La formalización conducida por parte de empresas mineras formales como alternativa de solución a la problemática de la minería informal

Resumen (Abstract)

La minería informal en Perú representa un complejo desafío para el desarrollo sostenible del sector extractivo, manifestando considerables impactos económicos, sociales y ambientales. Este estudio se adentra en la viabilidad de formalizar dicha actividad, centrándose en el potencial de las empresas mineras formales como agentes de cambio. La formalización, un proceso bastante complicado, demanda la colaboración entre diversos actores, incluyendo gobierno, empresas mineras, mineros informales y comunidades locales.

En este contexto, se propone la formalización liderada por empresas mineras formales como estrategia para contrarrestar los impactos adversos de la minería informal, fomentando acuerdos colaborativos de beneficio mutuo y promoviendo el desarrollo sostenible. Se destaca el papel crucial de estas empresas como facilitadoras del proceso, ofreciendo asistencia técnica, capacitación, financiamiento y facilitación para el procesamiento y la comercialización de minerales. Sin embargo, este enfoque también enfrenta desafíos significativos en el país.

En ese sentido, la construcción de confianza mutua entre las partes interesadas se erige como una barrera fundamental, exacerbada por la falta de comunicación y entendimiento entre los actores y el rechazo lógico que puede suscitar tratar con grupos informales que explotan recursos dentro de concesiones mineras ajenas. La garantía de una distribución equitativa de estos beneficios y la reducción de riesgos laborales y ambientales son imperativos para la sostenibilidad social y ambiental del proceso. Se enfatiza la necesidad de un enfoque holístico o multifacético que combine la formalización con medidas de desarrollo sostenible y una gobernanza efectiva.

El estudio reconoce el papel crucial del Estado y las comunidades locales en el éxito de la formalización. Se recomienda que el Estado implemente políticas públicas que fomenten este proceso, mientras se destaca la importancia de la participación activa de las comunidades locales en la toma de decisiones y la distribución equitativa de beneficios. Este trabajo también identifica algunos desafíos específicos que enfrenta la minería informal en Perú, como la presencia de actores ilegales, la falta de acceso a capital y tecnología, y la degradación ambiental que debe remediar.

Entre las conclusiones se encuentra la formalización liderada por empresas mineras formales, que si se implementa de manera responsable, transparente, equitativa y sostenible, considerando las necesidades de todas las partes interesadas y el complejo contexto social de la minería en Perú, representa una alternativa viable para abordar los desafíos de la minería informal y promover el desarrollo sostenible del sector extractivo en el país. Se destaca, asimismo, la importancia de un enfoque colaborativo, multiactor y multisectorial para lograr una formalización exitosa que promueva el desarrollo sostenible del sector minero.

Las recomendaciones finales del estudio incluyen la promoción de la transparencia en todos los procesos de formalización, el ofrecimiento de incentivos atractivos para los mineros informales, el trabajo cercano con las comunidades locales, garantías de seguridad para las empresas mineras formales y el fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado. Estas acciones son fundamentales para sentar las bases de una minería más sostenible y equitativa en Perú, y para orientar futuras investigaciones y estrategias en este ámbito.

Palabras clave: actividad minera, acuerdos de beneficio mutuo, afectación, ambiente, conflicto, conflicto social, conflictos sociales, colaboración, confianza, contaminación, convivencia pacífica, comunidades locales, crimen organizado, delito, delitos asociados, desarrollo económico, desarrollo comunitario, desarrollo local, desarrollo productivo, desarrollo territorial, desarrollo sostenible, diálogo multiactor, empresas mineras, estabilidad, Estado, Estado peruano, empresas formales, empresas mineras formales, formalidad, formalización, formalización minera, gestión social, gestión ambiental, gobernabilidad, gobernanza, gobernanza minera, gobierno, gobierno peruano, incentivos, incertidumbre, informalidad, informalidad minera, institucionalidad, interculturalidad, impacto, impacto social, impacto ambiental, legitimidad, licencia social, MAPE, medioambiente, minería, minería artesanal, MINEM, minería ilegal, minería informal, negociación, operación minera, organización criminal, oro, oro ilegal, participación, participación comunitaria, paz social, Pataz, pequeña minería, política minera, políticas públicas, relacionamiento, relaciones comunitarias, regulación minera, responsabilidad social empresarial, Reinfo, riesgo social, RSE, RSC, riesgos sociales, sector extractivo, sector minero, seguridad, SNMPE, sostenibilidad, sostenibilidad minera, transparencia, valor compartido, viabilidad social.

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Por César Reyna Ugarriza, consultor en temas económicos, políticos y sociales. Correo: cesarreyna78@gmail.com

ÍNDICE

1. Presentación de la problemática de la minería -ilegal y su impacto en la minería formal

1.1. ¿En qué se diferencian realmente la minería informal y la minería ilegal?

1.2. La relación de la minería ilegal con el crimen organizado

1.3. Contexto económico y social de la minería informal-ilegal

1.4. Análisis de la problemática de la minería informal-ilegal

2. Objetivos de la investigación

3. Causas del crecimiento de la minería informal-ilegal

4. Requisitos o condiciones previas para la viabilidad de las propuestas

5. Alternativas de solución dirigidas a la minería formal e informal

6. ¿Por qué las empresas mineras formales deberían tratar con los grupos de mineros informales? ¿Por qué deberían arribar a acuerdos?

7. ¿Qué incentivos tendrían los mineros informales para aceptar arreglos con las empresas mineras formales? ¿Por qué los contemplarían?

8. Identificación de las principales dificultades para aplicar las soluciones propuestas

9. Conclusiones y recomendaciones

9.1.Conclusiones

9.2.Recomendaciones

9.2.1. Recomendaciones para las empresas mineras formales

9.2.2. Recomendaciones para los grupos de mineros informales

9.2.3. Recomendaciones para el Estado

9.2.4. Alineación de las recomendaciones con los ODS

10. Fuentes de la investigación

1. Presentación de la problemática y contexto de la minería informal-ilegal y su impacto en la minería formal. –

La minería informal-ilegal representa un problema con el que deben lidiar varias empresas mineras de exploración (juniors) y de explotación pertenecientes al rubro de la mediana y gran minería en Perú. Esta situación la ha convertido en un riesgo real para las operaciones que desarrolla actualmente la minería formal, por lo que debe ser monitoreado y evaluado para diseñar estrategias y acciones que permitan la continuidad de la actividad productiva formal, a fin de garantizar la inversión privada y procurar el crecimiento y desarrollo del país, dependiente en gran medida de la inyección de capitales foráneos y nacionales que dinamizan y amplían la economía.

Un número apreciable de empresas del sector minero formal se ve hoy en día amenazado por las actividades mineras irregulares que se desarrollan dentro de las concesiones mineras adquiridas de manera legal y legítima por las primeras. El problema en sí radica en que la realización de estas actividades, catalogadas como informales o ilegales por la normativa peruana e internacional, colisionan con los derechos intereses de varias empresas mineras formales de exploración o explotación. Esto pone en serio riesgo la viabilidad operativa, económica y social de un conjunto de proyectos mineros en momentos en que la economía nacional necesita reactivarse para crecer a tasas cercanas o iguales a su potencial.

1.1. ¿En qué se diferencian realmente la minería informal y la minería ilegal?

Antes de continuar, conviene precisar qué es la minería informal, la minería ilegal y la diferencia y relación entre ambas, toda vez que existen dudas recurrentes sobre el contenido y alcances de dichos conceptos. Estos términos se emplean equivocadamente como sinónimos. Sin embargo, las características e impactos de ambas clases de minería indican que se trata de fenómenos bastante diferenciados.

Cabe precisar que la distinción entre la minería ilegal e informal la realiza el marco jurídico, en concreto el Decreto Legislativo N° 1105, que los define de la siguiente manera:

a) Minería Ilegal. — Actividad minera ejercida por persona, natural o jurídica, o grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla (Pequeño Productor Minero o Productor Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, o que se realiza en zonas en las que esté prohibido su ejercicio. Sin perjuicio de lo anterior, toda actividad minera ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de actividad minera, se considera ilegal.

b) Minería Informal. — Actividad minera que es realizada usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla (Pequeño Productor Minero o Productor Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, en zonas no prohibidas para la actividad minera y por persona, natural o jurídica, o grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad que hayan iniciado un proceso de formalización conforme se establece en el Decreto Legislativo N° 1105.

En sí, la minería informal se vincula por lo general con la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) que opera solamente en lugares en los que se encuentra admitida la explotación de recursos minerales. La particularidad que la convierte en informal es que no cuenta con la autorización para realizar esta actividad en un régimen de concesiones, pero ha iniciado el proceso de formalización ante al Estado. Este tipo de actividad minera suele emplear maquinaria permitida de acuerdo con su capacidad de producción, ya sea pequeña minería o minería artesanal, y no es perseguida por la ley. Ello da lugar o generar infracciones administrativas, pero no configura un delito penal.

Por su parte, la minería ilegal[1] es aquella que realiza labores de exploración, extracción y explotación de minerales en áreas no autorizadas por las normas, como cuerpos de agua (cabeceras de cuenca, ríos, quebradas, cochas), áreas naturales protegidas (ANP), sitios arqueológicos, zonas urbanas, entre otros. Los diferentes tipos de minería ilegal que existen en Perú son la minería aluvial aurífera, la minería de oro en Madre de Dios o la minería ilegal de carbón.

A demás esta actividad usa maquinaria no autorizada para la pequeña minería o minería artesanal como dragas, o insumos controlados o estrictamente prohibidos como el mercurio. En el caso de las dragas, se trata de unidades móviles utilizadas comúnmente en la minería aluvial a extensas zonas de la Amazonía, mediante las que absorben los bancos de arena y sedimentos del fondo del río en busca de oro. En lo que se refiere al mercurio, es un material reactivo que contamina los componentes ambientales (aire, agua y suelo), cuya utilización se encuentra bastante extendida por su reducido costo y fácil empleo para filtrar y separar el oro del resto de impurezas y elementos minerales.

1.2. La relación de la minería ilegal con el crimen organizado

La minería ilegal se encuentra ligada con actividades delictivas de gravedad como el tráfico de drogas, el trabajo forzoso y trabajo infantil, la trata de personas, el sicariato, la extorsión, el homicidio, la invasión de tierras, la evasión tributaria y el lavado de activos, entre otros. Al respecto, el representante de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), gremio que reúne a las principales empresas extractivas del país, destacó en un evento organizado en diciembre pasado por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Peruanas (CONFIEP) que “la minería ilegal es una amenaza al orden interno, la seguridad nacional y la seguridad ciudadana”. Asimismo, señaló que esta “tiene influencia política, social y gana control en varios territorios con mucha violencia. […] La minería ilegal es la principal fuente de lavado de activos, redes de corrupción y otros delitos”[2].

Por su parte, el Superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mencionó que “hay una vinculación clara entre el fenómeno de la minería ilegal con actos de terrorismo” luego de opinar sobre el atentado ocurrido días atrás contra la minera Poderosa en Pataz, región La Libertad, el que produjo la muerte de un trabajador y dejó varios heridos. El funcionario señaló que añadió, “ya estamos siendo testigos de que la minería ilegal está usando recursos muy violentos, como lo que ha ocurrido en Pataz, que ponen en jaque el orden público y la estabilidad de la región y de todo el país”. En otro parte de la entrevista refirió que hay evidencias de la participación de organizaciones criminales extranjeras en estos ataques. “Hay que tener en cuenta que este fenómeno no es muy reciente, ya venían actuando organizaciones extrayendo mineral de denuncios formalmente otorgados por el Estado peruano al amparo de los registros temporales (Reinfo); (…) entraban al terreno de una mina con hombres armados, (…) se ha evidenciado que algunas de esas personas son de origen extranjero y que pertenecen a organizaciones criminales del extranjero”, expresó (Perú 21, 2024).

La vinculación entre minería ilegal y otras actividades ilícitas se debe a varias razones, como el financiamiento de la primera para obtener ganancias y lavar recursos provenientes de otros delitos como el narcotráfico, principalmente. Otro motivo es la necesidad de protección que precisan las operaciones mineras ilegales para evitar asaltos, robos e invasiones de otros grupos armados, así como repeler los operativos policiales o intimidar a los agentes del orden. Un factor adicional es que el uso de la violencia permite que los mineros ilegales dobleguen a las empresas mineras formales, quienes se ven amedrentadas y suelen abandonar determinadas áreas concesionadas de las que son titulares de manera total o parcial. El delito se extiende al financiamiento irregular de campañas electorales de políticos que luego brindan soporte al asumir funciones (cohecho o corrupción de funcionarios).

1.3. Contexto económico y social de la minería informal-ilegal

El sector minero es uno de los más dinámicos y relevantes de la economía peruana por su aporte a diversos indicadores macroeconómicos como el crecimiento económico, medido a través del PBI, que en el año 2022 representó el 8.3% de dicho componente nacional, además contribuyó con el 58.9% de las exportaciones peruanas, y significó el 10.8% de la inversión privada (MINEM, 2023). La economía peruana retrocedió 0,55% en 2023, pero la contracción habría sido de 1,44% de no ser por el aporte de la minería, indicó el Instituto Peruano de Economía (IPE) señaló que el sector fue el único que creció en términos reales, con una expansión de 0,9% (BNamericas, 2024).

Además, el Perú es uno de los principales productores de minerales en el mundo incluyendo a 8 de los más comercializados: cobre, oro, plata, zinc, plomo, estaño, hierro y molibdeno. De acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre y zinc, el tercer mayor productor de plata, y en cuanto al oro ocupa el décimo lugar como productor; mientras que, en Latinoamérica es el segundo mayor productor de importantes minerales como el oro, cobre, plata, plomo, entre otros. (U.S.Geological Survey (USGS), 2023).

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó en su reporte titulado “Análisis de la minería ilegal como delito precedente del lavado de activos” (2024) que tras el “(…) análisis realizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional en su informe “Tras el Dinero del Oro Ilícito”, la diferencia entre las exportaciones y la producción oficial de oro en el país (Perú) podría provenir de la minera informal no registrada y de la ilegal (OEA-DDOT, 2021). En ese sentido, se elaboró un cuadro actualizado, en el cual se puede observar que en el año 2022 el 45% de lo exportado no cuenta con registros de producción”.

En esa línea, el portal Ojo Público, en una investigación conjunta con otros medios de la región titulada “Las rutas del oro sucia de la Amazonia” (2024), reveló que “según (…) datos de exportaciones elaborada para esta serie, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia exportaron por lo menos 3.080 toneladas de oro de origen desconocido en la última década. Estas cantidades son el resultado de las discrepancias entre lo que los países declaran producir formalmente (y por lo tanto, conocer el origen del mineral) y lo que finalmente sale exportado. La cifra más amplia la tiene Perú, que concentra el 92% de esa cantidad (2.849 toneladas)”.

Especialistas consultados por la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) consideran que si se suman los costos directos e indirectos anuales generados por la minería no formal de oro en el 2022, tenemos un total de US$ 6,000 millones, con un 39% del oro producido en el Perú valorizado en US$ 4,000 millones, parte de esa producción se va como contrabando fuera del país (SNMPE, 2023).

Ahora bien, según los hallazgos del estudio “Abordaje Integral de la Minería Ilegal e Informal en el Perú” llevado a cabo por la consultora V&C bajo el encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en el Perú, la minería ilegal ocasiona pérdidas que superan los 22 700 millones de soles, lo que representa aproximadamente el 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI). Este fenómeno se ha expandido por todas las regiones del país, causando daños irreparables a los ecosistemas y generando serios problemas sociales, ambientales y económicos. La minería ilegal se lleva a cabo sin ningún tipo de regulación ambiental ni supervisión, en condiciones peligrosas y con prácticas laborales cercanas a la esclavitud. Además, se ha destacado que la minería ilegal está vinculada al narcotráfico y otros delitos como el sicariato, la trata de personas y la delincuencia organizada. En la actualidad, representa una verdadera amenaza para la seguridad nacional, según informó la SNMPE (SNMPE, 2023).

Según Dante Vera, fundador y gerente general de V&C Analistas, se estima que hay entre 110 mil y 200 mil mineros que trabajan de manera no formal, ya sea de manera informal o ilegal. No se dispone de información precisa sobre la distribución exacta entre estas dos categorías. Además, según algunos estudios, se calcula que existen entre 500 mil y 600 mil trabajadores indirectos relacionados con la minería no formal.

En lo que concierne al impacto ambiental, el mencionado estudio revela que se han perdido alrededor de 2´636,585 hectáreas de bosque entre los años 2001 y 2020 debido a la actividad minera. Esto significa que la tasa de deforestación ha aumentado aproximadamente un 8% cada año. Solo en el año 2020, se perdieron 200 mil hectáreas de bosques, marcando la tasa más alta de deforestación de los últimos 20 años. Además, entre los años 2021 y 2022, se han deforestado un total de 14,117 hectáreas en la región amazónica de Madre de Dios.

Finalmente, según al informe “Minería ilegal en la Amazonia Peruana”, elaborado por el Bosque de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), el 66.6% de la minería ilegal en la amazonia se realiza a través de dragas de diverso tamaño en cuerpos de agua como minería aluvial, y en la región de madre de dios, se reporta minería ilegal combinada entre aluvial en cuerpos de agua y zonas no permitidas con maquinaria pesada (PUCP, 2023).

1.4. Análisis de la problemática de la minería informal-ilegal

La gravedad del asunto, que no viene siendo abordado de manera efectiva y contundente por el Estado, genera gran incertidumbre sobre rumbo del país en materia económica y productiva, así como social y jurídica; social en el sentido de que se presentan diversos conflictos sociales que indicen negativamente en el desempeño de las empresas mineras formales afectadas, y jurídico, porque se pone en tela de juicio la vigencia del Estado de Derecho en el país.

La debilidad institucional del Estado peruano es una de las razones que explica el rápido avance de la minería informal-ilegal en diversas partes del territorio, situación que amenaza directamente la continuidad o ampliación de actividades de importantes empresas mineras. Pese a que desde el gobierno se busca atraer nuevas inversiones, sobre todo en exploración, la respuesta del Ejecutivo ha sido vacilante o insuficiente ante la falta de medidas concretas que ayuden a combatir o resolver el problema. Naturalmente este no se va a reducir o eliminar a mediano o largo plazo, pero se necesitan acciones decisivas por parte del Estado, así como una buena dosis de voluntad y liderazgo político para iniciar una reforma institucional que permita abordar el problema y sus consecuencias derivadas desde la raíz.

Ante la inacción del Ejecutivo Central y la mayoría de partidos políticos con representación en el Congreso, así como de las autoridades subnacionales (gobiernos regionales)[3], quienes poseen las facultades para fiscalizar, sancionar y otras que les fueron transferidas dentro del ámbito del proceso de descentralización iniciado hace dos décadas, corresponde pensar en otras alternativas u opciones para tratar de abordar esta compleja y desafiante realidad, ya que de no hacerlo no solo se pone en peligro la inversión minera, sino la gobernabilidad y estabilidad nacional. La propia vigencia de la democracia peruana se encuentra en entredicho ante la penetración de los intereses de grupos informales-ilegales en la escena política, concretamente en el Parlamento por la defensa de estos intereses por parte de algunos bloques o bancadas parlamentarias. Esto se hizo evidente cuando se derogó abruptamente el Decreto Legislativo 1607, mediante el cual se buscaba poner coto o término al avance de la minería ilegal, actividad que contamina el medio ambiente, explota a los trabajadores, evade impuestos y genera violencia.

La situación, por tanto, exige el planteamiento de medidas adecuadas al contexto, es decir, propuestas viables o factibles dentro de las circunstancias en las que las empresas mineras formales desarrollan o intentan desarrollar sus actividades. Esto implica alinear o compatibilizar toda alternativa de solución con el principio de realidad, en virtud del cual toda acción pensada para amoldar o cambiar el curso de determinados eventos, debe ajustarse necesariamente a las condiciones de partida dadas por el contexto económico, político, social y cultural en el que cada individuo, grupo u organización actúa, considerando para ello las posibles repercusiones de sus acciones sobre los demás y los riesgos que ello supone, así como los posibles intercambios y reacciones esperadas.

Entonces, la posibilidad de modificar o revertir un curso de acontecimientos que en principio se presenta como negativo de no hacer nada al respecto, depende en gran medida de que los objetivos y estrategias de las empresas mineras formales -para tratar el problema- consideren los intereses de las partes o interlocutores con los que, en principio, se encuentran obligados a negociar para arribar a acuerdos sostenibles o viables. Se sabe, de antemano, la dificultad que supone para las empresas mineras formales tratar con grupos irregulares como los mineros informales posesionados en parte de su área de concesiones.

Esta dificultad se debe a que las empresas mineras formales consideran que su actividad es exclusiva y excluyente por el título que reciben del Estado para hacerse legalmente de las concesiones. Por tal motivo, no se encuentran dispuestas a compartir los recursos que puedan descubrirse o explotarse eventualmente al asumir íntegramente el costo de la operación minera (pagos para mantener vigente sus derechos, gastos operativos, inversiones sociales, etc.)

La negativa que pueden esgrimir varias compañías de exploración o explotación a dialogar con grupos de mineros informales para llegar a ciertos entendimientos o consensos se encuentra perfectamente justificada desde el punto de vista legal y moral; sin embargo, evitarlo o rechazarlo no hace que el problema desaparezca. La realidad no se obviar simplemente porque condiciona el presente y futuro de cualquier persona o entidad. No hacer nada no es una alternativa racional dentro del contexto actual. En tal sentido, lo que se propone es intentar vías de acercamiento con aquellos grupos que se encuentran realizando actividades mineras de manera artesanal o de pequeña escala dentro de las concesiones del titular para determinar si es posible encaminar el diálogo. La apuesta o exploración por alternativas de solución pacíficas se debe a una realidad o hecho innegable: que las empresas mineras formales se encuentran realmente solas, esto quiere decir que el Estado no las protege ni acompaña en la práctica.

Esto es absolutamente cierto, ya que muchas empresas mineras formales vienen asumiendo roles o funciones que no les compete como atender necesidades básicas insatisfechas en salud, educación y alimentación de poblaciones que se encuentran dentro de su área de influencia social, por ser, esencialmente, responsabilidad primordial del Estado. Esta situación se aprecia también cuando deben ampliar la cobertura de sus programas de responsabilidad social hacia grupos ubicados en zonas muy distantes de su lugar o centro de operaciones. Todo ello se patentiza en un sinnúmero de casos en los que aceptan responsabilidades que sobrepasan el contenido fundamental de los enfoques de responsabilidad social, valor compartido, desarrollo territorial y sostenibilidad que incorporan y aplican en el ámbito de la gestión social en minería.

La soledad de las empresas mineras formales, al no contar con el Estado como socio fiable, se debe a que este atraviesa una grave crisis institucional y es bastante inestable. La ausencia del mismo en la mayor parte de zonas rurales, donde debería atender demandas sociales y necesidades esenciales, hace que las primeras deban desarrollar planes y programas destinados combatir problemas estructurales de la economía peruana como pobreza extrema, desigualdad, desnutrición crónica, anemia infantil, desempleo, falta de productividad, entre otros. Esto ocurre una vez que la empresa empieza a recorrer las zonas de interés mineralógico dentro de una o varias localidades altoandinas. Las exigencias, en lugar de dirigirse directamente a las diversas entidades que componen al Estado, comienzan a acumularse en las oficinas de relaciones comunitarias de las empresas mineras formales. Estas, naturalmente, no pueden atender todas las solicitudes que reciben y se ven ampliamente desbordadas por las carencias materiales de las poblaciones locales.

A la ausencia del Estado, que no provee servicios básicos de calidad en gran parte del territorio, debe sumarse el alto grado de corrupción, informalidad e incompetencia en materia de gestión pública, lo que se evidencia en la asignación y ejecución del presupuesto que recibe cada jurisdicción. Las transferencias por canon y regalías mineras, aun cuando representen montos importantes, no solucionan los problemas -por sí solas- porque el Estado adolece de capacidad de gestión en todos sus niveles. La ineficiencia administrativa del Estado pasa factura a las empresas mineras formales que desarrollan su actividad en entornos que presentan una serie de disparidades y vulnerabilidades socioeconómicas.

Ante este panorama, aparentemente desolador, las empresas mineras formales buscan maneras de reducir brechas sociales, generar valor social y aportar a la economía del país. Su aporte es más que relevante al sostener el crecimiento económico año tras año. Pero deben reparar en que existe otro problema más con el que deben lidiar: el de la minería informal-ilegal. En este caso conviene separar la minería informal de la ilegal porque solo se promueve tratos o arreglos de beneficio mutuo con la primera y no con la segunda. Sería totalmente contraproducente fomentar cualquier tipo de acuerdo con la minería ilegal por obvias razones. No hace falta mencionar que ello implicaría complicidad con una actividad que se práctica al margen de los principios y valores corporativos que guían a las empresas mineras formales que operan en el país, sean de capital nacional o extranjero.

Para los fines de esta investigación solo se promueve el entendimiento con una actividad susceptible de formalizarse, y no así con actividades ilícitas o al margen de ley, ya que ello entraña serias consecuencias penales. Ninguna empresa desearía verse implicada con actores que comenten delitos contra el ambiente, por ejemplo. De ahí que solo se busca impulsar el trato con aquellos grupos informales de la minería artesanal o pequeña minería localizados dentro de las concesiones de las empresas titulares. De ninguna manera debe interpretarse que diálogo debe ser con todo, sino exclusivamente con aquellos que desean y pueden formalizarse, contando con el apoyo decisivo de empresas mineras formales.

Se incentiva este tipo de aproximación entre empresas mineras formales y grupos de mineros informales por las consecuencias que la minería informal genera sobre los derechos e intereses de la minería formal. En ese sentido, se pretende reducir o eliminar, en la medida de lo posible, algunos impactos sociales que pueden poner en riesgo el desarrollo o continuidad de operaciones mineras formales. Estos acercamientos o contactos no son nuevos, desde luego, pues se conocen casos en los que las mineras formales han brindado asistencia de diversa índole a pequeños productores artesanales. Estos ejemplos reales comprenden capacitaciones en materia de seguridad para evitar accidentes fatales[4] (El País, 2023), procesamiento del mineral extraído en plantas de empresas formales, donación de equipos y vehículos, realización de estudios geológicos y planos para facilitar la explotación, asistencia médica en campo mediante personal sanitario, evacuación de heridos, ayuda en rescates de mineros informales atrapados dentro de socavones (personal de la Mina Cobriza prestó atención decisiva en el rescate de mineros informales en Arequipa), entre otras acciones.

Lo que se quiere decir es que la convivencia o coexistencia pacífica entre las dos actividades, bajo ciertas reglas o acuerdos, puede ser posible siempre y cuando la minería formal se involucre significativamente en el proceso de formalización. Pero además se necesita que llegue a acuerdos sustantivos con estos actores sociales por su peso y significancia dentro del contexto en el que se desenvuelve la minería formal. Esto implica considerar a los mineros informales como grupos de interés local con los que se debe dialogar y tratar para lograr la viabilidad de las operaciones mineras formales. Es o debe ser de interés identificar, mapear, conocer sus posiciones y capacidades para establecer un diálogo fructífero que permita alcanzar determinados acuerdos o consensos mínimos sobre cómo deben articularse y coexistir ambas operaciones.

Esto último puede disgustar a más de un gerente o directivo de empresas mineras formales, y los estudios de abogados que les asesoran; pero es lo que probablemente se necesita en circunstancias en las que no existen otras salidas que emprender un acercamiento con actores que no se van a ir a ningún lado hasta agotar el yacimiento o veta sobre la que trabajan, con el riesgo de expandirse sobre las áreas de interés que la empresa minera formal desea explorar, explotar o produce actualmente. De lo que se trata es evitar un conflicto social mayúsculo o una situación irreversible en la que solo una de las dos actividades prevalezca. La no resolución o abordaje del problema en ciernes a través de diálogo puede conducir a un enfrentamiento inevitable por el control de las áreas, es decir, una crisis inmanejable en la que se produzcan hechos de violencia que pueden lamentarse y dañar la imagen y reputación de los actores involucrados, en particular de las cabezas de las empresas mineras formales.

Dado que si se deja crecer la actividad minera informal sin control, y no se busca el diálogo en etapas tempranas o de manera oportuna, el escenario que podría presentarse sería uno de agudización extrema y posiciones defensivas. Esto mismo ocurre hoy en día en Pataz, provincia minera aurífera de la región La Libertad, en el norte de Perú, donde existe un enfrentamiento directo y casi sin cuartel por el control de la explotación de ricos depósitos de oro. Esta situación ha obligado a la empresa minera Poderosa a aumentar considerablemente su gasto en seguridad[5] (Energiminas, 2024). El mayor gasto en seguridad no ha propiciado el mejoramiento de las condiciones iniciales, ya que la empresa sufre atentados regulares que ocasionan la muerte de sus trabajadores y contratistas, además de la interrupción del suministro eléctrico por el derribamiento con explosivos de torres de alta tensión que proveen energía (La República, 2024). Las amenazas e intentos de invasión son constantes. Pese a la declaración y renovación del estado de emergencia y la presencia de efectivos policiales y militares, que instalaron una base de operaciones en la citada provincia, la situación sigue siendo bastante incierta y se encontraría lejos de ser manejable.

Casos de este tipo se multiplican por todo el país, por lo que algunas empresas, sobre todo las que desarrollan labores de exploración, han optado por retirarse de zonas altamente conflictivas para evitar pérdidas humanas y atentados contra la propiedad privada. Estas deciden no arriesgarse hasta que se den las condiciones, es decir, se reduzca la inseguridad y tengan plenas garantías. Esta ha sido la actitud de la empresa Summa Gold, de capitales peruanos, titular de concesiones mineras en el distrito liberteño de Huamachuco (La Libertad), que ante el aumento de la violencia e intimidación, resolvió abandonar sus exploraciones cerca de donde opera su mina de oro Isabelita (Gestión, 2024a). La protección de la minería formal debe ser una prioridad del Estado peruano, que actúa casi siempre de manera reactiva y sobre hechos aparentemente consumados, esto es, cuando la situación es realmente crítica y ha desbordado sus capacidades para intermediar o poner orden. En este caso en especial la consecuencia inmediata, tras la paralización forzada de la empresa, es la irremediable caída en la inversión ejecutada y el riesgo de reducir la producción en niveles que oscilan entre el 20 al 25%, lo que reduciría significativamente los márgenes de ganancia empresariales y los tributos que cobra el Estado.

Los conflictos entre la minería formal e informal-ilegal generan sobrecostos como el mayor gasto en la implementación de medidas de seguridad (contratación de personal especializado, gastos en nueva infraestructura y equipos, etc.), la reducción de actividades operativas (caída apreciable de la producción o contracción de la inversión en exploración), el abandono de la concesión por tiempo indeterminado, acciones legales dirigidas contra los invasores (costos asociados por el inicio de procesos penales), el deterioro de las relaciones con los actores locales (habida cuenta de que en varios casos algunos comuneros y/o ronderos trabajan en la minería informal-ilegal), declive pronunciado en la valorización de la acción, pérdida de personal que decide renunciar o ser reasignado, pérdidas económicas desde la toma de zonas de trabajo, dificultades para captar nuevo personal en distintas áreas, entre otras consecuencias e impactos relevantes.

La necesidad de contemplar acuerdos con grupos de mineros informales parte de las razones anteriormente expuestas como la ausencia y escaso acompañamiento del Estado, que no es capaz de garantizar la seguridad de las operaciones mineras; la debilidad institucional del mismo en materia de fiscalización y sanción de actividades informales e ilegales, la presencia de grupos de mineros informales en concesiones a los que no se puede expulsar por vías de hecho en la mayoría de casos (su ejercicio legal), la asociación de estos grupos con las comunidades titulares de los terrenos donde se desarrolla o espera desarrollar actividades mineras formales, la exigencia de controlar riesgos (evitar el ingreso de más mineros irregulares), y el presumible agravamiento de la situación o conflicto (estadio de crisis en la zona) mediante ataques o amenazas por parte de algunos sectores.

La minería informal-ilegal representa un desafío para las empresas mineras en formales Perú dedicas a la exploración y explotación. Esta situación afecta su viabilidad operativa y plantea riesgos económicos, ambientales y sociales. La falta de acción efectiva por parte del Estado ha venido agravando la situación, generando gran incertidumbre social, económica, productiva y legal.

Siendo este el horizonte y los probables escenarios que enfrentarían las empresas mineras formales afectadas por la presencia de la minería informal o ilegal a corto, mediano o largo plazo, conviene, con toda sinceridad, que reformulen sus estrategias de cara al futuro para reducir la posibilidad desenlaces o resultados indeseados que podrían evitarse mediante acciones idóneas, decisivas y oportunas.

2. Objetivos de la investigación. –

En esta parte se describe los objetivos específicos de la investigación, que apuntan a proporcionar una comprensión más profunda del problema de la minería informal-ilegal e identificar posibles soluciones. A continuación se presentan los objetivos de la misma:

a) Alcanzar la convivencia pacífica y duradera entre las empresas mineras formales y grupos de mineros informales. Para lograr dicho fin se plantea la creación de una relación estable gracias la celebración de acuerdos de beneficio mutuo de largo plazo[6].

b) Formalizar, a partir de las capacidades y experiencia de las empresas mineras formales, a grupos de mineros informales que laboran en las concesiones de las primeras[7].

c) Evitar el crecimiento caótico de las actividades mineras informales o que estas transmuten a la condición de ilegales debido al involucramiento y ambición desmedida de organizaciones criminales, la clamorosa inacción del Estado y la ausencia de iniciativas concretas que aborden efectivamente el problema[8].

d) Controlar o reducir los riesgos sociales asociados por la presencia y expansión de actividades mineras informales sobre áreas debidamente concesionadas a empresas mineras formales[9].

e) Aumentar sustancialmente los ingresos de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), tradicionalmente vinculada a la explotación de oro, mediante mejoras significativas en la productividad y seguridad operativa bajo el cumplimiento de estándares sociales y ambientales reconocidos en las normas peruanas[10].

El presente artículo busca ser de utilidad para funcionarios públicos, representantes de empresas mineras formales, grupos informales, organizaciones de la sociedad civil y público en general interesado en la problemática de la minería informal-ilegal y su impacto en el desarrollo y estabilidad del país.

3. Causas del crecimiento de la minería informal-ilegal. –

En esta sección se identifican las causas y profundiza el análisis de las mismas. Estas explicarían el crecimiento experimentado de la minería informal-ilegal en el Perú, detectando una variedad de factores socioeconómicos, políticos, culturales e institucionales en su génesis. Lo que se buscan es proporcionar una visión detallada y exhaustiva de los factores que contribuyen al crecimiento de este fenómeno.

A continuación se presentan las principales causas que explica la expansión de la minería informal o ilegal en Perú:

i) La falta de oportunidades económicas y la pobreza en las zonas rurales es una de los principales impulsores de las actividades mineras informales-ilegales. Los factores socioeconómicos detrás que impulsan la minería ilegal son fenómenos como la pobreza, la falta de oportunidades de empleo adecuado y la falta de acceso a servicios básicos.

Al respecto, el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) que analiza el periodo 2012–2022 sobre el delito de lavado de activos procedente de la minería ilegal (2024), indica lo siguiente:

“La falta de empleo adecuado, tanto en zonas rurales como urbanas, (…) provoca que sectores de la población opten por una actividad que les genera ingresos importantes, como la minería ilegal o informal. Respecto a este factor, en el indicador nivel de ingreso por trabajo que forma parte del Índice de Competitividad Regional (INCORE)**[11], un análisis hecho por el Instituto Peruano de Economía (IPE), se observa que Madre de Dios ocupa el tercer lugar de los ingresos más altos (1 640 soles) solo por debajo de regiones como Moquegua y Lima, lo que lo hace una región atractiva para la población de escasos recursos en la zona de la selva”[[12]](#_ftn12)**.

Cada vez más jóvenes procedentes de zonas rurales dejan sus estudios escolares o no continúan la educación técnica o superior para ir a laborar a zonas de explotación minera informal-ilegal. Esto ocurre en lugares como el distrito de Corani en Puno, donde menores de edad y adultos jóvenes terminan laborando en zonas productoras en Ollachea bajo el riesgo y la precariedad.

ii) La debilidad del marco regulatorio del Estado y la corrupción asentada dentro de las instituciones públicas. La debilidad institucional del Estado peruano es una razón clave detrás del avance de la minería informal-ilegal. A pesar de los esfuerzos del gobierno peruano por atraer inversiones, la respuesta ante este problema ha sido insuficiente. La falta de medidas concretas para formalizar la minería informal y combatir la ilegal ha contribuido enormemente a su crecimiento. Los factores políticos e institucionales que facilitan la minería ilegal son la corrupción, la debilidad de las instituciones públicas y la consecuente falta de aplicación de la ley que deriva en la desprotección de las operaciones mineras formales.

En ese sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el mismo informe (2024), señala lo siguiente:

“Una preocupante debilidad institucional del Estado Peruano, que se traduce en una muy limitada capacidad de control y fiscalización en los territorios. Respecto a este factor, el indicador INCORE acerca del desempeño de la institucionalidad nacional, ha presentado una evolución desfavorable, disminuyendo de 5.24 puntos en 2014 a 5.12 puntos en 2022. Según el Foro Económico Mundial, aunque el Perú ha mostrado un buen desempeño en términos macroeconómicos y fiscales, todavía se encuentra atrasado en la mayoría de los aspectos relacionados con el aumento de la competitividad y la productividad, incluyendo el pilar institucional**[13]**.(Arana, 2023)”[14].

iii) La creciente demanda de minerales en el crecimiento de la minería informal-ilegal, en particular la del oro y cobre. El primero aumenta de precio ante la incertidumbre que existe sobre la economía mundial, la inflación persistente en Estados Unidos, el mantenimiento de altas tasas de interés globales, la guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones en Oriente Medio que involucran a Israel con los palestinos e Irán tras el reciente ataque al espacio aéreo israelí, las dudas sobre la recuperación de la economía china, la amenaza de un conflicto entre China y Taiwán, las próximas elecciones en Estados Unidos, los efectos del cambio climático sobre la producción de alimentos, entre otras variables, inciden el valor del oro, que llegó a sobrepasar los US$ 2,300 por onza (Mining.com, 2024).

Sobre ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expresa lo siguiente en su informe (2024):

“El alza sostenida del precio internacional del oro, que genera mayor atractivo por esta actividad. Respecto a este factor, analistas económicos y del mercado internacional proyectan una tendencia a que el precio del oro se mantenga en alza como consecuencia de la pandemia y de la crisis internacional como el conflicto entre Rusia (junto a Australia fue el segundo mayor productor de Oro en el mundo en 2022) y Ucrania”[15].

En el caso del cobre, el aumento de la demanda se explica por el auge del sector de la electromovilidad, ya que cada vehículo eléctrico requiere cuatro veces más cobre en sus componentes que uno con motor de combustión interna. Además la oferta mundial del metal se encuentra limitada por el cierre de algunos yacimientos (la mina de First Quantum en Panamá) y la dificultad de poner en marcha diversos proyectos importantes por retrasos asociados con la tramitación administrativa (aspectos regulatorios), conflictos sociales y asuntos ambientales. La transición energética que experimenta el planeta se convierte en un factor que impulsa la cotización del cobre.

iv) La actividad minería informal-ilegal recibe cada vez más financiamiento ante el alza del precio del oro por parte de otras actividades ilegales como el narcotráfico[16]. La minería ilegal se ha convertido en un vehículo para lavar activos debido a que la comercialización del oro es legal y forma parte de un mercado global. Como activo de reserva en periodos de crisis e incertidumbre política y económica, el oro goza de buena salud y alta demanda. Esto ha posibilitado una mayor sofisticación en su extracción con el uso de maquinaria, equipos y técnicas más eficientes y de mayor escala. El ingreso de nuevos financistas como firmas del narcotráfico y de otras actividades ilícitas facilita el capital necesario que explica el crecimiento de la minería ilegal en diversas regiones del país.

vi) La presencia de nuevas plantas de procesamiento de oro en zonas de explotación o la expansión de aquellas ubicadas en otras regiones donde se procesa mineral de dudosa procedencia (sin trazabilidad o certificación alguna) promueve e incentiva el avance que registra la extracción ilegal de oro. Los titulares de estas plantas mantienen alianzas para agenciarse con el cargamento que procede de áreas prohibidas para el desarrollo de actividades mineras, e incluso financian las operaciones ilegales con el fin de seguir siendo receptores de envíos de oro no procesado. Estos actores son los que más se benefician a lo largo de la cadena y no son debidamente fiscalizados ni controlados. La trazabilidad implica seguir la ruta de los minerales desde su lugar de extracción, procesamiento en planta, traslado e incluso exportación.

vii) La investigación de la UIF-SBS (2024) refiere que el aplazamiento del proceso de formalización establecido con la creación del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) “no contribuye a incentivar la formalización, de los datos obtenidos de la plataforma del REINFO[17], al 27 de octubre de 2023 se cuenta con 87 204 inscripciones para la formalización minera, de los cuales 16 992 se encuentran vigentes (19.5%), es decir 8 de cada 10 inscritos está suspendido por no haber cumplido con la normativa”.

Según Martín Arana, “especialista técnico de la iniciativa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú), explicó que el proceso de formalización minera comenzó en 2002 y, posteriormente, en el 2012, “se creó el registro para que todos los mineros que buscaban pasar a la formalidad”. Este padrón ha tenido varios nombres. En la actualidad, se conoce como el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). No obstante, desde ese entonces, hace unos 12 años, los mineros inscritos y, por tanto, considerados informales o en proceso de formalización, vienen desarrollando sus actividades, pero sin poder ser intervenidos. Según indicó el experto, esta situación “ha sido una tapadera y justificación para operaciones de minería ilegal”, hecho que ha sido señalado “muchísimas veces por las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), así como por la propia Policía Nacional” (Mendieta, Inforegión, 2024).

viii) El respaldo político que reciben los gremios o asociaciones de mineros informales-ilegales por parte de diversas bancadas congresales supone la protección de determinados intereses privados en desmedro del bienestar general. Esto se traduce en normas que favorecen dichos intereses pese a los impactos desmedidos que genera sobre la economía, la sociedad y el medioambiente. La alianza entre algunos bloques políticos e intereses informales-ilegales les ofrece a los primeros (partidos políticos) financiamiento durante periodos electorales y votos cautivos (clientelismo) (La Repúblicab, 2024).

4. Requisitos o condiciones previas para la viabilidad de las propuestas. –

Para poder viabilizar las propuestas dirigidas para que prospere el diálogo entre empresas mineras formales y grupos de mineros informales, considerando para ello la necesidad de considerar los intereses de todas las partes involucradas, es preciso establecer requisitos para la viabilidad de las mismas.

En ese sentido, se presentan una serie de condiciones para las que se tomaron en cuenta el contexto político, social y económico del Perú como la estabilidad política, la gobernabilidad, el estado de derecho y la situación económica del país. Asimismo, se evalúo la propia capacidad institucional del Estado peruano para determinar si las propuestas se pueden implementar luego de considerar aspectos relevantes como la eficiencia de la administración pública, la transparencia y la rendición de cuentas.

De lo que se trata, en esencia, es evaluar las condiciones esenciales que deben cumplirse para que cualquier solución propuesta al problema de la minería informal tenga éxito. De ahí que se hayan identificado los factores clave que se presentan a continuación:

a) La voluntad de arribar a acuerdos sostenibles y duraderos que puedan comprender la compra de la posesión irregular de los mineros informales; la adopción de mecanismos de absorción que permitan la integración de los mineros informales dentro de la operación formal, con lo cual las primeras actividades desaparecerían en la práctica; y la asociación entre minería inicialmente informal y minería formal para lograr la formalización de la primera y una alianza social y comercial que permita la operación de dos grupos o entidades diferentes, pero complementarias, en un clima de armonía y estabilidad que ofrezca beneficios mutuos. Es fundamental que todas las partes involucradas demuestren una clara voluntad de llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes y que sean sostenibles a largo plazo.

b) Reconocer la calidad de actores o interlocutores válidos a los grupos de mineros informales formados que se presentan como grupos u organizaciones de personas, trabajadores individuales, asociaciones, sindicatos, cooperativas o empresas constituidas en registros públicos. Este reconocimiento es esencial para que prospere cualquier intento de diálogo inicial entre las partes. Los mineros informales con voluntad clara de diálogo deben ser tenidos en cuenta como actores sociales que forman parte de los grupos de interés local dentro del área de influencia directa o indirecta de las empresas mineras formales. Estos desarrollan actividades económicas que generan empleo precario y rentas no declaradas a la autoridad tributaria. Su importancia radica principalmente en que, en algunos casos, será necesario lograr acuerdos de distinta naturaleza para asegurar la viabilidad social de ciertos proyectos mineros. Conferir legitimidad a la contraparte ayuda a encaminar un diálogo significativo y productivo entre las partes.

c) El diálogo debe llevarse a cabo de manera culturalmente sensible, teniendo en cuenta las diferentes costumbres, tradiciones y valores de las partes involucradas. En tal sentido, es necesario aplicar enfoques como el intercultural y territorial para reconocer la diversidad socioeconómica, ambiental y cultural de la problemática de la MAPE en el Perú. Las posibles soluciones no pueden adoptar un enfoque único para la formalización de la actividad minera informal sin considerar las particularidades de cada región, lo que puede limitar la eficacia de cualquier propuesta.

d) La consideración del diálogo debe abordar una discusión sobre la necesidad de incorporar mediadores o facilitadores legitimados, reconocidos y experimentados para lograr una comunicación clara y eficaz, definir las reglas del proceso, fijar los objetivos del diálogo, establecer mecanismos para resolver cualquier conflicto o diferencia que pueda surgir durante el proceso de diálogo. Es importante recordar que el diálogo es un proceso continuo que requiere compromiso, flexibilidad y respeto mutuo por parte de todas las partes involucradas. Solo a través de un diálogo constructivo y transparente se podrán encontrar soluciones sostenibles para la problemática de la minería informal en el Perú.

e) La participación del Estado puede ser fundamental, si así lo consideran las partes. Es importante considerar que el Estado peruano desempeñe un rol activo en el proceso para brindar apoyo técnico, facilitar la comunicación, ofrecer información relevante, generar alternativas de solución y garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

f) Establecer mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de los acuerdos y el impacto de los mismos en la formalización de la minería informal. Los acuerdos finales deben generar beneficios tangibles para ambas partes, fomentando la armonía y la estabilidad en la zona de operación.

g) Enfoque integral: El diálogo entre empresas mineras formales y grupos de mineros informales debe ser parte de un enfoque integral que aborde las causas estructurales de la minería informal, como la pobreza, la falta de oportunidades económicas y la debilidad institucional.

h) La empresa minera formal solo podrá llegar a acuerdos de naturaleza económica, operativa y social con grupos de mineros informales, sea que operen como personas naturales o jurídicas que se ubiquen indefectiblemente dentro de las concesiones reconocidas legalmente a nombre de la primera. Es decir, cualquier empresa minera formal no podrá participar en acuerdos o arreglos con grupos de mineros informales que laboran en concesiones ajenas o zonas prohibidas para el desarrollo de la actividad extractiva. Bajo ninguna razón o circunstancia las empresas mineras formales deben entablar conversaciones con mineros ilegales por ser contraproducente dicho acercamiento o aproximación, ya que ello contraviene los valores, principios, políticas y prácticas corporativas de las propias empresas mineras formales y puede dar lugar a investigaciones posteriores.

i) Antes de considerar la posibilidad de negociar con cualquier grupo de mineros informales posesionados dentro de las concesiones de una determinada empresa minera formal debe delimitarse el área afectada o bajo control de mineros informales, a fin de establecer límites y reglas de trabajo y conducta sobre dichos espacios durante el curso de las tratativas o negociaciones y evitará malentendidos o conflictos futuros.

Estos requisitos o condiciones previas son fundamentales para asegurar que cualquier propuesta dirigida a promover el diálogo entre empresas mineras formales y grupos de mineros informales sea viable y conduzca a soluciones efectivas y sostenibles para la compleja problemática de la minería informal en el Perú.

5. Alternativas de solución dirigidas a la minería formal e informal. –

En esta parte presenta una gama de posibles soluciones al problema de la minería informal cuando se ven afectadas empresas mineras formales, lo que comprende, naturalmente, la propia formalización para su posterior legalización y opciones como la colaboración decisiva entre empresas formales y grupos de mineros informales para que los segundos mejoren sus ingresos y rentabilidad, adopten medidas de seguridad idóneas, respeten el medioambiente y tengan alternativas de sustento. Lo que se busca es proporcionar incentivos adecuados mediante la celebración de acuerdos de beneficio mutuo. A continuación se presentan las opciones seleccionadas para alcanzar dicho fin:

§ Compra de la posesión irregular o del proyecto informal[18]. Se trata del ofrecimiento de una determinada cantidad para que los grupos de mineros informales abandonen definitivamente el área de concesiones. Si aceptan, se pondría fin o término a la ocupación y explotación de concesiones pertenecientes a una empresa minera formal. En el monto ofrecido se reconocen los principales gastos realizados por los grupos de mineros informales y un adicional a manera de incentivo. El paquete compensatorio se realiza previa valorización de lo invertido hasta la fecha en la que se inician las negociaciones.

Si hay un número manejable de mineros informales en la zona (unos pocos), el proceso de negociación sería más fácil. Distinto es el escenario si hay muchos mineros informales en la zona. Y peor aún si no están organizados bajo una asociación, sindicato o empresa. En este último caso se complica bastante la situación porque la empresa deberá conseguir que se agrupen en una sola organización o unas cuantas para facilitar el entendimiento. Alcanzar este prerrequisito es fundamental para articular un diálogo productivo y eficaz; de lo contrario se dificultará enormemente al mantener conversaciones con un sinnúmero de actores con pretensiones, posiciones y expectativas distintas. Por ello no basta que los mineros se encuentren organizados y tengan representantes legítimos, sino que al interior de cada grupo posean una agenda común para facilitar el diálogo y la posterior negociación. Es probable que varias empresas mineras formales deban bregar en adelante –en ese sentido- para que haya unidad organizativa y posiciones similares dentro de los grupos de mineros informales con los que debe tratar.

En cuanto a los beneficios de esta alternativa, cabe mencionar el despeje del área de concesiones luego de efectuar los pagos correspondientes. Pero lograr esto sin duda representa un sobrecosto que no todas las mineras formales estarán dispuestas o en capacidad de asumir en función a las pretensiones de los mineros informales. Sin embargo, para aquellas mineras formales que puedan asumirlo y deseen operar con normalidad dentro de sus propias concesiones, la opción queda abierta para discutir luego el monto de la compensación económica.

En algunos casos puede existir la intención de ambas partes de lograr un acuerdo de ese tipo; pero puede haber trabas, dilaciones o retrasos sobre la determinación del monto ofrecido por la empresa formal y el solicitado por los mineros informales. Estas circunstancias o situaciones son habituales en negociaciones de toda índole; pero lo mejor que pueden las partes hacer es apelar a la buena voluntad del otro, recurrir a la persuasión y emplear criterios o parámetros objetivos para determinar la valoración económica de los gastos realizados, y el plus o adicional que sirve de incentivo a modo de compensación por lucro cesante. La utilización de criterios objetivos, como señala el modelo de negociación principista de Harvard, puede destrabar esta cuestión al ofrecer un referente para calcular o evaluar los montos de los gastos y costos incurridos durante el desarrollo de la actividad minera informal. Esto también puede servir para determinar el valor de la compensación adicional (el incentivo) que podría establecerse en base a la rentabilidad anual generada por las actividades mineras informales.

Si la empresa minera formal logra convencer a los informales de abandonar las áreas de trabajo dentro de sus concesiones habrá tenido éxito al reducir el riesgo de conflicto social que se cernía sobre sus operaciones. Naturalmente nada garantiza que todas las negociaciones iniciadas con dicho propósito sean exitosas, ya que los mineros informales podrían retornar al cabo de un tiempo, demandar un monto adicional tras cerrar el acuerdo o simplemente cortar abruptamente el diálogo en pleno proceso. Sin embargo, ello no debe disuadir a los mineros formales de intentar esta fórmula porque puede ofrecer una salida a corto plazo a un problema que, sin negociar al respecto, continuará generando riesgos e impactos de manera indefinida.

Cuadro N°1 — Ventajas y desventajas de la compra de la posesión irregular

Ventajas

Desventajas

§ Eliminación inmediata de la minería informal en las áreas de concesión de la empresa formal.

§ Reducción del riesgo de conflictos sociales y ambientales.

§ Posibilidad de iniciar operaciones formales sin obstáculos.

§ Alto costo potencial para la empresa formal, especialmente si hay un gran número de mineros informales.

§ Posibilidad de que los mineros informales regresen al área o se reubiquen en otras zonas cercanas.

§ Dificultad para negociar con grupos informales desorganizados o con expectativas poco realistas.

Elaboración propia 2024

En lo que se refiere a la viabilidad de esta alternativa, esta depende del tamaño y la organización de los grupos de mineros informales, la capacidad financiera de la empresa formal y la disposición de ambas partes para llegar a un acuerdo mutua-mente beneficioso. Para ello se requiere de la implementación de un proceso de negociación realmente participativo y transparente, con la participación de mediadores o facilitadores si es necesario.

Ahora bien, el impacto que puede tener la compra de la posesión irregular puede ser positivo en materia de seguridad para la empresa formal por la paz social de la zona. En términos ambientales, la situación sería favorable porque culminarían las actividades de una operación informal no regulada. Sin embargo, es importante considerar las posibles consecuencias sociales y económicas para los mineros informales y las comunidades locales, ya que los primeros probablemente ingresen en otras zonas bajo ningún contro. En el caso de las comunidades locales es posible que estas dependan de la actividad minera informal al generar empleo e ingresos, cuya finalización generaría insatisfacción por el cambio de la situación o estatus quo.

§ Absorción de los mineros informales por parte de la empresa minera formal[19]. Como el título lo dice, esta alternativa consiste en lograr que la totalidad, mayoría o un número significativo de trabajadores mineros informales se incorporen en calidad de empleados en planilla a plazo determinado o indeterminado o, en su defecto, ofrezcan bienes y presten servicios como proveedores certificados de la minera formal. Estas dos posibilidades son las que contempla esta opción para asegurar una absorción fructífera de aquellos que cesan labores como trabajadores mineros informales para ingresar al sector formal de la economía. Una condición para ello es que estas personas reciban cursos de capacitación y la inducción correspondiente para desempeñar distintas tareas como mano de obra calificada o no calificada.

Esto no supone una misión sencilla habida cuenta de que primero debe producirse una negociación en la que se plantee concreta y detalladamente esta alternativa. Además de ello se necesita aclarar o manejar ciertos temas como la opinión de las comunidades locales y otros actores sociales influyentes sobre dicha posibilidad, ya que el ofrecimiento tentativo de puestos de trabajo a los mineros informales puede restringir diversas oportunidades laborales a los comuneros y ronderos locales. Asimismo, si los mineros informales desarrollan emprendimientos, estas actividades empresariales pueden colisionar con los proveedores locales de las comunidades. Por tal motivo se debe evaluar bien la situación antes de tomar una decisión sobre este asunto. Otro factor a tener en cuenta es la idoneidad de la incorporación de algunos mineros informales, ya que pueden generar problemas al interior de la empresa si pretenden formar sindicatos de trabajadores, conociendo de antemano que muchas operaciones mineras informales fueron formadas por exsindicalistas mineros.

Por otro lado, no todos los trabajadores mineros informales podrían ser trabajadores de la empresa minera formal, por lo que deben pensarse en aquellos que quedarían fuera de todo plan o programa de reconversión laboral. En este caso se puede plantear el ofrecimiento de compensaciones económicas justas y atractivas para que acepten retirarse de la zona. Ello también supone o genera un sobrecosto no previsto inicialmente por las empresas. De ahí que no todas las empresas mineras formales estén de acuerdo en compensar a gente que no guarda ningún vínculo laboral con ellas. En esa línea, se podría ofrecer la posibilidad de empleo a futuro en caso haya necesidad de incrementar la plantilla y la de algunos contratistas. Es decir, tendrían la posibilidad de postular en las nuevas convocatorias que se habiliten. La empresa minera formal también podría financiar la capacitación de este grupo excluido para que perciba algún beneficio. La capacitación sería valiosa si incrementa el grado de empleabilidad del trabajador minero informal.

Cuadro N° 2 — Ventajas y desventajas de la absorción de los mineros informales

Ventajas

Desventajas

§ Formalización de los mineros informales y mejora de sus condiciones laborales.

§ Aumento de la productividad y la eficiencia de la operación minera.

§ Reducción del impacto ambiental de la minería informal.

§ Costos asociados a la capacitación, contratación y seguridad de los nuevos trabajadores.

§ Posible resistencia de los mineros informales a integrarse a la estructura formal de la empresa.

§ Riesgo de conflictos laborales si los mineros informales no se adaptan a las normas y regulaciones de la empresa formal.

Elaboración propia 2024

La viabilidad de esta alternativa depende em gran medida de la capacidad de la empresa formal para absorber a los mineros informales en su plantilla laboral, así como de la voluntad y disposición de los mismos para integrarse a la estructura formal. Se requiere un proceso de selección, capacitación y adaptación adecuada para asegurar el éxito de esta opción.

En lo que respecta al impacto de la absorción de los mineros informales, esta puede tener un impacto positivo en la formalización de la minería informal, la generación de empleo adecuado y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Sin embargo, es importante considerar los posibles desafíos de integración y adaptación a la cultura y las normas de la empresa minera formal.

§ Asociación entre mineros informales y mineros formales[20]. Esta opción puede ser la más interesante de las tres, pero no está exenta de algunos problemas o dificultades en su implementación. La asociación implica que tanto la operación minera formal como la informal operen en paralelo, con la particularidad de que la segunda se formalice con asistencia de la primera dentro de un plazo razonable y previamente definido por las partes y cumplimiento con los requisitos que presenta la legislación nacional. En sí, esta receta plantea la colaboración para aumentar la productividad, rentabilidad y seguridad de las operaciones controladas por mineros originalmente informales, además de la propia formalización como resultado, lo que podría representar un incentivo mayor para las partes.

Cabe mencionar que esta opción generaría gastos que no todas las mineras formales estarían interesadas en asumir, sea por su capacidad económica más limitada, la incertidumbre que produce una alianza o cooperación de dicha naturaleza y una cultura y política corporativa que prohíbe o restringe asociaciones de ese tipo. A pesar de las referidas limitaciones, esta debería ser una opción a considerar ante la falta de una respuesta consistente y eficaz del Estado para abordar la problemática a nivel nacional.

Entre los beneficios que podrían recibir los grupos de mineros informales se encuentran los siguientes:

• Financiamiento y entrega de estudios técnicos y/ geológicos, incluida la elaboración de planos y otros documentos sobre las áreas de trabajo ocupadas por mineros informales, lo que facilitaría enormemente su trabajo, reduciría sus costos operativos y ofrecería una mayor productividad y rentabilidad a corto plazo. La facilitación de estos estudios ayudaría a generar confianza, aun cuando se permita que los grupos de mineros informales exploten libremente el mineral ubicado en las concesiones de la empresa formal. Estos estudios podrían actualizarse y ampliarse según los acuerdos a los que arriben los actores.

A cambio, los mineros informales garantizarían el normal desarrollo de las actividades de exploración o explotación de la empresa minera formal. Además brindarían seguridad para impedir el ingreso de otros grupos u organizaciones en la zona de concesiones.

• Ofrecer seguridad a los mineros informales. Lo que se busca con esta medida es evitar el ingreso de cuerpos de seguridad ajenos al control de la empresa minera formal para que no se conviertan en los nuevos patrones o controladores de la operación minera informal y representen un riesgo para la seguridad y continuidad de las operaciones mineras formales. En tal sentido, la empresa minera formal se encargaría de la seguridad integral de las áreas de explotación y durante el transporte de cargamentos con mineral y del propio personal informal.

• Posibilidad de procesar el mineral y comprarlo. Esta no es una opción desconocida por parte de algunas empresas formales. Ofrecer la planta para el procesamiento y compra de cargamentos mineralizados crearían una relación comercial en la práctica, por lo que empresas formales y grupos informales se volverían clientes. Ello sería factible si la unidad minera se encuentra produciendo, por lo que no sería posibles para las empresas formales de exploración que solo realizan perforaciones y estudios. Sin embargo, la opción se podría habilitar si se acuerda el funcionamiento de una planta moderna, modular y certificada, que los mineros informales irían cancelando a la minera formal en cuotas.

Lo destacable de la propuesta es la formación de una sociedad que favorecería, en principio, a los mineros informales, ya que no tendrían que trasladar sus cargamentos a otros lugares para ser procesados y tendrían plena certeza de la cantidad, calidad y pureza del oro o cobre extraído. Ello reduciría los costos, aumentaría las ganancias y reduciría los riesgos. El Estado se beneficiaría al saber cuánto oro se está obteniendo de la zona de trabajo para la determinación y cobro de impuestos. De modo que se contribuiría a la transparencia, sostenibilidad y seguridad de las operaciones mineras. La formalización operativa es vital para que los mineros informales vayan formalizándose en otros aspectos. Sea que procesen mineral en la planta formal del titular minero o este les compre sus cargamentos, en ambos casos los mineros informales obtendrían una valorización justa por el material extraído.

Para que esta opción sea factible es necesario que el Estado la establezca y regule administrativamente, es decir, la autorice legalmente, para lo cual se precisaría del diseño de un procedimiento que contemple finalidades, principios, requisitos, etapas, aspectos técnicos, entre otros.

• Establecer acuerdos sustanciales a través de los cuales se suministre equipos de protección y seguridad (PPT), se brinde asistencia médica en caso se cuente con personal sanitario en el campamento de la empresa minera formal; ofrecer capacitaciones en materia de seguridad y procedimientos mineros como la ejecución de planes de minado, manejo de explosivos para realizar voladuras y detonaciones, cursos de manejo de camionetas y vehículos pesados, participación en monitoreos ambientales; compartir alimentos en el comedor de la empresa, brindar transporte en la medida de las posibilidades, entre otras que ayuden a mejorar la convivencia mediante la integración y familiarización entre los trabajadores de uno y otro tipo de minería hasta lograr la formalización.

Cuadro N° 3 — Ventajas y desventajas de la asociación entre mineros informales y mineros formales

Ventajas

Desventajas

§ Formalización gradual de la minería informal a través de la colaboración y asistencia técnica.

§ Aumento de la productividad, rentabilidad y seguridad de las operaciones mineras informales.

§ Beneficios económicos para ambas partes a través de la cooperación y el intercambio de conocimientos.

§ Complejidad de la implementación y coordinación entre las partes involucradas.

§ Posibilidad de conflictos de intereses o diferencias en la visión de la asociación.

§ Requerimiento de inversión inicial para la implementación de proyectos conjuntos.

Elaboración propia 2024

La viabilidad de esta opción se sujeta al compromiso de ambas partes para establecer una relación de colaboración y confianza. Se requiere un marco legal y regulatorio adecuado que facilite la asociación entre empresas mineras formales y grupos de mineros informales.

En lo concerniente al impacto, la asociación entre mineros informales y mineros formales puede tener un impacto positivo en la formalización gradual de la minería informal, la mejora de las prácticas mineras y el desarrollo social y económico de las comunidades locales. Sin embargo, es importante considerar los desafíos de la implementación y la gestión de este tipo de alianzas.

Cabe mencionar que no existe una solución única para la problemática de la minería informal. La combinación de enfoques y la adaptación a las realidades específicas de cada caso son fundamentales para lograr resultados positivos. Las alternativas de compra de la posesión irregular, absorción de los mineros informales y asociación entre mineros informales y formales presentan ventajas y desventajas que deben ser cuidadosamente analizadas. La participación activa de todos los actores involucrados, incluyendo empresas mineras formales, grupos de mineros informales, el Estado y la sociedad civil, es crucial para encontrar soluciones sostenibles que beneficien a todas las partes.

Las alternativas aquí presentadas tienen el potencial de abordar la problemática de la minería informal, cada una enfrenta desafíos únicos en términos de implementación. La compra de la posesión irregular requiere resolver problemas de valoración y organización, la absorción de mineros informales por parte de empresas formales implica desafíos laborales y de aceptación comunitaria, y la asociación entre mineros informales y empresas formales necesita un marco regulatorio sólido y la superación de resistencias culturales y corporativas.

No obstante, estas potenciales medidas requieren de la participación del Estado, actor que debe jugar un rol activo en la promoción del diálogo y la implementación de las soluciones seleccionadas. Esto puede incluir la creación de marcos legales y regulatorios favorables y flexibles, la provisión de asistencia técnica y financiera, y la mediación en los procesos de negociación. Asimismo, se precisa de un enfoque integral que ataque las causas estructurales del problema, como la pobreza, la falta de oportunidades económicas y la debilidad institucional. Además las soluciones a ser implementadas deben ser sostenibles a largo plazo, considerando los aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales de la minería. Por último, se deben establecer mecanismos para monitorear y evaluar el impacto de las soluciones implementadas, realizando los ajustes necesarios para asegurar su efectividad, considerando indicadores específicos de medición y criterios de ponderación.

6. ¿Por qué las empresas mineras formales deberían tratar con los grupos de mineros informales? ¿Por qué deberían arribar a acuerdos?

En principio las empresas mineras formales deben reconocer que no pueden utilizar simplemente la fuerza para desalojar a los grupos de mineros informales posesionados en sus concesiones, y si se trata de mineros ilegales la situación se torna mucho peor, debido a que los segundos cuentan con grupos que les prestan seguridad y están fuertemente armados. Además la permanencia de estos agentes puede contar con autorización de las comunidades locales que son propietarias del terreno superficial donde las mineras formales operan o pretenden operar. Por tal motivo, ante un escenario límite o crítico para la viabilidad de sus inversiones, es necesario considerar la negociación de acuerdos de beneficio mutuo en aras de propiciar y establecer una convivencia pacífica.

Esta clase de arreglos se tornan necesarios habida cuenta de las dificultades que significa lograr el auxilio de la fuerza pública para lograr la recuperación de áreas invadidas. Este proceso no solo es costoso y difícil de implementar, sino que toma mucho tiempo para las empresas formales conseguir resoluciones judiciales que autoricen el desalojo mediante el concurso de la policía. Los costos y riesgos pueden ser elevados para la empresa minera formal aun cuando tenga derecho a operar y solo intente cautelar sus intereses.

Hay que tener en cuenta el alto costo social que representa obtener una resolución favorable de la justicia para iniciar este tipo de acciones (operativos policiales), toda vez que durante la intervención seguramente habrá resistencia y posibles atentados o represalias de mineros ilegales contra agentes del orden y fiscales que participen en las diligencias. Esto puede ocasionar importantes daños a la propiedad privada, además de posibles heridos o muertos, lo que podría deteriorar la imagen de la empresa minera formal y el valor de su acción en bolsa. Otra consecuencia negativa podría ser la expulsión definitiva de la minera formal como resultado del operativo si resulta fallido, o si las comunidades locales así lo disponen por mantener vínculos con los grupos de mineros ilegales o informales.

Otro motivo para considerar la celebración de acuerdos de beneficio mutuo con los grupos de mineros informales es que el gobierno no va a intervenir de manera decisiva porque carece de la fuerza y voluntad suficientes. De modo que apelar a la intervención gubernamental para intentar resolver de raíz un complejo problema social solo puede agravarlo en la práctica. Es por ello que se recomienda enfáticamente buscar maneras ingeniosas y creativas para convivir en paz “compartiendo la torta o pastel”, que no es otra cosa que promover acuerdos integrales que generen beneficios para ambas partes o actores que agranden esa torta o valor a futuro. Lo que se pretende decir es que existen maneras alternativas de resolver el problema sin empeorarlo o dilatar una respuesta que se torna imprescindible o necesaria.

Ante una situación de hecho como la descrita, conviene idear nuevas posibles soluciones que contemplen los intereses primordiales de las partes. El asunto no solo pasa por un arreglo de tipo económico, sino por fijar o establecer pautas esenciales para una convivencia pacífica y productiva de largo plazo. En ese marco, la formalización se presenta como una de las metas, pero también la adopción de acuerdos colaborativos que beneficien a las partes. Estos procesos deben ir en paralelo y son necesariamente complementarios. Apoyar esta clase de alternativas debería ser un objetivo del Estado si las empresas mineras formales e informales tienen una voluntad firme o esa clara intención. Correspondería entonces al Ejecutivo Central incentivar el entendimiento y darle seguimiento a los acuerdos alcanzados para su correcto y cabal cumplimiento.

Ahora bien, existen diversas razones por las que las empresas mineras formales deberían considerar establecer relaciones funcionales y buscar acuerdos mutuamente beneficiosos con los grupos de mineros informales. Entre las principales razones se encuentran:

a) Reducción de conflictos y riesgos: La presencia de mineros informales en las áreas de concesión de las empresas mineras formales puede generar conflictos sociales y tensiones. De modo que tratar con los mineros informales y llegar a acuerdos puede ayudar a reducir la posibilidad de estos conflictos y promover la paz social en las comunidades ubicadas dentro del área de operación minera. De lo que se trata es establecer un diálogo para reducir estos riesgos y crear un entorno más estable y seguro para las operaciones mineras formales.

b) Formalización de la minería informal: La colaboración con las empresas formales puede ser un paso importante para la formalización de la minería informal. Al proporcionar capacitación, asistencia técnica y acceso a mercados formales, las empresas mineras formales pueden ayudar a los mineros informales a mejorar sus prácticas y cumplir con las regulaciones ambientales y laborales en un plazo razonable. Cabe recordar que la falta de asistencia es uno de los factores que ha obstaculizado la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).

c) Aprovechamiento de los recursos humanos y conocimientos locales: Los mineros informales suelen tener un conocimiento profundo de las áreas de trabajo que puede resultar valioso para los equipos de geólogos de las mineras formales. Al llegar a acuerdos con estos grupos, las empresas pueden aprovechar estos recursos humanos y conocimientos y experiencias locales para mejorar sus operaciones. Al colaborar con los mineros informales pueden acceder a esta información, lo que puede ayudar a reducir costos y optimizar las labores.

d) Mejora de la seguridad: Al arribar a acuerdos integrales con los mineros informales, las empresas mineras formales pueden mejorar la seguridad en sus operaciones. Esto incluye garantizar la seguridad de las instalaciones mineras, el personal y las comunidades locales, así como prevenir la entrada de grupos ajenos que puedan representar riesgos para la seguridad de las operaciones formales.

e) Protección efectiva del medio ambiente: La formalización de los mineros informales y la colaboración con las empresas mineras formales pueden ayudar a mejorar las prácticas ambientales en las áreas de explotación. Esto puede incluir medidas para reducir la contaminación, proteger los recursos naturales y promover la rehabilitación de las zonas afectadas por dicha clase de minería.

f) Legitimidad y licencia social para operar: En algunos casos, la articulación con los mineros informales puede mejorar la percepción social de las empresas formales y fortalecer su licencia social para operar en las comunidades locales. Al demostrar un compromiso serio con el desarrollo local y la inclusión, las empresas pueden construir relaciones más sólidas de largo plazo con las comunidades y reducir la oposición a sus proyectos e iniciativas.

g) Cumplimiento de regulaciones y responsabilidad social: El hecho de tratar con los grupos de mineros informales y llegar a acuerdos puede ayudar a las empresas mineras informales a cumplir con las regulaciones ambientales y laborales, así como a demostrar su compromiso con la responsabilidad social. Esto puede mejorar la reputación de la empresa minera formal y sus relaciones con las comunidades y autoridades locales. En ese orden de ideas, los informes de sostenibilidad de las empresas se verían robustecidos con información relevante sobre la introducción de mejores prácticas en el sitio de operaciones al brindar asistencia técnica, orientación y capacitación para formalización de los mineros informales.

h) Oportunidades de negocio: En algunos casos, los mineros informales pueden convertirse en proveedores de minerales o servicios para las empresas formales. Esto puede generar nuevas oportunidades de negocio para ambas partes y contribuir al desarrollo económico local.

Entre los ejemplos de acuerdos entre empresas mineras formales y grupos de mineros informales se tienen los siguientes:

§ Acuerdos de compra de minerales: Las empresas formales pueden comprar minerales a los mineros informales a un precio justo, lo que les proporciona una fuente de ingresos estable y legal.

§ Acuerdos de colaboración técnica: Las empresas formales pueden proporcionar capacitación, asistencia técnica y acceso a tecnología a los mineros informales para ayudarles a mejorar sus prácticas mineras y reducir su impacto o huella ambiental.

§ Acuerdos de desarrollo comunitario: Las empresas formales pueden colaborar con los mineros informales y las comunidades locales para implementar proyectos de desarrollo comunitario, como la construcción de escuelas, clínicas o infraestructura vial. Esto implica incorporar a los grupos de mineros informales como beneficiarios de los planes y programas de responsabilidad social, valor compartido, sostenibilidad, etc.

Es importante destacar que la colaboración entre empresas mineras formales y grupos de mineros informales no siempre es fácil ni exenta de desafíos. Se requiere un compromiso genuino de ambas partes para establecer relaciones de confianza y respeto mutuo. Además, es fundamental contar con un marco legal y regulatorio adecuado que facilite la colaboración y proteja los derechos de todas las partes involucradas. De manera análoga, esta tarea también incumbe a los gremios como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) para promover esta clase de acuerdos entre sus asociados bajos pautas, conductas recomendadas y procedimientos de referencia.

En resumen, existen diversas razones por las que las empresas mineras formales deberían considerar establecer relaciones con los grupos de mineros informales y buscar acuerdos mutuamente beneficiosos. La colaboración entre ambos sectores puede contribuir a la reducción de conflictos, la mejora de las prácticas mineras, el desarrollo económico del entorno local y el anhelo de la formalización de la minería informal. Sin embargo, es importante abordar este proceso de manera responsable y transparente, considerando los intereses de todas las partes involucradas y enmarcado en un marco legal y regulatorio que ofrezca los incentivos correctos.

7. ¿Qué incentivos tendrían los mineros informales para aceptar arreglos con las empresas mineras formales? ¿Por qué los contemplarían?

En primer lugar, es preciso señalar que los mineros informales necesitan permiso o autorización del titular de las concesiones para poder cumplir con los requisitos del prorrogado proceso de formalización vigente. Esto significa que deben acreditar un convenio con el titular de la concesión ante la autoridad regulatoria para seguir operando y formalizar su actividad. La dificultad o imposibilidad de obtener este documento impide o ha impedido en muchos casos la formalización efectiva de los mineros informales. Siendo este un impedimento gravitante, es probable que los mineros informales consideren la celebración de acuerdos de beneficio mutuo. Su eventual inclinación por estos acuerdos se debería a que los mineros formales titulares de concesiones cuentan con una poderosa carta para persuadir y empezar un proceso de negociación conducente a la celebración de esta clase de acuerdos.

En segundo lugar, los mineros formales vienen pagado para mantener vigente sus derechos sobre las concesiones que les fueron otorgadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), dependiente del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), lo que le significa importantes ahorros anuales para los grupos de mineros informales. Este tema puede entrar a tallar en las conversaciones entre mineros formales e informales para hacer notar que en adelante, si llegan a un acuerdo definitivo y sustancial, la empresa formal seguirá asumiendo este gasto, lo que convendría a los intereses de los mineros informales.

Un tercer motivo sería la propia celebración de acuerdos de beneficio mutuo, cuyo contenido incorporaría, si así lo deciden las partes, una serie de incentivos como asistencia técnica y capacitaciones periódicas en materia de seguridad, operatividad y control de impactos ambientales, entrega de estudios mineralógicos y planos, contratación de personal, programas de reconversión laboral, donación de equipos y maquinaria, atención médica, protección y seguridad, transporte de trabajadores y logística minera, entre otros aspectos que se lleguen a considerar.

Como cuarto factor se tiene la posibilidad real de formalizar a corto o mediano plazo al conjunto de mineros informales ubicados dentro de las concesiones siempre que estos alineen sus intereses con los de la empresa minera formal que los orientará desde el inicio del procedimiento hasta concluirlo de modo satisfactorio. Con la formalización dejarían de ser perseguidos o intervenidos por la policía y las entidades regulatorias.

Por otro lado, la investigación titulada “Hacia una mejor formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en el Perú”, desarrollada por el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico (CEMS, 2024), encontró que la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) puede tener una serie de beneficios como la mejora de las condiciones laborales y ambientales, y que también puede ayudar a los mineros actualmente informales a aumentar significativamente su productividad y competitividad.

En ese sentido, los mineros informales podrían tener varios incentivos, adicionales a los ya mencionados, para aceptar arreglos con las empresas mineras formales, los cuales pueden mejorar su situación económica, social y ambiental. Algunos de los incentivos analizados pueden ser los siguientes:

a) Acceso a mercados formales y precios justos: Las empresas formales pueden ofrecer a los mineros informales acceso a mercados formales para vender sus minerales, lo que les garantiza un precio justo y estable. Esto les permitiría obtener mayores ingresos y mejorar su seguridad financiera. La formalización de la venta de minerales (trazabilidad) también puede facilitar el acceso a financiamiento y otros servicios financieros, lo que les permite invertir en mejorar sus operaciones y aumentar su productividad.

b) Capacitación y asistencia técnica: Las empresas formales pueden proporcionar capacitación y asistencia técnica a los mineros informales para mejorar sus prácticas mineras, lo que les permite aumentar su eficiencia, reducir su impacto ambiental y mejorar la seguridad en el trabajo. Esta capacitación puede incluir técnicas de extracción más eficientes, medidas de seguridad laboral y prácticas eficientes de gestión ambiental.

c) Acceso a tecnología y maquinaria: Las empresas formales pueden proporcionar a los mineros informales acceso a tecnología y maquinaria modernas, lo que les permitiría aumentar su productividad y reducir sus costos operativos. Esto puede incluir maquinaria para la extracción, el procesamiento y el transporte de minerales, así como tecnologías para la gestión ambiental.

d) Formalización y acceso a beneficios sociales: Los acuerdos con empresas formales pueden ayudar a los mineros informales a formalizar su situación laboral, lo que les permite acceder a beneficios sociales como seguro de salud, pensiones y otros beneficios laborales. La formalización también puede mejorar sus condiciones de trabajo, sobre todo en materia de seguridad ocupacional, y proteger sus derechos laborales.

e) Oportunidades de empleo y desarrollo profesional: Las empresas formales pueden ofrecer a los mineros informales oportunidades de empleo formal dentro de sus operaciones, lo que les permite acceder a mejores salarios, condiciones de trabajo y oportunidades de desarrollo profesional. Esto puede contribuir notablemente a la reducción del trabajo infantil y la explotación laboral en la minería informal.

f) Participación en proyectos de desarrollo comunitario: Las empresas formales pueden colaborar con los mineros informales y las comunidades locales en proyectos de desarrollo comunitario, como la construcción de escuelas, mejoramiento de centros de atención médica o infraestructura vial. Esto puede mejorar la calidad de vida de las comunidades locales y los propios mineros informales y sus familias, contribuyendo de ese modo al desarrollo social y económico de la jurisdicción o localidad.

g) Reducción de conflictos y mayor seguridad: Los acuerdos con empresas formales pueden ayudar a reducir las tensiones y conflictos con los mineros informales y entre estos, las empresas y las comunidades locales, lo que crea un ambiente más seguro y estable para todos. Esto puede reducir la violencia y la criminalidad, aunque estos fenómenos se encuentran más asociados a la minería ilegal.

h) Legitimidad y licencia social para operar: La colaboración con los mineros informales puede mejorar ostensiblemente la percepción social de las empresas formales y robustecer su licencia social para operar en las comunidades locales. Al demostrar un compromiso claro con el desarrollo local y la inclusión, las empresas pueden construir relaciones más sólidas con las comunidades y reducir el rechazo u oposición a sus proyectos.

i) Protección efectiva del medio ambiente: La formalización de la minería informal y la articulación con empresas formales pueden ayudar a mejorar las prácticas ambientales en las áreas de explotación. Esto puede incluir medidas para reducir la contaminación, proteger los recursos naturales y especies, y promover la rehabilitación de las zonas impactadas por la minería informal.

j) Oportunidades de negocio: En algunos casos, los mineros informales pueden convertirse en proveedores de minerales o servicios para las empresas mineras formales. Esto puede generar sinergias y nuevas oportunidades de negocio para ambas partes y contribuir al desarrollo económico local, regional y nacional.

Es importante destacar que la disposición de los mineros informales a aceptar arreglos con empresas formales dependerá de diversos factores, como la confianza en la empresa, la claridad de los beneficios, la consideración de intereses esenciales y la participación activa de estos y las comunidades locales en el proceso de negociación. Existen, por tanto, diversos incentivos que pueden motivar a los mineros informales a aceptar acuerdos con las empresas mineras formales. Estos incentivos pueden mejorar su situación económica, social y ambiental, y contribuir al desarrollo sostenible de la minería.

8. Identificación de las principales dificultades para aplicar las soluciones propuestas. –

Identificar las principales dificultades para aplicar las soluciones propuestas es fundamental para comprender los desafíos que pueden surgir en el proceso de implementación. A continuación, se detallan algunas de las dificultades más significativas:

a) Las propuestas pueden tomar tiempo en ser aplicadas, incluso más del estimado por las partes. Además demandan o requiere mucho esfuerzo, compromiso y disposición para arribar a acuerdos sostenibles en tiempo. El proceso de negociación, en caso se dé, no estará libre de obstáculos o limitaciones como la falta de confianza. Entonces, existe la posibilidad de que los mineros informales desconfíen de las empresas mineras formales o de las autoridades gubernamentales que dirigen el proceso, lo que podría dificultar el establecimiento de acuerdos mutuamente beneficiosos y perder valor en el camino.

Los mineros informales suelen tener dificultades para acceder a financiamiento formal, lo que puede limitar su capacidad para invertir en la mejora de sus prácticas mineras y cumplir con los requisitos de los acuerdos con empresas formales. El proceso puede ser costo en ese sentido, por lo que las mineras formales lo pensarán dos veces antes de participar en una iniciativa semejante. Adicionalmente habrá incertidumbre en torno al resultado del proceso y la calidad del acuerdo resultante. En otras palabras, puede no llegar a funcionar como se había previsto inicialmente[21]. Las empresas formales pueden ser reacias a comprometerse e invertir en la minería informal debido a los riesgos asociados a este sector.

b) En otros casos, estas propuestas o iniciativas pueden desincentivar a algunas empresas mineras a invertir en áreas donde se encuentran posesionados grupos de mineros informales o estas corren el riesgo de ser invadidas a futuro, sobre todo en el caso de empresas mineras de exploración (juniors), cuya capacidad financiera es limitada. En ese sentido, las compañías más interesadas en establecer acuerdos de beneficio mutuo serían las mineras formales que ya operan y se encuentran en etapa de producción al contar con un flujo de caja e intereses (inversiones) que proteger.

c) Los mineros informales pueden mostrar resistencia al cambiar sus prácticas y formas de operar, especialmente si estas soluciones requieren ajustes significativos en su forma de trabajar, disminuyen sus ingresos a corto plazo o en sus estructuras organizativas. Los mineros informales suelen tener además un bajo nivel de educación formal y capacitación técnica, lo que puede dificultar la adopción de nuevas prácticas mineras y la gestión eficiente de sus operaciones. La falta de capacidades gerenciales puede dificultar la negociación y cumplimiento de acuerdos con empresas formales.

d) Existe la posibilidad de que algunas comunidades locales se opongan a la formalización de la minería informal o a la colaboración con empresas mineras formales debido a preocupaciones sobre el impacto ambiental, la distribución de beneficios o la pérdida de control sobre los recursos naturales. Es decir, que se presente cierta resistencia social, por lo cual es necesario coordinar previamente con las comunidades locales antes de plantear el inicio de un proceso de negociación con mineros informales[22].

e) Es probable que se requieran de mediadores y facilitadores especializados, esto es, que conozcan la problemática de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Encontrar y consensuar su participación no sería un proceso fácil ya que deben de gozar de legitimidad y capacidad y experiencia comprobada para las partes.

f) Se corre el riesgo de que los mismos mineros informales abandonen la negociación o el proceso de formalización iniciado con auspicio y respaldo técnico y legal de la empresa minera formal. Esto puede deberse a divisiones internas entre los distintos grupos de mineros informales; en concreto, por la ambición de algunos sectores de obtener más beneficios de la empresa formal. Por lo que se debe estar premunido ante cualquier indicio que suponga el descarrilamiento o estancamiento del proceso de diálogo y formalización paralela.

g) El aumento del gasto o inversión social en el ámbito de la responsabilidad social empresarial (RSE) por la incorporación de los mineros informales como actores sociales del área de influencia directa o indirecta puede representar un desincentivo y un reto para la propia gestión social de la empresa minera formal.

h) El alza del precio del oro y del cobre puede promover el crecimiento descontrolado de la minería informal en distintas partes del país, lo que aumentaría la posibilidad de que los mineros informales prefieran seguir operando como lo vienen haciendo habida cuenta de las ganancias y márgenes que obtendrían de una mayor cotización de los minerales que extraen.

i) La ausencia o falta de preparación de los funcionarios del Estado para participar en estos procesos de diálogo, negociación y formalización puede restar credibilidad y efectividad a los esfuerzos de las partes por establecer acuerdos de beneficio mutuo. La presencia del Estado es necesaria para que atienda y procese una serie de demandas históricas de las comunidades locales y los mineros informales.

j) El abandono de los grupos de mineros informales no solo puede darse durante las conversaciones iniciales o en pleno proceso de negociación, sino luego de celebrado el acuerdo, por lo que es necesario el acompañamiento permanente o regular de la empresa minera formal y del Estado a fin de que logren la ansiada formalización. De ahí que este proceso no se puede lograr cabalmente sin el concurso de la empresa privada extractiva.

k) La ausencia de marco legal adecuado claro y coherente que regule la formalización de la minería informal y establezca los derechos y responsabilidades de todas las partes involucradas puede dificultar la implementación de soluciones efectivas.

l) Es importante garantizar que los acuerdos entre empresas mineras formales e informales sean sostenibles a largo plazo, es decir, que generen beneficios para todas las partes involucradas y que no tengan impactos negativos en el medio ambiente o las comunidades locales. Esto requiere un compromiso continuo de las partes involucradas y la implementación de mecanismos de monitoreo y evaluación para garantizar el cumplimiento de los acuerdos

m) Por último, la corrupción en las instituciones gubernamentales encargadas de supervisar, fiscalizar y regular la minería formal e informal puede obstaculizar los esfuerzos para abordar la minería informal y establecer acuerdos equitativos entre los diferentes actores.

En la misma línea, el estudio del CEMS (2024) halló que la formalización de la MAPE en el Perú ha presentado obstáculos que incluyen: i) falta de información y asistencia técnica, pues los mineros artesanales y de pequeña escala a menudo no tienen la información o la asistencia técnica que necesitan para formalizar sus operaciones, ii) costos elevado y engorrosos y complicaos trámites burocráticos, iii) restricciones en el acceso a financiamiento para invertir en sus operaciones y cumplir con los requisitos ambientales y de seguridad, iv) falta de acceso a mercados formales para comercializar sus cargamentos mineralizados. Sin embargo, estas limitaciones descritas en la investigación podrían superarse en gran medida mediante la suscripción de acuerdos de beneficio mutuo con las empresas mineras formales.

Es importante señalar que estas dificultades pueden variar según el contexto específico en el que opere la minería informal y las características particulares de las empresas mineras formales, los mineros informales y las comunidades locales involucradas. Sin embargo, es importante tener en cuenta estos desafíos al diseñar e implementar estrategias para abordar la minería informal de manera efectiva y sostenible.

9. Conclusiones y recomendaciones. –

Luego de analizar detalladamente las implicaciones, alcances y desafíos de la formalización conducida por parte de empresas mineras formales como una alternativa para abordar la problemática de la minería informal, se pueden extraer las siguientes conclusiones y recomendaciones de la investigación:

9.1. Conclusiones:

i) La minería informal es una actividad de gran importancia económica y social en muchos países, sobre todo en aquellos en los que la economía y el mercado laboral formal es pequeño o de menor dimensión que el sector informal, pero genera un conjunto de graves problemas ambientales, sociales y económicos que pueden poner en riesgo la estabilidad, la gobernabilidad y las inversiones en el sector extractivo.

ii) La minería informal-ilegal causa preocupación a diferentes poblaciones, en especial a las dedicadas a labores agrícolas y ganaderas en zonas costeras o altoandinas, quienes consideran o pueden llegar a considerar que la minería altera el orden y la paz social al estar asociada con diversos delitos como la trata de personas, el trabajo infantil, la explotación laboral y la afectación de áreas de cultivo y pastoreo, como a bosques nativos y el medioambiente en general. La mala imagen que reviste la minería informal e ilegal afecta a la minería formal y puede complicar el desarrollo de sus proyectos[23].

iii) La formalización de la minería informal es un proceso complejo que requiere el compromiso de todos los actores involucrados, incluyendo el gobierno, las empresas mineras formales, los mineros informales y las comunidades locales. Sin la participación del sector privado resultará muy arduo o imposible formalizar efectivamente a cientos de miles de mineros informales. El Estado por sí solo no ha podido lograrlo desde el 2002 a la fecha, luego de haber intentado diversos procesos que han cambiado de nombre y haber ampliado el plazo de manera reiterada por falta de liderazgo y dirección, estrategias y capacidades técnicas y sobre el terreno, conocimiento de la realidad, además de carecer de legitimidad entre los actores y organizaciones sociales que participan en la actividad minera informal.

iv) La formalización conducida por parte de empresas mineras formales puede ser una alternativa viable para solucionar algunos de los problemas de la minería informal, siempre que se diseñe e implemente de manera adecuada, habida cuenta del fracaso que representa el proceso iniciado ante el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y el aumento de los impactos económicos, sociales y ambientales que ocasiona la proliferación del binomio de la minería informal e ilegal.

v) Los incentivos para que los mineros informales acepten acuerdos de beneficio mutuo y para la formalización con empresas mineras formales son numerosos e interesantes, e incluyen acceso a mercados, financiamiento, tecnología, capacitación y asistencia técnica y legal. La falta de acuerdos de beneficio mutuo puede conducir, en esa línea, a conflictos permanentes o regulares, situaciones de alta tensión y riesgo social elevado en las zonas de operaciones mineras.

vi) La coincidencia de dos actividades mineras distintas: la formal y la informal, puede significar a corto, mediano o largo plazo que solo una de estas opere en la práctica, es decir, que se enfrenten por el control del área de concesiones rica en recursos minerales, con un resultado negativo o alto costo económico y social muy difícil de asumir para cualquiera de las partes.

vii) Las mineras formales deben lidiar con una situación de hecho cuando se registra la presencia de grupos de mineros informales o ilegales dentro de sus concesiones, la que puede desbordarse en función a las características de la veta o yacimiento, la variación del precio del oro[24], el financiamiento recibido por los mineros informales, la existencia de bandas del crimen organizado que brindan seguridad y amenazan a la operación formal, entre otros factores que incrementan el riesgo.

viii) Las principales dificultades para implementar la formalización conducida por empresas mineras formales incluyen la desconfianza entre las partes, la reticencia a relacionarse de las mineras formales con las mineras informales al considerar que su actividad es exclusiva y excluyente en base al título de concesión y la práctica, el no reconocimiento de los grupos de mineros informales como interlocutores válidos y beneficiarios de sus programas de responsabilidad social, la falta de marcos normativos idóneos, los obstáculos regulatorios, las limitaciones financieras y la oposición de terceros (como comunidades locales).

ix) Las empresas mineras formales precisan indiscutiblemente del respaldo de los mineros informales cuando parte de ellos pertenecen a las comunidades locales de las áreas de influencia directa o indirecta. Este caso se puede tratar de una operación presumiblemente mixta, es decir, conformada por trabajadores foráneos (financistas y organizadores de la actividad) y locales (comuneros y ronderos de la zona)[25].

x) En aquellos casos en los que las empresas mineras formales no han podido lidiar con la situación han optado por abandonar la operación y dejar de lado sus actividades ante la imposibilidad de continuar por falta de seguridad en la zona. Esto ha sucedido en proyectos como Río Blanco (Piura) de Zinjin, Tambogrande (Piura) de Compañía Manhattan, Isabelita (La Libertad) de Summa Gold (Gestión, 2024a), los dos primeros paralizados desde hace más de 15 años y el último recientemente en abril de 2024. Otros proyectos de gran minería se retrasaron por la invasión de comuneros que realizan minería informal de cobre como el desarrollo del tajo Chalcobamba de MMG Las Bambas (Gestión, 2024c), y Los Chancas, de Southern Perú (Proactivo, 2024), ambos ubicados en la región andina de Apurímac.

xi) En Perú existen bandas colombianas como el Clan del Golfo[26], las cuales financian la minería ilegal (Ojo Público, 2024), y organizaciones delictivas venezolanas como el Tren de Aragua[27] que asola la región de La Libertad y tiene control sobre operaciones mineras informales que han devenido en ilegales (InsightCrime, 2024).

xii) Es importante e los gobiernos desempeñen un papel activo en la promoción de la formalización de la minería informal, proporcionando un marco legal claro y coherente, facilitando el acceso al financiamiento y la asistencia técnica, y promoviendo el diálogo y la colaboración entre las partes interesadas.

xiii) Para abordar la problemática de la minería informal, es necesario que las empresas mineras formales, los gobiernos y los mineros informales trabajen juntos de manera colaborativa y transparente. Esto requiere el establecimiento de relaciones de confianza, el respeto mutuo de los derechos y responsabilidades de todas las partes involucradas, y un compromiso compartido con el desarrollo sostenible y equitativo de la actividad minera.

9.2. Recomendaciones:

9.2.1. Recomendaciones para las empresas mineras formales:

i) Actuar de manera transparente y responsable: Las empresas mineras formales deben establecer relaciones transparentes y responsables con los mineros informales bajo los principios de buena fe, flexibilidad, interculturalidad, participación efectiva, generación de valor compartido, etc. Esto implica proporcionar información clara sobre los beneficios de los acuerdos a celebrarse y los requisitos del proceso de formalización, así como cumplir con los compromisos adquiridos durante el proceso.

Las empresas deben comunicar de manera clara y oportuna los términos y condiciones de los acuerdos de formalización, asegurándose de que los mineros informales comprendan completamente lo que están aceptando. También deben ser transparentes en cuanto a sus prácticas mineras, impacto ambiental y contribuciones a las comunidades locales.

ii) Ofrecer incentivos atractivos: Para fomentar la participación efectiva de los mineros informales en la formalización y la celebración de acuerdos de convivencia, las empresas mineras formales deben ofrecer incentivos atractivos. Esto puede incluir acceso a mercados formales, precios justos por los minerales procesados, capacitación técnica, acceso a tecnología y maquinaria, seguridad para sus operaciones, y beneficios sociales como seguro de salud y transporte.

En tal sentido, las empresas deben identificar y ofrecer incentivos que sean significativos y atractivos para los mineros informales, teniendo en cuenta sus intereses, necesidades, expectativas y preocupaciones. Es importante que estos incentivos sean percibidos como justos y equitativos para que los mineros informales estén motivados a participar en el proceso de formalización y lleguen a firmar acuerdos de convivencia y beneficio mutuo.

iii) Trabajar con las comunidades locales: Las empresas mineras formales deben involucrar activamente a las comunidades locales en el proceso de formalización y abordar sus preocupaciones. Esto puede incluir la realización de consultas públicas, la implementación de proyectos de desarrollo comunitario y la creación de mecanismos de participación y rendición de cuentas efectivos, culturalmente apropiados y oportunos. Es importante escuchar activamente las preocupaciones y necesidades de las comunidades y trabajar en colaboración para encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados.

9.2.2. Recomendaciones para los grupos de mineros informales:

i) Organizarse y participar activamente: Los mineros informales deben organizarse en asociaciones, empresas o cooperativas para fortalecer su capacidad de negociación y participar activamente en el proceso de formalización. Esto les permitirá defender sus intereses de manera más efectiva y asegurarse de que los acuerdos con las empresas mineras formales sean justos y equitativos. Es importante que los mineros informales se unan y se organicen para tener una voz unificada en las negociaciones con las empresas mineras formales y las autoridades gubernamentales. La participación activa en el proceso de formalización les permitirá proteger sus derechos y obtener beneficios significativos para su sustento y desarrollo.

ii) Exigir acuerdos justos y equitativos: Los mineros informales deben exigir a las empresas mineras formales que ofrezcan acuerdos equitativos que reconozcan su contribución a la actividad minera y respeten sus derechos laborales y ambientales. Esto incluye garantizar condiciones de trabajo seguras, acceso a beneficios sociales y una participación justa en los beneficios económicos generados por la actividad minera en caso sean absorbidos por la unidad minera formal. En este caso los mineros informales deben estar informados y conscientes de sus derechos y exigir que sean respetados y protegidos durante el proceso de formalización. Esto requiere una participación activa en las negociaciones y la defensa colectiva de sus intereses frente a las empresas.

iii) Trabajar con las comunidades locales: Los mineros informales deben trabajar en colaboración con las comunidades locales para garantizar que la formalización beneficie a todos los involucrados. Esto incluye la implementación de proyectos de desarrollo comunitario y la adopción de prácticas mineras sostenibles que minimicen el impacto ambiental y social de la actividad minera. Asimismo, los mineros informales deben respetar las reglas de cada comunidad y establecer relaciones de confianza con las comunidades locales a fin de trabajar en conjunto para identificar y abordar las necesidades y preocupaciones de la población. Esto puede incluir la creación de programas de desarrollo económico local, la mejora de la infraestructura básica y la protección de los lugares sagrados y recursos naturales. Esta situación puede ocurrir si los mineros informales, luego de ingresar a la formalidad, deciden crear empresas que operaran al lado de las mineras formales en terrenos de comunidades, por lo que deberán diseñar y ejecutar programas de responsabilidad social y valor compartido que beneficien a los comuneros. En este punto puede haber sinergias o una fusión de las áreas de gestión social para atender las necesidades locales.

9.2.3. Recomendaciones para el Estado:

i) Fortalecimiento de la capacidad institucional: Es importante fortalecer la capacidad institucional del Estado para regular, fiscalizar y promover la minería responsable en todas sus escalas. Por ejemplo, el Estado podría invertir en la capacitación y contratación de más personal especializado en regulación minera, aumentando así la capacidad de supervisión y fiscalización de la actividad minera, tanto formal como informal. Además, se podrían establecer sistemas de monitoreo y evaluación más eficaces para asegurar el cumplimiento de las regulaciones ambientales, de seguridad ocupacional y laborales en todas las operaciones mineras. Esto podría incluir la implementación de tecnologías de seguimiento remoto y la realización de inspecciones regulares en el terreno.

ii) Desarrollar un marco legal claro y coherente: Los gobiernos deben desarrollar e implementar un marco legal consistente para la formalización de la minería informal. Esto comprende establecer normas y regulaciones claras, así como proporcionar los recursos necesarios para garantizar su aplicación efectiva. El marco legal debe ser diseñado de manera que promueva la formalización de manera justa y equitativa, protegiendo los derechos de los mineros en proceso de formalización y asegurando el cumplimiento de estándares operativos, laborales y ambientales adecuados. Es importante que el marco legal sea desarrollado con la participación activa de todas las partes interesadas y que sea flexible y adaptable a las necesidades y realidades locales; y que los plazos sean perentorios para evitar extensiones injustificadas y antitécnicas que solo fomentan la informalidad e ilegalidad en la minería de pequeña y mediana escala.

iii) Proporcionar asistencia técnica, legal y financiera[28]: El gobierno debe brindar asistencia técnica especializada sobre el terreno y de manera permanente para reducir los impactos ambientales y sociales de la actividad de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE). Este debe proporcionar además financiamiento a tasas preferenciales a los mineros informales para ayudarlos a cumplir con los requisitos de la formalización. Esto puede incluir capacitación en prácticas mineras seguras y sostenibles, asistencia para la obtención de permisos y licencias, y acceso a financiamiento para invertir en mejoras en sus operaciones. La asistencia técnica, legal y financiera debe ser accesible y adecuada a las necesidades y capacidades de los mineros informales, y debe estar disponible de manera oportuna y eficiente. Es importante que los gobiernos trabajen en colaboración con otras partes interesadas, como las empresas mineras formales y las organizaciones de la sociedad civil, para maximizar el impacto de los programas de asistencia.

iv) Promover espacios de diálogo y colaboración: El Poder Ejecutivo debe promover el diálogo y la colaboración entre las empresas mineras formales, los mineros informales y las comunidades locales para facilitar la formalización. Esto puede incluir la organización de mesas de diálogo, la facilitación o mediación de procesos de negociación y la creación de espacios para la participación y el intercambio de información. El gobierno tiene un papel crucial en la promoción de un entorno propicio para el diálogo y la colaboración entre todas las partes interesadas. Esto requiere un enfoque inclusivo, multiactor y transparente, así como la adopción de medidas para abordar los conflictos y resolver las diferencias de manera constructiva. Uno de los objetivos del Estado sería promover la participación de las empresas pertenecientes a la mediana y gran minería formal para que brinden capacitación y compartan mejores sus prácticas y experiencias con los mineros que se encuentran en proceso de formalización.

v) Recentralizar el proceso de formalización debido a las escasas capacidades de los gobiernos regionales: Es imprescindible que el proceso de formalización sea asumido nuevamente por el Ejecutivo Central porque cuentan con más recursos económicos y capacidades que los gobiernos regionales. Pero ello no basta si no se mejoran las actuales capacidades humanas, materiales y tecnológicas de las instancias que intervienen en el proceso de formalización, empezando por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), entidad rectora de la actividad minera en el país y la Dirección General de Formalización Minera, que es la dependencia encargada de proponer y evaluar la política sobre formalización minera, monitorear las acciones de formalización minera, proponer la normatividad relacionada con la formalización minera, brindar asistencia técnica a los Gobiernos Regionales en el marco de sus competencias (administra el REINFO). La recentralización tendría tres tareas fundamentales a corto plazo: a) fiscalizar mejor a las plantas de procesamiento para asegurar que adquieran cargamentos procedentes de mineros formalizados (garantizar la trazabilidad), b) mejorar el control en el uso de explosivos e insumos químicos utilizados en la explotación y c) promover la formalización simplificada[29] para la pequeña minería, reduciendo la carga burocrática, los costos para los administrados (mineros informales) y facilitando el ingreso a la legalidad.

vi) Promover la inversión en proyectos de desarrollo alternativo: Se necesita invertir en proyectos de desarrollo alternativo que generen oportunidades económicas sostenibles para las comunidades donde opera la minería informal. El gobierno y las empresas mineras formales podrían colaborar en la implementación de proyectos agrícolas o turísticos en áreas previamente utilizadas para la minería informal. Por ejemplo, podrían establecerse cooperativas agrícolas para cultivar productos de alto valor en tierras previamente utilizadas para la extracción de minerales. Estos proyectos podrían incluir capacitación técnica para los miembros de la comunidad en nuevas habilidades, acceso a financiamiento para iniciar empresas locales y apoyo continuo en la gestión y comercialización de productos.

vii) Sensibilización y educación: Se deben desarrollar programas y campañas de sensibilización y educación para promover la conciencia sobre la importancia de la minería responsable, que beneficia al país, y los riesgos de la minería informal e ilegal. El gobierno y las empresas mineras podrían financiar campañas de sensibilización en las comunidades afectadas por la minería informal o ilegal, destacando los riesgos para la salud y el medio ambiente asociados con esta práctica y promoviendo la importancia de la minería sostenible. Estas campañas podrían incluir la distribución de material educativo, la organización de talleres comunitarios y la realización de eventos públicos para fomentar el diálogo y la participación de la comunidad en la búsqueda de soluciones sostenibles para la minería.

Este abanico de recomendaciones ofrece un enfoque integral para abordar los desafíos de la formalización de la minería informal desde múltiples perspectivas. Sin embargo, siempre es importante recordar que la implementación exitosa de estas recomendaciones requerirá un compromiso continuo y coordinado entre todos los actores involucrados, incluidas las empresas mineras formales, los gobiernos, los mineros informales y las comunidades locales. Además, es fundamental adaptar estas recomendaciones a las condiciones y circunstancias específicas de cada contexto, reconociendo las diferencias regionales y culturales que pueden influir en el proceso de formalización.

9.2.4. Alineación de las recomendaciones con los ODS

Las recomendaciones presentadas en el estudio sobre la formalización de la minería informal en Perú coinciden con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en particular:

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico: Las recomendaciones que promueven la formalización de la minería informal y la creación de acuerdos de beneficio mutuo entre las empresas mineras formales y los mineros informales contribuyen a la creación de empleos decentes y trabajos dignos para los mineros informales.

Estas fomentan decididamente la capacitación técnica y el acceso a tecnología para los mineros informales, lo que les permite mejorar sus habilidades y aumentar su productividad, lo que a su vez contribuye al crecimiento económico local en zonas vulnerables.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas: Las recomendaciones que promueven el diálogo y la colaboración entre las empresas mineras formales, los mineros informales y las comunidades locales ayudan a prevenir conflictos y construir paz en las zonas donde se desarrolla la minería. Estas apuntan a fortalecer la capacidad institucional del Estado para regular y fiscalizar la actividad minera informal, por lo que ayudan robustecer el Estado de derecho y garantizar la justicia para todos.

Además de estos dos ODS, las recomendaciones también coinciden con otros ODS, como:

ODS 1: Fin de la pobreza: La formalización de la minería informal puede ayudar a reducir la pobreza al generar ingresos estables para los mineros informales y sus familias. El aumento de ingresos ayudaría a reducir brechas salariales en un país que presenta altas tasas de desigualdad socioeconómica.

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura: Las recomendaciones que fomentan la inversión en tecnología y capacitación técnica y operativa para los mineros informales pueden contribuir a la modernización del sector minero informal y hacerlo más eficiente y productivo.

ODS 10: Reducción de las desigualdades: La formalización de la minería informal puede ayudar a reducir las desigualdades al mejorar el acceso de los mineros informales a los servicios básicos, la educación y la atención médica. Esto elevaría la calidad de vida para cientos de miles de personas dedicadas a la minería informal.

ODS 12: Producción y consumo sostenibles: Las recomendaciones que promueven la minería responsable y sostenible pueden ayudar a proteger el ambiente y reducir los impactos negativos de la minería en las comunidades locales. Esto se lograría con el uso de tecnología moderna financiada por las mineras formales o el Estado mediante créditos de un eventual banco minero para procesar minerales como el oro y también bajo la adopción de estándares ambientales y sociales de la minería formal.

ODS 13: Acción por el clima: Las recomendaciones que fomentan la adopción de prácticas mineras más eficientes energéticamente pueden ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. El uso de fuentes de energía renovables puede contribuir a ello.

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos: Las recomendaciones que promueven la colaboración entre diferentes actores, como el gobierno, las empresas mineras formales, los mineros informales y las comunidades locales, son esenciales para alcanzar los ODS en general y pueden contribuir significativamente al desarrollo sostenible del país.

Las recomendaciones presentadas en la investigación intentan ofrecer un marco integral y práctico para abordar los desafíos de la formalización de la minería informal en Perú. La implementación exitosa de estas recomendaciones requerirá un compromiso continuo y coordinado de todos los actores involucrados, así como la adaptación de las recomendaciones a las condiciones específicas de cada contexto social. Se espera que estas representen un paso importante hacia la formalización de la minería informal en Perú y la promoción de un desarrollo minero sostenible que beneficie a todos.

10. Fuentes de la investigación.

• BNamericas (2024). PIB peruano habría caído 1,44% en 2023 de no ser por la minería, según consultora local, del 17 de febrero. Disponible en: https://www.bnamericas.com/es/noticias/pib-peruano-habria-caido-144-en-2023-de-no-ser-por-la-mineria-segun-consultora-local

• CONFIEP (2023). La minería ilegal asociada a la criminalidad es una amenaza para la seguridad nacional. Conferencia del 5 de diciembre. Disponible en:

https://www.confiep.org.pe/confiep-tv/la-mineria-ilegal-asociada-a-la-criminalidad-es-una-amenaza-para-la-seguridad-nacional/#:~:text=En%20una%20conferencia%20de%20prensa%20conjunta%2C%20la,criminalidad%20que%20viene%20golpeando%20a%20todos%20los

• El País (2023). Un incendio en una mina causa al menos 27 muertos en Perú, de 6 de mayo. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2023-05-07/un-incendio-en-una-mina-causa-varios-muertos-en-peru.html

• Energiminas (2024). Poderosa multiplicó por 10 su presupuesto en seguridad por minería ilegal, del 21 de febrero. Disponible en: https://energiminas.com/2024/02/21/poderosa-multiplico-por-10-su-presupuesto-en-seguridad-por-mineria-ilegal/

• Gestión (2023). Proyecto de Las Bambas que le permitiría recuperar producción de cobre sigue invadido, del 16 de junio. Disponible en: https://gestion.pe/economia/proyecto-de-las-bambas-que-le-permitiria-recuperar-produccion-de-cobre-sigue-invadido-noticia/?ref=gesr

• Gestión (2024a). Producción de Summa Gold se vería afectada en 25% por avance de minería ilegal, del 12 de abril. Disponible en: https://gestion.pe/economia/empresas/produccion-de-summa-gold-se-veria-afectada-en-25-por-avance-de-mineria-ilegal-empresas-mineria-oro-noticia/?ref=gesr

• Gestión (2024b). Consejo Regional de la Libertad deroga acuerdo para que Poderosa opere en Sartibamba, del 15 de abril. Disponible en: https://gestion.pe/peru/la-libertad-consejo-regional-deroga-acuerdo-para-que-minera-poderosa-opere-en-sartimbamba-noticia/

• InsightCrime (2024). Ataques de bandas de minería de oro en Perú son cada vez más agresivos, del 23 de enero. Disponible en: https://insightcrime.org/es/noticias/ataques-bandas-mineria-oro-peru-son-cada-vez-agresivos/

• La República (2024a). Dinamitan otras dos torres de alta tensión en una mina de Pataz, pese a emergencia, del 6 de abril. Disponible en: https://larepublica.pe/sociedad/2024/04/06/dinamitan-otras-dos-torres-de-alta-tension-en-una-mina-de-pataz-pese-a-emergencia-la-libertad-mineria-ilegal-393132

• La República (2024). Congreso busca ampliar cierre de Reinfo hasta el 2027, del 13 de abril. Disponible en: https://larepublica.pe/politica/2024/04/13/congreso-busca-ampliar-cierre-de-reinfo-hasta-el-2027-mineria-ilegal-pnp-1225770

• Mendieta, Paola (2024). ¿En qué se diferencian la minería informal y la minería ilegal? Inforegión del 29 de enero. Disponible en: https://inforegion.pe/en-que-se-diferencian-la-mineria-informal-y-la-mineria-ilegal/

• MINEM (2023). Anuario Minero 2022. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4700376/2022.pdf?v=1689975935

• Mining.com (2024). Gold prices at a record high are keeping pawn shops busy, del 14 de abril. Disponible en: https://www.mining.com/web/gold-prices-at-a-record-high-are-keeping-pawn-shops-busy/

• Ojo Público (2024). El crimen organizado se internacionaliza: los vínculos con la minería ilegal en Brasil, Colombia y Perú, investigación periodística del 14 de abril. Disponible en: https://ojo-publico.com/5058/crimen-organizado-y-sus-vinculos-la-mineria-ilegal-la-amazonia

• Perú 21 (2024). UIF: “Hay una vinculación clara entre la minería ilegal y actos de terrorismo”, del 10 de abril. Disponible en: https://peru21.pe/politica/uif-hay-una-vinculacion-clara-entre-la-mineria-ilegal-y-actos-de-terrorismo-noticia/

• Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) (2023). Minería ilegal: amenaza de nuestra Amazonía. Portal de Investigación. Presentación del informe el 22 de agosto. Disponible: https://investigacion.pucp.edu.pe/institucionales/mineria-ilegal-irreumpe-en-todas-las-regiones-amazonicas-del-peru/

• Proactivo (2024). Southern Perú avanza con la erradicación de la minería ilegal en Los Chancas, del 6 de febrero. Disponible en: https://proactivo.com.pe/southern-peru-avanza-con-la-erradicacion-de-la-mineria-ilegal-en-los-chancas/

• Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) (2023). Minería ilegal: un flagelo en su nivel más crítico, Desde Adentro, del 30 de octubre. Disponible en: https://www.desdeadentro.pe/2023/10/mineria-ilegal-un-flagelo-en-su-nivel-mas-critico/

• U.S.Geological Survey (USGS). (2023). Mineral Commodity Summaries. Obtenido de https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf

• Wilson, A.; Quiñón, A.; Sánchez-Ancochea, A. (2024). Hacia una mejor formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en el Perú. Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) — Universidad del Pacífico (UP), Lima. Disponible en: https://sisisemail.up.edu.pe/sisisemail/docs/2024/184/hacia-una-mejor-formalizacion-de-la-mineria-artesanal.pdf

[1] La legislación peruana (Decreto Legislativo N° 1105) señala que los mineros ilegales incumplen con las exigencias administrativas, técnicas, sociales y ambientales. Por tal motivo están sujetos a acciones de interdicción. El delito de minería ilegal es sancionado con pena privativa de la libertad de entre cuatro y ocho años, más día-multa.

[2] Portal de la CONFIEP. La minería ilegal asociada a la criminalidad es una amenaza para la seguridad nacional. Conferencia del 5 de diciembre. Participaron la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la propia CONFIEP, la Asociación PYME Perú, COMEX, AGAP y la Cámara de Comercio e Industria de Ucayali, entidades que demandaron al Gobierno acciones efectivas para hacer frente a la ola de criminalidad que viene golpeando a todos los peruanos. Disponible en:

https://www.confiep.org.pe/confiep-tv/la-mineria-ilegal-asociada-a-la-criminalidad-es-una-amenaza-para-la-seguridad-nacional/#:~:text=En%20una%20conferencia%20de%20prensa%20conjunta%2C%20la,criminalidad%20que%20viene%20golpeando%20a%20todos%20los

[3] De acuerdo con la legislación pertinente, tienen competencia sobre aquellos que desarrollan la actividad minera de pequeña escala, se encuentren o no acreditados como pequeños productores mineros o productores mineros artesanales ante la Dirección General de Minería (DGM). Asimismo, por medio de sus Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM), propician la formalización del acuerdo o contrato de explotación entre el productor minero artesanal y el titular del derecho minero (concesión).

[4] La minería informal presenta un alto grado de muertes por año.

[5] Un incremento del 1000% según su gerente de asuntos corporativos Pablo De la Flor.

[6] Es importante tener en cuenta que alcanzar la convivencia pacífica puede representar un desafío debido a las marcadas diferencias de intereses (iniciales) y la complejidad del contexto.

[7] La formalización de los grupos de mineros informales es una estrategia importante para regularizar sus actividades y brindarles acceso a beneficios sociales y económicos. La experiencia y capacidad de las empresas mineras formales pueden ser recursos valiosos en este proceso.

[8] Este objetivo destaca la importancia de prevenir el crecimiento descontrolado de la minería informal y evitar su transición a la ilegalidad. Sin embargo, es necesario abordar las causas subyacentes de este problema, como la falta de regulación y la presencia de organizaciones criminales, para lograr resultados efectivos.

[9] La presencia de actividades mineras informales puede generar riesgos sociales significativos, como conflictos con comunidades locales y daños ambientales. Controlar o reducir estos riesgos es crucial para garantizar la sostenibilidad de las operaciones mineras formales y proteger los derechos de las comunidades afectadas.

[10] Este objetivo apunta a mejorar las condiciones de trabajo y los ingresos de los mineros artesanales y de pequeña escala, lo cual es fundamental para reducir la pobreza y promover el desarrollo económico en las comunidades mineras. Sin embargo, es importante asegurar que estas mejoras se realicen de manera sostenible y respetando los estándares sociales y ambientales.

[11] Índice de Competitividad Regional 2022: https://incoreperu.pe/portal/images/financepress/ediciones/INCORE_2022.pdf

[12] UIF-SBS (2024). Análisis de la minería ilegal como delito precedente del lavado de activos. Disponible en: https://media.licdn.com/dms/document/media/D4E1FAQHXWb69XSyuKA/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1712930857200?e=1714003200&v=beta&t=5xlxiZa9M2vqDcHY0jwAmtzuX0zJ3_Em3CAoifP2XJg

[13] https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/t46

[14] UIF-SBS (2024).

[15] Ibidem.

[16] El estudio “Abordaje Integral de la Minería Ilegal e Informal en el Perú” realizado por la consulta V&C por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), mencionó que la minería ilegal está asociada al narcotráfico y otros delitos como el sicariato, la trata de personas y la delincuencia organizada, y que en la actualidad se ha convertido en una real amenaza para la seguridad nacional.

[17] https://pad.minem.gob.pe/REINFO_WEB/Index.aspx

[18] Esta alternativa aborda directamente la necesidad de despejar áreas de concesión ocupadas por mineros informales mediante el ofrecimiento de compensación económica. Es una solución pragmática que podría resolver conflictos inmediatos, pero también plantea desafíos significativos, como determinar un monto justo de compensación que satisfaga tanto a las empresas mineras formales como a los mineros informales. Además, la viabilidad de esta alternativa puede verse afectada por la cantidad de mineros informales en la zona y su grado de organización, así como por la posibilidad de que los mineros informales regresen después de recibir la compensación.

[19] Esta opción busca formalizar la relación laboral entre los mineros informales y las empresas mineras formales, ofreciendo empleo o convirtiéndolos en proveedores certificados. Sin embargo, la implementación de esta alternativa enfrenta desafíos relacionados con la capacitación de los mineros informales, la aceptación por parte de las comunidades locales y la posible resistencia de algunos trabajadores informales a ser absorbidos por las empresas formales. Además, surge la cuestión de qué hacer con aquellos mineros informales que no pueden ser absorbidos, lo que puede requerir compensaciones adicionales y aumentar los costos para las empresas mineras formales.

[20] Esta opción propone una colaboración más estrecha entre los mineros informales y las empresas mineras formales, con el objetivo de aumentar la productividad, la rentabilidad y la seguridad de las operaciones. Aunque esta alternativa ofrece beneficios potenciales para ambas partes, como el acceso a financiamiento, seguridad y procesamiento de minerales, también plantea desafíos importantes, como la resistencia de algunas empresas mineras formales a asociarse con mineros informales y la necesidad de regulaciones estatales que respalden esta forma de colaboración.

[21] Puede existir una desconfianza histórica entre los mineros informales y las empresas mineras formales, debido a experiencias negativas del pasado o a la percepción de que las empresas no tienen en cuenta los intereses de los mineros informales.

Por otro lado, la falta de comunicación efectiva entre las partes puede dificultar la construcción de relaciones de confianza y la comprensión mutua de los intereses y necesidades de cada uno.

[22] Los acuerdos entre empresas mineras formales e informales pueden ser objeto de oposición por parte de otros actores, como grupos ambientalistas, comunidades locales o competidores en el sector minero.

Estos intereses de terceros pueden dificultar la implementación de los acuerdos y generar conflictos.

[23] Esta conclusión viene a cuento ya que Minera Poderosa, compañía aurífera que opera en Pataz (La Libertad), perdió un área territorial solicitada al Gobierno Regional de La Libertad debido al rechazo que genera la presencia de la actividad minera ante temores de campesinos sobre las afectaciones y delitos que vienen aparejados con la minería informal-ilegal. En julio de 2023 la Mina Poderosa sufrió una contracción importante en su producción ascendente al 60% debido a las actividades criminales propiciadas por grupos de la minería ilegal que se desarrolla en su zona de operaciones.

[24] La cotización del oro seguirá incentivando la aparición o extensión de las actividades mineras informales o ilegales.

[25] Las comunidades recibirían en algunos casos un pago fijo o porcentaje de la renta al permitir la incursión de mineros informales en sus territorios.

[26] De acuerdo con el medio de investigación digital Ojo Público: “En las regiones fronterizas de Colombia con Brasil y Perú — tras el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016 — se han instalado grupos disidentes, como Comandos de la Frontera o Frente Carolina Ramírez (conocidos como Grupos Armados Organizados Residuales, GAOR), que se disputan territorios con el Clan del Golfo, una de las mayores organizaciones de narcotraficantes de Colombia.

Ojo Público ha identificado que en el lado peruano de la frontera con el río Putumayo operan grupos armados de origen colombiano dedicados a la producción y tráfico de drogas y a la minería ilegal”.

[27] Según el portal InsightCrime: “Las bandas, ahora conocidas como parqueros, surgieron junto con la afluencia de mineros ilegales e informales en todo Perú en los últimos años. Estos mineros contrataron guardias de seguridad privados conocidos como chalecos. Los chalecos protegían a estos mineros y les ayudaban a resolver conflictos, a menudo al margen de la ley, tanto porque los mineros querían evitar la atención de las fuerzas de seguridad, como porque no había presencia de seguridad para hacer cumplir la ley”. Con el tiempo, los chalecos empezaron a dominar a los mineros, extorsionándolos o tomando el control de sus territorios. Así, han incrementado su capacidad de organización, y algunos expertos afirman que bandas de Trujillo, la capital de La Libertad, e incluso la banda venezolana Tren de Aragua han entrado en la escena parquera de Pataz”.

[28] El otorgamiento de créditos para la compra de maquinarias, equipos e insumos y obtener capital de trabajo mediante la creación de un banco minero con funciones similares a las del banco agrario, a fin de bancarizar las operaciones mineras sostenibles de menor escala.

[29] El Estado podría implementar un proceso de formalización en línea para los mineros informales, donde puedan completar los trámites y requisitos necesarios a través de una plataforma digital. Esto reduciría la carga burocrática al eliminar la necesidad de múltiples visitas a oficinas gubernamentales y simplificaría el proceso de recopilación y presentación de documentos. Además de la formalización en línea, el Estado podría establecer centros de atención al minero informal en áreas de alta concentración de actividad minera informal. Estos centros proporcionarían asistencia personalizada para completar los trámites y resolver cualquier problema que pueda surgir durante el proceso de formalización.