Vendedores ambulantes

Vendedores ambulantes

Los vendedores ambulantes en ciudades como Tunja son un fenómeno complejo que involucra no solo aspectos económicos y sociales, sino también legales y de salubridad pública. Si bien es cierto que la Corte Constitucional ha protegido su derecho al trabajo bajo el concepto de “confianza legítima”, argumentando que estas personas dependen de esta actividad para su sustento, también es cierto que la presencia de los vendedores ambulantes genera una serie de problemáticas que deben ser abordadas con responsabilidad y estrategias claras.

Uno de los primeros problemas que surge es el cumplimiento de las normas de sanidad, especialmente en aquellos casos en los que los vendedores ambulantes manipulan alimentos. La venta de comida en condiciones inadecuadas, sin los debidos controles de higiene, no solo pone en riesgo la salud de los consumidores, sino que también crea una competencia desleal frente a los establecimientos formales que deben cumplir con estrictas normativas sanitarias. Prohibir la venta de alimentos que no cumplan con los estándares de sanidad establecidos sería una medida contundente que, de manera inmediata, reduciría el número de vendedores ambulantes en la ciudad.

Por otro lado, el uso ilegal de servicios públicos es una práctica que no se puede ignorar. Muchos de estos vendedores ambulantes conectan sus puestos a la red eléctrica de forma clandestina, lo que constituye un delito. Este acto no solo afecta el funcionamiento de la infraestructura pública, sino que también representa un riesgo para la seguridad, ya que la manipulación inadecuada de electricidad puede causar accidentes graves. Aplicar sanciones estrictas a quienes roban energía eléctrica y fomentar el control riguroso del uso de servicios públicos sería otro paso hacia la reducción del comercio ambulante ilegal.

Ahora muchos de estos negocios dedicados a la venta de comidas emplean pipetas de gas que instalan cerca a la hornilla o quemadores, constituyéndose en un peligro y riesgo para la seguridad e integridad de la comunidad, razón por la cual. mediante la aplicación el Código Nacional de Policía se podría contener estas potenciales amenazas al prohibir su uso en espacio público.

Asimismo, el comercio de productos falsificados y de contrabando es una problemática recurrente entre los vendedores ambulantes. Ropa, música, películas y otros artículos que infringen los derechos de propiedad intelectual y que no pagan impuestos, se venden abiertamente en las calles. Esta actividad no solo infringe la ley, sino que también afecta la economía formal, particularmente a las pequeñas empresas que luchan por competir contra estos productos de bajo costo. Prohibir de manera efectiva la venta de productos falsificados y de contrabando, a través de operativos regulares y sanciones severas, ayudaría a reducir la presencia de vendedores ambulantes que incurren en estas prácticas ilegales.

Si bien el fenómeno de los vendedores ambulantes tiene raíces en la informalidad económica y la falta de oportunidades laborales, es necesario aplicar estrategias que no solo respeten los derechos de estas personas, sino que también garanticen el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. Medidas como la regulación de las condiciones de trabajo, el cumplimiento de las normas de sanidad, y la eliminación del uso ilegal de recursos y productos falsificados y de contrabando, contribuirían a disminuir la presencia de vendedores ambulantes en las ciudades de manera gradual.

Como se ha ilustrado, existen muchas alternativas para recuperar el espacio público mediante la aplicación de las normas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Solo se necesita una verdadera voluntad administrativa y política para frenar las ventas ambulantes.