Entre acuerdos y huelgas: cómo reacciona Bolivia a la eliminación de los subsidios al combustible anunciada por Paz

Entre acuerdos y huelgas: cómo reacciona Bolivia a la eliminación de los subsidios al combustible anunciada por Paz

Bolivia amaneció este lunes inmerso en un clima mixto, marcado por negociaciones, protestas y una creciente tensión social tras la decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar la subvención estatal a los combustibles, una política vigente desde hace más de 20 años.

El anuncio se materializó con la introducción del Decreto Supremo 5503 el pasado miércoles, e inicialmente despertó rechazo en la población, que ha conseguido revertir esta decisión múltiples veces en el pasado, convirtiéndola en el Talón de Aquiles de los sucesivos presidentes.

Evo Morales, una de las principales voces opositoras, llamó a sus seguidores a movilizarse desde este lunes, mientras la Central Obrera Boliviana (COB) activó una huelga nacional. No obstante, a diferencia de instancias pasadas, en esta oportunidad el Gobierno logró rápidamente acuerdos con sectores clave que evitaron una paralización total del país, dejando entonces un escenario fragmentado: marchas y concentraciones que avanzan en varias ciudades, aunque sin el impacto que hubiera tenido una adhesión masiva del transporte, históricamente uno de los actores con mayor capacidad de presión en Bolivia.

La huelga sindical y el rechazo al decreto

La COB, la mayor organización sindical del país, ratificó la medida de fuerza, acusando al Ejecutivo de adoptar una política “arbitraria” que beneficia a sectores empresariales en detrimento de la población trabajadora, según su secretario ejecutivo, Mario Argollo.

Desde la agrupación sostienen que el incremento del precio de los combustibles tendrá un efecto inmediato sobre el costo de vida, el transporte y los alimentos, y advierten que las medidas compensatorias anunciadas por el Gobierno no alcanzarán para neutralizar el impacto inflacionario.

A esta postura se sumaron también los sectores campesinos y cocaleros que responden al expresidente Morales, con movilizaciones paralelas en Cochabamba y otras regiones del país. El exmandatario busca capitalizar el descontento social desde sus bastiones sindicales, pese a que durante su propio gobierno impulsó en 2010 un ajuste similar que debió revertir ante otra oleada de protestas.

“El ajuste debe dar autoridad moral y no terminar pasando la factura de la crisis al pueblo trabajador”, criticó el cocalero en un mensaje en X, en el que también acusó a Paz de abordar el tema con “falta de socialización oportuna y transparente”.

“El Decreto N° 5503 afecta directamente a la industria nacional y pone en riesgo la estabilidad de precios del mercado interno. Estas medidas tendrán efectos inflacionarios que deben ser advertidos con responsabilidad y pensando siempre en el pueblo”, sumó.

Acuerdos para desactivar un paro total

Sin embargo, el gobierno de Paz, que asumió la tarea de ordenar el país y se mantiene abierto al diálogo para ello, puso en marcha una intensa agenda de negociaciones durante el fin de semana, gracias a la cual los sindicatos de choferes urbanos de La Paz y El Alto, así como los transportistas de carga pesada de Santa Cruz y Cochabamba, confirmaron que no se estarán sumando a las huelgas.

Los acuerdos incluyen la instalación de mesas técnicas para discutir cuestiones tributarias, de facturación y el impacto del nuevo esquema de precios en las tarifas del transporte.

“Salir de la crisis requiere trabajar, no paralizar el país”, sostuvo el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, quien defendió el levantamiento del subsidio como una decisión “inevitable” en el contexto actual.

El trasfondo económico del ajuste

El decreto 5503 fijó nuevos precios de referencia que implican aumentos de hasta el 162% en el diésel y del 86% en la gasolina, poniendo fin a una subvención que el Estado boliviano sostuvo durante más de dos décadas. Según el Gobierno, mantener ese esquema hubiera demandado unos 3.500 millones de dólares este año, lo que equivale al 6,4% del PIB.

El Ejecutivo argumenta que el subsidio se volvió insostenible por la caída de ingresos, la escasez de divisas y el contrabando de combustibles hacia países vecinos y, por tanto, la medida resulta clave para evitar un colapso fiscal y normalizar el abastecimiento interno.

Asimismo, como contrapeso de esta medida, el Gobierno anunció un aumento del salario mínimo, mayores bonos para estudiantes del sistema público y un incremento de la renta para adultos mayores sin aportes jubilatorios.

Un equilibrio frágil

De esta manera, el Gobierno de Paz apuesta al diálogo como principal herramienta para sostener el impopular ajuste, mientras sindicatos y movimientos sociales presionan en las calles. El equilibrio es frágil pero clave para la nueva administración que, si logra contener el malestar social y mantener su decisión, habrá conseguido una victoria que ni el propio Evo Morales pudo en 2010.