Patrimonio sin uso, patrimonio en ruina: los palomares de Tierra de Campos

Una mirada sobre arquitectura vernácula, abandono rural e inclusión laboral en el Día de Castilla y León

Imagen cedida gentilmente por la autora (Mª José A. F.)

Este artículo fue escrito con la asistencia de herramientas de inteligencia artificial para la investigación y la estructuración de datos, bajo revisión y edición humana.

El 23 de abril no es una fecha cualquiera en la meseta. Este año, Castilla y León conmemora los 50 años de la primera gran concentración en Villalar de los Comuneros, nacida en 1976 durante la Transición, una celebración que reivindica la identidad, la historia y la memoria colectiva que se remonta a la batalla de 1521. En ese mismo paisaje, sin embargo, una parte esencial del patrimonio cotidiano de la región se desmorona en silencio: los palomares de Tierra de Campos.

Desde mi trabajo de investigación en la Universidad de Salamanca, centrado en la relación entre derecho laboral e inclusión social, observo con especial interés el territorio y sus formas constructivas. En Tierra de Campos, la belleza no depende de la monumentalidad, sino de una sobriedad que se extiende en una línea casi infinita, apenas interrumpida por construcciones de barro que condensan una arquitectura popular brillante: los palomares.

Estos gigantes de adobe no fueron diseñados por arquitectos ilustres, sino por las manos callosas de agricultores que entendieron perfectamente su entorno. Utilizaron el material más humilde y abundante — la tierra arcillosa — para levantar estructuras circulares, cuadradas o poligonales con un doble propósito vital: la cría de pichones para la subsistencia alimentaria y la obtención de palomina, un abono de gran calidad para sus campos. En la práctica, articulaban un ciclo de aprovechamiento local que hoy describiríamos como economía circular, mucho antes de que el término se instalara en el lenguaje institucional.

La paradoja normativa del barro

Hoy, sin embargo, nos enfrentamos a una dolorosa paradoja material y normativa.

Hace apenas unos días, el 8 de abril de 2026, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 313/2026, mediante el cual se declaran los hórreos del norte de la Península Ibérica como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Es una decisión justa y necesaria, y supone un reconocimiento estatal singular tanto de estas estructuras como de los oficios tradicionales asociados a ellas.

Pero, ¿qué ocurre con el sur de la cordillera Cantábrica? ¿Por qué existe una salvaguarda estatal específica para los hórreos mientras los palomares languidecen? Como bien se preguntaba recientemente el periodista Javier Pérez Andrés en las páginas de El Mundo / Diario de Castilla y León: “Ay, si la mayor concentración de palomares de la arquitectura, del tapial y del barro estuviesen en el noreste peninsular”. Su reflexión, lúcida y pegada al territorio, recuerda que el patrimonio inmaterial también está hecho de la arcilla que corre por las venas de esta tierra. Y conviene decirlo con claridad: pese a la falta de recursos, ya hay vecinos, propietarios, asociaciones y fundaciones que sostienen intervenciones e iniciativas locales — como muestran fichas de la Lista Roja en conjuntos de Villamartín y Guaza — ; lo que falta es que ese esfuerzo tenga instrumentos públicos, continuidad y escala.

La reciente Ley 7/2024 de Patrimonio Cultural de Castilla y León ha supuesto un avance teórico importante. La norma reconoce explícitamente la ‘arquitectura tradicional y vernácula’ como parte del patrimonio material, lo que permite encuadrar a los palomares, en función de sus valores concretos, en la categoría de bien inmueble de interés etnológico o en la figura de Paisaje Cultural, sin perjuicio de su posible declaración como Bien de Interés Cultural o Bien Inventariado mediante inscripción individual en el Censo del Patrimonio Cultural. Asimismo, la ley protege como patrimonio inmaterial los oficios, saberes y técnicas constructivas tradicionales vinculados al territorio, abriendo la vía para la salvaguarda de prácticas como el arte de construir en adobe. Como ha señalado Vaquer Caballería, la protección jurídica del patrimonio inmaterial exige ir más allá del catálogo y articular instrumentos que garanticen la transmisión efectiva de los saberes asociados a los bienes materiales. Incluso el Procurador del Común, en resoluciones recientes (Expediente 1251/2020), ha exigido medidas eficaces para la conservación de estas edificaciones en la comarca.

Pero la ley, por sí sola, no sostiene muros de barro. La naturaleza del adobe es implacable: requiere mantenimiento constante. Cuando un palomar se abandona, el agua y el viento hacen su trabajo. El barro se disuelve, el tejado colapsa y la estructura regresa a la tierra de la que salió.

Las cifras publicadas recientemente por El Norte de Castilla revelan la verdadera magnitud de la tragedia. En la provincia de Palencia hay más de mil palomares, y la mitad de ellos necesitan trabajos urgentes de conservación. El programa Palomares de Palencia ha logrado inventariar 280 de estas edificaciones, y el diagnóstico es desolador: aunque un 37% se encuentra en buen estado, más del 41% presenta un estado regular y más de un 21% (60 palomares documentados) se halla en estado de ruina.

Conjuntos enteros, como los de Torremormojón, Guaza de Campos o Villamartín de Campos, han entrado en la fatídica Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra. En Torremormojón, por ejemplo, el 59% de sus 17 palomares está en pésimo estado. Y como bien relatan los propietarios locales, el arreglo suele salir de su propio bolsillo, movidos únicamente por un vínculo sentimental frente a una rentabilidad que hoy es prácticamente nula.

Del rescate patrimonial a la inclusión laboral

El problema radica en que hemos disociado la protección del uso. Declarar un edificio como Bien de Interés Cultural (BIC) o incluirlo en un catálogo no sirve de nada si se convierte en una ruina intocable o en un museo vacío que depende de subvenciones perpetuas. Proteger sin dar uso económico y función social es prolongar la ruina. La verdadera salvaguarda de la arquitectura vernácula pasa por dotarla de viabilidad en el siglo XXI.

Es aquí donde el rescate patrimonial puede y debe cruzarse con uno de los grandes desafíos del derecho laboral contemporáneo: la inclusión de las personas con discapacidad en el medio rural.

La conservación de los palomares exige la recuperación de oficios tradicionales de construcción en adobe y tapial, saberes que constituyen en sí mismos un patrimonio inmaterial protegido por la nueva ley autonómica. Articular la restauración de estos edificios a través de escuelas-taller, cooperativas de restauro o alianzas con Centros Especiales de Empleo permitiría transformar un problema arquitectónico en un vector de formación profesional.

El artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) exige a los Estados garantizar el derecho al trabajo en entornos laborales abiertos e inclusivos. En España, la Ley General de Discapacidad articula este mandato, pero su efectividad suele chocar contra la realidad de la “España vaciada”. Según el informe del CERMI sobre personas con discapacidad en el medio rural, el 11% de la población rural española tiene alguna discapacidad, y las barreras de acceso al empleo en estas zonas son significativamente mayores que en el entorno urbano. La insuficiencia de políticas sostenidas de formación, acompañamiento e incentivos de empleo en estas zonas termina desplazando buena parte del esfuerzo hacia actores privados y sociales, que deben multiplicar recursos para generar oportunidades reales.

Sin embargo, la viabilidad existe. Iniciativas como las de ILUNION TextilCare, donde el 66% de su plantilla rural está formada por profesionales con discapacidad, demuestran que el emprendimiento social en zonas despobladas no es una utopía. Si trasladamos esta lógica a Tierra de Campos, la reactivación de la producción agroalimentaria tradicional — como la cría de pichón de alta calidad — o el desarrollo de un turismo patrimonial accesible en torno a los palomares restaurados podrían generar cadenas cortas de producción y empleo estable.

Restaurar un palomar no debería ser solo una obra de albañilería; debería ser un proyecto integral que priorice la empleabilidad de personas con discapacidad. Estas iniciativas permitirían fijar población, preservar el patrimonio material e inmaterial, y cumplir con el mandato de inclusión laboral, compensando las históricas lagunas del poder público en el medio rural.

Este 23 de abril, mientras resuenan los ecos de los comuneros en Villalar, valdría la pena recordar que la identidad de Castilla y León no solo se forjó en los campos de batalla, sino también en los campos de labranza. Si los palomares se pierden, no será por falta de valor cultural, sino por una insuficiencia persistente de políticas de conservación, de incentivos de uso y de instrumentos estables que permitan mantener el barro vivo. Protegerlos y dotarlos de un propósito social e inclusivo no es romanticismo: es una forma concreta de sostener territorio, empleo y memoria material.

Fuentes principales

•ESPAÑA. Real Decreto 313/2026, de 8 de abril (BOE-A-2026–8068).

•ESPAÑA. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Ley General de Discapacidad (BOE-A-2013–12632).

•CASTILLA Y LEÓN. Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural (BOE-A-2024–15102).

•PROCURADOR DEL COMÚN. Resolución Exp. 1251/2020 (Protección palomares).

•PÉREZ ANDRÉS, Javier. ¿Y los palomares qué? Diario de Castilla y León / El Mundo, 15 abr. 2026.

•ÁLVAREZ, Almudena. El Norte de Castilla, 17 mar. 2024.

•HISPANIA NOSTRA. Lista Roja del Patrimonio (fichas: Villamartín de Campos, Guaza de Campos, Torremormojón).

•VAQUER CABALLERÍA, Marcos. La protección jurídica del patrimonio cultural inmaterial. Ministerio de Cultura de España.

•CERMI. Las personas con discapacidad residentes en el medio rural. Madrid, 2018.

•FORBES ESPAÑA. ILUNION TextilCare apuesta por la España rural. 2025.

•ONU. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006.