Etiquetas negras: la incómoda ciencia de decirnos qué comemos

Hay cosas que uno pensaría que la humanidad ya resolvió con esa tecnología antigua llamada “sentido común”. Por ejemplo: si un paquete de comida parece diseñado por un comité de marketing con acceso ilimitado a azúcar, sodio, grasas y colores capaces de distraer a un colibrí, quizá conviene advertirlo en el frente. Pero no. Como somos una especie sofisticada, necesitamos leyes, estudios, metaanálisis, cartas públicas, comisiones parlamentarias y probablemente una gráfica con intervalos de confianza para aceptar que informar a la gente sobre lo que come podría ayudarle a decidir mejor.

Un artículo de Daniela López publicado en SciDev.Net recoge la polémica en Argentina por la propuesta del gobierno de Javier Milei de derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, aprobada en 2021. La norma, famosa por sus sellos negros en los envases, no inventó el pecado ni prohibió la galleta de la tarde. Hizo algo mucho más subversivo: poner información visible donde antes había diseño gráfico, claims saludables, dibujitos de cereales felices y esa vieja ilusión de que “sabor a fruta” significa que una fruta estuvo cerca de la fábrica, aunque sea espiritualmente.

Más de 300 organizaciones rechazaron la propuesta de derogación y pidieron priorizar la evidencia científica. Qué gesto tan radical: pedir evidencia en una discusión de salud pública. El argumento de que los sellos “confunden” al consumidor tiene una belleza casi poética. Porque claro, nada confunde menos que una etiqueta con 47 ingredientes, tres nombres distintos para el azúcar y una tabla nutricional microscópica que exige vista de águila andina y diplomado en bioquímica doméstica. Frente a eso, un octágono negro diciendo “exceso de…” parece, según algunos, una amenaza a la libertad interpretativa del snack.

Lo interesante es que la evidencia se empeña en arruinar la fiesta de las obviedades. Estudios citados en el artículo muestran que la gente reconoce los sellos, entiende su significado y hasta cambia hábitos de compra. También se menciona una investigación en Chile publicada en The Lancet: políticas integrales — etiquetado frontal, restricciones a la publicidad y regulación de alimentos escolares — se asociaron con reducciones en el riesgo de sobrepeso u obesidad infantil. La caída puede parecer pequeña para quien espera que una política pública funcione como varita mágica con glitter epidemiológico, pero en salud poblacional las pequeñas reducciones multiplicadas por miles de niños son cualquier cosa menos pequeñas.

La discusión, entonces, no va solo de etiquetas. Va de algo más incómodo: quién tiene derecho a ocupar el frente del paquete. ¿La información pública o la seducción privada? ¿La salud o el personaje animado que guiña el ojo desde una caja con más azúcar que vocación infantil? Nadie está diciendo que un sello negro salvará al mundo, curará la obesidad o convertirá una gaseosa en agua de manantial. Pero sí puede hacer algo profundamente democrático: permitir que el consumidor sepa, sin tener que descifrar jeroglíficos nutricionales, qué está comprando.

Por eso esta discusión importa. Porque detrás de una etiqueta hay una pelea mucho más grande: la pelea por llamar información a la información, salud pública a la salud pública y presión corporativa a la presión corporativa. A veces la ciencia no descubre lo inesperado; simplemente confirma lo que era evidente antes de que alguien con intereses económicos pidiera discutirlo de nuevo.