“El modelo que no pudo ser: dos concepciones en pugna por la continuidad del peronismo (2002–2015)”

El modelo económico del peronismo suele ser reducido, en gran parte del debate público, a un simple fenómeno de redistribución del ingreso o expansión del consumo popular. Sin embargo, rara vez se analiza con profundidad el modelo y la lógica económica que le dio sustento, las secuencias que lo organizaron y la racionalidad técnica y doctrinaria que articulaba sus distintas etapas. El análisis suele quedar atrapado en la superficie de los acontecimientos (los liderazgos, las disputas políticas, la corrupción, la conflictividad mediática o las coyunturas electorales) sin avanzar hacia una comprensión más precisa de la lógica económica subyacente. La cuestión de fondo consiste en analizar cuál era el modelo económico en sí mismo, es decir, comprender cuáles eran las decisiones económicas objetivas que le daban cuerpo y coherencia, y que permitían que no fuese simplemente un conjunto de medidas aisladas o improvisadas, sino una estructura articulada bajo una doctrina económica determinada. En los años transcurridos entre 2002 y 2015, aquello que rara vez aparece explicitado en el debate público es la existencia de una pugna entre dos concepciones económicas distintas al interior del propio proceso político. No se trataba únicamente de diferencias de gestión ni de matices administrativos, sino de dos formas diferentes de comprender la continuidad y la evolución del modelo económico surgido tras la crisis de 2001. Estas concepciones, expresadas y ejecutadas a través de determinados funcionarios y decisiones políticas concretas, convivieron en tensión durante varios años, hasta alcanzar su punto de máxima conflictividad entre 2013 (año de transición y reorganización del gabinete económico) y 2014, momento en el cual dicha disputa terminó por manifestarse de manera abierta en la orientación general de la política económica. Luego de explicitar, de la manera más clara y sintética posible, estas dos concepciones económicas y los ciclos de acumulación que no lograron completarse adecuadamente (situación que tendría su expresión política en la derrota electoral de 2015), el objetivo será cotejar dicho proceso con la experiencia del peronismo clásico durante las décadas de 1940 y 1950. La comparación resulta relevante porque, también en aquel período, el modelo económico peronista atravesó una transición entre distintas etapas de desarrollo que no alcanzaron a consolidarse plenamente. Tras la expansión inicial del mercado interno y la incorporación masiva de amplios sectores populares al consumo, comenzaba a plantearse la necesidad de avanzar hacia una nueva fase orientada al aumento de la productividad, la inversión y la ampliación de la capacidad de oferta de la economía nacional. Sin embargo, ese pasaje quedó inconcluso a partir del golpe de Estado de 1955, que interrumpió el proceso político y económico en curso.

El modelo de la década ganada (2002–2012): consumo, desacople y límites

El punto de partida del modelo económico que se desarrollaría durante la década siguiente fue la crisis de 2001–2002. El colapso de la convertibilidad, el default, el corralito y la explosión social dejaron al país sin moneda de referencia, sin crédito externo y con una capacidad de demanda interna prácticamente destruida. La salida de esa crisis, sin embargo, no siguió los recetarios habituales del Fondo Monetario Internacional. En lugar de profundizar la apertura externa y el ajuste fiscal, el gobierno de Eduardo Duhalde primero y de Néstor Kirchner después optó por una combinación inédita: devaluación controlada, pesificación de los contratos, retenciones a las exportaciones agropecuarias y mantenimiento de los precios internos de los alimentos y la energía mediante administración estatal. El resultado de ese conjunto de medidas fue una recuperación económica extraordinariamente rápida. Entre 2003 y 2007, el Producto Bruto Interno creció a tasas cercanas al 9% anual, la desocupación bajó del 25% al 8%, y la pobreza se redujo más de veinte puntos porcentuales. La industria, que había sido devastada por la convertibilidad, reabrió plantas cerradas y recuperó niveles de empleo que no se registraban desde principios de los años noventa. El rasgo central de esta etapa fue la expansión del consumo popular, impulsada por el aumento del salario real, la creación de puestos de trabajo y la implementación de políticas de transferencia de ingresos. Millones de personas que hasta entonces habían permanecido excluidas del acceso a bienes y servicios básicos comenzaron a consumir en volúmenes inéditos. Como lo sintetizaría años después el entonces secretario de Comercio Interior, “se tiraban las ensaladas”. Este ciclo de expansión de la demanda no fue, sin embargo, un proceso puramente espontáneo. Detrás del crecimiento del consumo existía una estructura institucional diseñada para desacoplar los precios internos de los internacionales. Las retenciones a las exportaciones cumplían allí un rol central (que será tratado a continuación): al capturar parte de la renta generada por los altos precios internacionales de los granos, permitían que los alimentos no se encarecieran en el mercado doméstico al mismo ritmo que en los mercados externos. La energía, por su parte, fue tratada como un insumo estratégico, con precios administrados en pesos y no dolarizados, y con racionamiento en momentos de escasez antes que aumentos tarifarios. El Estado, a través de la Secretaría de Comercio Interior (recreada en 2006 tras haber sido disuelta por la convertibilidad), intervino activamente en la administración de precios de los productos de la canasta básica, en el control de costos de las cadenas agroalimentarias y en la administración de los flujos de exportación e importación.

El rol de las retenciones en la macroeconomía peronista

Lejos de constituir un mero recurso fiscal, los Derechos de Exportación (conocidos como retenciones) son un instrumento central del modelo económico del peronismo clásico. Su justificación no responde a un interés recaudatorio inmediato, sino a una concepción estructural de la economía argentina y a un objetivo político prioritario: el pleno empleo como condición necesaria para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. En una economía urbanizada y fuertemente concentrada como la argentina, el pleno empleo exige una robusta matriz industrial; una economía de servicios, de menor productividad y capacidad de absorción laboral, no resulta suficiente para garantizar ese objetivo. El obstáculo para alcanzarlo es, sin embargo, estructural y se remonta a la conformación misma del país: la renta extraordinaria que percibe la oligarquía terrateniente de la Pampa Húmeda. A diferencia del proceso histórico de Estados Unidos, donde la Homestead Act de 1862 distribuyó tierras públicas a pequeños granjeros familiares, fragmentando la propiedad y creando una base social de productores independientes, en la Argentina las mejores tierras se concentraron en pocas manos: las llamadas “mil familias” (Anchorena, Álzaga, Martínez de Hoz, entre otros apellidos emblemáticos). Esta oligarquía no produce, no invierte y no asume riesgos. Vive de la renta diferencial en el sentido ricardiano: la diferencia entre el precio fijado por la última tierra cultivada (la menos fértil) y el menor costo de producción en las tierras más fértiles. Se trata de un ingreso parasitario, ajeno a cualquier contribución productiva, que el terrateniente percibe sin intervenir en el proceso económico. Las retenciones no gravan el trabajo ni la producción genuina. Capturan para el Estado esa renta extraordinaria que se genera en el mercado independientemente del trabajo humano, derivada de la explotación exclusiva de un recurso natural escaso. Cumplen, en ese marco, tres funciones principales. La primera es de orden fiscal: las retenciones incrementan los ingresos públicos y permiten alcanzar el equilibrio presupuestario sin necesidad de ajustar el gasto, esto es, sin licuar jubilaciones, sin destruir empleo estatal ni recortar obra pública. La segunda función (la principal) es la del desacople. Las retenciones impiden la traslación del “precio de paridad de exportación” al mercado interno, separando el precio local de los alimentos de su cotización internacional. Cuando el precio de la soja, el trigo o la carne sube en los mercados globales, el precio doméstico tiende a alinearse con aquél, encareciendo la comida de los trabajadores, reduciendo su salario real y elevando los costos laborales de toda la industria. Las retenciones cortan esa traslación: al retener una parte del valor de la exportación, reducen el precio que recibe el productor local y, en consecuencia, el que paga el consumidor interno. Actúan, así, como un filtro que aísla al mercado doméstico de las turbulencias externas. Para que los salarios mantengan su poder adquisitivo, los precios de los alimentos deben estabilizarse en baja; pero el mayor consumo de alimentos incrementa la renta de la tierra, que incide a su vez en esos mismos precios. Las retenciones resuelven esa paradoja estructural. La tercera función es la de la competitividad sistémica. Las retenciones generan múltiples tipos de cambio efectivos, adecuados a las distintas productividades sectoriales, protegiendo a la industria nacional de la competencia desleal externa. En la práctica, distintos sectores productivos operan con distintos tipos de cambio implícitos: el agroexportador paga retención pero accede a un dólar alto; el industrial importa insumos con un tipo de cambio más bajo. Esa diferenciación constituye una forma de planificación económica, no de “libre mercado”, y resulta la única manera de que una economía periférica como la argentina pueda industrializarse sin ser destruida por la competencia de los países centrales. Contra un lugar común extendido, no es correcto afirmar que las retenciones desalientan la producción. Por el contrario, al desacoplar los precios internos de los externos, garantizan la demanda interna, reducen la incertidumbre (el denominado “riesgo país”) y permiten la planificación de inversiones a largo plazo. La evidencia empírica de la década 2002–2012 resulta contundente al respecto: con retenciones altas, la producción agropecuaria creció, la industria se fortaleció y el empleo alcanzó niveles récord. Cuando hablamos del rol de las retenciones no se trata, en esta perspectiva, de un impuesto en sentido estricto, sino de una recuperación de lo que la naturaleza y la historia pusieron en manos de todos, pero que unos pocos se apropiaron en virtud de la estructura de propiedad de la tierra. La devaluación de 2002 (compensada con retenciones) no fue una mera corrección cambiaria. Constituyó, junto con el reordenamiento sociopolítico a mano de Duhalde, la fundación de un nuevo modelo económico, basado en el desacople de los precios internos de los externos, la protección del salario real y la industrialización.

La cuestión internacional: la globalización como horizonte del mundo y la Argentina como anomalía

El mundo que encontró el gobierno de Néstor Kirchner en 2003 era, en apariencia, el de la globalización triunfante e irreversible. La caída del Muro de Berlín en 1989 había inaugurado un orden unipolar hegemonizado por Estados Unidos, cuyo correlato económico era el Consenso de Washington y cuyas instituciones gemelas eran el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese orden se sustentaba en una teoría subjetiva del valor: el precio de los bienes y servicios ya no se definía por sus costos de producción objetivos, sino por la disposición a pagar de los consumidores y, en última instancia, por las reglas de la oferta y la demanda global. El libre comercio, la deslocalización industrial y la financiarización de la economía fueron sus consecuencias prácticas. Las corporaciones transnacionales operaban sin ataduras patrióticas, moviendo capital y producción en busca de la máxima rentabilidad, mientras que los Estados nacionales se habían convertido en “administradores de la confianza de los mercados”. El “fin de la historia” proclamado por Francis Fukuyama era el clima de época: la democracia liberal y el capitalismo de mercado se presentaban como el único horizonte posible para la humanidad. En este mundo, la Argentina de la convertibilidad había sido un alumno aplicado. Las reformas de los años noventa (privatizaciones, apertura comercial, desregulación financiera) habían seguido al pie de la letra las recetas del Consenso de Washington. El resultado fue la crisis de 2001–2002: el default más grande de la historia, el corralito bancario, la explosión social. La globalización, para la Argentina, no había sido el paraíso prometido. Sin embargo, el gobierno que asumió en 2003 no respondió a esa crisis con las recetas habituales del FMI (más ajuste, más apertura, más flexibilización laboral) ni con disculpas por haber violado los mandamientos del mercado. Respondió, por el contrario, con un conjunto de medidas que lo situaban a contracorriente del mundo: restableció retenciones a las exportaciones, administró los precios de los alimentos y la energía, intervino en el comercio exterior, y se negó a firmar acuerdos de libre comercio que subordinaran la industria nacional a la competencia desleal. En el lenguaje de los organismos multilaterales, la Argentina se convertía así en un “problema”, una “anomalía” que desentonaba en el coro global de alabanzas al libre mercado. La OMC, dominada por Estados Unidos, Europa y Japón, falló repetidamente contra la Argentina. En 2012, por ejemplo, ordenó el desmantelamiento de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), considerándolas “barreras al libre comercio”. El FMI, por su parte, presionaba constantemente por una devaluación que alineara el tipo de cambio con las expectativas de los mercados. El gobierno argentino, sin embargo, se resistía. Y lo hacía no por mera terquedad, sino sobre la base de una lectura del mundo que, aunque minoritaria en ese momento, resultaría profética: la globalización era un orden incorrecto e injusto. La condición material de esa profecía ya estaba gestándose, aunque pocos la advertían. A partir de 2004, bajo la presidencia de George W. Bush, Estados Unidos inició una inversión masiva en tecnologías de extracción de shale gas y shale oil. Esa revolución energética, que se desplegaría plenamente en la década siguiente, tenía una consecuencia que ningún manual de economía global había previsto: Estados Unidos, el principal arquitecto de la globalización, comenzaría a desmantelarla. Al dejar de depender del petróleo externo y convertirse en un exportador neto de hidrocarburos, Estados Unidos ya no necesitaba la estabilidad global que él mismo había diseñado. Podía, en cambio, reindustrializarse en su propio territorio, proteger su industria con aranceles y subsidios, y abandonar el libre comercio como dogma. Ningún gobierno del mundo supo leer esta transformación en tiempo real. Ni siquiera el gobierno argentino. Pero el modelo que este aplicó entre 2002 y 2012 resultó, involuntariamente, alineado con el futuro: administración del comercio, energía como insumo estratégico, precios desacoplados de los internacionales, reindustrialización. En palabras del entonces secretario de Comercio Interior, expresadas años después: “Nosotros, que nos decían que éramos el pasado, fuimos el futuro. El que reivindica la década ganada en economía es Trump, que hace todo lo que hicimos nosotros”. No se trataba, en esa afirmación, de una adhesión política a la figura de Trump, sino de una constatación estructural: el mundo post-globalización se parecería más al modelo peronista de los años 2002–2012 que al modelo neoliberal de los años noventa. Pero en la primera mitad de la década de 2000, todo esto era aún invisible. El mundo seguía siendo globalizado. Y la Argentina navegaba a contramano, enfrentando la hostilidad de los organismos multilaterales, de los medios de comunicación concentrados y de los sectores domésticos que se beneficiaban del libre comercio. Entre ellos, los más poderosos eran los que siempre lo habían sido: la oligarquía terrateniente.

La revolución energética norteamericana y el fin de la globalización

Una de las perspectivas centrales para abordar la figura de Donald Trump lo vincula indisolublemente con el agotamiento del proceso de globalización y con la revolución energética norteamericana. En este sentido, no solo adquieren relevancia las medidas arancelarias y los derechos de exportación — evidencias claras de un cambio de paradigma — , sino también una redefinición más amplia del orden económico internacional. Desde esta óptica, el ciclo de la globalización neoliberal se inaugura con la caída del Muro de Berlín y la consolidación del Consenso de Washington. Ese mismo ciclo comienza a cerrarse con la llegada de Donald J. Trump a la presidencia de los Estados Unidos. La administración Trump introduce una ruptura de carácter estructural: se aparta del paradigma del libre comercio, impulsa políticas de reindustrialización y aplica aranceles de alcance general, señalando así el ocaso del orden neoliberal global. En este proceso, Estados Unidos paraliza el funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio al bloquear la designación de los jueces del Órgano de Apelación, cuestiona la arquitectura de la OTAN y se retira o rechaza los principales acuerdos multilaterales de libre comercio. Este giro estratégico supone el reemplazo de las cadenas largas de suministro, características de la globalización, por cadenas cortas de abastecimiento, reorientando la producción hacia los mercados nacionales y regionales.

Los orígenes de la revolución energética

La denominada Revolución Energética norteamericana tuvo su inicio estratégico durante la presidencia de George W. Bush, a partir de 2004, cuando Estados Unidos fijó como objetivo central dejar de depender energéticamente de terceros países. Desde entonces, se promovieron intensas inversiones en innovación tecnológica, que condujeron a la explotación a gran escala de shale gas y shale oil. Este proceso, complementado por el desarrollo de los biocombustibles, transformó de manera integral la matriz energética estadounidense. Como resultado de esta revolución, Estados Unidos alcanzó una situación de energía abundante y barata, modificando de forma estructural las condiciones de competitividad de su economía. En paralelo, la estructura de costos de la manufactura a nivel mundial fue atravesando una transformación profunda: el peso del costo laboral disminuyó progresivamente, mientras que el costo energético se consolidó como el factor determinante de la competitividad industrial. En consecuencia, las economías que disponen de energía abundante y barata pueden reducir de manera significativa sus costos de producción manufacturera, alcanzando niveles de precios altamente competitivos en el mercado internacional. Al desarrollar y escalar tecnologías de extracción de shale gas y shale oil, el mercado energético interno de Estados Unidos experimentó una reducción sustancial de los costos de la energía. Hacia el año 2012, el precio del millón de BTU de gas en Estados Unidos se ubicaba en torno a los USD 2,50, producto del exceso de oferta y del fuerte incremento de la producción derivado del shale. En ese mismo período, en contraste, la Argentina afrontaba precios cercanos a los USD 6,50 por millón de BTU bajo contratos como los suscriptos por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, con la empresa Chevron, justificados bajo el argumento de la necesidad de “atraer inversiones”. Esta brecha de precios constituiría, como se verá más adelante, uno de los factores centrales de la pérdida de competitividad industrial argentina en los años siguientes.

El plan de reindustrialización y el fin de la globalización

El plan de reindustrialización y relocalización de la producción en territorio estadounidense (es decir, el fin de la globalización tal como se la conocía) se volvió viable precisamente porque la revolución energética permitió a Estados Unidos contar con energía abundante y de bajo costo. Esta fue la condición material indispensable para alcanzar niveles de precios altamente competitivos en la manufactura global. Como consecuencia de este proceso, Estados Unidos transitó desde una estrategia histórica orientada a asegurar el acceso al petróleo en el exterior (ya sea mediante mecanismos diplomáticos o, en determinados contextos, a través de la intervención militar, como ocurrió en Medio Oriente) hacia una situación de autosuficiencia energética. Esta nueva posición incluso le posibilitó consolidarse como uno de los principales exportadores mundiales de hidrocarburos, disputando ese lugar a potencias tradicionales como Arabia Saudita. Este viraje estructural puede ser comprendido como una ruptura histórica de magnitud comparable a una nueva “caída del Muro de Berlín”. La primera caída del Muro puso fin a la Guerra Fría, clausuró el orden bipolar e inauguró el ciclo de la globalización neoliberal, caracterizado por el libre comercio, la deslocalización productiva y la imposición del Consenso de Washington (un modelo que, en la Argentina, se aplicó durante la década de 1990). Ese orden global, liderado durante décadas por los propios Estados Unidos, comenzó entonces a ser revertido por la misma potencia que lo había promovido. En este marco, la política arancelaria y proteccionista impulsada por la administración Trump (orientada principalmente contra el espacio euroasiático y, en particular, contra economías como la china y la alemana) constituye una manifestación concreta del agotamiento del paradigma neoliberal y, al mismo tiempo, una reivindicación involuntaria de las políticas que la Argentina había ensayado durante la denominada “década ganada”.

El asunto doméstico: renta oligárquica y desacople

En el plano doméstico, el marco conceptual del gobierno argentino se asentaba sobre una tradición de pensamiento de raigambre clásica, cuyas implicaciones prácticas lo diferenciaban nítidamente tanto del neoliberalismo como de la socialdemocracia. La idea central (desarrollada anteriormente) es que la estructura de propiedad de la tierra en la Argentina genera una renta extraordinaria que no corresponde a ningún factor productivo, sino a la mera posesión de un recurso escaso. Sobre esa base, el modelo peronista construyó una concepción propia de la política económica. La diferencia fundamental con las alternativas disponibles reside en la teoría del valor subyacente. Tanto el neoliberalismo como la socialdemocracia aceptan la teoría subjetiva del valor propia de la Escuela Austríaca: el precio lo define el consumidor, la oferta y la demanda, el mercado. El peronismo, en cambio, sostiene una versión clásica de la teoría objetiva del valor: los precios de los bienes y servicios deben estar en función de sus costos totales, la competencia no es un principio ordenador del mercado, y los acuerdos de libre comercio deben subordinarse al interés nacional. Esta diferencia tiene implicaciones prácticas inmediatas en la lucha contra la inflación. Para un gobierno neoliberal, el precio de los alimentos debe ser, lisa y llanamente, el precio internacional. Para un gobierno socialdemócrata, la inflación se combate con acuerdos de precios voluntarios y política monetaria restrictiva, pero sin tocar la estructura de la renta de la tierra (el costo principal de los alimentos). Para el peronismo clásico, en cambio, la inflación no es solo un fenómeno monetario (lo es solo a largo plazo), sino un fenómeno fundamentalmente multicausal. Un factor esencial de esa multicausalidad es la puja entre sectores por apropiarse del ingreso, cuyo disparador más frecuente es el aumento del precio de los alimentos, que a su vez refleja el aumento de la renta de la tierra. De allí se deriva una conclusión operativa central: la solución no radica meramente en bajar la emisión monetaria (como propone el neoliberalismo) ni en gestionar acuerdos de precios sin modificar la estructura de costos (como propone la socialdemocracia), sino en desacoplar los precios internos de los internacionales mediante retenciones y administración activa del comercio. Este desacople, que opera como un filtro que aísla al mercado doméstico de las turbulencias externas, constituye el núcleo del modelo peronista de administración de precios. Su implementación requirió, como se verá, la recreación de la Secretaría de Comercio Interior en 2006 y la aplicación sistemática de la Ley de Abastecimiento, herramientas que habían sido desmanteladas durante la convertibilidad.

El modelo de consumo (2002–2012): expansión del mercado interno y sus límites estructurales

Una vez establecido el marco conceptual (internacional y doméstico) y explicado el rol de las retenciones como instrumento central del desacople, pasamos a caracterizar el modelo de consumo que dominó la primera fase de la década ganada (2002–2011), cómo se expandió el mercado interno, cómo se redistribuyó el ingreso, y cuáles fueron los límites que esa fase comenzó a mostrar hacia 2012 2013. El punto de partida del modelo económico que se desarrolló tras la crisis de 2001 2002 fue la reconstrucción de un mercado interno prácticamente destruido. Durante la convertibilidad, la apertura importadora y el atraso cambiario habían desmantelado amplios sectores de la industria nacional, mientras que la crisis terminal de 2001–2002 había pulverizado el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. La desocupación llegó a estar por arriba del 20% la pobreza superó el 50% y el consumo interno se contrajo a niveles desconocidos desde la hiperinflación de 1989–1990. La salida de esa situación no siguió los recetarios del FMI, que recomendaban ajuste fiscal y mayor apertura externa. Por el contrario, el gobierno optó por una combinación de devaluación controlada, pesificación de los contratos, retenciones a las exportaciones agropecuarias y mantenimiento de los precios internos de los alimentos y la energía mediante administración estatal. El resultado fue una recuperación del Producto Bruto Interno, que creció a tasas cercanas al 9% anual entre 2003 y 2007. La desocupación bajó al 8%, la pobreza se redujo más de veinte puntos porcentuales y millones de personas que hasta entonces habían permanecido excluidas del acceso a bienes y servicios básicos comenzaron a consumir en volúmenes inéditos. El rasgo central de esta etapa fue, precisamente, la expansión del consumo popular. Impulsada por el aumento del salario real (que creció por encima de la inflación durante casi toda la década), por la creación de puestos de trabajo formales y por políticas de transferencia de ingresos (asignación universal por hijo, jubilaciones masivas, etc.), la demanda interna se convirtió en el motor principal del crecimiento. Como lo sintetizó años después el entonces secretario de Comercio Interior, “se tiraba comida”, en alusión al extraordinario nivel de consumo de alimentos que caracterizó aquellos años. Este ciclo de expansión de la demanda no hubiera sido sostenible sin un conjunto de herramientas institucionales diseñadas para desacoplar los precios internos de los internacionales. Las retenciones a las exportaciones cumplieron allí un rol central: al capturar parte de la renta generada por los altos precios internacionales de los granos (especialmente a partir del boom de los biocombustibles de 2006), permitieron que los alimentos no se encarecieran en el mercado doméstico al mismo ritmo que en los mercados externos. La energía, por su parte, fue tratada como un insumo estratégico, con precios administrados en pesos y con racionamiento en momentos de escasez antes que aumentos tarifarios. El Estado, a través de la Secretaría de Comercio Interior (recreada en 2006), intervino activamente en la fijación de precios de los productos de la canasta básica, en el control de costos de las cadenas agroalimentarias y en la administración de los flujos de importación y exportación. De este modo, el modelo logró sostener durante varios años una paradoja aparente: crecimiento acelerado del consumo sin que la inflación se desbordara. La inflación efectiva se mantuvo en torno al 1% mensual en promedio, con picos estacionales pero sin las aceleraciones explosivas que caracterizarían a la década siguiente. El poder adquisitivo del salario real aumentó sistemáticamente, la industria local recuperó mercados que había perdido durante la convertibilidad y el empleo formal alcanzó niveles récord. El ciclo de expansión de la demanda logró así recomponer el mercado interno, que era el problema inicial. Una vez resuelto ese primer eslabón, sin embargo, el modelo comenzó a enfrentar un obstáculo de otra naturaleza: la estructura productiva argentina empezó a mostrar límites para responder al nuevo volumen de consumo. El problema ya no era la falta de demanda, sino la insuficiencia de oferta nacional para abastecerla sin generar presiones inflacionarias y sin afectar la balanza comercial. Dicho de otro modo: la restricción estructural que siempre había acechado a la economía argentina (la restricción externa y la capacidad de producción) reaparecía ahora bajo una nueva forma. No se trataba de un “fracaso” del modelo, sino de la manifestación de su propio éxito: la economía argentina había alcanzado los límites de su capacidad instalada. El consumo seguía creciendo, pero la oferta nacional no alcanzaba a abastecerlo sin generar presiones inflacionarias crecientes. Las fábricas operaban a plena capacidad, la desocupación se había reducido a niveles mínimos históricos (por debajo del 8%) y las importaciones de bienes de capital e insumos intermedios comenzaban a presionar sobre la balanza comercial. El diagnóstico de los equipos técnicos que habían diseñado el modelo era claro: la primera etapa, centrada en la expansión del consumo y la redistribución del ingreso, estaba cumplida. Había resuelto el problema inicial (la falta de demanda) y había incorporado masivamente a sectores postergados al mercado interno. Pero ahora el límite era otro: la restricción de oferta. Para seguir creciendo sin generar inflación y sin comprometer la balanza comercial, era necesario pasar a una segunda etapa, orientada al aumento de la productividad, la inversión en bienes de capital y la ampliación de la capacidad de producción de la economía. En suma: ampliar la frontera de producción.

El antecedente histórico: el Congreso de Productividad de 1955

Esta transición no era nueva en la historia del peronismo. En 1955, el general Perón había convocado al Congreso de Productividad y Bienestar Social, cuyo objetivo explícito era coordinar acuerdos entre el capital y el trabajo para aumentar la productividad de la economía sin desmontar las conquistas sociales alcanzadas. El congreso proponía, en esencia, el pasaje de un modelo centrado en la demanda (el consumo) a un modelo centrado en la oferta (la producción), mediante la incorporación de tecnología, la mejora de la eficiencia industrial y la planificación de la inversión. Sin embargo, ese proceso fue truncado por el golpe de Estado de septiembre de 1955, y la Argentina no pudo completar entonces el ciclo económico que había iniciado.

El completamiento del modelo de consumo (1949–1952)

El primer gobierno peronista (1946–1952) había logrado una hazaña sin precedentes en la historia argentina, pudiendo demostrar estadísticamente la irrupción inmediata de un millón y medio de personas al consumo; la desocupación se redujo a niveles mínimos, y miles de trabajadores accedieron por primera vez a bienes de consumo que antes estaban reservados a unos pocos. La industria se expandió a tasas chinas, el mercado interno se multiplicó y la Argentina alcanzó uno de los niveles de vida más altos de Iberoamérica. Sin embargo, hacia 1949 ese modelo de crecimiento comenzó a mostrar sus límites. Los avances alcanzados en materia económica y social no tardarían en hallar un límite que puso freno a la tendencia distributiva de los primeros años. El aumento del consumo popular había superado la capacidad de respuesta de la estructura productiva. Las fábricas operaban a pleno, pero no alcanzaban a abastecer la creciente demanda. Los saldos exportables de carne y trigo (tradicionalmente destinados a Europa) comenzaron a reducirse porque cada vez más toneladas se quedaban en el país para alimentar a los propios argentinos. Al mismo tiempo, el contexto internacional se volvía adverso: Estados Unidos colocó sus excedentes agropecuarios en Europa, desplazando a la Argentina de sus mercados tradicionales, y el precio de las materias primas cayó en el mercado mundial. La sequía de 1949 y la de 1951–1952 completaron el cuadro de crisis. En 1950, el ministro de Finanzas, Alfredo Gómez Morales, aplicó medidas de ajuste del gasto público y de endeudamiento e intentó diversificar la explotación petrolífera con compañías norteamericanas. El mejoramiento notable de los niveles salariales de los sectores populares había provocado un sensible aumento del consumo de bienes de todo tipo a un ritmo que no alcanzaba a ser satisfecho por una industria en expansión pero insuficiente para abastecer el creciente mercado interno. Consumos sofisticados y postergados comenzaron a concretarse masivamente, generando una demanda inédita que desembocó en inflación y desabastecimiento de ciertos productos. Como lo ironizó el sainetero Enrique Discépolo en su célebre diálogo con “Mordisquito”: “Leche hay, leche sobra… tus hijos, que alguna vez miraban la nata por turno, ahora pueden irse a la escuela con la vaca puesta. ¡Pero no hay té de Ceylán!”. La sátira, a su vez, expresaba una realidad: el éxito del modelo de consumo (la incorporación masiva de la población al mercado interno) generaba una presión sobre la oferta que el país no estaba preparado para resolver. El problema ya no era la falta de demanda (esa se había resuelto), sino la insuficiencia de producción para abastecerla. La respuesta: el Congreso de Productividad y Bienestar Social (1955) Perón comprendió que la salida no era retroceder en las conquistas sociales, sino avanzar hacia una nueva etapa del modelo: la etapa de la productividad. En 1955 convocó al Primer Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social, una asamblea inédita que reunió por primera vez en la historia argentina a representantes del capital (la Confederación General Económica, CGE) y del trabajo (la Confederación General del Trabajo, CGT) para acordar un plan de aumento de la producción. El objetivo era explícito: aumentar la productividad de la economía para poder sostener el pleno empleo y los altos salarios sin generar inflación ni desabastecimiento. En su discurso inaugural, Perón definió el espíritu del congreso. Señaló que “el Gobierno, el Estado, la empresa y el trabajo deben ponerse a crear la única comunidad que puede triunfar en el aumento de sus bienes, de su felicidad y de su grandeza”. El congreso no era un foro más, sino “la iniciación de un Congreso que presumo y anhelo histórico para la economía argentina”. El secretario general de la CGT, Eduardo Vuletich, fue aún más explícito. Afirmó que la productividad no podía ser una excusa para desmontar las conquistas sociales, sino que debía ser un instrumento para consolidarlas y ampliarlas. “No podrá obtenerse clima propicio para ella si no se asegura a los consumidores, trabajadores y empresarios que los frutos y beneficios de la misma deben ser justa y equitativamente distribuidos”. Y agregó un principio que sintetizaba la lógica del peronismo clásico: era “inadmisible que el empresario pretenda una vida de comodidades excesivas logradas a costa del esfuerzo y aun de la salud y el bienestar de los que para él trabajan”. Por su parte, el presidente de la CGE, José B. Gelbard, proclamó la fórmula que condensaba el espíritu del congreso: “Salarios altos; mano de obra barata”. La aparente paradoja se resolvía mediante el aumento de la productividad: si los trabajadores producían más y mejor en la misma unidad de tiempo, el costo laboral por unidad producida disminuía, lo que permitía aumentar los salarios nominales sin que los precios se dispararan. Era, en esencia, la búsqueda de un equilibrio dinámico entre el capital y el trabajo, donde ambas partes ganaran en lugar de enfrentarse en una puja distributiva eterna.

El contenido del congreso: pacto y armonía entre capital y trabajo

El temario del congreso se organizó en torno a tres ejes: las repercusiones sociales de la productividad, los medios concretos para obtenerla y sus proyecciones jurídicas. Pero más allá de los temas específicos, el significado político del congreso era claro: se trataba de coordinar la expansión de la oferta para que acompañara el crecimiento de la demanda, sin resignar el pleno empleo ni la distribución del ingreso. La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria implica que el pueblo tenga garantizado el abastecimiento, que posea los bienes y servicios que precisa. Gelbard señaló que la productividad “no es un fin sino un medio, el único válido, para favorecer el progreso social”. Y advirtió que el camino no era fácil: “nadie ha de resultar privado de los beneficios emergentes de ella y todos recibirán, en cambio, el fruto de la misma”. El congreso requería, por lo tanto, un cambio de actitud en ambos sectores. Los empresarios debían abandonar la “viveza” y los métodos empíricos de dirección, y adoptar “sistemas científicos y racionales”. Los trabajadores debían combatir el ausentismo y los “lunes de huelga”, y comprender que “mal puede la empresa cumplir con su responsabilidad social si no desempeña eficazmente el papel económico que tiene asignado”. Vuletich fue más allá al señalar que “es inadmisible que el empresario pretenda una vida de comodidades excesivas logradas a costa del esfuerzo de los que para él trabajan”, pero también advirtió que “no es aceptable que, por ningún motivo, el delegado obrero toque un silbato en una fábrica y la paralice”. El congreso proponía, entonces, un pacto de responsabilidades recíprocas: los trabajadores garantizarían la disciplina y la productividad; los empresarios garantizarían salarios altos y condiciones dignas; el Estado garantizaría el marco regulatorio y la planificación.

El golpe de 1955 y la frustración del ciclo

El Congreso de Productividad se celebró en marzo de 1955. Seis meses después, el 16 de septiembre de ese año, un golpe de Estado autodenominado “Revolución Libertadora” derrocó a Perón y disolvió las instituciones del peronismo. El congreso quedó inconcluso, sus recomendaciones nunca se implementaron, y la Argentina perdió la oportunidad de completar el ciclo que había iniciado una década antes. En su lugar, la dictadura que asumió el poder en 1955 aplicó las recetas opuestas: congelamiento de salarios, apertura externa, desmantelamiento del aparato productivo estatal y endeudamiento externo. La “productividad” que los golpistas promovieron no fue la del pacto entre capital y trabajo, sino la de la mera explotación: aumentar la producción abaratando la mano de obra y precarizando las condiciones laborales. La fórmula “salarios altos, mano de obra barata” fue reemplazada por su gemela perversa: “salarios bajos, mano de obra cara”.

El paralelo con la década ganada

La experiencia del peronismo clásico no fue ajena a los artífices del modelo de la década ganada. Por el contrario, fue explícitamente invocada por quienes, hacia 2011–2012, advirtieron que el modelo de consumo había llegado a su límite y que era necesario pasar a una segunda etapa, orientada a la productividad y la inversión. El propio secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, propuso en aquellos años la realización de un Segundo Congreso de Productividad y Bienestar Social, que actualizara el espíritu del de 1955 a las condiciones del siglo XXI. Sin embargo, esa propuesta fue rechazada. En lugar de avanzar hacia la etapa de la productividad, el gobierno optó por seguir estimulando el consumo vía endeudamiento y devaluación (las recetas típicas de la socialdemocracia). La diferencia de fondo era que la socialdemocracia no creía en el ahorro interno ni en la productividad como herramienta de distribución, sino en el consumo financiado con deuda externa. El resultado fue la devaluación de 2014, el aumento de los combustibles, el contrato con Chevron, el “arreglo” con el Club de Paris y, finalmente, la derrota electoral de 2015. En ambos momentos históricos (1955 y 2013) el peronismo fracasó en su intento de completar el ciclo económico. En 1955, el fracaso fue impuesto desde afuera, por un golpe militar que truncó el Congreso de Productividad. En 2013, el fracaso fue desde adentro, por la imposición de una concepción socialdemócrata, por una disputa política interna acerca de cómo debía continuar el modelo. A partir de 2012, dentro del propio gobierno, comenzó a imponerse una concepción distinta de la política económica, que abandonaba las herramientas del desacople (las retenciones activas, la administración de precios, la energía como insumo estratégico) en favor de recetas más convencionales: acuerdos de precios voluntarios con los empresarios, devaluación como instrumento de competitividad, endeudamiento externo para sostener el consumo y energía a precio internacional para atraer inversiones. Esa concepción, que sus impulsores presentaban como una actualización necesaria del modelo, era en rigor un retorno a las categorías de pensamiento de la globalización neoliberal, con un ropaje socialdemócrata. El resultado de esa disputa se resolvería en 2013 y 2014, con consecuencias que se extenderían hasta la actualidad. La transición 2011–2013: el debate inconcluso entre ahorro interno y endeudamiento Para sostener el crecimiento en la siguiente década, era necesario pasar a una segunda etapa, orientada al aumento de la productividad, la inversión en bienes de capital y la ampliación de la capacidad de oferta de la economía. Y allí se abrió una brecha insalvable en el debate. Dentro del gobierno, se enfrentaron dos líneas de pensamiento económico con concepciones antagónicas sobre el rol del Estado, el financiamiento de la inversión y la gestión de la restricción externa. Por un lado, la línea que puede denominarse “peronista clásica” o “de desacople” , asociada al entonces secretario de Comercio Interior y a los equipos técnicos que habían gestionado la política de precios desde 2006, sostenía que la segunda etapa debía financiarse con ahorro interno. La Argentina, argumentaban, contaba con una masa de ahorro doméstico estimada en más de 400 mil millones de dólares atesorados en el exterior o en “colchones” (resultado de décadas de desconfianza en el sistema financiero local), que era más que suficiente para financiar un salto inversor. La propuesta concreta era canalizar ese ahorro hacia la inversión productiva mediante planes de vivienda, obras de infraestructura y desarrollo energético, y al mismo tiempo convocar a un Segundo Congreso de Productividad y Bienestar Social (similar al de 1955) que acordara entre el capital y el trabajo las bases para aumentar la productividad sin deteriorar el salario real. En materia de política cambiaria, esta línea sostenía el principio de Néstor Kirchner de “no jodan con el dólar”: la devaluación no era una herramienta válida en esos momentos, porque en una economía bimonetaria rompía la curva de indiferencia entre pesos y dólares y desataba una corrida que se retroalimentaba. La idea de una “curva de indiferencia entre pesos y dólares” puede interpretarse, en términos económicos más técnicos, como una forma de describir el comportamiento de “elección de portafolio” en una economía bimonetaria. Es decir, una situación en la cual los agentes económicos distribuyen sus activos entre dos monedas según expectativas de estabilidad, rendimiento y capacidad de preservación de valor. En las economías del mundo, en general, la moneda nacional cumple simultáneamente las tres funciones clásicas del dinero: unidad de cuenta, medio de intercambio y reserva de valor. En la Argentina, en cambio, la persistencia de procesos inflacionarios, devaluaciones recurrentes y crisis financieras produjo una separación parcial de esas funciones. El peso continúa utilizándose principalmente para transacciones corrientes y pago de salarios, mientras que el dólar se consolida como instrumento de ahorro y resguardo patrimonial. Desde este enfoque, la “indiferencia” entre pesos y dólares no debe entenderse como una igualdad absoluta, sino como un equilibrio relativo entre la rentabilidad esperada de mantener activos denominados en moneda local y el riesgo percibido de pérdida de valor del peso. Cuando la tasa de inflación esperada, la incertidumbre cambiaria o las expectativas de devaluación superan cierto umbral, los agentes tienden a sustituir activos en pesos por activos dolarizados, aumentando la demanda de divisas y debilitando aún más la moneda nacional. En términos macroeconómicos, el bimonetarismo argentino expresa una dificultad estructural para consolidar una moneda nacional capaz de funcionar como reserva de valor de largo plazo. Sin embargo, también revela la existencia de elevados niveles de ahorro doméstico. El problema no es necesariamente la ausencia de capacidad de ahorro, sino la canalización de ese ahorro hacia activos externos o dolarizados, fuera de los mecanismos de intermediación productiva interna. Por esta razón, la estabilidad monetaria no depende exclusivamente de variables financieras o de política monetaria restrictiva, sino también de las condiciones estructurales de la economía real. Entre ellas: la disponibilidad de divisas, la estabilidad del sector externo, la capacidad de generación de exportaciones, la evolución del salario real, el nivel de actividad y la credibilidad general del esquema macroeconómico. En este marco, la confianza en la moneda nacional aparece estrechamente vinculada a la percepción de sustentabilidad del modelo económico en su conjunto.

El quiebre de 2013–2014: la energía como campo de batalla y la imposición del modelo socialdemócrata

En abril de 2013, la tensión entre las dos concepciones económicas que convivían en el gobierno estalló en un episodio que, aunque circunscripto al ámbito energético, condensaba las diferencias de fondo. El presidente de YPF (estatizada en 2012), Miguel Galuccio, un ingeniero petrolero formado durante veinte años en la multinacional Schlumberger y con una visión explícitamente alineada con la lógica del negocio energético global, sostenía públicamente la necesidad de aumentar los precios de los combustibles para poder invertir. Su argumento era que sin un incremento tarifario no sería posible desarrollar Vaca Muerta, el gigantesco yacimiento de shale gas y shale oil recientemente descubierto en la provincia de Neuquén. El entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, respondió con un principio elemental del capitalismo competitivo que Galuccio parecía haber olvidado: se invierte para bajar los costos y, por esa vía, bajar los precios, no al revés. El secretario de Comercio advirtió que una suba de la nafta podía disparar la inflación en cascada, encareciendo el transporte, los alimentos y toda la estructura de costos industriales. Su respuesta institucional fue inmediata: impuso un congelamiento de los precios de los combustibles por 180 días, desde el 10 de abril de 2013 hasta septiembre de ese mismo año. El episodio tuvo un componente adicional que rara vez se menciona. En los informes que YPF presentaba ante la SEC (Securities and Exchange Commission) de Estados Unidos (el regulador del mercado de capitales, donde no se puede mentir porque constituye delito penal), la propia petrolera estatal reconocía explícitamente que aumentos en los precios de los combustibles podían tener efectos inflacionarios generalizados y desestabilizadores sobre la economía argentina. Galuccio, entonces, sabía perfectamente el daño que su propuesta podía causar, pero la sostenía igual. No era ignorancia técnica, sino presión sectorial: las petroleras querían garantizarse una renta extraordinaria a costa del resto de la economía. Moreno ganó esa pulseada. Durante seis meses, los precios de los combustibles se mantuvieron estables. Fue, como se vería en retrospectiva, el último acto del modelo de desacople en materia energética.

El desplazamiento de Moreno y la llegada de Kicillof al timón económico

A fines de 2013, la correlación de fuerzas internas cambió. Moreno fue desplazado de la Secretaría de Comercio Interior. Axel Kicillof, que ya se desempeñaba como viceministro de Economía desde 2011 y había sido interventor de Aerolíneas Argentinas, asumió como ministro de Economía con plenos poderes. A su lado, un joven economista formado en la misma tradición intelectual, Emmanuel Álvarez Agis, ocupó la vicejefatura de gabinete económico. Kicillof no era un continuador del modelo de desacople. Su formación intelectual provenía del marxismo y, posteriormente, del keynesianismo. En sus concepciones económicas, el peronismo (con su énfasis en la administración directa de precios, la lucha contra la renta oligárquica y el desacople como herramienta central) le resultaba ajeno. Como testimoniaría Moreno años después, Álvarez Agis le confesó en una reunión privada: “Te aclaro, Guillermo, que yo no soy peronista”. Cuando Moreno le preguntó qué era, respondió: “Cristinista”. Es decir, una lealtad personal a Cristina Fernández, no una adhesión doctrinaria al peronismo. La diferencia no era, entonces, una cuestión de matices. Era una diferencia de paradigmas económicos. Para la línea peronista clásica el Estado debía administrar los precios, retener la renta extraordinaria mediante retenciones, sostener la energía como insumo estratégico con precios administrados, y planificar la inversión con ahorro interno. Para la línea socialdemócrata (Kicillof, Álvarez Agis), se resolvía con “precios cuidados” y devaluar para ganar competitividad, y abrir la economía a la inversión extranjera aunque ello implicara pagar la energía a precio internacional.

El combo de 2014: devaluación, naftazos y energía cara

Con Kicillof al frente del Ministerio de Economía, las advertencias del Secretario de Comercio se materializaron en una secuencia de medidas que el mismo calificaría años después como “innecesaria e irresponsable”.

• 23 de enero de 2014: el Banco Central, con la anuencia del ministro, convalidó una devaluación brusca del 23% en un solo día. El tipo de cambio oficial saltó de 6,80 a más de 8 pesos por dólar. El argumento oficial fue la necesidad de frenar la fuga de capitales y recomponer las reservas. Sin embargo, una comparación objetiva revela que el contexto de aquel entonces era considerablemente más holgado que el de años posteriores: las reservas líquidas ascendían a 13.180 millones de dólares, la brecha cambiaria era del 43% y el déficit fiscal primario era del 1,8%, muy inferior al 4% que se registraría después. Las condiciones objetivas para una devaluación no existían. Fue, en rigor, una decisión política… la primera gran decisión del nuevo equipo económico. 5 de febrero de 2014*: el gobierno autorizó un aumento del 6% en los combustibles líquidos. Lejos de ser un hecho aislado, este incremento fue la puerta de entrada a una lógica que se repetiría sistemáticamente durante todo el año. Entre febrero y septiembre de 2014 se sucedieron siete subas que acumularon un total del 45% en el precio de la nafta en boca de expendio. Este “combo” (devaluación más aumento de combustibles) fue letal para la economía real. La Argentina es una economía altamente dependiente de importaciones de insumos industriales y bienes intermedios: piezas, químicos, componentes que no se consumen directamente pero son indispensables para producir. La devaluación encareció drásticamente esos insumos. La suba de los combustibles impactó en el transporte, la logística y toda la cadena de frío de los alimentos, generando una indexación informal: comerciantes, empresarios y sindicatos ajustan precios y salarios “por las dudas”, anticipándose a futuros aumentos y coordinando expectativas al alza sin necesidad de cláusulas automáticas de ajuste.

El contrato Chevron: la consolidación de la energía cara

El símbolo más acabado del cambio de paradigma fue el contrato firmado con la petrolera estadounidense Chevron para la explotación de Vaca Muerta. El acuerdo, negociado por Kicillof y Galuccio, estableció un precio para el gas de alrededor de 7,50–7,60 dólares por millón de BTU. En ese mismo período, el precio de referencia en el mercado estadounidense (Henry Hub) rondaba los 2,50 dólares. Es decir, la Argentina se comprometía a pagar casi el triple que sus competidores industriales por el mismo insumo energético. El argumento oficial fue la “curva de aprendizaje incipiente”: dado que la tecnología de extracción de shale era nueva en el país, se necesitaba un precio sostén para incentivar la inversión. La evidencia posterior demostraría que el precio alto no fue transitorio sino estructural. La “curva de aprendizaje”, en lugar de utilizarse para bajar costos y precios, sirvió para consolidar una renta extraordinaria a favor de una multinacional. El gas es un insumo transversal en toda la economía. Está en los fertilizantes, en la petroquímica, en el acero, en la producción de alimentos, en el transporte. Pagar el gas a 7,50 dólares el BTU cuando el competidor estadounidense lo pagaba a 2,50 era sencillamente inviable. La industria argentina, que hasta 2011 había recuperado buena parte del terreno perdido durante la convertibilidad, comenzó a perder mercado frente a los productos importados, especialmente los asiáticos. La energía cara, combinada con la devaluación, produjo una transferencia de ingresos desde el trabajo al capital y desde el pueblo a la oligarquía. La devaluación licuó el salario real: el trabajador recibía la misma cantidad nominal de pesos, pero esos pesos compraban menos bienes. El aumento de los combustibles, a su vez, encareció todo lo que se produce, se transporta o se vende. El resultado fue una fuerte transferencia de ingresos desde los sectores asalariados hacia los sectores exportadores y energéticos.

La contraparte frustrada: el Segundo Congreso de Productividad

Mientras Kicillof profundizaba el viraje socialdemócrata, Moreno propuso la realización de un Segundo Congreso de Productividad y Bienestar Social, que actualizara el espíritu del congreso de 1955 a las condiciones del siglo XXI. La idea era convocar a empresarios, sindicalistas y técnicos para diseñar una hoja de ruta que permitiera aumentar la productividad de la economía sin deteriorar el salario real, pasando así del modelo de consumo al modelo de inversión. El eje de la propuesta no era la “competitividad vía devaluación” (que destruye salarios), sino la competitividad vía inversión y ganancias de productividad. En términos prácticos, implicaba: reducir el sesgo al consumo (“un asado menos, una pared más”), elevar la tasa de ahorro doméstico, canalizar ese ahorro hacia la inversión productiva (planes de vivienda, obras de infraestructura, desarrollo energético) y coordinar acuerdos entre capital y trabajo para sostener el abastecimiento sin desmontar las conquistas sociales. El congreso nunca se realizó. Según Moreno, la presidenta, influenciada por los sectores socialdemócratas, decidió no seguir por ese camino. La opción elegida fue la contraria: seguir estimulando el consumo, pero financiándolo con deuda externa en lugar de ahorro interno. Fue la opción de Kicillof. Un dato revelador de este proceso es que, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia en diciembre de 2015, no modificó el modelo energético heredado. Los contratos con Chevron ya estaban firmados, los precios del gas ya estaban convalidados, y la lógica de que la energía debía pagarse a precio internacional ya estaba instalada. Macri no creó ese modelo; lo heredó y lo profundizó. Por eso hubo continuidad entre un gobierno peronista (el de Cristina Fernández) y un gobierno abiertamente neoliberal-oligárquico (el de Cambiemos): la diferencia no estaba en el diseño estructural, sino en el relato y en la velocidad del ajuste. Más tarde, durante el gobierno de Alberto Fernández (2020–2023), la misma lógica se mantuvo. La energía siguió siendo cara, las retenciones se usaron como fuente de ingresos fiscales (no como herramienta de desacople), y la inflación se combatió con acuerdos de precios voluntarios y política monetaria restrictiva, sin atacar la renta de la tierra ni la renta energética. El fracaso de ese gobierno socialdemócrata fue la antesala del triunfo de Javier Milei en 2023.

El cierre del círculo: Galuccio de empleado a dueño

En 2017, apenas cuatro años después de haber presidido YPF, Miguel Galuccio fundó Vista Oil & Gas, una petrolera privada orientada a desarrollar activos en América Latina. La empresa se listó en la Bolsa Mexicana de Valores y contó con el respaldo de Riverstone, uno de los mayores fondos de private equity energético del mundo. En términos políticos, esto mostró algo concreto: Galuccio pasó de empleado petrolero a petrolero en muy poco tiempo. No fue un ascenso habitual; fue un salto de clase posibilitado por haber garantizado precios altos, contratos blindados y rentabilidad extraordinaria desde el Estado. Por eso en el sector lo llaman “el mago”. No por magia, sino por su capacidad de convertir poder estatal, información estratégica y precios administrados en capital privado. El caso no es solo un problema personal ni moral. Es la expresión de un modelo donde el Estado asume el riesgo, fija condiciones de rentabilidad y sostiene precios altos para que el negocio cierre, y luego el capital privado se queda con la renta.

El segundo intento de Perón: el Pacto Social de los años 70 y su frustración

El regreso de Perón y el Plan Gelbard Cuando Perón regresó definitivamente a la Argentina en junio de 1973 (después de 18 años de exilio y proscripción del peronismo), el país atravesaba una crisis política y económica profunda. La dictadura autodenominada “Revolución Argentina” había dejado una economía desordenada, una conflictividad social creciente y una violencia política en escalada. El flamante presidente Héctor J. Cámpora, que había asumido el 25 de mayo de 1973, duraría apenas 49 días, hasta que Perón, desde su exilio, orquestó su salida y convocó a nuevas elecciones . El elegido por Perón para hacerse cargo del Ministerio de Economía fue José Ber Gelbard, un empresario pyme y dirigente de la Confederación General Económica (CGE) que ya había participado en el frustrado Congreso de Productividad de 1955. Gelbard diseñó el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional (1974–1977) , cuyo eje central era un Pacto Social entre los trabajadores (CGT), los empresarios (CGE) y el Estado . El diagnóstico de Gelbard coincidía en lo fundamental con el que había guiado el Congreso de Productividad de 1955: la Argentina había logrado una notable expansión del consumo y la redistribución del ingreso, pero la estructura productiva no alcanzaba a abastecer la creciente demanda. La solución no era retroceder en las conquistas sociales, sino aumentar la productividad mediante la concertación entre capital y trabajo.

Los tres pilares del Pacto Social

El Pacto Social que implementó Gelbard entre junio de 1973 y octubre de 1974 descansaba sobre tres pilares interrelacionados: 1. Congelamiento de precios y salarios. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue un incremento salarial de suma fija (200 pesos) que debía ser absorbido por el sector no asalariado, seguido de un congelamiento general de precios hasta junio de 1975. Los salarios también quedaron congelados, con un único ajuste previsto a mediados de 1974 por aumento de productividad. El objetivo era claro: romper la espiral inflacionaria sin licuar el salario real. 2. Control estatal de precios clave. Gelbard estableció precios máximos para los productos de la canasta familiar (alimentos, medicamentos, indumentaria) y fijó un valor tope para la carne en el Mercado de Liniers y para el trigo destinado a la harina . El Estado recuperaba así la capacidad de intervenir en la formación de precios — la misma lógica que Moreno aplicaría tres décadas después con la Secretaría de Comercio Interior. 3. Promoción del capital nacional y restricción al capital extranjero. El Plan Trienal buscaba explícitamente desplazar el dinamismo económico “de los monopolios extranjeros hacia el conjunto del sector productivo nacional, el Estado y los empresarios nacionales” . Se sancionaron leyes que otorgaban beneficios exclusivos a las empresas de capital nacional (Ley de Promoción Industrial, Ley de Defensa del Trabajo y la Producción Nacional) y se estableció que el capital extranjero no podría recibir un trato más favorable que el nacional . El rol de Rucci y el apoyo sindical El secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, fue el principal aliado de Perón y Gelbard para sostener el Pacto Social desde el frente sindical . Rucci (un obrero metalúrgico de Alcorta, Santa Fe, que había ascendido en la resistencia peronista bajo la tutela de Augusto Vandor) asumió la secretaría general de la CGT en 1970 y jugó un papel central en la organización del regreso de Perón al país . Rucci respaldó el Pacto Social con un compromiso explícito: la CGT se comprometía a no paralizar la producción y a contener las demandas salariales que excedieran lo acordado, a cambio de una política distributiva sostenida y de la defensa de la legislación laboral. Era, en esencia, un pacto de responsabilidades recíprocas similar al que había propuesto el Congreso de Productividad de 1955: los trabajadores garantizaban la productividad y la paz social; los empresarios garantizaban poder adquisitivo e inversión; el Estado garantizaba el marco regulatorio y la planificación.

El asesinato de Rucci y la ruptura del pacto

El 25 de septiembre de 1973, a los pocos días de haber sido consagrado Perón como presidente electo con el 62% de los votos, Rucci fue asesinado en la puerta de su casa en el barrio de Flores, Buenos Aires, por un comando armado de las organizaciones guerrilleras Montoneros y FAR . El operativo, denominado “Operativo Traviata”, fue planificado por Roberto Quieto (jefe de FAR) y contó con la participación de varios militantes armados, incluido el escritor Rodolfo Walsh. Montoneros reivindicó el atentado en 1975, y su jefe, Mario Firmenich, asumió la responsabilidad política por el crimen. La muerte de Rucci fue un golpe devastador para Perón. Según testigos, al enterarse del asesinato, Perón atinó a decir: “Me cortaron las piernas” . No era una metáfora vacía: Rucci era el principal sostén del Pacto Social dentro del movimiento obrero. Sin él, la CGT quedó fragmentada y el acuerdo de concertación entre capital y trabajo perdió su anclaje sindical. La ruptura con Montoneros Perón, que hasta entonces había mantenido una relación ambivalente con la izquierda peronista, no toleró el asesinato del líder sindical. El 1° de mayo de 1974, en el acto por el Día del Trabajador en Plaza de Mayo, Perón protagonizó una ruptura abierta con Montoneros y la Juventud Peronista. Desde el palco, los insultó como “imberbes”, “estúpidos” y “mercenarios”, los acusó de tener “la cabeza llena de pavadas” y los expulsó de la Plaza. El derrumbe del proyecto Perón murió el 1° de julio de 1974, menos de un año después de haber asumido la presidencia. Su viuda, María Estela Martínez de Perón (“Isabel”), asumió el poder, sin embargo, el Pacto Social se desmoronó rápidamente y la violencia política se generalizó. El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado cívico-militar instauró la dictadura del “Proceso de Reorganización Nacional”, que llevaría el terrorismo de Estado a sus máximas dimensiones.

Otro paralelo con la década ganada

La experiencia del tercer gobierno peronista (1973–1976) presenta notables similitudes (y también diferencias) con el proceso de la década ganada. El diagnóstico de Gelbard en 1973 era el mismo que el del bloque peronista en 2011 2012: la Argentina había completado una fase de expansión del consumo y la redistribución, y necesitaba pasar a una segunda etapa de inversión y productividad mediante un pacto entre capital y trabajo. El instrumento elegido también era similar: congelamiento de precios, administración estatal de la economía, promoción del capital nacional, restricción a la inversión extranjera especulativa. La diferencia es que Gelbard tuvo que operar en un contexto de mucha mayor conflictividad y polarización política, donde las organizaciones armadas de izquierda conflictuaban abiertamente con gobierno peronista y su idea de “armonía entre el capital y el trabajo”. El asesinato de Rucci (el principal aliado sindical del Pacto Social) fue el principio del fin. Sin una CGT unificada detrás del acuerdo, el pacto de concertación entre capital y trabajo se quebró. Los empresarios comenzaron a incumplir los congelamientos de precios; los sindicatos, al no sentirse representados por una dirigencia debilitada, empezaron a demandar aumentos por fuera del acuerdo. La historia del tercer peronismo es, en este sentido, una advertencia: el modelo de concertación entre capital y trabajo (el mismo que inspiró el Congreso de Productividad de 1955 y que se intentó retomar en 2012) es extraordinariamente frágil. Requiere no solo un diagnóstico técnico acertado y un diseño institucional robusto, sino también una correlación de fuerzas políticas que lo sostenga. Cuando esa correlación se rompe (por la violencia política, por la fragmentación sindical o por una derrota interna en el gobierno), el modelo se desmorona y deja el camino allanado para el avance de las recetas neoliberales. En 2013–2014, el intento de Moreno de completar el ciclo económico mediante el Segundo Congreso de Productividad fue derrotado desde adentro por la línea socialdemócrata de Kicillof, que optó por el endeudamiento y la devaluación en lugar del ahorro interno y la concertación. En 1973–1974, el intento de Gelbard fue derrotado desde afuera por la violencia política y la posterior ruptura de Perón con la izquierda. En ambos casos, con sus estruendosas diferencias contextuales, el resultado fue el mismo: la frustración del ciclo económico del peronismo y la posterior imposición del modelo neoliberal. Esta constatación nos lleva a una pregunta incómoda: ¿puede el peronismo completar alguna vez su ciclo económico? ¿O está condenado a ser siempre un movimiento de “primera fase” (expansión del consumo y redistribución) sin lograr nunca la transición hacia la inversión y la productividad? La respuesta, quizás, está en la fortaleza (o debilidad) de sus propias organizaciones sindicales empresariales, y en su capacidad para sostener acuerdos de largo plazo por encima de las disputas coyunturales.

Síntesis

La década ganada (2002–2012) había sido un éxito en términos de distribución del ingreso y expansión del consumo, pero ese éxito contenía en sí mismo su propio límite. El aumento del poder adquisitivo de los sectores populares había generado una demanda creciente de bienes y servicios que la estructura productiva nacional — diseñada históricamente para abastecer a un mercado interno reducido — no alcanzaba a satisfacer sin generar presiones inflacionarias y desabastecimiento. La economía había llegado al límite de su capacidad instalada. El problema ya no era la falta de demanda (esa se había resuelto), sino la insuficiencia de oferta para abastecerla. El diagnóstico no era nuevo. En 1955, el general Perón había enfrentado una situación similar: tras años de fuerte expansión del consumo popular, la industria no alcanzaba a abastecer el mercado interno, los saldos exportables se reducían y la inflación comenzaba a presionar. La respuesta de Perón fue la convocatoria al Primer Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social, cuyo objetivo era coordinar un pacto entre el capital y el trabajo para aumentar la productividad sin desmontar las conquistas sociales. Ese proceso fue truncado por el golpe de Estado de septiembre de 1955, y la Argentina perdió la oportunidad de completar su ciclo económico. Moreno propuso, hacia 2011–2012, la realización de un Segundo Congreso de Productividad y Bienestar Social que actualizara aquella experiencia a las condiciones del siglo XXI. La propuesta nunca se implementó; fue derrotada internamente por la línea socialdemócrata liderada por Kicillof, que optó por seguir estimulando el consumo vía endeudamiento externo y devaluación. Pero ¿en qué consistía exactamente esa propuesta? El objetivo: pasar del consumo a la inversión sin destruir el salario El propósito central del Segundo Congreso era completar el ciclo económico iniciado en 2002. La primera fase (consumo, distribución, ampliación del mercado interno) estaba cumplida. La segunda fase debía orientarse al aumento de la productividad, la inversión en bienes de capital y la ampliación de la capacidad de oferta de la economía. La consigna que sintetizaba el espíritu del congreso era la misma que había proclamado José B. Gelbard en 1955: “Salarios altos; mano de obra barata”. La aparente paradoja se resolvía mediante el aumento de la productividad: si los trabajadores producían más y mejor en la misma unidad de tiempo, el costo laboral por unidad producida disminuía, lo que permitía aumentar los salarios nominales sin que los precios se dispararan. La diferencia fundamental con el “ofertismo” neoliberal es que este último busca aumentar la productividad abaratando la mano de obra (flexibilización laboral, precarización, congelamiento salarial). El peronismo, en cambio, buscaba aumentarla mediante la incorporación de tecnología, la mejora de la eficiencia industrial y la planificación de la inversión, sin tocar las conquistas sociales. No se trataba de bajar los salarios para ser más competitivos, sino de aumentar la producción para poder seguir subiendo los salarios sin inflación. El mecanismo: ahorro interno como fuente de inversión Una de las ideas centrales de la propuesta era que la segunda etapa debía financiarse con ahorro interno, no con endeudamiento externo. La Argentina, argumentaba Moreno, contaba con una masa de ahorro doméstico estimada en más de 400 mil millones de dólares atesorados en el exterior o en “colchones” — resultado de décadas de desconfianza en el sistema financiero local — que era más que suficiente para financiar un salto inversor. El problema no era la falta de ahorro, sino su canalización: ese ahorro estaba ocioso o fugado, en lugar de estar volcado a la inversión productiva. La propuesta concreta era generar los incentivos para que ese ahorro se dirigiera hacia: • Planes de vivienda (el ejemplo más recurrente de Moreno: “un asado menos, una pared más”), donde los trabajadores cambiaran consumo por ahorro y aumentaran su patrimonio. • Obras de infraestructura (rutas, puertos, ferrocarriles, energía), ejecutadas por empresas nacionales con financiamiento local. • Desarrollo energético (exploración y explotación de Vaca Muerta con precios administrados, no a precio internacional, y con control estatal de la cadena de valor). • Reindustrialización (incorporación de tecnología, importación de bienes de capital, mejora de la eficiencia productiva). El financiamiento debía provenir de la economía real, no del Estado. Moreno insistía en que los planes de vivienda, por ejemplo, debían ser gestionados por los sindicatos y financiados por el ahorro de los propios trabajadores, no por el Estado. La diferencia con el modelo socialdemócrata (Kicillof) era tajante: para Moreno, el Estado no debía financiar el consumo ni la inversión con deuda externa; debía generar las condiciones para que el ahorro interno se volcara a la inversión productiva. El núcleo político del Segundo Congreso era la construcción de un pacto de responsabilidades recíprocas entre los empresarios y los trabajadores, similar al que se había intentado en 1955. Los términos de ese pacto, según las ideas de Moreno, podrían resumirse así: del lado de los trabajadores:

• Compromiso con la productividad: aumentar el rendimiento en el puesto de trabajo, reducir el ausentismo y los “lunes de huelga”, capacitarse en nuevas tecnologías.

• Compromiso con el ahorro: destinar una parte del ingreso al ahorro inversor (vivienda, cooperativas, etc.) en lugar del consumo inmediato.
• • Compromiso con la paz social: no paralizar la producción por conflictos que pudieran resolverse en el marco del acuerdo.

Del lado de los empresarios:

• • Compromiso con la inversión: reinvertir las ganancias en bienes de capital, tecnología y mejora de la eficiencia, no en activos especulativos o fuga de divisas.
• • Compromiso con la calidad: producir bienes de calidad a precios accesibles, sin abusar de la posición dominante en el mercado.
• • Compromiso con los trabajadores: mantener y mejorar los salarios reales, garantizar condiciones dignas de trabajo, respetar la legislación laboral.

Del lado del Estado:

• • Garantizar la estabilidad macroeconómica (tipo de cambio administrado, inflación controlada, superávit fiscal y comercial).
• • Proveer infraestructura y bienes públicos.
• • Regular los mercados para evitar abusos de posición dominante.
• • Coordinar el diálogo entre las partes y garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

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