Lo que aprendí en 10 años defendiendo deudores en México: el sistema no falla, está diseñado así

Una década dentro del sistema crediticio mexicano me convenció de algo incómodo — pero sin nombrarlo, no lo arreglaremos.

La primera vez que entendí cómo funciona realmente el Buró de Crédito en México fue revisando un reporte para una mujer de Chihuahua. Llevaba cuatro años intentando que le borraran un registro de doce mil pesos que ya estaba pagado. El recibo era claro. El banco lo aceptaba. CONDUSEF tenía registrada su queja. Y aun así, el registro seguía vivo.

No era un caso especial. Era todos los casos.

Después de una década en este sector — primero desde la trinchera de las Sofomes en Asofich, después construyendo una fintech para auditar legalmente el historial crediticio — llegué a una conclusión que me resulta tan obvia hoy como me costó admitir entonces: el sistema crediticio mexicano no está roto. Funciona exactamente como fue diseñado. Lo difícil es nombrarlo.

El malentendido más caro

La narrativa que escucho repetida en redes, en notas periodísticas y hasta en algunas conferencias del sector es esta: el Buró está mal hecho, las Sociedades de Información Crediticia son injustas, los procedimientos son obsoletos. Que urge una reforma.

Yo veo otra cosa. Veo un sistema que es perfectamente eficiente en lo que se propone: mantener el costo del capital bajo para las instituciones financieras transfiriendo el riesgo y la fricción al deudor. No es un bug. Es la feature principal.

Lo digo sin tono de denuncia. Cuando uno lo entiende, deja de pelearse con los síntomas y empieza a operar dentro de las reglas. Es la única forma de ganar.

Lo que el sistema hace de verdad

La Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia (LRSIC) establece, en su Artículo 23, que cualquier persona puede solicitar la modificación de un registro inexacto. La obligación de probar la exactitud recae en la entidad que lo reportó. El plazo de respuesta es de 30 días naturales. Es, en el papel, uno de los marcos más garantistas de América Latina.

En la práctica, la inmensa mayoría de personas que intentan ejercer ese derecho desisten antes del día 15. No porque el banco les niegue formalmente, sino porque el procedimiento está diseñado para que desistan: documentación que se pierde, números de folio que no avanzan, asesores que rotan, sucursales que mandan al call center, call centers que mandan a la sucursal. La ley existe. El acceso operativo a esa ley es lo que no existe.

Esto no es accidente. Es exactamente lo que pasaría si el objetivo fuera reducir el número de modificaciones que efectivamente se procesan, sin tener que cambiar la ley.

Tres ejemplos del banquillo

Voy a aterrizar lo abstracto con tres casos reales, anonimizados.

Caso 1 — La señora con doce mil pesos pagados. Cinco contactos a CONDUSEF, cuatro a la sucursal, tres cartas formales. El registro se queda. ¿Por qué? Porque eliminarlo requeriría que alguien en el banco se sentara, abriera el sistema interno, validara el comprobante de pago, autorizara la modificación y reportara el cambio a la SIC. Cada uno de esos pasos es manual y cada uno tiene un costo operativo. Comparado con dejarlo donde está — que no le cuesta nada al banco — la decisión racional es no hacer nada. Y la decisión racional es la que se toma.

Caso 2 — El registro duplicado. Una persona con dos registros idénticos de la misma deuda. Mismo monto, mismo banco, mismas fechas, sólo un dígito diferente en el folio interno. Llevaba tres años así. Cuando se auditó legalmente y se envió la solicitud bajo el Artículo 23 con el respaldo técnico correcto, el banco respondió en 17 días. El registro duplicado desapareció. La diferencia no fue el cliente, ni el caso. Fue el formato del documento que aterrizó en la mesa del jurídico del banco.

Caso 3 — La prescripción ignorada. Una deuda mercantil de 2014, ya prescrita conforme al Código de Comercio. El reporte seguía activo una década después. Cuando se le exigió formalmente al banco que justificara la vigencia del registro tras la prescripción, no tenía respuesta. El registro se eliminó. Pero hasta que alguien lo exigió por escrito y con la nomenclatura legal correcta, simplemente seguía ahí. Como sigue, en este momento, para millones de personas.

Lo que estos tres casos tienen en común no es el problema técnico. Es el costo de levantar la mano correctamente. El sistema está diseñado para que ese costo lo absorba siempre el deudor, nunca la institución.

Por qué la queja, sola, no funciona

La respuesta institucional cuando alguien identifica este patrón suele ser: “Bueno, ya existe CONDUSEF, ya hay un procedimiento, ya hay leyes.” Es cierto. Y también es cierto que el porcentaje de quejas que termina en una modificación efectiva del Buró es decepcionantemente bajo. Las estadísticas son públicas y vergonzosas, y nadie las cita en las conversaciones que importan.

¿Por qué fallan? Porque una queja a CONDUSEF, sin estructura técnica detrás, es un formulario más entre miles. El banco contesta lo mismo que contesta a todos: “no procede, registro correcto”. CONDUSEF no tiene capacidad operativa para auditar caso por caso. El expediente se cierra. El registro persiste. El deudor se cansa.

La forma en que el sistema se desbloquea no es mandando más quejas. Es mandando una sola solicitud con la solidez técnica suficiente para que ignorarla cueste más que atenderla. Y eso requiere conocer la ley con detalle, entender el formato que el departamento jurídico del banco respeta, y citar las disposiciones específicas con la nomenclatura exacta. En otras palabras: requiere ingeniería legal, no buena voluntad.

Esto es lo que me parece, después de una década, el único punto donde la ecuación se mueve.

La salida no es individual

Si el problema fuera de unos cuantos casos, la solución sería trabajo de despacho de abogados. Pero no son unos cuantos casos. Son millones de mexicanos con registros que no deberían estar ahí, y a quienes les están negando crédito, vivienda o empleo por información que la ley dice que pueden modificar.

A esa escala, esto es un problema de infraestructura técnica + legal, no de litigio individual. Es entender cuáles son los errores estructurales más comunes — registros duplicados, prescripciones ignoradas, pagos no reflejados, claves MOP mal asignadas, registros de filiales fusionadas que ya no existen — automatizar su detección, y generar el dictamen legal que obliga a la SIC y al banco a actuar.

Es, esencialmente, lo que estamos construyendo en SuperPromise. No porque queramos resolver el problema individual de cada persona (eso es el síntoma), sino porque creo que ésa es la única forma de mover el sistema hacia donde la ley ya dice que debería estar.

Lo que el lector se lleva

Si llegaste hasta aquí, tres cosas que ojalá te queden.

Primero, deja de pensar que el sistema crediticio mexicano está roto. Está exactamente como se quiso que estuviera. Reconocerlo es el primer paso para operarlo.

Segundo, el Artículo 23 de la LRSIC es real y aplica. Tu derecho a modificar información inexacta existe. Lo que no existe es el acceso fácil a ese derecho. Eso se construye.

Tercero, si quieres mover tu situación, no mandes más quejas. Manda una sola solicitud bien hecha. El sistema responde al formato, no al volumen. Ésa es la trampa, y también es la salida.

Llevo una década aprendiendo esto en carne propia, y todavía me asombra cuántas personas pasan años atoradas en un trámite que se resuelve, técnica y legalmente, en menos de un mes. La diferencia no está en la suerte. Está en el método.

Noel Aguilera Aguirre es Director General de SuperPromise (superpromise.mx), plataforma legal-tech que audita el historial crediticio bajo la LRSIC. Fue Presidente de Asofich (2021–2025) y miembro del capítulo PLD de la World Compliance Association en México (2022–2025).