Código Penal establece penas de cárcel de cuatro a ocho años para las actividades de exploración, explotación o extracción de minerales metálicos y no metálicos que causan o generan un peligro a la salud y la calidad ambiental”. Disponible en: https://www.infobae.com/peru/2024/04/02/fiscalia-registra-mas-de-7200-investigaciones-por-mineria-ilegal-las-cinco-regiones-que-lideran-los-casos/

[2] Entrevista realizada el 18 de marzo de 2015 en el programa La Hora N. Disponible en: https://canaln.pe/actualidad/mira-entrevista-hernando-soto-sobre-formalizacion-mineria-n174142

[3] Las entidades responsables de la vigilancia y el control de la minería informal carecen de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para cumplir con su mandato. Un ejemplo es la escasez de personal capacitado para realizar inspecciones y operativos en zonas de difícil acceso.

[5] Es sabido que en algunas zonas de Perú, diversos grupos armados ilegales controlan la actividad minera informal, imponiendo su propio “régimen”, creando zonas liberadas de la actuación del Estado y generando violencia e inseguridad indiscriminada. Un ejemplo es la presencia de mafias que controlan la extracción de oro en la Amazonía peruana, intimidando a las comunidades y enfrentándose a las fuerzas del orden.

[6] La exposición del antropólogo Víctor Hugo Pachas fue esclarecedora en ese aspecto. Esta se dio en el marco de la investigación que realizó sobre minería artesanal y de pequeña escala de cobre en Perú, trabajo efectuado para la ARM (Association for Responsible Mining). La cita tuvo lugar el 24 de abril de 2024 en Lima, Perú.

[7] El Comercio. Al menos 12 volquetes con oro ilegal salen del Perú a Ecuador a diario por El Cenepa. Unidad de Investigación de El Comercio, del 25 de febrero de 2024. Disponible en: https://elcomercio.pe/peru/al-menos-12-volquetes-con-oro-ilegal-salen-del-peru-a-ecuador-a-diario-policiales-mineria-cenepa-oro-ilegal-frontera-noticia/

[8] La República. El 80% de exportaciones de oro de Bolivia viene de la minería ilegal de Perú Disponible en: https://larepublica.pe/sociedad/2023/12/08/arequipa-puno-madre-de-dios-el-80-de-exportaciones-de-oro-de-bolivia-viene-de-la-mineria-ilegal-de-peru-lrsd-664712

[9] Rumbo Minero. Minería no formal produce el 39.3% del oro, del 27 de setiembre de 2023. Disponible en: https://www.rumbominero.com/peru/mineria-no-formal-oro-del-peru/#:~:text=La%20miner%C3%ADa%20no%20formal%20produce,(SNMPE)%20present%C3%B3%20el%20estudio.

[10] En el contexto de la minería, esta cultura de la informalidad puede manifestarse en la aceptación generalizada de actividades mineras no reguladas o en la falta de aplicación efectiva de las leyes y regulaciones mineras. Los valores asociados con la informalidad, como el individualismo extremo, el inmediatismo y la búsqueda de beneficios rápidos, pueden alimentar la propensión de los mineros informales a recurrir a prácticas ilegales para maximizar sus ganancias. Además, la tolerancia hacia la corrupción y la falta de sanciones morales o sociales para las actividades ilegales en el sector minero pueden contribuir a la perpetuación de la minería ilegal. Esta falta de represión social hacia la ilegalidad puede desalentar la adopción de comportamientos éticos y legales por parte de los mineros informales, facilitando así su transición hacia la ilegalidad. En conclusión, la cultura de la informalidad desempeña un papel crucial en la conversión de la minería informal en minería ilegal al normalizar la ilegalidad, socavar el respeto por el estado de derecho y fomentar una mentalidad que prioriza los beneficios individuales sobre el cumplimiento de las leyes y regulaciones.

[11] De acuerdo con una investigación del portal Ojo Público, del 14 de abril de 2024: “Desde 2020, India y Emiratos Árabes Unidos son los principales destinos de exportación de oro peruano, superando a países históricamente dominantes en esta área como el Reino Unido. Entre 2014 y 2023, Perú ha exportado 357,23 toneladas de oro a India, de las cuales 73,65 toneladas fueron destinadas a Kundan Care Products, Kundan Refinery y empresas vinculadas al Grupo Kundan, uno de los más importantes importadores de oro de la India”. Disponible en: https://www.google.com/search?q=india+emiratos+oro+peruano&oq=india+emiratos+oro+peruano&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCDc3MDJqMGo0qAIIsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8