Ley de Glaciares: la avanzada extractiva, el Congreso y la calle.

La Cámara de Diputados avanzó en la modificación de una de las leyes ambientales más importantes del país. Entre argumentos de “desarrollo”, denuncias de lobby minero y una participación ciudadana limitada, el debate vuelve a poner en el centro una pregunta estructural: quién decide sobre el territorio y el agua.

Un cambio de ley que no es técnico, es político.

En la madrugada de hoy, la Cámara de Diputados avanzó con la modificación de la Ley de Glaciares, una de las normas ambientales más importantes del país desde su sanción en 2010. No fue una sesión más: fue el punto de llegada de semanas de presión del lobby minero, negociaciones políticas entre gobernadores y un tratamiento legislativo atravesado por cuestionamientos sobre su legitimidad.

La ley vigente establece la protección de glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce, prohibiendo actividades extractivas en esas zonas. El proyecto aprobado modifica ese principio: redefine qué áreas deben ser protegidas, habilita la intervención bajo criterios de “evaluación de impacto ambiental” y desplaza el eje desde la prohibición hacia la regulación.

Ese cambio no es técnico. Es político.

Desde el oficialismo, los argumentos se ordenan en torno a la idea de “desarrollo” y “uso racional de los recursos”, con fuerte énfasis en la autonomía de las provincias para decidir sobre sus territorios. En ese marco, referentes de La Libertad Avanza plantearon que la normativa actual “impide el crecimiento productivo de las provincias cordilleranas” y que es necesario “compatibilizar ambiente y desarrollo”.

Del otro lado, la respuesta fue contundente.

Especialistas en ambiente y glaciología vienen advirtiendo que la redefinición de zonas protegidas implica, en los hechos, una reducción del área bajo resguardo, lo que representa una regresión frente al principio de no retroceso ambiental reconocido a nivel internacional.

Organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sostienen que la reforma “debilita los presupuestos mínimos de protección ambiental” y advierten que podría entrar en tensión con fallos previos de la Corte Suprema que respaldaron la ley vigente.

La discusión, sin embargo, no fue en igualdad de condiciones.

Más de cien mil personas se inscribieron para participar de las audiencias públicas, pero el esquema adoptado limitó la posibilidad real de intervención. Desde asambleas socioambientales denunciaron que se trató de “una instancia formal sin incidencia real”, donde la participación fue más simbólica que efectiva.

En ese marco, las denuncias de lobby minero y de acuerdos políticos por detrás del recinto no aparecen como exageraciones. Distintos espacios territoriales vienen señalando que la reforma responde a “intereses extractivos que buscan avanzar sobre zonas hasta ahora protegidas”.

Lo que está en juego: agua, territorio y modelo de Argentina que queremos.

Pero lo que está en juego no es solo una ley.

Es el modelo.

Modificar la Ley de Glaciares no significa únicamente habilitar proyectos extractivos en zonas antes protegidas. Significa avanzar sobre reservas estratégicas de agua en un contexto de crisis climática, profundizar un esquema de desarrollo basado en la extracción intensiva de bienes comunes y consolidar una lógica donde el territorio se convierte en recurso disponible.

El agua no es un recurso más. Es condición de vida.

Informes científicos coinciden en que los glaciares cumplen un rol central como reguladores hídricos, especialmente en regiones áridas como Cuyo, donde su afectación impacta directamente en el abastecimiento de agua a mediano y largo plazo.

Y, sobre todo, implica decidir quién asume esos costos.

Porque el argumento del desarrollo no es nuevo. Pero tampoco lo es la desigualdad en sus efectos.

Mientras se prometen inversiones y crecimiento, comunidades afectadas por proyectos extractivos vienen denunciando desde hace años impactos en la calidad del agua, afectación de economías locales y deterioro ambiental acumulativo.

ANRED — Represión Mendoza, 08 de Abril de 2026

Mendoza: historia de lucha y una represión que se repite.

En Mendoza, esa historia está marcada a fuego.

La defensa del agua no es una consigna reciente. Es una construcción colectiva que encontró uno de sus momentos más claros en 2019, cuando la movilización popular logró frenar la modificación de la Ley 7722.

Desde entonces, cada intento de avanzar sobre los bienes comunes encuentra respuesta en la calle.

Lo que pasó ayer no es una excepción.

La movilización en defensa del agua y en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares fue reprimida. Hubo detenidos. Hubo violencia estatal.

Organizaciones denuncian que el operativo respondió a una lógica de “disciplinamiento de la protesta”, en línea con otros episodios de criminalización de la movilización socioambiental en la provincia.

Y, sobre todo, hubo un mensaje.

Porque la respuesta represiva frente al conflicto socioambiental tampoco es nueva. Es parte de un mismo esquema: avanzar con decisiones impopulares y contener la respuesta social mediante la fuerza.

Una discusión que no termina en el Congreso.

Porque lo que está en juego no se define solo en el Congreso. Ni se agota en una votación.

Se disputa en el territorio. En la organización. En la capacidad de sostener, en el tiempo, lo que hoy aparece como urgencia.

Hay algo que este proceso vuelve a dejar en evidencia: la distancia entre quienes deciden y quienes viven las consecuencias.

No alcanza con seguir la discusión por redes. No alcanza con la indignación momentánea.

Porque mientras tanto, las leyes cambian, los territorios se transforman, y el agua — como la soberanía — deja de ser un derecho para convertirse en disputa.

FuegoVioleta