Begoño, Jean-Michel y el hombre que no existió

O el manual de la ultraderecha para no perder nunca

Cuentan que Pilar Baselga estudió Historia del Arte. También se granjeó una audiencia en YouTube contando conspiraciones climáticas, electorales o sanitarias. No sé en qué fresco se inspiró para llegar a la conclusión de que la mujer del presidente del Gobierno nació hombre, pero debía de tener mucho claroscuro. Lo dijo en Distrito TV, un canal que ni su propia audiencia sabría señalar en el mando, y cuando le preguntaron si era un pentimento, o de dónde lo había sacado, contestó que de “medios más alternativos”. Alternativo a Distrito TV, ahí es nada.

El patrón es mucho más aburrido y mucho más rentable que la mera ocurrencia. Porque a Brigitte Macron, en 2021, la convirtió en su propio hermano una francesa con cuatro horas libres y una cámara, subida a YouTube con la solemnidad de quien anuncia un fichaje en el Hormiguero. Y a Michelle Obama la desnudó Alex Jones con la ciencia forense de un pliegue de vestido. El bulo no viaja ni en Air Force One, ni en Falcon. El bulo viaja mejor que cualquier político. No necesita visado, no necesita traductor, y llega siempre con el mismo equipaje: nunca afirma, solo pregunta; nunca prueba, solo insinúa; y deja que la foto retocada haga el trabajo sucio que el argumento no se atreve a firmar. Ni siquiera se detiene en primeras damas: a Jacinda Ardern -ex primera ministra de Nueva Zelanda- la persiguió desde que llegó al poder en 2017, y a Britta Ernst, la mujer del canciller alemán Olaf Scholz, la sometieron en 2024 a la misma cantinela, con frenología incluida.

Es un ejemplo de una cadena de suministro global, con tres productos estrella — deslegitimar el conteo, judicializar al rival, degradar a su familia — y un motor detrás que los fabrica en serie y los exporta como quien exporta Vega Sicilia o jamón cinco jotas.

El árbitro es el conteo

Vox lleva esta misma semana al Congreso la certeza de que Sánchez está fabricando votantes con la *Ley de Nietos*, la misma ley que Feijóo pidió cuando le convenía. También intentó colar una reforma para separar el recuento del voto por correo del presencial. No salió adelante, pero la intención queda archivada para la próxima vez que haga falta.

Nadie ha traído una prueba, y el motivo es sencillo: el sistema electoral español está diseñado, según Political Watch, para que sea “extraordinariamente difícil de manipular”, con sorteo de mesas e interventor de cada partido en cada urna. Esto no impide que Figaredo lo llame “golpe de Estado en diferido”, ni que Feijóo — Feijóo y Figaredo, FeFi a partir de ahora — insista en que Sánchez fabrica millones de votantes porque las encuestas le dan perdedor. La ausencia de pruebas nunca ha sido, para este manual, un problema de guion. Es, como mucho, un detalle de producción.

Tampoco es un invento de esta legislatura. En junio de 2022, recién perdidas las andaluzas, el PP ya sugirió por boca de Esteban González Pons que Sánchez quería controlar el CIS, el INE e Indra para amañar el recuento — “el CIS hace las encuestas, el INE el censo e Indra cuenta los votos” — , y cuando le preguntaron si veía manipulación real en el escrutinio, se desdijo en el mismo minuto: “Absolutamente ninguna. Yo no he dicho eso.” La bola echó a rodar igual, y un año después, sin una sola prueba nueva, ese mismo bulo había escalado hasta las movilizaciones frente a Ferraz del 28M.

Y antes de eso, en 2004, tras el 11-M, El Mundo y la COPE sostuvieron durante cuatro años que el PSOE y la Policía habían orquestado el atentado para ganar unas elecciones que, por otro lado, ganaron limpiamente. Más tarde, desde el mismo día de la moción de censura de 2018, media España coreaba “que te vote Txapote” — invocando a un asesino de ETA para insinuar que solo con el “voto terrorista” de Bildu, Sánchez sería presidente — , un grito que Ayuso ha subido del insulto de bar al vocabulario institucional llamando “ilegítimo” al Gobierno. Cinco años de deslegitimación sostenida no es un exabrupto. Es una estrategia con vocación de permanencia.

Esto, además, conviene no darlo por sentado como una patología exclusiva de un bando. La Electoral Integrity Project de Harvard y Sídney, dirigida durante años por Pippa Norris, ha documentado que dudar de la limpieza electoral es, en general, un reflejo de perdedor — tras 2016 lo hicieron los republicanos con el fraude y los demócratas con la supresión de voto y el gerrymandering — , no un rasgo genético de un solo partido. Lo que sí es específico del caso español es que aquí el guion se activa antes de saber si se va a ganar o perder: Ayuso y Guardiola alimentaron la misma sospecha de pucherazo antes de sus elecciones autonómicas y callaron en cuanto ganaron. Man que pierda.

El árbitro es la ley

Sergio Moro tenía un problema con Lula: no podía ganarle en las urnas, así que decidió que no hacía falta que llegara a ellas. El Supremo brasileño anuló en 2021 la condena que había dictado el propio **Moro**, porque el juez no tenía competencia para instruirle ni juzgarle, y porque no se le consideraba imparcial. Y para que no quedara como un asunto de familia brasileño, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el proceso violó su derecho a un tribunal imparcial, su privacidad y sus derechos políticos, y que fue esa instrucción la que hizo arbitraria su inhabilitación en 2018.

Las filtraciones de Vaza Jato mostraron a Moro sugiriendo a la fiscalía qué testimonios usar contra **Lula mientras vestía la toga de la neutralidad. Cuando el trabajo estuvo hecho — Lula fuera de la carrera, Bolsonaro presidente — Moro fue nombrado ministro de Justicia de Bolsonaro. El juez que te saca del tablero acaba cobrando del que se sienta en tu silla. Si esto fuera una novela, el editor te pediría que lo suavizaras un poco. Víctor de Aldama**, calienta que sales.

Cierto que el “lawfare” se ha convertido también en el paracetamol universal de cualquier político con una causa abierta, izquierda incluida, sin miedo a que suene a equidistancia.

Cristina Kirchner invocó el precedente de Lula cuando el fiscal Diego Luciani le pidió doce años de prisión en la causa *Vialidad*, denunciando un “partido judicial” empeñado en proscribirla. A diferencia de Lula, cuya condena fue anulada por el mismo sistema que la dictó, la de Kirchner -la argentina, “la Kitchen”, la trama- no tiene ese respaldo: es una estrategia de defensa, no un hecho probado de montaje. Cada vez que alguien usa “lawfare” para blindarse de una corrupción de verdad, le hace un flaco favor al significado de la palabra, si es que le queda alguno.

Y aquí toca aplicar la misma vara en casa, no solo fuera. Víctor de Aldama ya la calentó: el Tribunal Supremo condenó en junio de 2026 a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García a 19 años y ocho meses, por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el caso de las mascarillas — la primera sentencia firme de corrupción que golpea directamente al Gobierno de Sánchez, dictada por unanimidad de los siete magistrados — . A Aldama, que colaboró con la Justicia, le cayeron cuatro años y medio, con la pena suspendida. Aunque huela, esto no es técnicamente lawfare. Es un juicio completo, con pruebas, con sentencia unánime, y sin que ningún tribunal superior le haya encontrado al proceso el vicio de parcialidad que sí encontró el Supremo brasileño en el caso Moro. Cuando la corrupción se prueba en un juicio limpio, es corrupción.

El árbitro es la familia

Begoña Gómez, Brigitte Macron o Michelle Obama no comparten partido, ni país, ni década exacta. Comparten marido con poder y un bulo con la misma arquitectura: sugerir, nunca afirmar; pedir “solo preguntas”; y dejar que la imagen — una foto retocada, un pliegue de vestido, un vídeo de cuatro horas que nadie termina pero todo el mundo cita — haga el trabajo que el argumento no puede hacer. Los propios verificadores lo nombran ya como categoría: una ofensiva global que mezcla transfobia, misoginia y desinformación, dirigida siempre contra esposas de líderes poco tolerados por la ultraderecha, con un objetivo doble — erosionar al dirigente ridiculizando a su entorno, y de paso alimentar el odio hacia las personas trans — . Munición doble uso: desestabiliza a la familia y alimenta la guerra cultural antiwoke al mismo tiempo.

En España la campaña ya ha trascendido a la esposa y llega a suegros y hermanos, de momento, con una denuncia de Manos Limpias que llevó al juez Peinado a abrir diligencias contra ella. Pero es que este perro aguanta mucho. Quien liquidó a Susana Díaz, sobrevivió al aparataje felipista desde la carretera y se ve cada poco con García-Page, está acostumbrado a la droga dura.

En Francia el bulo ha terminado en los tribunales, dos veces. Primero en 2024, cuando la Justicia condenó a Natacha Rey y a la autodenominada vidente Amandine Roy por difamación. Y de nuevo en enero de 2026, cuando el Tribunal Correccional de París condenó a otras diez personas por ciberacoso contra la primera dama. Los Macron, mientras tanto, demandaron a Candace Owens en Delaware por lo que califican de campaña implacable de un año. En España, de momento, se ha quedado en un tuit de Sánchez lamentando los “ataques sin precedentes” contra su familia, y en fotos manipuladas con FaceApp circulando desde aquella frase de plató que casi nadie recuerda que existe hasta que se hizo viral. La historiadora del arte ha resultado absuelta. El que pueda hacer, que haga.

La misma dinámica que sacó a Lula de la política sirvió, meses después, para desgastar a Sánchez a través de su mujer. No es la misma gravedad, pero es la misma lógica: si no puedes vencer al que gobierna, busca la grieta más blanda de su alrededor. no sé si recordáis los tres días de vacaciones que se tomó Pdr, y aquella carta en la que nos quiso hacer partícipes del amor a su señora. Eso pasó.

Gavin Newsom, gobernador de California y posible candidato demócrata a la Casa Blanca, denunció en junio de 2026 que la Administración Trump investiga a él y a su esposa, sumándose a una lista que ya incluye al exdirector del FBI James Comey, a la fiscal de Nueva York Letitia James, a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook y a su expresidente Jerome Powell, y a John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional. La pandillita. A veces la grieta blanda es un juez complaciente. A veces es una fotografía retocada. El objetivo final es siempre el mismo: que gobernar cueste tanto desgaste personal que deje de compensar.

El motor que las fabrica: el origen

Estos comportamientos fotocopiados aparecen a la vez, en países distintos, con el mismo lenguaje, casi con el mismo calendario. Hay una infraestructura técnica y una infraestructura organizativa detrás, y las dos tienen nombre.

Cambridge Analytica nació en 2013 como filial de SCL Group, una empresa que ya trabajaba con técnicas de operaciones psicológicas militares reconvertidas para el mercado electoral civil, dirigida por Alexander Nix y Steve Bannon -este les suena- , y financiada por el multimillonario Robert Mercer. El mecanismo: un investigador, Aleksandr Kogan, creó una aplicación de Facebook que recolectó permiso explícito de apenas 270.000 usuarios, pero que gracias al acceso a sus redes de amigos terminó extrayendo datos de hasta 87 millones de perfiles, suficientes para construir mapas psicográficos de personalidad y venderle a cada votante un mensaje distinto, diseñado para su miedo concreto. Tope de gama, pero se lió la mundial y Zuckerberg tuvo que cambiar las políticas de acceso a datos de terceros.

Mark diciendo que no. Sacada de https://www.amnesty.org/

Otra cosa muy distinta es si aquello era de verdad una especie de control futurista de nuestas conciencias. Investigadores como Eitan Hersh testificaron ante el Congreso de EEUU que la microsegmentación de Cambridge Analytica no afectó excesivamente al resultado de 2016, porque las técnicas ya se usaban desde mucho antes. Cambridge Analytica quebró en 2018, y probablemente se fue al garete siendo, más que una máquina de manipulación mental demostrada, una consultora que vendió su propia omnipotencia como producto. Algo parecido a cuando hoy los popes de la IA generativa anuncian que no te pueden dar la nueva versión de su modelo porque “tiene una potencia inimaginable”. Campaña de marketing disfrazada de advertencia. Funcionó peor de lo que decía, pero enseñó el camino, como Flickr se lo enseñó a Instagram. Llegaron los primeros, entendieron el cómo, pero mantenerlo era demasiado caro.

El motor que las fabrica: hoy

Cambridge Analytica no desapareció, se disolvió en fragmentos con los mismos nombres detrás. Emerdata Limited, constituida en agosto de 2017 con Jennifer y Rebekah Mercer, el propio Nix y Julian Wheatland en el consejo, compró la mayoría de Cambridge Analytica y la totalidad de SCL Group, pagó las facturas legales de la liquidación a ambos lados del Atlántico, y hoy sigue existiendo, inactiva sobre el papel. Otros empleados se llevaron el oficio a empresas nuevas, como Auspex International, fundada por el exdirector gerente Mark Turnbull, el mismo que salió grabado en cámara oculta explicando cómo usarían sobornos y trampas honeypot para desacreditar candidatos. El nombre murió, pero la gente y los clientes siguieron.

Y lo que dejó de ser secreto se volvió estándar. La microsegmentación por comportamiento, ubicación y datos demográficos finos es hoy la operativa por defecto de cualquier campaña seria, de cualquier signo, en cualquier país occidental: base de datos propia, pruebas A/B por segmento, audiencias personalizadas como línea de presupuesto fija. Cambridge Analytica fue cara, opaca y con un solo nombre al que señalar. Lo que vino después es más barato, está repartido entre decenas de consultoras discretas, y ya no hay nadie a quien pedirle cuentas en portada. Es la guerra de drones intelectual.

El motor que las fabrica: en casa

Y aquí hay ramificación propia, y esta no es solo de Vox. El representante de SCL en España, Ali Martínez, llevaba dos años operando en el país cuando estalló el escándalo de 2018, había hablado con Vox y decía tener “amigos” en el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Los tres lo negaron. La frase quedó dicha igual. Notarán que falta un partido relevante del arco, pero ya les dije que había hablado con Vox, y es que FeFi comparte libreto cual clave de Spotify.

Y la respuesta legislativa española a todo aquello es pura ironía. En diciembre de 2018, el Congreso aprobó por unanimidad — PSOE, PP y Ciudadanos, sin que nadie presentara ni una enmienda en contra — un nuevo artículo 58 bis de la LOREG, impulsado por una enmienda socialista que decía, literalmente, que su objetivo era “evitar casos como el que vincula a Cambridge Analytica”. Lo que hacía en realidad era autorizar a los partidos a recopilar datos sobre las opiniones políticas de los ciudadanos, sacados de la web y las redes sociales, para mandarles propaganda personalizada sin su consentimiento. Legalizar Cambridge Analytica en vez de prohibirlo, con la excusa de prohibirlo.

Tuvo que ser el Defensor del Pueblo, empujado por un grupo de juristas y asociaciones civiles que ningún partido había convocado, quien llevara la norma al Tribunal Constitucional. Y el Constitucional, en mayo de 2019, la tumbó entera — la primera vez en la historia de España que prospera un recurso de inconstitucionalidad contra una ley aprobada por unanimidad en el Congreso — . Ningún partido la impugnó. Ningún partido votó en contra. El manual, cuando conviene, deja de tener bando.

El motor que las fabrica: el salto a las ideas

En enero de 2017, Bannon fundó The Movement, con sede en Bruselas, para coordinar partidos de derecha radical a escala global, como contrapunto declarado a las fundaciones de George Soros. Su enlace en España ha sido Rafael Bardají, exasesor de Aznar -mire usté- y miembro del Consejo Nacional de Vox, que contó en una entrevista a El País que Bannon le ofreció su “aparato tecnológico para movernos en las redes sociales con los mensajes adecuados” y hacer campaña “al estilo americano”. Una investigación posterior situó ese asesoramiento en el terreno de lo ilegal en la mayoría de los países donde Bannon pretendía ofrecerlo, España entre ellos, donde está prohibida la financiación extranjera de partidos.

Los tres frentes que quedan

Si algo enseña este recorrido es que el manual no se ha ralentizado, se ha acelerado. La conspiración del 11-M necesitó cuatro años para instalarse. La deslegitimación de Sánchez lleva más de cinco ininterrumpidos — ¡el felón! — y ya forma parte del vocabulario institucional de la oposición, no solo de la calle. El bulo de la esposa ha tardado apenas unos años en saltar de Michelle Obama a Brigitte Macron a Begoña Gómez, y de ahí a Jacinda Ardern y Britta Ernst. Cada vuelta del ciclo es más corta y el objetivo es más ancho.

Lo que viene, si el patrón se sostiene, se juega en tres frentes.

El primero es la publicidad política pagada, y ahí ya hay respuesta: el Reglamento europeo 2024/900, en vigor desde octubre de 2025, prohíbe segmentar anuncios con datos sensibles y obliga a declarar quién paga y cómo se segmenta, sin distinguir entre una Cambridge Analytica y chiringo. Ha mordido tan fuerte que Meta y Google han preferido retirar toda la publicidad política de la UE antes que cumplirlo. El segundo frente es el que esa ley no toca: el bulo gratuito, el que suelta una tertuliana en directo o el que corre sin coste por WhatsApp, expresamente fuera del reglamento por no mediar pago. Es el único canal que le queda libre de aviso de transparencia. Y el tercer frente, el más decisivo, no tiene que ver con la propaganda, sino con la independencia real del árbitro que cuenta los votos. Hoy en España esa independencia sigue intacta — por eso el pucherazo de Vox es mentira, no una exageración — . Pero V-Dem ha medido que en 25 países esa misma independencia se ha erosionado frente al Ejecutivo de forma estadísticamente significativa, y ninguno de esos países empezó siendo una dictadura: empezaron siendo democracias con un árbitro al que el VAR se le ha hecho cada vez más grande. Ese es el único frente donde el manual no necesita ni un bulo para ganar. Le basta con que alguien, algún día, decida tocar de verdad al árbitro.

El bulo de Begoña Gómez se apagará solo, como se apagó el del 11M. Cuando eso pase habrá un próximo objetivo. Sin duda. La cuestión es cómo podemos defender la independencia del árbitro, que es la batalla real.