El agua como nexo vital: Estrategia hídrica para la atención de necesidades básicas, la obtención de la Licencia Social para Operar y el establecimiento del enfoque de Valor Compartido en la minería peruana

Autor: César Reyna Ugarriza

Consultor en gestión social

Correo: cesarreyna78@gmail.com

Fecha: 15 de mayo de 2025

Abstract This article offers a comprehensive exploration of how mining companies in Peru are adopting an approach centered on meeting basic water needs as a primary strategy for co-creating and consolidating the Social License to Operate (SLO). It examines in depth the articulation of this strategy with the framework of Creating Shared Value (CSV) and the principles of strategic reciprocity, including the dynamics of “giving and receiving” and the importance of building trust. Through a critical analysis of case studies and the integration of theoretical and practical frameworks, the article argues that collaboratively addressing essential water needs not only prevents and transforms conflicts, but also catalyzes trust-based relationships, fosters legitimacy, and enables the construction of a sustainable and mutually beneficial future for both communities and the mining industry. In other words, it demonstrates that meeting basic water needs reduces conflict, strengthens legitimacy, and generates economic and social benefits. The study incorporates performance metrics, reflects on emblematic failures such as the Tía María project and the limitations of these strategies, and proposes an AHP–DEMATEL algorithm for prioritizing water-related projects, with clearly defined criteria. It concludes that water is the core connector of enduring company–community alliances and the foundation for sustainable territorial development, demonstrating the applicability of SLO models that prioritize the creation of social value (CSV).

Keywords: Social License to Operate; SLO model; Collaborative water management; Shared Value; Sustainable mining; Peru; Trust; Strategic reciprocity; Tía María; Antamina; Cerro Verde; Buenaventura; Socio-environmental conflicts; Project prioritization criteria.

Resumen

Este artículo ofrece una exploración exhaustiva de cómo las empresas mineras en el Perú están adoptando un enfoque centrado en la satisfacción de necesidades hídricas básicas como estrategia primordial para co-crear y consolidar la Licencia Social para Operar (LSO). Se analiza en profundidad la articulación de esta estrategia con el marco de la Creación de Valor Compartido (CVC) y los principios de reciprocidad estratégica, incluyendo las dinámicas de “dar y recibir” y la importancia de la generación de confianza. Mediante un análisis crítico de casos de estudio y la integración de marcos teóricos y prácticos, se argumenta que el abordaje colaborativo de las necesidades hídricas esenciales no solo previene y transforma conflictos, sino que cataliza relaciones de confianza, fomenta la legitimidad y permite la construcción de un futuro sostenible y mutuamente beneficioso para las comunidades y la industria minera. En otras palabras, se demuestra que atender necesidades hídricas básicas reduce la conflictividad, fortalece la legitimidad y crea beneficios económicos y sociales. El trabajo incorpora métricas de desempeño, reflexiona sobre fracasos emblemáticos como el del proyecto Tía María y los límites de estas estrategias, y propone un algoritmo AHP-DEMATEL para priorizar proyectos hídricos, cuyos criterios se definen en detalle. Concluye que el agua es el eje articulador de alianzas duraderas empresa-comunidad y la base de un desarrollo territorial sostenible, demostrando la aplicabilidad de modelos de LSO que priorizan la Creación de Valor Social (CVS).

Palabras clave: Licencia Social para Operar; Modelo LSO; Gestión colaborativa del agua; Valor Compartido; Minería sostenible; Perú; Confianza; Reciprocidad estratégica; Tía María; Antamina; Cerro Verde; Buenaventura; Conflictos socioambientales; Criterios de priorización de proyectos.

1. Introducción

La minería peruana aporta significativamente al PBI (aproximadamente el 10 %) y constituye más del 60 % de las exportaciones del país. No obstante, esta actividad se desarrolla con frecuencia en territorios caracterizados por una notable escasez hídrica y una historia de conflictos sociales (Bebbington & Bury, 2009). En este complejo escenario, la Licencia Social para Operar (LSO) — entendida como la aceptación y el respaldo continuo, tácito y relacional otorgado por las comunidades y otros stakeholders a un proyecto minero (Thomson & Boutilier, 2011) — ha trascendido su naturaleza de requisito para erigirse como un pilar estratégico para la viabilidad y sostenibilidad de cualquier emprendimiento. Según el Reporte de Conflictos Sociales N.º 254 de la Defensoría del Pueblo (2025, 12 de mayo), los conflictos socioambientales vinculados a la minería representan el 31.0 % del total de conflictos sociales reportados, y una proporción considerable de estos tiene un componente hídrico. En consecuencia, la atención proactiva y efectiva a esta necesidad fundamental emerge como el “tema cero” o punto de partida indispensable para el establecimiento de relaciones de confianza y la construcción de legitimidad por parte de las empresas del sector.

Dentro del espectro de necesidades básicas, el acceso equitativo, suficiente y sostenible al agua se erige como la más crítica, vital y, a menudo, la más sensible. Por consiguiente, las estrategias hídricas de las empresas mineras están evolucionando: de un enfoque puramente técnico y centrado en la demanda operacional, hacia modelos integrales que colocan en el centro la seguridad hídrica de las comunidades. Esta transformación se apoya en el paradigma de la Creación de Valor Compartido (CVC), que busca la sinergia entre el éxito empresarial y el progreso social, y se manifiesta a través de una comprensión sofisticada de la reciprocidad y las dinámicas de colaboración en la construcción de relaciones de beneficio mutuo y largo plazo. El presente artículo se adentra con mayor profundidad en cómo este enfoque en las necesidades hídricas esenciales, gestionado de manera estratégica y colaborativa, no solo es un imperativo ético, sino la fundación sobre la cual se construye una LSO sólida y se promueve un desarrollo territorial inclusivo en el Perú.

Esta investigación expande y profundiza un borrador previo, con el objetivo de ofrecer un análisis más robusto y multidimensional. Para ello, se integran los siguientes elementos: (i) una metodología de investigación explícita y rigurosa; (ii) la incorporación de métricas empíricas para evaluar el impacto de las estrategias hídricas; (iii) una discusión crítica que incluye el análisis de fracasos y limitaciones, ejemplificado con el caso Tía María; (iv) la consideración de la interacción entre múltiples actores y la complejidad de la gobernanza del agua; (v) una reflexión sobre la importancia de la planificación post-cierre en los proyectos hídricos; y (vi) la actualización y el enriquecimiento de las referencias bibliográficas.

2. Marco conceptual

2.1 Agua, necesidad fundamental y norma de reciprocidad

El agua es un elemento insustituible que trasciende su mera condición de recurso natural para convertirse en un pilar de la vida y el desarrollo. Satisface necesidades fisiológicas esenciales para la supervivencia humana, es un insumo crítico para las actividades productivas que sustentan las economías locales (como la agricultura y la ganadería), y posee profundas connotaciones culturales y simbólicas para muchas comunidades, especialmente las indígenas y campesinas. Dada esta centralidad, la provisión o mejora del acceso al agua por parte de un actor externo, como una empresa minera, tiene el potencial de activar con gran fuerza la norma universal de reciprocidad (Gouldner, 1960). Este principio sociológico postula que los individuos y grupos sociales sienten una inclinación, a menudo una obligación moral, de corresponder positivamente a aquellos que les han proporcionado un beneficio significativo, especialmente si este ha sido otorgado de manera voluntaria y ha atendido una necesidad sentida. En el contexto de las relaciones empresa-comunidad, una inversión genuina y efectiva en seguridad hídrica puede, por lo tanto, crear un ambiente propicio para que la confianza comience a florecer, sentando las bases para interacciones futuras más constructivas y colaborativas (Cialdini, 2001). La ausencia de esta atención, o la percepción de amenaza sobre el recurso hídrico, por el contrario, puede exacerbar la desconfianza y ser un detonante directo de conflictividad.

2.2 Tipología de reciprocidad de Adam Grant: El “Dador Estratégico” en la gestión hídrica

Adam Grant (2013) en su obra “Give and Take”, ofrece una perspectiva matizada sobre las dinámicas interpersonales y organizacionales, clasificando los estilos de interacción en tres categorías principales: “dadores” (givers), aquellos que disfrutan contribuyendo a otros sin expectativas inmediatas de retorno; “tomadores” (takers), que buscan maximizar su propio beneficio en cada interacción, procurando obtener más de lo que ofrecen; y “equiparadores” (matchers), quienes operan bajo una lógica de quid pro quo, buscando un balance justo en el dar y recibir. Grant (2013) argumenta de manera convincente que, si bien los dadores puramente altruistas pueden correr el riesgo de ser explotados, son los dadores “otherish” o “estratégicos” –aquellos que combinan una genuina preocupación por el bienestar de los demás con una visión clara de sus propios intereses a largo plazo– quienes a menudo alcanzan los mayores niveles de éxito sostenible y construyen las redes de colaboración más fuertes.

En el sector minero, una empresa que invierte significativamente en el diseño e implementación de infraestructura hídrica que beneficia directamente a la comunidad (mejorando el acceso, la calidad o la disponibilidad del agua) actúa precisamente como un “dador otherish” o estratégico. Esta inversión no es un acto de filantropía desinteresada, sino una decisión estratégica que contempla beneficios mutuos:

a) Beneficio comunitario directo y tangible: Las comunidades obtienen acceso seguro y mejorado a un recurso vital, lo que se traduce en mejoras en la salud, la productividad agrícola, la calidad de vida y la resiliencia frente a la escasez. Esto puede incluir desde asegurar agua para consumo humano hasta optimizar el riego para la agricultura, que es el sustento de muchas comunidades rurales.

b) Retorno empresarial estratégico y multifacético: La empresa, a su vez, puede experimentar una reducción significativa de la conflictividad social asociada al agua, una mayor continuidad y predictibilidad operativa (al disminuir el riesgo de protestas o bloqueos), una mejora sustancial en su reputación y un fortalecimiento de sus credenciales ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), lo cual es cada vez más valorado por inversores, financiadores y mercados globales.

Este marco propuesto por Grant (2013) ayuda a explicar por qué las inversiones hídricas bien concebidas y ejecutadas de forma participativa trascienden la filantropía reactiva o el mero cumplimiento normativo. Al internalizar el principio de reciprocidad de una manera estratégica y orientada al beneficio mutuo, estas iniciativas logran convertir el capital financiero invertido en capital social y confianza, elementos fundamentales para la sostenibilidad del negocio minero y la paz social.

2.3 Creación de Valor Compartido (CVC) en el nexo agua-minería

El concepto de Creación de Valor Compartido (CVC), popularizado por Porter y Kramer (2011), establece que la competitividad de una empresa y la salud de las comunidades que la rodean son fundamentalmente interdependientes. La CVC va más allá de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) tradicional, que a menudo se enfoca en la mitigación de daños o en actividades filantrópicas desconectadas del núcleo del negocio. En contraste, la CVC busca identificar y expandir las conexiones entre el progreso económico y el social, integrando las necesidades sociales en la estrategia empresarial para generar innovaciones y ventajas competitivas. Según Porter y Kramer (2011), “las empresas pueden crear valor económico creando valor social” (p. 64).

En el nexo entre agua y minería, la CVC se materializa cuando las soluciones a los desafíos hídricos de las comunidades también generan valor económico para la empresa. Esto se traduce, por ejemplo, en proyectos que aseguran la seguridad hídrica comunitaria (a través de nuevas fuentes, mejor infraestructura, tratamiento de aguas) y, simultáneamente, garantizan la continuidad operativa de la mina, optimizan el uso del agua en sus procesos (recirculación, uso de aguas de menor calidad para ciertos procesos como el transporte de relaves o la supresión de polvo), reducen costos asociados a conflictos o paralizaciones, y mejoran la eficiencia general. La clave de la CVC es la búsqueda de sinergias donde el beneficio social y el empresarial no solo coexistan, sino que se refuercen mutuamente, generando un “gana-gana” sostenible.

En la gestión del agua dentro del sector minero, la CVC se manifiesta cuando las soluciones innovadoras a los desafíos hídricos de las comunidades generan, simultáneamente, valor tangible para la empresa. Esta sinergia puede materializarse de diversas formas:

a) Seguridad hídrica y resiliencia climática compartida: Proyectos que incrementan la eficiencia en el uso del agua, aumentan la capacidad de almacenamiento (como en el caso de micro-represas o grandes embalses multipropósito), mejoran la calidad del agua mediante plantas de tratamiento avanzadas, o promueven la “siembra y cosecha de agua”, no solo benefician directamente a las comunidades (mayor disponibilidad para consumo, riego, ganadería; reducción de enfermedades), sino que también pueden asegurar un suministro hídrico más resiliente y predecible para las operaciones mineras, especialmente en contextos de variabilidad y cambio climático. La reutilización de agua tratada, por ejemplo, reduce la presión sobre fuentes de agua fresca.

b) Mitigación proactiva de riesgos y reducción de conflictos: Una comunidad que percibe a la empresa como un socio en la gestión sostenible del agua y que ve atendidas sus necesidades hídricas es significativamente menos propensa a entrar en conflicto por este recurso. Esto se traduce en una mayor estabilidad operativa, menores costos asociados a disputas y una reputación corporativa fortalecida.

c) Innovación, eficiencia y ventaja competitiva: La necesidad de desarrollar soluciones hídricas compartidas puede estimular la investigación, el desarrollo y la adopción de tecnologías y prácticas innovadoras en la gestión del agua. Esta experticia puede traducirse en eficiencias operativas (menor consumo de agua y energía, menores costos de tratamiento) y posicionar a la empresa como líder en sostenibilidad.

d) Fortalecimiento del capital humano y social: La participación comunitaria en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hídrica, acompañada de programas de capacitación, no solo asegura la sostenibilidad de los proyectos, sino que también fortalece las capacidades locales y el tejido social.

e) Mejora de la reputación y acceso a mercados y financiamiento: Un desempeño sobresaliente en la gestión compartida del agua y en la construcción de relaciones comunitarias positivas es cada vez más valorado por inversores, entidades financieras y mercados que exigen altos estándares de sostenibilidad (ESG).

En esencia, abordar las necesidades hídricas básicas desde una perspectiva de la CVC implica reconocer que el agua es un recurso compartido cuyo manejo sostenible es fundamental tanto para el bienestar de la sociedad como para la prosperidad del negocio. Esta visión estratégica transforma un área de potencial riesgo en una fuente de valor económico y social.

Nota: Diagrama circular en seis etapas conectadas por flechas en sentido horario. Cada etapa representa una fase del proceso de creación de valor compartido a partir de intervenciones hídricas.

2.4 Licencia Social para Operar (LSO): De la tolerancia a la legitimidad activa y la Creación de Valor Social (CVS)

La Licencia Social para Operar (LSO) es un concepto dinámico y relacional que refleja el nivel de aceptación, aprobación o incluso apoyo que las comunidades locales y otros stakeholders otorgan a las operaciones de una empresa (Prno & Slocombe, 2012; Reyna Ugarriza, 2024). No es una licencia formal o un permiso legal, sino un constructo social basado en la credibilidad, la confianza y la percepción de justicia, transparencia y beneficio mutuo (Thomson & Boutilier, 2011). La LSO no es estática; se gana, se mantiene y puede perderse a través de las acciones y omisiones de la empresa. Como señalan Moffat et al. (2016), la LSO implica un “contrato social” no escrito que es específico del contexto y evoluciona con el tiempo.

En efecto, bajo un modelo de LSO enfocado como el propuesto por Reyna Ugarriza (2024), la ejecución responsable y co-participativa de proyectos hídricos estratégicos permite no solo atender necesidades críticas, sino que se convierte en un vehículo para crear valor social tangible para la comunidad (ej. salud mejorada, productividad agrícola incrementada, fortalecimiento de capacidades locales en gestión del agua). Este proceso, a su vez, sienta las bases para construir una relación de confianza y colaboración, trascendiendo la mera mitigación de impactos. Al contar con una fuente de agua segura, limpia y disponible, gestionada de forma compartida, se reducen significativamente los riesgos e impactos percibidos y reales asociados a la actividad minera en relación con este recurso vital. La utilidad de este enfoque, y por ende del modelo de LSO que lo sustenta, se evidencia cuando las comunidades no solo aceptan la presencia de la operación, sino que participan activamente en iniciativas conjuntas y perciben beneficios directos que mejoran su calidad de vida, lo cual es fundamental para alcanzar y sostener una LSO robusta y pasar de la tolerancia a una legitimidad activa.

Atender de manera efectiva y participativa una necesidad tan fundamental como el agua puede ser un catalizador poderoso en esta evolución de la LSO. Permite a la empresa transitar desde un estado de mera tolerancia por parte de la comunidad, a menudo frágil y condicionado, hacia niveles más profundos de aceptación y, finalmente, de legitimidad activa. Los proyectos hídricos que generan valor compartido son instrumentales en este proceso, pues ofrecen evidencia tangible del compromiso de la empresa con el bienestar local y su disposición a escuchar y responder a las preocupaciones comunitarias.

La relación entre una empresa y sus stakeholders, especialmente las comunidades locales, requiere necesariamente que la confianza se cultive a través de acciones consistentes que demuestren un compromiso genuino con el bienestar de aquellos que precisamente otorgan la licencia. En ese sentido, las estrategias hídricas centradas en necesidades básicas son particularmente efectivas para nutrir este ecosistema de confianza en el que sustenta la LSO porque:

a) Construyen puentes de empatía y entendimiento mutuo: Al priorizar lo que es fundamental para la comunidad, la empresa demuestra que ha escuchado y comprendido sus preocupaciones más profundas. Este reconocimiento es el primer paso para superar la desconfianza histórica.

b) Generan valor social percibido y apropiado localmente: Los beneficios directos en salud, ingresos (por mejora de la agricultura/ganadería) y calidad de vida son tangibles y fácilmente atribuibles a la iniciativa, siempre que esta haya sido comunicada y desarrollada de forma participativa.

c) Fomentan el capital social y la colaboración: Los procesos de diagnóstico, diseño, implementación y monitoreo participativo de proyectos hídricos fortalecen las organizaciones comunitarias, crean lazos de cooperación entre la comunidad y la empresa, y pueden incluso mejorar las relaciones dentro de la propia comunidad.

d) Facilitan el diálogo constructivo sobre otros temas: Una vez que se establece una base de confianza a través de la atención efectiva a una necesidad crítica como el agua, las comunidades suelen mostrarse más dispuestas a dialogar sobre otros aspectos del proyecto minero, incluyendo la gestión de impactos y la distribución de beneficios, en un clima de menor tensión y mayor apertura.

e) Incrementan la legitimidad y reducen la incertidumbre: Una empresa que es percibida como un socio confiable en la gestión del agua gana legitimidad. Esta legitimidad es un activo intangible invaluable que reduce la incertidumbre social y política, y contribuye a la estabilidad de las operaciones.

La Licencia Social para Operar (LSO), por lo tanto, no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de aceptación, apoyo e incluso orgullo por parte de la comunidad hacia un proyecto que perciben como beneficioso o, al menos, gestionado de manera justa, beneficiosa y responsable. Las inversiones estratégicas en agua son una forma poderosa de sembrar y cultivar esta percepción a nivel local.

3. Metodología

Se empleó un diseño cualitativo comparativo de estudios de caso (Yin, 2018) para analizar en profundidad cinco proyectos hídricos emblemáticos desarrollados por empresas mineras en el Perú, seleccionados por su relevancia y la disponibilidad de información (Fig. 2).

Los ejemplos de empresas mineras peruanas que han invertido en proyectos hídricos estratégicos ofrecen lecciones valiosas sobre cómo la atención a necesidades fundamentales puede ser el catalizador para la Licencia Social para Operar (LSO). Una mirada más profunda a estos casos revela no solo el “qué” sino también el “cómo”:

Ø Cerro Verde (Arequipa) — Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR-La Enlozada) y represa Pillones.

Descripción del caso: Más allá de la infraestructura (PTAR La Enlozada, represa Pillones), el éxito de Sociedad Minera Cerro Verde radica en haber abordado un problema crítico a escala urbana desde el inicio, generando un beneficio colectivo que trascendió a las comunidades inmediatamente aledañas. La descontaminación del río Chili tuvo un gran impacto positivo en la salud pública, la agricultura y el turismo regional. Esta contribución a una necesidad metropolitana, sumada a la solución técnica que le permitió a la mina expandirse utilizando agua tratada, es un ejemplo de la Creación de Valor Compartido (CVC) a gran escala, donde la legitimidad se construye a través de la generación de un impacto positivo regional.

Ø Anglo American Quellaveco (Moquegua) — Sistema Hídrico Agrominero (desvío río Asana, presa Vizcachas).

Descripción del caso: El “Sistema Hídrico Agrominero” es notable por su enfoque proactivo y su diseño técnico orientado a la prevención de impactos y la priorización del uso comunitario del agua. La transparencia en la gestión (monitoreo participativo del túnel del río Asana) y el compromiso de utilizar agua no apta para otros fines en sus procesos principales fueron determinantes para ganar la confianza en una región con una agricultura pujante y sensible a los temas hídricos. La Licencia Social para Operar (LSO) de Quellaveco se logró gracias a la modificación consensuada del EIA original en una mesa de diálogo regional, es decir, se cimentó en base a un diálogo técnico y social temprano y en compromisos verificables sobre el manejo del agua y otros aspectos relevantes.

Ø Southern Perú (Tacna) **— **Represa Cularjahuira.

Descripción del caso: Proyectos como la represa Cularjahuira, al proveer agua para riego, no solo amplían la productividad agrícola y mejoran los ingresos de los agricultores, sino que también reconocen y valoran las actividades económicas tradicionales de la región. El proceso de articulación con autoridades y actores locales para estos proyectos es tan importante como la obra misma, ya que fomenta un sentido de co-propiedad y colaboración necesario.

Ø Gold Fields (Cajamarca) — Programa de micro-reservorios.

Descripción del caso: Esta iniciativa, aunque de menor envergadura física, destaca por su enfoque en la resiliencia comunitaria y la adaptación al cambio climático a nivel de base. Al trabajar con USAID y el municipio local, se demuestra una voluntad de colaborar con otros actores para el beneficio local, lo que fortalece la credibilidad y facilita la construcción de relaciones positivas.

Ø Buenaventura (Piura) — Plan hídrico del proyecto El Algarrobo (en fase de propuesta avanzada/ejecución temprana).

Descripción del caso: La evolución de este proyecto para incorporar explícitamente una gestión hídrica que responda a las preocupaciones históricas de la región de Piura (un área con antecedentes de conflictos mineros vinculados al agua) demuestra un aprendizaje y una adaptación estratégica. Sin embargo, el éxito futuro de esta interesante iniciativa dependerá de la capacidad de la empresa para traducir estas propuestas en compromisos sociales creíbles y acciones verificables, co-diseñadas con la comunidad.

En todos estos casos, el factor común es el reconocimiento de que atender una necesidad hídrica fundamental no es un acto aislado, sino el inicio de un proceso de construcción de relaciones. La efectividad no radica solo en la infraestructura entregada, sino en la calidad del proceso de diálogo, la transparencia en la toma de decisiones, el cumplimiento de los compromisos y la creación de mecanismos para la sostenibilidad a largo plazo de las soluciones implementadas.

3.1 Criterios de selección de casos

Los casos fueron seleccionados con base en los siguientes criterios:

a) Importancia económica y escala de la operación minera asociada: Proyectos con inversiones superiores a US$ 1 000 millones o producción relevante (ej. > 50 000 t Cu/año o equivalente).

b) Existencia de un componente hídrico significativo co-creado o desarrollado en estrecha consulta con la comunidad: Iniciativas que van más allá del cumplimiento normativo y buscan activamente el beneficio comunitario.

c) Disponibilidad de documentación pública verificable: Existencia de Estudios de Impacto Ambiental (EIA), reportes de sostenibilidad (ESG), comunicados de prensa, y otros documentos oficiales o académicos que permitan analizar el proyecto hídrico en el periodo 2010–2025 (o el periodo de actividad relevante del proyecto).

3.2 Fuentes y técnicas de recolección de datos

La investigación se basó en una estrategia de múltiples fuentes para asegurar la robustez y validez de los hallazgos:

· Revisión documental exhaustiva: Análisis de EIA y sus modificaciones, Informes de Sostenibilidad (bajo estándares como GRI, SASB), reportes anuales de las empresas, planes de gestión hídrica, actas de acuerdos con comunidades, artículos de prensa especializada y académica, y pronunciamientos de entidades regulatorias.

· Entrevistas semiestructuradas: Se realizaron 18 entrevistas en profundidad con actores clave involucrados en los casos estudiados o en la temática general, incluyendo:

• Gerentes y especialistas de las áreas de medio ambiente y relaciones comunitarias de las empresas mineras.

• Líderes y lideresas comunales de las áreas de influencia directa.

• Representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con trabajo en temas de minería, agua y derechos humanos.

• Funcionarios de entidades gubernamentales relevantes (ej. ANA, OEFA, MINEM, gobiernos regionales/locales). (El Apéndice B podría detallar el guion o cuestionario base utilizado en estas entrevistas).

· Triangulación de datos: La información obtenida de las diferentes fuentes fue contrastada para identificar consistencias y divergencias. Para los casos de Cerro Verde (datos 2023) y Quellaveco (datos 2024), se incorporaron hallazgos de informes de monitoreo participativo de calidad y cantidad de agua, donde la comunidad y otros actores colaboran en la vigilancia.

3.3 Métricas de evaluación

Para evaluar el impacto de los proyectos hídricos y su contribución a la Licencia Social para Operar (LSO), se recabaron y analizaron, en la medida de lo posible, los siguientes indicadores cuantitativos y cualitativos, comparando la situación antes y después de la implementación del proyecto hídrico principal:

a) Cobertura de agua potable y saneamiento: Porcentaje de hogares en el área de influencia con acceso a servicios mejorados.

b) Disponibilidad de agua para riego: Hectáreas bajo riego o mejora en la eficiencia del riego.

c) Percepción de la calidad y cantidad de agua: Basada en encuestas a la comunidad o registros de los Comités de Monitoreo Participativo.

d) Incidencia de enfermedades relacionadas con el agua: (Cuando sea disponible y atribuible).

e) Reducción de quejas y reclamos formales relacionados con el agua: Registrados por la empresa, Defensoría del Pueblo u otras entidades.

f) Número de días de paralización de la operación minera atribuibles a conflictos hídricos (o sociales en general) por año.

g) Costos operativos relacionados con el agua para la empresa: US$ por tonelada de mineral procesado o por onza de metal producido (buscando eficiencias).

h) Nivel de confianza y calidad de la relación empresa-comunidad: Medido a través de encuestas de percepción, análisis de actas de reuniones, o evaluaciones periódicas de LSO (si la empresa las realiza).

3.4 Limitaciones del estudio

Como toda investigación, este estudio enfrenta limitaciones. El acceso a documentos internos de las empresas fue desigual, dependiendo de sus políticas de transparencia. En las entrevistas, existió el riesgo de sesgo de deseabilidad social, donde los entrevistados podrían haber presentado la información de una manera favorable a sus intereses o instituciones. Además, la atribución causal directa entre un proyecto hídrico específico y cambios complejos como la Licencia Social para Operar (LSO) es inherentemente difícil, dada la multiplicidad de factores intervinientes. Se ha buscado mitigar estas limitaciones mediante la triangulación rigurosa de fuentes y el análisis crítico de la información.

4. Resultados

4.1 Síntesis comparativa de casos de estudio (Tabla 1)

Caso de Estudio

Solución Hídrica Principal

Beneficio Comunitario Destacado

Beneficio Empresarial Destacado

Cambio en Días de Paro/Año (Promedio Aproximado)

Cerro Verde

PTAR La Enlozada (tratamiento aguas servidas Arequipa) + Represa Pillones (almacenamiento).

Mejora significativa de calidad del río Chili (+45 % área agrícola con riego mejorado/expandido; reducción TDS río Chili –60 %).

Disponibilidad de agua tratada para expansión de concentradora; estabilidad operativa.

De ~1.5 a ~0.3

Quellaveco

Desvío del río Asana (túnel) + Uso de agua no apta para consumo humano (río Titire) en procesos + Presa Vizcachas (prioridad uso poblacional/agrícola).

Incremento de cobertura de agua potable al 92 % en áreas de influencia (+38 p.p.); protección de fuentes de agua para agricultura.

Obtención de permiso social en etapa temprana; reducción de OPEX de agua en ~18 %; reputación de manejo hídrico responsable.

De ~1.3 a ~0.2*

Southern Perú

Represa Cularjahuira (almacenamiento para riego).

~2,000 hectáreas adicionales bajo riego para cultivos tradicionales (orégano).

Aseguramiento de ~2 m³/s de agua para su proceso de lixiviación; mejora de relaciones con comunidades agrícolas.

De ~1.2 a ~0.5

Gold Fields

Programa de ~450 micro-reservorios (siembra y cosecha de agua).

Beneficio directo a ~1,500 familias agricultoras; aumento de resiliencia climática y disponibilidad hídrica en estiaje.

Mejora significativa de la reputación ESG; fortalecimiento de lazos con comunidades dispersas; facilitación del diálogo.

De ~0.6 a ~0.2

Buenaven-tura

Plan hídrico integral para el Proyecto El Algarrobo (en diseño detallado/ejecución temprana).

Proyección de incremento del >30 % en disponibilidad de agua para agricultura en el valle; mejora de infraestructura hídrica.

Búsqueda de una base sólida para la LSO en una región con sensibilidad hídrica; viabilidad del proyecto a largo plazo.

(En desarrollo)

**Nota para Quellaveco: Promedio 2018–22 vs 2023–25. No se registran paralizaciones > 3 días desde octubre 2023; bloqueos futuros pueden variar.*

4.2 Discusión de fracasos y lecciones aprendidas: El caso del Proyecto Tía María y la evolución de Antamina

El análisis no estaría completo sin considerar instancias donde las estrategias hídricas no lograron los resultados esperados o incluso exacerbaron conflictos. El caso del proyecto Tía María de Southern Perú Copper Corporation (SPCC) en el Valle de Tambo, Arequipa, es emblemático en este sentido y encaja con la descripción de un proyecto que enfrentó serias dificultades, en parte, por percepciones y realidades asociadas a un diseño “top-down” y cuestionamientos técnicos sobre el manejo del agua.

El conflicto en torno a Tía María, que se ha extendido por más de una década, ha estado marcado por una férrea oposición de las comunidades agrícolas del Valle de Tambo, quienes temen que el proyecto minero contamine sus fuentes de agua y afecte negativamente la agricultura, su principal medio de vida (Arellano, 2011; Peru Support Group, 2025a). Uno de los puntos más álgidos del conflicto se centró en el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, el cual recibió 138 observaciones por parte de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 2011, muchas de ellas relacionadas con aspectos hidrológicos e hidrogeológicos (Salazar, 2011; CooperAcción, 2015). Las críticas apuntaban a deficiencias en la línea base hidrológica, la modelización del impacto en los acuíferos y la potencial conexión entre las operaciones mineras y las fuentes de agua del valle. La percepción comunitaria fue que el estudio subestimaba los riesgos para el agua y que las propuestas de la empresa no garantizaban la protección del recurso (Jaskoski, 2014).

La empresa argumentó posteriormente que el proyecto utilizaría agua de mar desalinizada, no afectando las fuentes de agua dulce del valle (Southern Perú Copper Corporation, s.f.-a). Sin embargo, la desconfianza acumulada, sumada a una percepción de falta de participación genuina en las etapas iniciales del diseño del proyecto y en la elaboración del EIA (enfoque “top-down”), dificultó enormemente la obtención de la LSO (Ugarte Cornejo, 2020). Las protestas masivas en 2011 y 2015 resultaron en pérdidas humanas, heridos y una profunda fractura social, llevando a la suspensión del proyecto en varias ocasiones (Mongabay, 2024).

Por otro lado, el caso de Antamina (Áncash) también experimentó tensiones significativas relacionadas con el agua en el periodo 2010–2012. Aunque la empresa realizó inversiones en infraestructura, como un mineroducto y un sistema de bypass de relaves para proteger cuerpos de agua, la percepción de falta de transparencia y participación temprana en la toma de decisiones generó conflictos. Sin embargo, es relevante notar que, posteriormente a 2012, Antamina intensificó sus esfuerzos en fortalecer el diálogo, la transparencia a través de programas de monitoreo ambiental participativo (involucrando a comunidades, autoridades y universidades) y la inversión en proyectos de desarrollo local, incluyendo mejoras en la gestión del agua a nivel comunitario (Antamina, 2018; Antamina, 2021). Estos esfuerzos, reflejados en sus reportes de sostenibilidad, que destacan el diálogo continuo y las certificaciones ambientales, aunque parte de un proceso evolutivo y no exento de desafíos, han contribuido a mejorar la relación con algunas comunidades y a reducir la conflictividad en comparación con el periodo álgido, cerrando parcialmente el arco de aprendizaje y demostrando que la adaptación y la mejora continua en las estrategias de relacionamiento son posibles y necesarias.

Estos casos subrayan que el “cómo” se implementan los proyectos hídricos es tan importante, o incluso más, que el “qué” se implementa. La transparencia, la participación genuina desde las etapas más tempranas (co-diseño), el respeto por los conocimientos locales y la humildad institucional son fundamentales.

4.3 Actores y gobernanza del agua

La gobernanza efectiva del agua en los territorios mineros requiere la participación coordinada de múltiples actores. Los Comités de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana (o Participativa) (CMVCP), donde tienen presencia activa no solo la comunidad y la empresa, sino también entidades como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y a menudo universidades locales o regionales, han demostrado ser instrumentos valiosos para incrementar la transparencia, generar datos confiables y construir confianza en la gestión hídrica.

El marco normativo nacional, principalmente la Ley de Recursos Hídricos (Ley N.º 29338), establece los principios para la gestión integrada de los recursos hídricos, priorizando el acceso al agua para la satisfacción de las necesidades primarias (Artículo III, Principio 2) y promoviendo la participación de los usuarios y la población organizada en la toma de decisiones que afectan al agua (Artículo III, Principio 3) (Congreso de la República del Perú, 2009). Esta ley declara de interés nacional la gestión integrada por cuenca hidrográfica (Artículo IV) y busca asegurar la sostenibilidad del recurso (Artículo III, Principio 6). La ley también crea el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, cuya máxima autoridad es la ANA, encargada de administrar, conservar, proteger y aprovechar los recursos hídricos de las diferentes cuencas de manera sostenible. Sin embargo, su implementación efectiva y la articulación entre los diferentes niveles de gobierno y los actores locales siguen siendo un desafío. La ANA, como ente rector, juega un papel central en la administración y protección de los recursos hídricos, pero su capacidad de fiscalización y presencia en todos los territorios es limitada.

La sostenibilidad de los avances en gobernanza enfrenta desafíos, como la alta rotación de autoridades locales (alcaldes, gobernadores regionales) que puede llevar a la discontinuidad de políticas o acuerdos, y el riesgo de captura política de estos espacios de diálogo o de los beneficios derivados de los proyectos hídricos. Se requiere un fortalecimiento institucional a nivel local y regional, así como mecanismos que blinden los acuerdos de largo plazo de la volatilidad política. La fragmentación estatal y la falta de capacidades técnicas y de fiscalización en algunos niveles de gobierno también pueden obstaculizar una gestión integrada y equitativa del agua (Ugarte Cornejo, 2020).

4.4 Planificación post-cierre y sostenibilidad a largo plazo de la infraestructura hídrica

Un aspecto crítico, a menudo subestimado en las etapas iniciales, es la sostenibilidad de la infraestructura hídrica comunitaria una vez que la operación minera concluye. De los casos analizados, solo Quellaveco y Cerro Verde (a través de mecanismos asociados a la PTAR) disponen de fondos fiduciarios o arreglos financieros explícitos y de largo plazo (ej. para 30 años post-cierre) destinados a asegurar la operación, el mantenimiento y la eventual reposición de la infraestructura hídrica construida en beneficio de las comunidades.

El marco normativo peruano, a través del Reglamento para el Cierre de Minas (aprobado por Decreto Supremo N.º 033–2005-EM y sus modificatorias) y el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades1 de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (Decreto Supremo N.º 040–2014-EM), exige que las empresas mineras presenten un Plan de Cierre de Minas. Este plan debe incluir medidas para la estabilidad física y química a largo plazo de los componentes mineros, la rehabilitación de las áreas afectadas y el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales post-operación (Ministerio de Energía y Minas, 2014). La normativa enfatiza la responsabilidad del titular minero de garantizar que, tras el cierre, no se generen impactos ambientales negativos ni riesgos para la salud y seguridad de las poblaciones. Sin embargo, la garantía de sostenibilidad a muy largo plazo de obras de infraestructura hídrica comunitaria, que pueden haber sido cofinanciadas o impulsadas por la empresa, pero cuya gestión última recae en la comunidad o entidades locales, requiere previsiones financieras y de fortalecimiento de capacidades que van más allá del cierre técnico de la mina.

Es una recomendación fundamental que la planificación post-cierre, incluyendo la creación de estos mecanismos de sostenibilidad financiera (como los fondos fiduciarios) y de gestión (que deben ser co-diseñados con las comunidades y autoridades locales), se incorpore desde las fases de diseño de todos los proyectos hídricos de envergadura. Esto no solo asegura el legado positivo de la inversión, sino que también refuerza la credibilidad del compromiso de la empresa con el bienestar a largo plazo de la comunidad y el territorio.

5. Algoritmo de priorización hídrica (AHP-DEMATEL)

Para asistir en la toma de decisiones estratégicas sobre futuras inversiones en proyectos hídricos con enfoque de valor compartido, se diseñó un algoritmo reproducible basado en la combinación de los métodos de Proceso Analítico Jerárquico (AHP) y DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory). Este algoritmo (detallado en el Apéndice A, incluyendo la definición ampliada de los criterios) permite ponderar y jerarquizar proyectos potenciales considerando un conjunto de ocho criterios fundamentales[1]:

a) Seguridad hídrica comunitaria

v Definición: La seguridad hídrica comunitaria se refiere a la capacidad de una población para acceder de manera sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para sustentar los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico; para asegurar la protección contra la contaminación del agua y los desastres relacionados con el agua; y para preservar los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política (adaptado de UN-Water). Implica no solo la disponibilidad física del recurso, sino también la accesibilidad económica, la equidad en la distribución, la calidad del agua para diversos usos (consumo humano, agricultura, ganadería, usos culturales) y la reducción de la vulnerabilidad de las comunidades frente a riesgos hídricos (sequías, inundaciones, contaminación).

v Componentes y alcance: Disponibilidad, accesibilidad, calidad, sostenibilidad del recurso y del servicio, y gobernanza del agua a nivel comunitario.

v Importancia en la priorización: Es fundamental porque sitúa el bienestar y las necesidades de la comunidad en el centro de la evaluación. Un proyecto hídrico que mejore significativamente la seguridad hídrica comunitaria tiene un alto potencial de generar impacto social positivo, reducir la pobreza, mejorar la salud, fortalecer la resiliencia local y, consecuentemente, contribuir de manera decisiva a la obtención y mantenimiento de la LSO.

b) Impacto ambiental neto

v Definición: El impacto ambiental neto se refiere al balance final de los efectos de un proyecto hídrico sobre el medio ambiente, considerando tanto los impactos negativos potenciales (ej. alteración de caudales ecológicos, afectación de ecosistemas acuáticos o terrestres, generación de residuos, huella de carbono de la construcción y operación) como los beneficios o mejoras ambientales que pueda generar (ej. descontaminación de cuerpos de agua, restauración de humedales, reforestación de cuencas, mejora de la eficiencia en el uso del agua a nivel de cuenca, recarga de acuíferos). Se busca que el proyecto, en su conjunto y a lo largo de su ciclo de vida, tienda a un resultado ambiental positivo o, como mínimo, neutralice sus impactos negativos inevitables mediante una mitigación y compensación efectiva.

v Componentes y alcance: Evaluación de impactos negativos, evaluación de impactos positivos/beneficios ambientales, medidas de prevención, mitigación y corrección, compensación ambiental, y cumplimiento normativo y estándares.

v Importancia en la priorización: Un impacto ambiental neto positivo o neutro es esencial para la sostenibilidad a largo plazo del proyecto y del entorno. Minimizar la huella ecológica y, preferiblemente, generar co-beneficios ambientales no solo es una responsabilidad ética y legal, sino que también reduce el riesgo de oposición por motivos ambientales y fortalece la legitimidad del proyecto.

c) Viabilidad técnica y operativa

v Definición: La viabilidad técnica y operativa evalúa la factibilidad de diseñar, construir, operar y mantener el proyecto hídrico de manera efectiva, eficiente y sostenible a lo largo de su vida útil, utilizando tecnologías apropiadas y considerando las condiciones locales (geográficas, geológicas, climáticas, sociales, capacidades técnicas disponibles). Se analiza si la solución propuesta es robusta, adaptable y gestionable en el contexto específico donde se implementará.

v Componentes y alcance: Diseño técnico, constructibilidad, operatividad, mantenimiento, capacidades locales, y adaptabilidad y escalabilidad.

v Importancia en la priorización: Un proyecto puede tener excelentes intenciones sociales y ambientales, pero si no es técnicamente viable o su operación y mantenimiento son insostenibles en el contexto local, su impacto a largo plazo será limitado o nulo. La viabilidad técnica asegura que la inversión se traduzca en beneficios duraderos.

d) Costo-beneficio socioeconómico

v Definición: El análisis costo-beneficio socioeconómico evalúa la eficiencia económica y el impacto social de un proyecto hídrico comparando la totalidad de sus costos (inversión, operación, mantenimiento, costos sociales y ambientales externalizados si los hubiera) con la totalidad de sus beneficios cuantificables y cualitativos (económicos, sociales, ambientales) para la comunidad y otros actores relevantes, incluyendo la empresa. Busca determinar si los beneficios justifican los costos desde una perspectiva amplia que va más allá de la rentabilidad financiera privada.

v Componentes: Costos del proyecto, beneficios económicos, beneficios sociales, beneficios ambientales, y análisis de sensibilidad y riesgo.

v Importancia en la priorización: Ayuda a asegurar que los recursos se asignen a los proyectos que generan el mayor valor neto para la sociedad. Permite comparar alternativas y seleccionar las más eficientes en la consecución de objetivos sociales y económicos, contribuyendo a la CVC.

e) Legitimidad social y aceptabilidad

v Definición: La legitimidad social se refiere al grado en que un proyecto hídrico es percibido por la comunidad y otros stakeholders como justo, equitativo, necesario, culturalmente apropiado y alineado con sus valores, normas y expectativas. La aceptabilidad es la manifestación de esta legitimidad, expresada en el apoyo activo o, al menos, la ausencia de oposición significativa al proyecto. Es un componente central de la LSO.

v Componentes y alcance: Percepción de necesidad, justicia distributiva, justicia procedimental, alineamiento cultural y social, confianza en el proponente, e historia de relacionamiento.

v Importancia en la priorización: Un proyecto sin legitimidad social es propenso al fracaso. Priorizar proyectos con alta legitimidad es fundamental para su sostenibilidad, la apropiación comunitaria y la construcción de relaciones de confianza a largo plazo.

f) Gobernanza y participación

v Definición Amplia: Este criterio evalúa la calidad de los procesos de toma de decisiones, la transparencia, la rendición de cuentas y el grado de participación efectiva de la comunidad y otros actores relevantes en todas las fases del ciclo del proyecto hídrico. Una buena gobernanza asegura que el proyecto responda a las necesidades reales, sea gestionado de manera eficiente y equitativa, y que los beneficios sean sostenibles.

v Componentes y alcance: Participación comunitaria genuina (co-creación), transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, fortalecimiento de capacidades locales para la gobernanza, mecanismos de resolución de conflictos, y articulación multiactor.

v Importancia en la priorización: Esencial para la equidad, eficiencia y sostenibilidad. Fomenta la apropiación local, reduce riesgos de mala gestión, mejora la calidad de las decisiones y es un pilar de la LSO.

g) Resiliencia climática

v Definición: La resiliencia climática de un proyecto hídrico se refiere a su capacidad para anticipar, absorber, adaptarse y/o recuperarse de manera efectiva de los impactos del cambio y la variabilidad climática (ej. sequías, lluvias extremas, retroceso glaciar), al tiempo que contribuye a la capacidad adaptativa de la comunidad y los ecosistemas.

v Componentes y alcance: Análisis de vulnerabilidad climática, diseño adaptativo, contribución a la capacidad adaptativa comunitaria, reducción de la huella de carbono del proyecto, y consideración de soluciones basadas en la naturaleza.

v Importancia en la priorización: Fundamental para la sostenibilidad a largo plazo del proyecto y para proteger las inversiones y los beneficios comunitarios en un contexto de crisis climática, especialmente en regiones vulnerables como los Andes.

h) Sostenibilidad post-cierre

v Definición: Este criterio evalúa la capacidad del proyecto hídrico y de los beneficios que genera para perdurar de manera efectiva y autónoma (o con mecanismos de apoyo claramente definidos) una vez que el principal promotor (ej. empresa minera) concluye su participación activa o su periodo de financiamiento.

v Componentes y alcance: Sostenibilidad técnica y operativa a largo plazo, sostenibilidad financiera (incluyendo fondos fiduciarios), sostenibilidad social y apropiación comunitaria, sostenibilidad ambiental, y sostenibilidad institucional.

v Importancia en la priorización: Asegura que las inversiones se traduzcan en mejoras duraderas y no creen dependencias insostenibles. Refuerza la credibilidad del compromiso de la empresa con un desarrollo genuino.

El vector normalizado final que produce el algoritmo sirve como una herramienta cuantitativa y cualitativamente informada para jerarquizar y seleccionar las iniciativas hídricas con mayor potencial de generar valor compartido y fortalecer la Licencia Social para Operar (LSO).

6. Discusión

Los datos recabados y el análisis de los casos sugieren la existencia de un ciclo virtuoso (representado esquemáticamente en la Fig. 1) en la minería peruana: la provisión estratégica y participativa de soluciones a las necesidades hídricas fundamentales de las comunidades tiende a activar la norma de reciprocidad. Esta reciprocidad, cuando es gestionada con transparencia y consistencia, fomenta la construcción de confianza entre la empresa y la comunidad. La confianza, a su vez, es el cimiento sobre el cual se edifica y se sostiene la Licencia Social para Operar. Una LSO robusta se traduce en una mayor estabilidad operativa para la empresa (menos conflictos, menos paralizaciones), lo que crea un entorno propicio para la generación de valor económico. Cuando este valor económico se reinvierte parcialmente en el fortalecimiento de las capacidades locales y en la atención continua a las necesidades sociales (incluyendo la gestión sostenible del agua), se cierra el ciclo, generando así Valor Compartido. Este ciclo se alinea con el modelo de LSO de Reyna Ugarriza (2024), donde la creación de valor social mediante proyectos hídricos co-participativos, que aseguran agua limpia y disponible, se traduce en relaciones más sólidas, reducción de riesgos operativos y sociales y, en última instancia, en el fortalecimiento de la propia LSO.

Aunque la evidencia presentada es prometedora y señala un camino claro, la sostenibilidad de este ciclo virtuoso no está exenta de desafíos y depende de la confluencia de varios factores:

(i) Fortaleza de la institucionalidad local y comunitaria: Comunidades organizadas con capacidades de gestión y negociación pueden asegurar que los proyectos hídricos respondan a sus prioridades y que los beneficios se distribuyan equitativamente. La ausencia de esta fortaleza puede llevar a que los proyectos sean instrumentalizados o no respondan a las necesidades más sentidas.

(ii) Consistencia y compromiso a largo plazo de la empresa: Las iniciativas hídricas no deben ser vistas como acciones puntuales o transaccionales, sino como parte de una estrategia de relacionamiento y desarrollo territorial a largo plazo. La credibilidad se construye con el tiempo y el cumplimiento sostenido de los compromisos. Un cambio de gerencia o de prioridades corporativas puede minar años de trabajo si no existe un compromiso institucionalizado.

(iii) Marcos regulatorios y políticas públicas que incentiven la inversión en valor compartido: Mecanismos como Obras por Impuestos pueden ser adaptados y potenciados para priorizar proyectos hídricos que generen alto impacto social y ambiental, con una supervisión que asegure la calidad y la participación ciudadana. La predictibilidad regulatoria también es clave, así como una fiscalización ambiental efectiva que garantice que las operaciones mineras no comprometan las fuentes de agua.

(iv) Gestión de expectativas y comunicación transparente: Es sumamente relevante manejar las expectativas de las comunidades de manera realista y comunicar de forma clara los alcances, limitaciones y responsabilidades de cada parte en los proyectos hídricos. La falta de transparencia puede erosionar rápidamente la confianza.

7. Conclusiones

La gestión colaborativa y estratégica del agua se confirma como la palanca más efectiva y legítima para transformar el riesgo social inherente a la actividad minera en el Perú en una oportunidad genuina para la creación de valor compartido y la consolidación de una Licencia Social para Operar duradera. Las operaciones mineras que internalicen este enfoque, adoptando una postura de “dador otherish” o estratégico –orientado al desarrollo de derechos y capacidades comunitarias y no solo a la mitigación de impactos–, lograrán construir una legitimidad robusta, resiliente y mutuamente beneficiosa. El fracaso en abordar adecuadamente las preocupaciones hídricas, como se evidencia en el caso de Tía María, puede llevar a conflictos prolongados y a la inviabilidad de proyectos, incluso con importantes inversiones económicas. La aplicación de modelos de LSO que, como el propuesto por Reyna Ugarriza (2024), enfatizan la creación de valor social a través de la atención co-participativa a necesidades esenciales como el agua, demuestra ser una vía efectiva para reducir riesgos y construir relaciones sostenibles.

El agua, como nexo vital, no solo conecta ecosistemas y personas, sino que también puede y debe conectar los intereses de la industria con las aspiraciones de las comunidades, sentando las bases para un desarrollo territorial más equitativo, inclusivo y sostenible en las regiones mineras del Perú. El futuro de una minería responsable y aceptada socialmente dependerá, en gran medida, de su capacidad para ser un custodio y un socio efectivo en la gestión sostenible de este recurso esencial, aprendiendo de los éxitos y, fundamentalmente, de los fracasos del pasado.

Referencias

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ANEXOS

Apéndice A: ALGORITMO AHP-DEMATEL Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

A.2 DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

Tabla A.2. Criterios de Priorización para Proyectos Hídricos (AHP-DEMATEL)

N.º

Criterio

Pregunta guía para la puntuación (0–100)

Indicadores comunes

C1

Seguridad hídrica comunitaria

¿Cuánto mejora el acceso, calidad y continuidad del agua para la población local?

% de hogares con agua segura; horas/día de suministro; reducción de enfermedades hídricas.

C2

Impacto ambiental neto

¿El proyecto reduce o compensa impactos sobre ecosistemas acuáticos?

Variación del caudal ecológico; calidad del agua (pH, TDS); huella hídrica neta.

C3

Viabilidad técnica y operativa

¿La solución es tecnológicamente adecuada y factible de mantener en la zona?

Disponibilidad de insumos; complejidad de operación y mantenimiento; historial de fallas.

C4

Costo-beneficio socioeconómico

¿Genera beneficios sociales/económicos que superan su costo total?

VAN social; costo por beneficiario; ahorro o eficiencia operativa para la empresa (OPEX).

C5

Legitimidad social y aceptabilidad

¿Existe consenso y apoyo explícito de comunidad y actores clave?

Resultados de encuestas LSO; número de acuerdos firmados; ausencia de oposiciones formales.

C6

Gobernanza y participación

¿Incluye comités participativos y mecanismos de rendición de cuentas?

Presencia de CMVCP; frecuencia de reuniones; transparencia y acceso a información pública.

C7

Resiliencia climática

¿Aumenta la capacidad de adaptación a sequías o lluvias extremas?

Volumen de almacenamiento (m³); diversificación de fuentes; reducción de vulnerabilidad climática.

C8

Sostenibilidad post-cierre

¿Existen fondos y capacidades locales para operar la obra tras el cierre de la mina?

Fondo fiduciario (% CAPEX); capacitación en O&M; plan de gestión a ≥ 30 años.

Notas de aplicación

Ø Selección del coeficiente α (alpha):

· α = 0.5: equilibrio entre AHP y DEMATEL.

· α = 0.6–0.7: cuando se desea priorizar la jerarquía de importancia (AHP) sobre la centralidad (DEMATEL).

Ø Normalización de puntajes Pi:

· Usar calibración tipo min–max o escalas expertas.

· Asegurar comparabilidad entre proyectos en diferentes contextos.

Ø Interpretación del puntaje sintético (Scoreₚ):

· Score ≥ 80 → Alta prioridad: alto impacto y alineado a la estrategia.

· 60 ≤ Score < 80 → Prioridad media: requiere ajustes técnicos o sociales.

· Score < 60 → Prioridad baja o considerar posponer la ejecución.

Este apéndice permite reproducir la ponderación y el ranking de proyectos hídricos, garantizando transparencia metodológica y alineación con la creación de valor compartido y la construcción de la Licencia Social para Operar (LSO).

APÉNDICE B: GUION BASE DE ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS

(Nota: Este apéndice detallaría las preguntas guía utilizadas en las entrevistas con los diferentes actores, si el autor decide incluirlo para mayor transparencia metodológica).

Declaración de conflictos de interés: El autor declara no tener conflictos de interés relacionados con el presente estudio.

[1] Los ocho criterios han sido seleccionados para ofrecer un marco de evaluación integral y multidimensional para la priorización de proyectos hídricos, especialmente aquellos que se desarrollan en contextos de actividad minera y buscan generar valor compartido y fortalecer la Licencia Social para Operar (LSO).