De la Tiranía de las Mayorías y el Principio Contramayoritario: Consideraciones y Aproximaciones hacia una Reforma Judicial

Gianfranco Vidal

Entre 1975 y 1979 la humanidad vivió uno de los peores genocidios de la historia, la dictadura de Pol Pot en Camboya terminó con la vida de más de 2 millones de personas. Diversos factores geopolíticos llevaron al poder a este personaje y su grupo extremista, sin embargo, lo que pretendían hacer era instaurar una sociedad agraria idílica basada en los principios comunistas de Marx y Stalin, estaba prohibido el libre pensamiento, usar anteojos, leer, hablar alguna lengua extranjera, escuchar música, entre muchas cosas más. En pocas palabras, era un régimen dictatorial que reprimía cualquier expresión de libertad.

Asimismo, en 1994 fueron asesinadas más de 800,000 personas por pertenecer a una minoría étnica en Ruanda, los tutsis. Este genocidio se produjo por diversos factores derivados del período colonial británico en aquel país africano, las divisiones sociales eran profundas, las instituciones gubernamentales débiles e imperaba el rencor y la tensión social.

Estos episodios históricos son algunos ejemplos de lo que pasa cuando los gobernantes infunden división y resentimiento en la sociedad, cuando solo gobiernan para su electorado e ignoran a las distintas facciones y minorías. Si, en una democracia gana el partido y el gobernante que más votos obtiene, sin embargo, este hecho no demerita la importancia y los derechos de las minorías y grupos que no están de acuerdo con el grupo en el poder. Es deber y obligación de los gobernantes ejercer sus cargos respetando las diferencias sociales, respetando las garantías constitucionales y las libertades fundamentales, gobernando y representando a todos los grupos sociales.

El diseño institucional democrático ha cambiado mucho al paso de los años, desde la antigua Grecia y la República Romana hasta el surgimiento de Estados Unidos como la primera República Democrática de la historia. Inicialmente la democracia se entendía como la voluntad de las mayorías, las decisiones se tomaban de esta manera, sin importar si dicha decisión era correcta o no, simplemente se seguía ciegamente la voluntad mayoritaria. Aquí cabe resaltar la diferencia entre la República y la Democracia, esta primera se refiere al diseño de las instituciones y al ordenamiento público, cómo se toman las decisiones, quién toma esas decisiones, como se reparte el poder y las facultades; en cambio, la democracia es un concepto mucho más abstracto que se refiere a la voluntad popular y a la libertad de los individuos para elegir a sus gobernantes. Ambos conceptos van ligados y son complementarios, no se podría entender uno sin el otro, una república sin democracia es un régimen autoritario pero funcional, una democracia sin república también conlleva al autoritarismo y al populismo demagógico.

En 1859 John Stuart Mill reflexionaba en su libro Sobre la Libertad, la lógica detrás de los tres poderes republicanos que rigen a la mayoría de las democracias en el mundo hasta la actualidad. En aquellos entonces, en el Reino Unido, el cuerpo legislativo estaba conformado por un cuerpo electo unicameral sin contrapeso, además del rey, no había cortes funcionales que sirvieran como filtro para garantizar que no se atentara contra las libertades de los ciudadanos ni que se cometieran injusticias a la luz de la voluntad mayoritaria. El diseño propuesto por Mill y por muchos otros ideólogos liberales consistía en un poder ejecutivo que protegiera a la población contra las invasiones extranjeras, que ejecutara la administración pública y el presupuesto nacional, que llevara las riendas de la política interior y exterior, entre muchas funciones más, la espada; un poder legislativo encargado de emitir las leyes y reglamentos que habrán de seguirse por todos, la aprobación del presupuesto y la vigilancia en la ejecución del mismo, la bolsa; y un poder judicial encargado de la impartición de justicia y la salvaguarda de la Constitución y el orden normativo, el escudo.

La lógica detrás del poder judicial es justamente no estar del lado de las mayorías democráticas, esa es la gran diferencia con los otros dos poderes de la República, tanto el ejecutivo como el legislativo responden a las mayorías y sus intereses, están inmersas en ciclos políticos regulares y están en contacto con la población. El poder judicial es un poder aislado de los ciclos políticos y de la voluntad mayoritaria, su lógica de aislamiento es la protección del orden normativo a pesar de las decisiones impopulares que se puedan derivar de esto, es un poder que no debe responder a intereses particulares ni de ningún grupo en específico, su único interés debe ser la aplicación imparcial de las leyes y la garantía del orden constitucional.

Mariano Otero, gran jurista mexicano del siglo XIX, coautor del juicio de amparo, escribió sobre el Principio Contramayoritario, y dijo que le deber del poder judicial y de la Suprema Corte era proteger los derechos fundamentales y evitar los excesos de las mayorías. Asimismo, Alexander Bickel, jurista y académico norteamericano expresó lo mismo en 1962 en su libro “The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics”.

El pueblo de México eligió democráticamente a la Doctora Claudia Sheinbaum como la próxima presidenta de la República, además, le dio al grupo en el poder la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para poder cambiar la Constitución y el régimen político tal como lo conocemos en la actualidad. Sin embargo, la propuesta de reforma al poder judicial conlleva muchos peligros, especialmente la elección popular de los jueces y magistrados. Como ya se expresó previamente, el deber de los jueces no debe ser con el pueblo, sino con las leyes y el orden constitucional, su actuar no debe estar condicionado a la popularidad de sus decisiones ni a la periodicidad de los ciclos políticos, sería una gran regresión democrática y el fin de la República tal y como la conocemos.

Si se eligieran los jueces y magistrados por el voto popular estos estarían enfocados en su elección y en el cargo más que en la impartición de justicia y salvaguarda de orden jurídico, se convertirían en personajes públicos que no se atreverían a tomar decisiones difíciles ni impopulares pero necesarias con tal de permanecer en el cargo. Un claro ejemplo podrían ser periodistas u opositores al régimen, los jueces no tendrían el valor ni la tranquilidad del asilamiento político para proteger sus derechos político-electorales, porque sus decisiones estarían sobre los reflectores y la tiranía de las mayorías los sacaría del cargo. Otro caso serían los jueces del Tribunal Electoral, no tendrían la valía para anular una elección de estado o una elección fraudulenta, no se opondrían al régimen hegemónico.

Hay cientos de casos a lo largo de la historia, cientos de injusticias y vidas perdidas por regímenes populistas y autoritarios. Hoy tenemos un Poder Judicial independiente, sí, con muchos defectos y perfectible bajo muchas aristas, pero que sí representa un auténtico contrapeso al poder mayoritario, que sí protege a las minorías y a los disidentes del régimen, que sí garantiza una auténtica democracia, que otorga libertad a la población. La reforma tal y como está escrita en borrador representaría un gran retroceso para México, se acabaría la República Democrática tal y como la conocemos. Nuestro país pasaría a una etapa de autoritarismo y régimen hegemónico como en el siglo pasado.