Deconstruyendo el “Milagro”. Parte 3 : Percepciones y Signos de la Revuelta.

Probablemente en respuesta a la ausencia de reformas profundas orientadas a la igualdad de oportunidades, en 2006, decenas de miles de estudiantes secundarios conocidos como los Pingüinos, salieron a las calles para exigir una educación como un derecho social y no como un privilegio sujeto al poder adquisitivo. Las manifestaciones llevaron al reemplazo de la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, última ley promulgada por Pinochet en marzo de 1990) por la LGE (Ley General de Educación). Esta ley se basó en un acuerdo bipartito entre el gobierno de la Concertación y los líderes de la “Alianza por Chile”, la coalición de oposición. El papel del Estado en la educación pública y la cuestión del lucro de los proveedores educativos, principalmente privados pero financiados públicamente, fueron el centro del debate en el Congreso.

En 2011, bajo la administración del primer gobierno de derecha (para otros, de centroderecha) elegido democráticamente después de la dictadura, fueron los estudiantes universitarios quienes salieron a protestar contra las nuevas reformas educativas lideradas por el presidente Sebastián Piñera. Con los años, estos movimientos fueron complementados por otros, como las protestas de los jubilados contra los fondos de pensiones (AFP), las movilizaciones feministas que pusieron en el debate público cuestiones como la violencia de género, la brecha salarial, los derechos sexuales y reproductivos, la educación no sexista, la justicia y derechos humanos, y la representación política, así como también se les unieron otros diversos movimientos sociales provenientes de diferentes sectores de la sociedad. Todos estos, convergen de cierta manera en puntos claves en los cuales se resguarda el modelo aún vigente.

Esta creciente presión de la sociedad civil –junto con el declive de la legitimidad del sistema político– tras escándalos de corrupción y colusión entre la élite económica y política, parece estar motivada por un rechazo a las desigualdades que la mayoría de los chilenos asocian con injusticias y disparidades arbitrarias que perjudican su bienestar : es lo que nos demuestra un reciente estudio coordinado por Michael Walton en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.

Como hemos mencionado anteriormente, el ciclo de movilizaciones que comenzó en Chile en 2006, fue seguido por otros movimientos cuyo carácter vinculado a la desigualdad socioeconómicas atestigua su importancia:

Fuente : Walton, M. (2023). “Inequality in Chile: Perceptions and Patterns”. Working Papers, Center of International Development at Harvard University, Harvard, 2023, p.6.

“Entre 2016 y 2018, los niveles de participación en movimientos sociales fueron significativos, alrededor de una quinta parte de la población, llegando hasta el 39% en el levantamiento sin líderes de 2019. Esto siguió una tendencia global de agitación social y movimientos sin líderes claros (COES — Cox et al., 2021).”

El ciclo de movilizaciones

La Revolución Pingüina de abril de 2006 movilizó aproximadamente 600,000 estudiantes secundarios de escuelas públicas, reclamando una educación pública de calidad. En 2011, una segunda gran ola de protestas por la educación, liderada por estudiantes universitarios y de secundaria, estalló, convirtiéndose en la más importante desde la dictadura de Pinochet. Estas manifestaciones reunieron a cientos de miles de personas, con el apoyo de profesores, trabajadores y otras partes interesadas. Esloganes como “educación pública, gratuita y de calidad para todos” y “no más lucro” se convirtieron en pilares del debate público. Estas protestas se caracterizaron por manifestaciones, huelgas, una mayor represión policial pero esta vez con un fuerte apoyo público (Morales & Aranguiz, 2006). Aunque las mayores manifestaciones tuvieron lugar en Santiago, también participaron escuelas de otras regiones.

Los casos judiciales

Escándalos importantes de colusión y corrupción en el sector privado también provocaron grandes protestas. En 2008, el primer gran caso de colusión involucró a las tres mayores farmacias de Chile, que aumentaron los precios de más de 200 medicamentos, algunos necesarios para tratar enfermedades crónicas. Estos aumentos de precios alcanzaron a veces más del 3000% en comparación con los precios del Centro Nacional de Abastecimiento (Cenabast). En 2011, la empresa La Polar fue acusada de renegociar unilateralmente las deudas de sus clientes. El aspecto más controvertido de este caso es que los directivos de la empresa fueron condenados a seguir cursos de ética y no fueron encarcelados. Ese mismo año, se reveló que las tres mayores empresas avícolas habían colaborado para fijar los precios durante al menos tres años. Del mismo modo, dos grandes empresas de papel higiénico habían seguido un esquema similar, fijando los precios del papel higiénico, los pañuelos y las toallas de papel durante más de diez años, un caso que se hizo famoso bajo el nombre de “colusión del confort”. También el Caso Caval, que involucraba al hijo y la nuera de la presidenta Michelle Bachelet.

Sebastián Rodríguez : Agencia Uno.

Finalmente, dos casos controvertidos en 2015, el Caso Penta y el Caso SQM, implicaron el financiamiento ilegal de campañas políticas por parte de estas empresas (Landaeta & Herrero, 2021). Un tema recurrente fue que los ricos se enriquecían más gracias a la corrupción, en detrimento de los ciudadanos comunes. Además, la justicia parecía actuar con deferencia hacia los ricos, imponiendo penas más leves que las que impondría a ciudadanos de clase baja o media. Por otra parte, Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet y figura central de SQM, ilustra bien esta dinámica de convivencia entre el sector privado y el poder político. En particular, éste jugó un papel central en la privatización de Soquimich, una de las mayores empresas mineras de Chile. Fue nombrado a la cabeza de SQM en los años 1980, cuando la empresa aún estaba bajo control del Estado militar. Más tarde, orquestó la privatización de SQM y se convirtió en su principal accionista, consolidando así su fortuna e influencia gracias a relaciones privilegiadas y prácticas controvertidas.

Del mismo modo, el Milicogate reveló un fraude masivo dentro del ejército chileno, con desvíos de fondos públicos destinados a gastos reservados y fines personales, involucrando más de 7 mil millones de dólares y remontándose al período de la dictadura de Pinochet.

Los signos del estallido.

Cuatro otros movimientos de protesta marcan el camino hacia el estallido social de 2019. En mayo de 2011, unas 30,000 personas se reunieron en Santiago para exigir el abandono del proyecto de construcción de cinco centrales hidroeléctricas en la región de Aysén, conocido como “No a HidroAysén” (Landaeta & Herrero, 2021). Liderada por organizaciones medioambientales como “Patagonia sin represas”, esta manifestación también fue apoyada en otras ciudades, colocando las preocupaciones medioambientales en el centro del debate público y subrayando la importancia de incluir a los ciudadanos afectados en los procesos de toma de decisiones (Cuadra, 2013; Skoknic, 2011).

En 2012, surgió un movimiento por el regionalismo y la descentralización en la región de Aysén, reclamando mejores servicios y un mayor apoyo del Estado, con el eslogan popular “tu problema es mi problema”. En junio de 2016, el movimiento No + AFP organizó una vasta protesta contra el sistema de pensiones instaurado durante la dictadura, movilizando a más de 50 ciudades en un mes. A diferencia de otros movimientos menos estructurados, esta protesta fue organizada por la Coordinadora No + AFP (Landaeta & Herrero, 2021).

Finalmente, en 2018, estalló una ola de manifestaciones feministas para denunciar al patriarcado, las desigualdades de género, la violencia de género, los derechos reproductivos, los derechos humanos y la justicia social.

La Revuelta del 2019 :

Según los censos, los resultados revelan que el 55% de los motivos de la protesta están relacionados con las desigualdades. Además, la mayoría de los encuestados están de acuerdo en que la educación juega un papel crucial en la movilidad social y el bienestar futuro. Sin embargo, los manifestantes más comprometidos consideran que las redes sociales –en términos de capacidad para mobilizar contactos influyentes afin de obtener un puesto de trabajo, por ejemplo–, y el capital social, son mucho más importantes que el trabajo responsable y la meritocracia. Además, entre 2016 y 2021, una abrumadora mayoría de los chilenos, el 90%, comparte la opinión de que las disparidades de ingresos en el país son excesivas. Además, para los años 2019 y 2021 (la pregunta solo está disponible para estos períodos), solo el 18.5% de los encuestados están de acuerdo en que los individuos gozan de igualdad de oportunidades. Este hallazgo refleja una falta de oportunidades reales que repercute en la falta de meritocracia, uno de los tópicos preferidos de los defensores del modelo económico para así justificar las desigualdades elevadas y persistentes. No obstante, es interesante también observar como en un espectro social, la justificación meritocrática es evocada incluso en los sectores más marginalizados (Guzmán, Barozet y Méndez, 2017).

Susana Hidalgo

¿ Qué piensan las élites ?

En cuanto a las percepciones provenientes de las élites, tienen opiniones bastante homogéneas sobre la cuestión de las desigualdades. Según una encuesta del Círculo de Directores (2020), solo el 2% considera que las desigualdades no son importantes.

Fuente : Walton, M. (2023). “Inequality in Chile: Perceptions and Patterns”.

Sin embargo, la mayoría de los que reconocen la importancia de las desigualdades no están a favor de una redistribución mayor a través del sistema fiscal. Destacan la educación y el esfuerzo en el trabajo como factores principales que influyen en una mejor distribución de la riqueza (el famoso trickle down, o “chorreo”). Además, las percepciones de las élites sobre la distribución de ingresos parecen estar completamente desconectadas de la realidad.

Concluyendo este repaso, es interesante como podemos notar que el estallido y el malestar social no han sido un evento repentino, un acto simplemente irracional y colectivo. Este ha sido más bien un proceso prolongado de construcción social que involucra a diversos actores y actrices, diversos períodos de crisis, acciones e inacciones públicas, negociaciones y fracasos, etc.

El sistema desigual.

Una desigualdad social es el resultado de una distribución desigual, en el sentido matemático de la expresión, de los recursos de una sociedad entre sus miembros, una distribución desigual debida a las propias estructuras de esta sociedad y que genera un sentimiento de injusticia entre sus miembros (Bihr & Pfefferkorn, 2008). Estas desigualdades son construidas histórica y socialmente por procesos estructurales y decisiones de actores clave en la toma de decisiones. Por ejemplo, heredar un capital económico, cultural, social y simbólico importante constituye una ventaja significativa, aumentando el retorno de las calificaciones en el mercado laboral (empleos, sueldos, y oportunidades de profensionalización). Por lo tanto, las desigualdades económicas y sociales son diversas y están interconectadas, forman un sistema donde los privilegios se acumulan en un polo de la escala social y las desventajas en el otro, creando una estructura estable y reproducible de generación en generación.

Finalmente, algunas disparidades se han visto agravadas tras la crisis del COVID-19, especialmente debido al modelo de desarrollo que “eligió” el país entre cuatro paredes y la Constitución que lo legitimó.