La democracia frente a la incertidumbre: lo que el debate sobre el fracking realmente nos enseña

¿Por qué, precisamente cuando la ciencia sabe más que nunca, las decisiones públicas parecen cada vez más difíciles?

Nunca habíamos acumulado tanto conocimiento científico sobre el mundo y, al mismo tiempo, nunca había resultado tan difícil decidir qué hacer con ese conocimiento. Cada avance tecnológico amplía nuestra capacidad de transformar la realidad, pero también multiplica las preguntas que las sociedades deben responder antes de decidir cómo usar ese poder. La ciencia avanza rápido; las instituciones que deben gobernarla, mucho más lento.

Esa tensión no es nueva. La electricidad, a finales del siglo XIX, prometía revolucionar la vida urbana, pero también incendiaba casas y electrocutaba a quienes la manipulaban sin estándares de seguridad. La respuesta no fue prohibirla ni ignorar sus riesgos: fue construir códigos eléctricos, certificaciones e inspecciones que permitieran aprovechar sus beneficios mientras se reducían sus peligros. La aviación, la energía nuclear, la biotecnología y hoy la inteligencia artificial han repetido el mismo patrón: el desafío nunca fue solo tecnológico, sino institucional.

Toda tecnología disruptiva crea dos innovaciones simultáneas: una tecnológica y otra institucional. La primera suele llegar mucho antes que la segunda.

Llamaré a esto el desfase institucional de la innovación: el desfase inevitable entre la velocidad con la que la ciencia genera nuevas capacidades y la velocidad, mucho menor, con la que las instituciones aprenden a regularlas. Ese desfase no es una anomalía. Es una característica permanente del progreso. La pregunta decisiva no es si puede eliminarse por completo, sino si una sociedad tiene la capacidad de reducirlo antes de que sus costos se vuelvan demasiado altos.

El debate colombiano sobre el fracking es un buen laboratorio para observar ese desfase en tiempo real. Mientras distintos sectores proponen reactivar la exploración de yacimientos no convencionales como respuesta a los problemas energéticos y fiscales del país, otros impulsan su prohibición definitiva por razones ambientales, climáticas y territoriales. El País resumió recientemente esos enfoques contrastantes en la campaña colombiana. Entre ambas posiciones, Colombia discute casi cualquier cosa menos la pregunta que debería estar en el centro: si sus instituciones están preparadas para gobernar una tecnología cuya evaluación científica sigue siendo compleja.

Lo que la evidencia dice — y lo que no

Con demasiada frecuencia la discusión se reduce a dos bandos que apelan a “la ciencia” como si esta hubiera emitido ya un veredicto. No lo ha hecho, porque no es su función. La ciencia no produce certezas definitivas, sino el mejor conocimiento disponible, siempre sujeto a revisión cuando aparece nueva evidencia. Pedirle que resuelva por sí sola un dilema político es pedirle algo para lo que no fue concebida.

Lo que sí sabemos, con razonable solidez, es esto. Uno de los estudios más exhaustivos realizados sobre el tema — el de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), con más de 1.200 fuentes revisadas durante seis años — no concluyó que existieran impactos sistemáticos y generalizados sobre los acuíferos por la fractura hidráulica en sí, que ocurre a kilómetros de profundidad. Sí encontró, en cambio, evidencia de que ciertas actividades del ciclo del fracking pueden afectar recursos de agua potable bajo determinadas circunstancias, especialmente cuando hay fallas en la construcción de los pozos, manejo inadecuado de aguas residuales o derrames superficiales. Se trata, en buena medida, de riesgos de ingeniería y fiscalización, no solamente del principio físico de la técnica.

Con la sismicidad ocurre algo parecido. La revisión de Schultz et al., publicada en Reviews of Geophysics en 2020, muestra que el riesgo existe, pero depende sobre todo de la geología local, de la presencia de fallas activas y de cómo se gestiona el agua de retorno, más que de la fractura misma. Y en el terreno climático, distintos estudios satelitales y mediciones atmosféricas han mostrado que las emisiones de metano del sector petróleo y gas han sido subestimadas en inventarios oficiales. Alvarez et al., por ejemplo, estimaron que las emisiones de la cadena de suministro estadounidense eran cerca de 60% superiores a las cifras de la EPA, lo que erosiona el argumento del gas como “puente limpio” hacia la transición, aunque el balance final sigue dependiendo de cuánto carbón efectivamente se desplace.

Para quien busque una respuesta categórica, esto es frustrante. No demuestra que el fracking sea intrínsecamente seguro, pero tampoco que conduzca inevitablemente al desastre. Revela algo más incómodo: los beneficios y los riesgos dependen del contexto geológico, técnico e institucional en el que la tecnología se despliega. En el caso colombiano, la propia arquitectura de los Proyectos Piloto de Investigación Integral revela que aún existían incertidumbres relevantes que debían ser estudiadas antes de una decisión definitiva. La Comisión Interdisciplinaria Independiente recomendó avanzar primero con pilotos bajo condiciones específicas, y su informe señaló que el conocimiento hidrogeológico en Colombia es disperso. Esa clase de información debería preceder a una autorización plena, no seguirla.

Ese es el punto donde el desfase institucional deja de ser una idea abstracta y se convierte en un problema práctico. La tecnología existe, la presión económica existe, la discusión política existe, pero la capacidad institucional para evaluar con precisión los riesgos locales parece avanzar a un ritmo mucho más lento.

Cómo aprenden las instituciones

Aquí el debate deja de ser sobre hidrocarburos y se convierte en un debate sobre democracia. Cuando la evidencia no ofrece certezas absolutas, la decisión no puede descansar solo en los científicos ni resolverse con consignas. Debe pasar por instituciones capaces de evaluar información incompleta, revisar sus decisiones y corregirlas cuando aparece nueva evidencia.

La diferencia es importante. En un régimen autoritario basta con decidir. En una democracia también es necesario convencer, deliberar y construir legitimidad. La incertidumbre científica no solo desafía la capacidad técnica del Estado; también pone a prueba la capacidad de la democracia para producir decisiones colectivas aceptadas como legítimas aun cuando el conocimiento permanezca incompleto. Por eso, una buena deliberación pública no debería aumentar la polarización, sino reducirla: no eliminando los desacuerdos, sino organizándolos alrededor de evidencia verificable, reglas claras y procedimientos confiables.

Una democracia no necesita certezas absolutas para decidir; necesita instituciones capaces de gobernar la incertidumbre sin convertirla en parálisis ni en polarización.

La experiencia internacional lo confirma, pero con matices que suelen perderse cuando se cita en bloque. Estados Unidos transformó su mercado energético con el shale. Argentina ha convertido Vaca Muerta en uno de los motores de su recuperación energética y exportadora, con producción creciente, mejoras de infraestructura y un superávit energético que podría alcanzar nuevos máximos en 2026. Francia, en cambio, prohibió el fracking en 2011 invocando el principio de precaución consagrado en su Carta del Medioambiente, una decisión tomada antes de tener exploración comercial significativa. El Reino Unido sí permitió operaciones bajo protocolos estrictos, y solo impuso la moratoria en 2019 después de que la fractura provocara sismos documentados y de que un tribunal encontrara que el gobierno había ignorado el impacto climático en su política.

Es decir: un país decidió por anticipación normativa; el otro, por evidencia acumulada de daño. Ambos terminaron restringiendo el fracking, pero lo hicieron por rutas institucionales distintas: Francia desde la precaución normativa; el Reino Unido, después de que la evidencia sísmica y climática modificara la evaluación pública del riesgo. La House of Commons Library resume esa trayectoria regulatoria y la persistencia de una moratoria efectiva hasta que exista evidencia convincente sobre la gestión del riesgo sísmico.

Reducir el desfase institucional no significa decidir siempre a favor de la innovación, ni siempre en contra. Significa crear la capacidad de aprender antes, durante y después de cada decisión. Significa tener información de línea base, pilotos verificables, monitoreo independiente, reglas de suspensión, transparencia pública y autoridad real para corregir el rumbo. Sin esos mecanismos, la democracia queda atrapada entre dos formas de simplificación: la promesa tecnológica sin cautela y la prohibición absoluta sin aprendizaje.

Las sociedades no adoptan tecnologías complejas solo porque confían en la ciencia. Las adoptan porque confían en quienes deben supervisarlas. La misma técnica puede generar tranquilidad en un país y rechazo profundo en otro, dependiendo de la credibilidad de sus reguladores, de la independencia de sus organismos técnicos y de la capacidad del Estado para corregir errores cuando aparecen. Los debates tecnológicos son, en el fondo, debates sobre confianza institucional.

El principio de precaución no es lo contrario de la innovación

Con frecuencia se presenta el principio de precaución como el freno opuesto a la innovación. No lo es. Es una forma de gobernarla cuando las consecuencias de un error pueden ser graves o irreversibles. No busca impedir el progreso, sino reconocer que la ausencia de certeza absoluta no puede usarse como excusa para ignorar riesgos significativos.

Su dificultad, como la de casi todo principio de política pública, está en el equilibrio. Aplicado con laxitud permite daños evitables; llevado al extremo inmoviliza beneficios reales. La pregunta no es elegir entre innovación y precaución, sino construir instituciones capaces de revisar ese equilibrio a medida que cambia el conocimiento.

Este ensayo no defiende el fracking como política pública para Colombia, ni tampoco lo descarta. Su tesis es distinta: la calidad de una decisión democrática depende menos de si existe una tecnología que de la capacidad institucional para evaluarla continuamente y corregir el rumbo cuando la evidencia cambia.

Vista así, la pregunta que Colombia lleva años haciéndose — ¿permitir o prohibir el fracking? — probablemente no es la más importante. La pregunta que debería anteceder a esa es si el país tiene, hoy, información hidrogeológica de calidad, organismos reguladores independientes, capacidad efectiva de supervisión y disposición real para corregir decisiones cuando la evidencia lo exija. Con lo que sabemos hasta ahora, la respuesta honesta a esa pregunta previa es, en el mejor de los casos, incompleta.

Esa incompletitud no obliga automáticamente a prohibir para siempre. Pero sí debería impedir que la política actúe como si el problema ya estuviera resuelto.

Cuando la democracia aprende

El caso del fracking es apenas un anticipo. Dentro de pocos años estaremos discutiendo sistemas avanzados de inteligencia artificial, biología sintética, pequeños reactores nucleares, computación cuántica o tecnologías que hoy apenas comenzamos a imaginar. En todos esos casos volverá a plantearse el mismo dilema: ¿cómo debe decidir una democracia cuando la ciencia todavía está aprendiendo?

Las sociedades progresan cuando todos sus actores aprenden juntos. La ciencia aprende cuando corrige sus propios errores. Las empresas aprenden cuando experimentan e innovan. Los medios, las universidades y la sociedad civil aprenden cuando someten ese conocimiento al escrutinio público. El Estado aprende cuando convierte esa experiencia en regulación efectiva. Y la democracia aprende cuando logra deliberar con información, reconocer la incertidumbre y reducir la polarización sin transformar cada desacuerdo técnico en una batalla ideológica.

Cuando alguno de estos actores deja de aprender, el desfase institucional se amplía y la incertidumbre se convierte en fuente de conflicto. Cuando aprenden conjuntamente, la incertidumbre no desaparece — nunca desaparecerá por completo — , pero deja de ser un obstáculo insuperable y se transforma en un riesgo administrable.

Quizá la paradoja inicial tenga una explicación sencilla. Nunca habíamos sabido tanto sobre el mundo porque nunca antes habíamos producido conocimiento a esta velocidad. Y nunca había sido tan difícil decidir porque nuestras instituciones siguen aprendiendo al ritmo de una época más lenta.

La verdadera enseñanza del debate sobre el fracking en Colombia no es, entonces, si el país debe perforar o prohibir. Es si tiene instituciones capaces de aprender frente a aquello que todavía no sabe con certeza.

El verdadero desafío de las democracias del siglo XXI no será simplemente innovar. Será aprender a gobernar una innovación que nunca dejará de adelantarse a ellas.

Fuentes verificables enlazadas

• EPA (2016), Hydraulic Fracturing Study — Final Assessment

• USGS / Schultz et al. (2020), Hydraulic fracturing induced seismicity

• Eos/AGU sobre Turner et al. (2016), U.S. methane emissions on the rise

• Alvarez et al. (2018), Assessment of methane emissions from the U.S. oil and gas supply chain

• Reuters (2026), Vaca Muerta expected to lift Argentina energy surplus…

• Légifrance, Loi n° 2011–835 prohibiendo la fracturación hidráulica

• Légifrance, Charte de l’environnement

• GOV.UK (2019), Government ends support for fracking

• House of Commons Library, Local consent for fracking

• El País (2026), debate ambiental y fracking en la campaña colombiana

• ANLA, Proyectos Piloto de Investigación Integral de Yacimientos No Convencionales