La educación pública no se cae sola

Entre recortes, señales políticas y estrechez fiscal, el deterioro del sistema redefine quién accede a un derecho y quién queda fuera.

El documento del Ministerio de Hacienda que circuló estos días y que luego fue relativizado como “preliminar”, propone recortes de hasta un 15% y la revisión o cierre de decenas de programas del Ministerio de Educación. Entre ellos, incluso, el Programa de Alimentación Escolar. Ante esto la reacción de una gran parte de la ciudadanía fue de un rechazo transversal. Y aunque la aclaración fue casi inmediata de parte del gobierno, el mensaje ya había sido enviado y estaba instalado. En política, lo que se filtra rara vez es un accidente.

Chile no es un país que gaste demasiado en educación, invierte menos que quienes ya consolidaron sistemas robustos, con un gasto público total en educación ronda el 4,9% del PIB, ubicándose en la medianía de la OCDE y, cuando se mira por estudiante, especialmente en educación superior, la brecha es aún más evidente, estamos muy por debajo del promedio de los países desarrollados.

Y aunque no hay sobreinversión que corregir, la conversación vuelve a lo mismo, ajustar, recortar, priorizar. Mientras tanto, en los países que solemos admirar como Finlandia, Alemania o Canadá, la ecuación es otra. La educación pública ahí, no es un problema a contener, por el contrario, es la base sobre la que se construye todo lo demás y donde más del 80% o 90% del financiamiento proviene del Estado, la cobertura es universal, la segregación baja y la calidad consistente.

Llegar ahí no fue a través del debilitamiento de lo público, sino apostando por ello. No obstante, en Chile, el debate lleva años tensionado por la idea persistente de que el Estado debe achicarse. Figuras como el ahora presidente José Antonio Kast han defendido con claridad la centralidad de la “libertad de elección”, el fortalecimiento del sistema subvencionado y la reducción del rol del Estado como proveedor directo de educación.

Es una convicción que, cuando se aplica sobre un sistema ya frágil (con servicios locales en compleja instalación luego de años de municipalización), termina contribuyendo a desgastar la imagen de la educación pública ubicándola como un gasto y no un derecho. Y si el Estado retrocede, el sistema no se mantiene con vocación.

Entonces la pregunta incómoda es otra: ¿y si esto no es un error de diseño, sino parte de una secuencia? Revisemos: primero se ajusta el presupuesto, luego se debilitan los programas, después baja la calidad percibida y, finalmente, se instala la idea de que lo público “no funciona”. Desde ahí, la solución parece obvia, abrir espacio al mercado como si fuera una respuesta natural, de “sentido común”, como se ha amasado en cierto discurso político reciente, avanzando hacia una progresiva desregulación del Estado.

Esa, digamos, “consistencia ideológica” busca que en el tiempo la educación deje de ser un derecho garantizado y pase a ser una elección individual, en donde el Estado deja de asegurar y pasa a arbitrar, en un contexto de mercado que, ya sabemos, no está para corregir desigualdades sino para ordenarlas.

Hace décadas Paulo Freire señalaba que “no hay educación neutra: o es liberadora o es domesticadora” por ello, cuando el Estado se retira de su rol garante, lo que está en juego no es solo financiamiento, sino el sentido mismo de la educación.

Chile ya había entendido esto antes, cuando Pedro Aguirre Cerda afirmaba que “gobernar es educar”, no estaba enunciando un ideal abstracto, sino estableciendo una prioridad política concreta, donde el Estado es garante activo del desarrollo a través de la educación pública.

Hoy esa convicción parece diluirse entre planillas, oficios y ajustes “técnicos”. Se habla de estrechez fiscal, de responsabilidad, de eficiencia, pero ¿eficiencia para qué? Si el ajuste cae sobre alimentación escolar, sobre programas de apoyo, sobre las capas más sensibles del sistema, entonces no estamos frente a un mero “apriete de cinturón”, sino a una redefinición política que interviene directamente sobre la posibilidad de construir igualdad.

La erosión de la educación pública funciona así, en cámara lenta, casi en silencio, con documentos aparentemente técnicos, con lenguaje moderado y con decisiones que parecen pequeñas pero que se van acumulando. Finalmente, cuando se vuelve irreconocible se extingue el debate y sólo queda la sensación de que nunca funcionó, velando la idea de que algunos decidieron dejar de sostenerla para que aparezca la oferta y se debilite el derecho.