Deslegitimación política: aproximaciones a las dinámicas que afectan la confianza y reconocimiento de los actores políticos

Manifestación política en Argentina

El problema de la legitimidad se encuentra presente desde el origen de la teoría social moderna. Podemos ver, por ejemplo, como este problema se enrosca en el centro de la teoría weberiana, logrando así sintetizar los dos elementos predominantes en el estudio del hecho político: la validez y el poder. En efecto, en palabras de Weber, la legitimidad constituye la justificación del contenido de los mandatos a los que los miembros de una sociedad se someten, de forma que adquieren validez universal para el conjunto (Weber, 1997). Desde el punto de vista sociológico, este problema se presenta sumamente atractivo si se tiene en cuenta que las sociedades modernas sólo pueden contener sus conflictos en la medida en que los diversos grupos que la forman conceden legitimidad a la estructura de autoridad que los domina.

Si nos dirigimos al escenario actual, el problema de la legitimidad sigue agotando la agenda investigativa en las ciencias políticas, la sociología política y en los centros de estudios internacionales. Por ejemplo, desde el año 2017 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha venido advirtiendo la creciente desconfianza en las instituciones del Estado, siendo los partidos políticos la institución peor evaluada (PNUD, 2017). Casi diez años después, la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) confirma la permanencia de este fenómeno, posicionando al Congreso con tan sólo un 13% de confianza y a los partidos políticos con un 6% (CEP, 2026).

Como se evidencia, la situación es desalentadora para las principales instituciones que representan las bases de la democracia representativa. De hecho, para Max Weber los partidos políticos actúan como “agente del interés colectivo de la nación”, ya que logran captar la pluralidad de orientaciones de la sociedad y materializarlas en la creación de nuevas leyes, que determinan la dirección de la totalidad social, incluyendo a la propia autoridad. Aquello que en su momento fue el motor de la democracia, hoy enfrenta momentos críticos respecto a su sentido de existencia.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el presente trabajo intenta adentrarse en el debate respecto a la deslegitimación política y las dinámicas que afectan la desconfianza y el reconocimiento de los actores políticos. Sin embargo, se trata de dar un enfoque novedoso, alejado de los típicos análisis sociopolíticos que sólo se concentran en explicaciones superficiales, tales como: la ciudadanía dejó de confiar en los políticos debido a la corrupción, los escándalos o el mal desempeño de los gobiernos. Sostengo que aunque estos factores son relevantes, explican solo una parte del problema. La legitimidad política no depende exclusivamente de que las instituciones funcionen correctamente o de que los gobernantes cumplan sus promesas; también depende de que las personas perciban que quienes ejercen el poder comprenden sus experiencias, reconocen sus demandas y representan efectivamente sus intereses.

A partir de las ideas teóricas de Axel Honneth y del historiador Pierre Rosanvallon, se sostiene que la pérdida de legitimidad no depende únicamente del desempeño de los gobernantes, sino también de transformaciones en la forma en que la ciudadanía entiende la democracia, exige reconocimiento y evalúa la representación política. En otras palabras, la deslegitimación política no es solo un problema de confianza, sino también de reconocimiento. Por lo tanto, se debe comprender que la legitimidad no es únicamente una cuestión institucional, también es una relación social.

Para este propósito, abordaremos brevemente la idea de contrademocracia, central en el pensamiento de Rosanvallon; así como también el concepto de reconocimiento, presente en el núcleo de la teoría de Axel Honneth. A partir de esto, se intenta conectar ambas concepciones para explicar el escenario complejo que enfrenta la política. Por un lado, la ciudadanía desarrolla formas cada vez más intensas de vigilancia y evaluación permanente sobre quienes gobiernan, tal como plantea Rosanvallon. Por otro, muchos ciudadanos sienten que sus experiencias cotidianas, sus problemas y sus identidades no encuentran reconocimiento dentro del sistema político, como explica Honneth. Cuando estas percepciones comienzan a generalizarse, la deslegitimación política deja de ser un problema de imagen o de confianza institucional: se convierte en una crisis del vínculo entre ciudadanía y representación.

MÁS ALLÁ DE LA CONFIANZA

Hay un problema frecuente en la literatura y también en el debate público, por lo general se utilizan los conceptos de confianza y legitimidad como si fueran sinónimos. Sin embargo, desde la teoría política son fenómenos completamente distintos. Por un lado, la confianza es una actitud contingente y revisable. En cambio, la legitimidad es una cualidad del orden político. Esta distinción fue advertida tempranamente por Max Weber (1997), para quien la dominación política sólo puede sostenerse cuando quienes obedecen consideran legítimo el ejercicio de la autoridad. La obediencia no descansa exclusivamente en la coerción o en la eficacia del poder, sino también en la creencia compartida de que dicho poder posee fundamentos válidos para ser aceptado.

Como se mencionó anteriormente, durante las últimas décadas numerosos estudios han mostrado una disminución sostenida de la confianza en los partidos políticos, el Congreso y otras instituciones representativas. Sin embargo, esos fenómenos son sólo la superficie de algo más profundo, que se hizo visible en Chile especialmente tras el Estallido Social del 2019 y durante los procesos constituyentes, donde la crisis de representación pasó a ocupar un lugar central en el debate público. No obstante, reducir este proceso únicamente a una “crisis de confianza” puede resultar insuficiente. La confianza constituye un componente importante del funcionamiento democrático, pero no agota el problema de la legitimidad. Mientras la primera expresa una expectativa favorable respecto del comportamiento futuro de autoridades o instituciones, la segunda remite al reconocimiento social de que quienes ejercen el poder poseen un derecho válido para hacerlo. En otras palabras, una ciudadanía puede desconfiar de un gobierno determinado sin cuestionar necesariamente la legitimidad del régimen democrático. No obstante, pérdida prolongada de legitimidad termina erosionando cualquier posibilidad de reconstruir la confianza.

Esta diferencia resulta especialmente relevante para comprender las democracias contemporáneas. Numerosos diagnósticos suelen atribuir la desafección política a factores coyunturales como la corrupción, el bajo crecimiento económico o el incumplimiento de promesas electorales. Sin embargo, estas explicaciones se concentran principalmente en las razones por las cuales disminuye la confianza hacia determinados actores políticos, dejando en un segundo plano una pregunta más profunda, ¿por qué una parte creciente de la ciudadanía deja de considerar que esos actores la representan legítimamente?

La cuestión, por tanto, no consiste únicamente en explicar por qué las personas desconfían de la política, sino también en comprender por qué dejan de reconocer como legítimos a los representantes. Este desplazamiento analítico permite observar que la legitimidad no depende exclusivamente del desempeño institucional, sino también de la capacidad del sistema político para construir vínculos de reconocimiento con la ciudadanía. Es en este punto donde busco conectar las propuestas teóricas de Pierre Rosanvallon y Axel Honneth para comprender el conflicto que enfrentan las democracias representativas contemporáneas.

PIERRE ROSANVALLON: LA DESCONFIANZA TAMBIÉN PUEDE FORTALECER LA DEMOCRACIA

El historiador y teórico político Pierre Rosanvallon estructura su teoría a partir de la persistente erosión de la confianza de los ciudadanos en sus dirigentes e instituciones políticas (Brugué, 2007). De manera creativa, propone una idea provocadora: la desconfianza no siempre representa una amenaza para la democracia, también puede ser una manera de fortalecerla.

En su libro “La contrademocracia”, Rosanvallon (2007) sostiene que las democracias contemporáneas ya no descansan exclusivamente en el voto. Todo lo contrario, en ese momento comienza una nueva etapa donde la ciudadanía observa, denuncia, critica y exige explicaciones a quienes gobiernan. El historiador francés denomina como “contrademocracia” a un conjunto de prácticas mediante las cuales la sociedad controla permanentemente a sus representantes. Estas prácticas incluyen tres formas principales de acción ciudadana: el poder de vigilancia sobre las autoridades; el poder de obstrucción mediante protestas y rechazo social; el pueblo-juez, que sanciona política y moralmente a quienes considera responsables.

Trataré de resumir brevemente estos tres poderes contrademocráticos. En primer lugar, el poder de vigilancia trata de canalizar la esencia de la idea de un “pueblo que desconfía” y que, por tanto, controla a los gobernantes desde cierta distancia. Nuevas formas de militancia, nuevos movimientos sociales y un renovado uso de las nuevas tecnologías de la comunicación serán la clave para el desarrollo efectivo de este poder. En segundo lugar, el poder de la obstrucción se define como una “soberanía negativa”, que expresa que hay una suerte de participación en la vida pública, pero es esencialmente hostil. Hay un compromiso con el rechazo, lo que domina es el lenguaje acotado de las consignas o de la desaprobación (Rosanvallon, 2007). Por último, está la idea del pueblo-juez, que retrata esta actitud ciudadana de juzgar y sancionar las decisiones de la autoridad. Juzgar supone tener la última palabra y, si está en manos del pueblo, se trata de un atributo que contribuye a dotarnos de una democracia reforzada.

Desde esta perspectiva, la desconfianza no constituye necesariamente un síntoma de deterioro democrático. Puede representar una ciudadanía más activa, más exigente y menos dispuesta a aceptar pasivamente las decisiones del poder. Sin embargo, existe un límite importante en esta teoría. Cuando la vigilancia permanente deja de orientarse al control democrático y comienza a transformarse en un rechazo sistemático hacia toda forma de representación política, la desconfianza deja de fortalecer la democracia y comienza a erosionar su legitimidad. Esto es, a mi parecer, lo que está ocurriendo hoy en día.

AXEL HONNETH: LA LEGITIMIDAD TAMBIÉN DEPENDE DEL RECONOCIMIENTO

Mientras Rosanvallon explica cómo cambian las formas de control ciudadano, Axel Honneth nos invita a reflexionar otro aspecto fundamental del problema: ¿por qué tantas personas sienten que la política ya no las representa? Para Honneth, los conflictos sociales no surgen únicamente por desigualdades económicas o desacuerdos ideológicos, muchas veces aparecen porque las personas experimentan formas de menosprecio o falta de reconocimiento. En efecto, para Honneth los individuos experimentan sus insatisfacciones sociales no como una restricción a las reglas lingüísticas, sino como una violación a sus pretensiones de reconocimiento adquiridas en los procesos de socialización (Robles, 2023). No sentirse escuchado, sentir que las instituciones ignoran determinados problemas, percibir que quienes gobiernan viven una realidad completamente distinta, todas estas experiencias producen una sensación de invisibilidad social o, en palabras de Honneth, falta de reconocimiento.

La teoría del reconocimiento sostiene que los individuos construyen su identidad mediante relaciones donde reciben respeto, valoración y reconocimiento por parte de los demás. En definitiva, lo que Honneth busca en su Lucha por el reconocimiento (1997) es “una teoría crítica de la sociedad en la que los procesos del cambio social deben explicarse en referencia a pretensiones normativas, estructuralmente depositadas en la relación del reconocimiento recíproco” (Honneth, 1997: 8). Cuando esas expectativas son frustradas aparecen sentimientos de humillación, resentimiento e injusticia que pueden convertirse en conflictos sociales.

Honneth considera necesario que la teoría se remita a las expectativas y experiencias contenidas en las interacciones entre grupos sociales, puesto que solamente allí es donde se hace visible la conexión entre pretensiones de reconocimiento y demandas sociales. Las personas no solo buscan mejores condiciones de vida, también buscan ser consideradas interlocutores legítimos dentro de la comunidad política.

Honneth propondrá tres formas sociales de reconocimiento capaces de dar cuenta de todas las motivaciones morales presentes en múltiples luchas sociales, estas son: el amor, el derecho y la solidaridad. No me detendré en el análisis de cada una de estas dimensiones, debido a que se extendería demasiado este breve ensayo. No obstante, lo importante a tener en cuenta es que las expectativas de reconocimiento de cada una de estas esferas constituyen las condiciones de formación de la identidad personal en el marco de relaciones donde los sujetos se saben respetados en su singularidad. De modo que si esas expectativas son defraudas, se genera un tipo de experiencias negativas que se pueden llamar “menosprecio” o “agravio moral” y que constituyen la fuente motivacional de todos los conflictos sociales.

La utilidad de esta perspectiva puede observarse en diversos episodios recientes de la política chilena. El estallido social de octubre de 2019 suele interpretarse como una reacción frente a la desigualdad económica o al deterioro de las condiciones materiales de vida. Sin embargo, desde la teoría del reconocimiento es posible advertir una dimensión adicional. Muchas de las consignas que emergieron durante las movilizaciones — como “No son 30 pesos, son 30 años” o “Hasta que la dignidad se haga costumbre” — expresaban algo más profundo que una demanda por mayores ingresos o mejores servicios públicos. Manifestaban la percepción de que amplios sectores de la ciudadanía no se sentían escuchados, considerados ni representados por las instituciones políticas. En términos de Honneth, estas expresiones pueden interpretarse como experiencias de menosprecio o agravio moral, es decir, situaciones en las que las expectativas de reconocimiento son sistemáticamente frustradas y terminan transformándose en conflictos sociales.

Desde esta perspectiva, el conflicto no surge exclusivamente porque existan desigualdades, sino porque dichas desigualdades son experimentadas como una negación del valor social de determinados grupos. La protesta, entonces, deja de ser únicamente una demanda por redistribución de recursos y se convierte también en una exigencia de reconocimiento, de respeto y de inclusión.

INTERSECCIÓN ENTRE AMBAS TEORÍAS

Hasta este punto podría parecer que las teorías de Rosanvallon y Honneth analizan problemas distintos. El primero se ocupa de las transformaciones de la democracia representativa y de las nuevas formas de vigilancia ciudadana, mientras que el segundo centra su atención en las experiencias de reconocimiento y en los conflictos que emergen cuando los individuos perciben que dichas expectativas son sistemáticamente frustradas. Sin embargo, ambas perspectivas convergen en un mismo diagnóstico, a saber: las democracias contemporáneas enfrentan una transformación profunda en la relación entre ciudadanía y representación política.

Si nos dirigimos a la teoría del profesor Rosanvallon se comprende que el principal aporte de consiste en demostrar que la desconfianza no constituye necesariamente una patología democrática. Por el contrario, puede convertirse en un mecanismo de control permanente sobre quienes ejercen el poder, ampliando las formas de participación ciudadana más allá del momento electoral. Sin embargo, su teoría deja abierta una interrogante fundamental: ¿qué lleva a una ciudadanía cada vez más vigilante a transformar ese control democrático en un rechazo persistente hacia las instituciones y sus representantes?

Es precisamente en ese punto donde la teoría del reconocimiento de Honneth aporta un elemento explicativo decisivo. La vigilancia permanente no surge únicamente porque los ciudadanos dispongan de nuevos mecanismos para controlar al poder, sino principalmente porque una parte importante de ellos experimenta que sus demandas, identidades y formas de vida no encuentran reconocimiento dentro del sistema político. Es por eso que se vuelven comunes expresiones tales como: “los políticos no viven nuestra realidad”, “no saben lo que nos pasa”, “no nos escuchan” o “no nos representan”. La crítica deja entonces de dirigirse exclusivamente a determinadas decisiones gubernamentales y comienza a cuestionar la legitimidad misma de quienes ejercen la representación.

La deslegitimación política puede entenderse, entonces, como el resultado de la interacción entre estos dos procesos. Por una parte, la ciudadanía desarrolla formas cada vez más intensas de vigilancia, fiscalización y evaluación permanente de la autoridad. Por otra, esas prácticas se desarrollan en un contexto donde numerosos individuos perciben que las instituciones han dejado de reconocerlos como interlocutores válidos. La combinación de ambos fenómenos produce un cambio cualitativo en la relación entre representantes y representados.

Desde esta perspectiva, la autoridad deja de ser cuestionada únicamente por la eficacia de sus decisiones o por el cumplimiento de sus promesas. En cambio, comienza también a ser cuestionada por su capacidad de comprender la experiencia social de quienes pretende representar. La distancia entre gobernantes y gobernados ya no es solamente política o institucional; es, ante todo, una distancia simbólica, donde una parte creciente de la ciudadanía percibe que sus problemas, trayectorias e identidades permanecen invisibles para quienes ejercen el poder. Cuando estas percepciones comienzan a generalizarse, la deslegitimación política deja de ser un problema de imagen o de confianza institucional y se convierte en una crisis del vínculo entre ciudadanía y representación.

REFLEXIÓN FINAL

Esta lectura permite comprender que la deslegitimación política no necesariamente comienza cuando un gobierno administra mal el Estado, sino cuando una parte creciente de la ciudadanía percibe que ha dejado de ser reconocida como un interlocutor válido dentro de la comunidad política. En ese escenario, el problema ya no consiste únicamente en la pérdida de confianza hacia determinadas autoridades, sino en el deterioro del vínculo de reconocimiento que sostiene la representación democrática. La autoridad deja de ser cuestionada solo por lo que hace, y comienza a ser cuestionada por lo que representa y por quiénes considera dignos de ser escuchados.

Bajo esta interpretación, la deslegitimación política deja de ser un fenómeno exclusivamente institucional para convertirse en un proceso relacional. No expresa únicamente un deterioro de la confianza, sino también una ruptura progresiva del vínculo simbólico que permite a los ciudadanos reconocer la autoridad política como legítima. Es precisamente en esa convergencia entre vigilancia democrática y falta de reconocimiento donde puede encontrarse una de las claves para comprender las tensiones que atraviesan hoy a las democracias representativas.

Comprender la deslegitimación política exige abandonar las explicaciones simplistas, es decir, comprender este fenómenos sólo desde la corrupción, los escándalos o el bajo desempeño gubernamental. Estos factores son importantes, pero no suficientes. La legitimidad democrática también depende de que las personas se sientan reconocidas por las instituciones, perciban cercanía con quienes ejercen el poder y encuentren espacios reales donde sus experiencias puedan ser escuchadas.

En síntesis, la deslegitimación política comienza cuando una parte creciente de la ciudadanía deja de percibir que las instituciones y sus representantes merecen confianza, pero también cuando deja de sentirse reconocida por ellos. Tal vez el mayor desafío de las democracias contemporáneas no sea únicamente recuperar la confianza, sino, más bien, el reconstruir las condiciones de reconocimiento que hacen posible que la representación política vuelva a ser considerada legítima.

Más allá del diagnóstico, esta discusión obliga a replantear una pregunta fundamental para las democracias contemporáneas, a saber: ¿es posible sostener instituciones políticamente estables cuando gran parte de la ciudadanía deja de reconocerse en ellas? Si la legitimidad no depende únicamente del correcto funcionamiento de las instituciones, sino también de la capacidad de construir relaciones de reconocimiento entre representantes y representados, entonces el problema deja de ser exclusivamente político y pasa a convertirse en un desafío social y cultural. En este sentido, fortalecer la democracia no consiste únicamente en perfeccionar sus mecanismos institucionales, sino también en reconstruir los vínculos de reciprocidad, escucha y reconocimiento que permiten a la ciudadanía volver a percibir la política como un espacio común de representación y no como una esfera distante de sus propias experiencias.

BIBLIOGRAFÍA

• Annunziata, R. (2012). La democracia exigente. La teoría de la democracia de Pierre Rosanvallon. Andamios, 9(19), 39–62.
• Brugué, Q. (2007). Reseña de La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza y La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad y proximidad. Revista Española de Ciencia Política, 17, 233–237.
• Centro de Estudios Públicos. (2026). Encuesta CEP N° 96, Abril y Mayo 2026.
• Fleet, N. (2017). Razón y dominación. La legitimidad en Weber como orientación simbólica de la acción política. Revista Austral De Ciencias Sociales, (16), 21–36.
• Honneth, A. (1997). La lucha por el reconocimiento; Por una gramática moral de los conflictos sociales (pp. 110–155). Barcelona: Crítica.
• Honneth, A. (2014). El derecho de la libertad. Esbozo de una eticidad democrática. Buenos Aires: Katz.
• Robles, G. (2023). La teoría del reconocimiento de Axel Honneth. A. Camou (Coord.). Cuestiones de teoría social contemporánea. La Plata, Universidad Nacional de La Plata.
• Rosanvallon, P. (2007). La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza. Manantial.
• Weber, M (1997). Economía y Sociedad. Colombia: Fondo de Cultura Económica.