El ex presidente Álvaro Uribe Vélez fue absuelto de los delitos de fraude y soborno, tras siete años de investigaciones

El ex presidente Álvaro Uribe Vélez fue absuelto de los delitos de fraude y soborno, tras siete años de investigaciones

La Justicia de Colombia anunció este martes la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude y soborno, por los que estaba siendo investigado hacía siete años.

El Tribunal Superior de Bogotá dejó así sin efecto la condena a 12 años de prisión domiciliaria que la jueza Sandra Liliana Heredia había dictado en agosto, anulando el proceso en contra del exmandatario, que se hubiera convertido en el primero en la historia del país en ser hallado culpable en una causa penal.

El político también quedó absuelto de su inhabilitación para ejercer funciones públicas por 8 años, 4 meses y 20 días, y del pago de una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos legales vigentes.

Uno de los aspectos fundamentales del fallo fue la determinación de ilegalidad del Tribunal a las escuchas presentadas por la parte denunciante como prueba clave, ya que –considera– constituyeron una violación a la intimidad del acusado. De hecho, señaló que el “error involuntario” de interceptar el teléfono de Uribe en lugar del del congresista Nilton Córdoba fue en realidad una “negligencia grave”.

“El error involuntario no es virtud a la ilicitud, pues la interceptación se sustentó en datos erróneos y descubrir tardíamente que el número no era de Córdoba no constituye hallazgo imprevisto, sino negligencia grave”, dijo el juez Manuel Antonio Merchán, quien sí sustentó la legalidad de las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su exabogado Diego Cadena, al considerar que no hubo irregularidades en su obtención.

Asimismo, los magistrados consideraron que existe una ausencia de pruebas que vinculen a Uribe con los delitos de los que se lo acusa, así como de dolo directo.

“En este caso, la reunión entre Mario Uribe, Diego Cadena y Álvaro Uribe no acredita instrucción alguna para la comisión de delitos. No hay prueba de subordinación funcional ni de que el contrato de mandato penal implicara obediencia penalmente relevante. Las interceptaciones muestran que Cadena informaba sobre gestiones ya realizadas, sin indicios de presión o inducción delictiva por parte del acusado. Mario Uribe solamente facilitó el contacto y no conoce el contenido de la conversación. Cadena no declaró y el acusado solo reconoció haber recibido información sobre procesos judiciales. Las pruebas practicadas no acreditan el vínculo doloso exigido para calificar a Álvaro Uribe Vélez como determinador de una conducta punible”, sumó Merchán en ese sentido.

Pese a ser un fallo de segunda instancia, la decisión aún puede ser apelada bajo un recurso extraordinario de casación y remitida a la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala Penal deberá analizar si lo acepta o no.

La causa contra el ex mandatario se remonta al 2011, cuando el senador Iván Cepeda mantuvo un encuentro con los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes acusaron a Uribe de presuntamente haber contribuido a la creación del grupo paramilitar Bloque Metro y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Basándose en sus testimonios, Cepeda cargó contra el entonces Senador en el Congreso, mientras que éste respondió con una denuncia ante la Corte Suprema. Tras años de investigaciones, en 2018, los magistrados definieron desestimar la acusación contra Cepeda y, por el contrario, iniciaron una causa contra Uribe por manipulación de testigos.

De hecho, en agosto de 2020 se ordenó la detención del ex presidente por supuestos “riesgos de obstrucción a la justicia”, que lo dejaron tras las rejas durante 66 días.

Durante ese tiempo, Uribe renunció a su escaño en el Senado, por lo que perdió sus fueros y su caso debió ser remitido a la Justicia ordinaria. Al recibir su caso, la Fiscalía solicitó su cierre por falta de pruebas, aunque los pedidos fueron negados en repetidas ocasiones por considerar que determinados indicios justificaban avanzar con el caso.

En 2024, bajo la presidencia de Gustavo Petro, la nueva fiscal general Adriana Camargo lanzó nuevamente el llamado a juicio y poco más de un año más tarde, el 1 de agosto de 2025, la jueza Sandra Liliana Heredia condenó al ex presidente a la pena hoy anulada.

Precisamente, la togada consideró entonces que el político instigó y promovió una serie de acciones ilegales cuyo fin fue desacreditar las testimonios de los testigos del caso, para alterar las declaraciones judiciales en su favor. También sostuvo que el exmandatario ordenó a su abogado Diego Cadena realizar visitas a la cárcel La Picota y elaborar cartas de reclusos de Cómbita en contra del senador Cepeda, para reabrir el proceso archivado.

La defensa cargó contra Heredia por su imparcialidad, denunció el uso de llamadas interceptadas como evidencia e interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Bogotá que, el 19 de agosto, definió que Uribe aguarde en libertad el fallo de segunda instancia de este martes, “amparado en el derecho fundamental a la libertad individual”.

La noticia se conoce en pleno inicio de la campaña electoral en la que Uribe ya se postuló como el candidato a senador número 25 de la lista de Centro Democrático, que también dará a conocer su aspirante a la presidencia en noviembre.

En este entramado, de hecho, Uribe ha sido clave al intentar unir a la derecha en medio de las crecientes divisiones internas y la consolidación de otros candidatos de Pacto Histórico y otras facciones independientes.

Es por ello que el fallo del Tribunal no solo repercute a nivel personal en el exmandatario, sino que además inyecta un notable impulso al entramado de la derecha, abriendo un nuevo capítulo en la política colombiana que, en pocos meses, deberá definir el pulso y el rumbo que tomará para el futuro del país.