VPN y la paradoja de la privacidad delegada

La neutralidad de internet no se garantiza cambiando de vigilante

No se trata de quién controla el acceso, sino de que nadie lo controle

Últimamente, todos recibimos con cada vez más frecuencia publicidades que nos invitan — o nos empujan — a contratar una VPN. Lo hacen con un tono casi coercitivo: “te están espiando”, “tu IP no es segura”, “navegá con verdadera privacidad”. Se suele decir que el marketing no crea necesidades, sino que las descubre. Y quizás eso sea cierto. A medida que resolvemos muchas de las cuestiones básicas — alimento, vestimenta, techo, salud, educación — nuestro “yo” evoluciona hacia nuevas inquietudes: queremos seguir viviendo bien, pero ahora también sin que nos observen. Así surgen nuevos miedos, pero también nuevos deseos. Y con ellos, aparecen alternativas de solución… o, al menos, promesas de solución.

Las VPN (redes privadas virtuales) se promocionan como herramientas definitivas para “evadir la censura”, “proteger la privacidad” o “navegar libremente por Internet”. Sin embargo, esa percepción es bastante simplista — y en muchos casos, directamente peligrosa — . En contextos donde la neutralidad de la red no existe, o donde el Estado controla la infraestructura misma de acceso a Internet, las VPN no garantizan ni eludir la censura ni conservar la privacidad. Es más: los proveedores pueden ser bloqueados, presionados o directamente forzados a entregar datos de usuarios a los gobiernos (veremos más adelante que ya existen antecedentes). Pero incluso sin intervención estatal, ya les estamos entregando nuestros datos a terceros de “confianza”, como las propias empresas que nos venden la ilusión de la privacidad total. Delegamos seguridad sin saber realmente en quién confiamos.

En este artículo intentaremos explorar por qué las VPN no son una solución mágica, por qué no basta con “cambiar de manos” el control de la red, y cómo esta ilusión de privacidad puede volverse en contra. Vamos a ver sus limitaciones técnicas y legales, casos reales en los que han fallado, y por qué quizás haya que pensar más allá de las VPN para hablar — de verdad — de libertad digital, esa que posiblemente se convierta en la verdadera libertad en un mundo cada vez más insertado en el metaverso.

Érase una vez, el no-metaverso…

El metaverso no es ponerse un casco 3D y conectarse psicofísicamente a un entorno virtual: ya estamos en un metaverso primitivo. Cuando las conversaciones pasan por aplicaciones de mensajería, cuando nuestra vida se muestra en forma selectiva en redes sociales, y cuando cada vez más adquirimos productos y servicios a través de pantallas, ya estamos dentro. Y quienes buscan sacar rédito de este nuevo entorno lo saben: desde corporaciones hasta gobiernos. Todo, en definitiva, es transaccionalidad, y el mundo digital la acelera. La pelea por obtener votos o vender más es una invitación por igual al algoritmo y a la métrica social. “Todo está vendido”, me decía un amigo cuando le llegaba un SMS (sí, un antiguo SMS) para adquirir un auto, una semana después de haber estado mirando precios en la competencia.

Google, Apple, Amazon, Cisco… los ejemplos abundan. Y todas esas grandes corporaciones ya están metidas en el mundo de las VPN. Pero no son solo las empresas las que están ganando terreno: muchos gobiernos del mundo ya están interviniendo activamente en el diseño del acceso a Internet, especialmente en lo que respecta a la neutralidad de la red. En algunos casos, directamente están desmantelándola, limitando el principio de igualdad en el tráfico de datos para imponer prioridades, controles o restricciones.

La neutralidad de red es el principio por el cual los proveedores de servicios de Internet y los gobiernos que la regulan deben tratar a todo tráfico de datos que transita por la red de igual forma indiscriminadamente, sin cobrar a los usuarios una tarifa dependiendo del contenido, página web, plataforma o aplicación a la que accedan. Tampoco pueden discriminar según el tipo de equipamiento, dispositivo o método de comunicación que utilizan para el acceso.[1]​ En definitiva, la neutralidad de la red evita que el proveedor contratado cargue tarifas adicionales por visitar alguna web a su cuenta por el servicio prestado.

Fuente: Wikipedia

Lo más preocupante es que la mayoría de la sociedad ni siquiera lo sabe. La discusión aparece, si acaso, camuflada en titulares confusos o bajo el rótulo de si Internet debe considerarse o no un servicio público esencial. Pero rara vez se explican los verdaderos alcances de esta cuestión: qué intereses están en juego, quién se beneficia, quién queda afuera. No hay una conversación pública real, sino una agenda movida por quienes tienen más poder — y más infraestructura — para decidir.

El rol ambivalente de las VPN: te esconden de unos, pero pueden exponerte ante otros.

La privacidad digital dejó de ser patrimonio exclusivo del software orientado a la ciberseguridad: donde hay interés, hay transacción, y donde hay transacción, hay actores intentando capturar valor. Lo que alguna vez fue un territorio ético-filosófico (incluso marginal) defendido por los primeros cypherpunks, hoy es un terreno conquistado por los grandes jugadores.

El gran aporte de Phil Zimmermann, con la creación de PGP (Pretty Good Privacy) en 1991, en los albores de la Internet masiva, parece diluirse en una nueva distopía posible: una en la que incluso el discurso de la privacidad es absorbido por los mismos que vigilan.

No se intenta demonizar ni a los Estados ni a las grandes corporaciones; el foco es no cambiar el foco: volver a poner en el eje central la descentralización. De hecho, los cypherpunks no crearon la VPN, pero sí crearon la cultura y las herramientas criptográficas que la impulsan hoy como parte de un ecosistema mayor de soberanía digital. Su legado es más cercano a Tor, redes descentralizadas, cifrado extremo a extremo y anonimato, mientras que las primeras VPN nacieron del mundo corporativo.

Cómo funcionan las VPN y qué pueden hacer

Una VPN crea un túnel cifrado entre el dispositivo del usuario y un servidor remoto, por lo que el tráfico entre ambos nodos está protegido. Para ello usa protocolos de encapsulamiento y seguridad criptográfica como OpenVPN, WireGuard o IPSec, impidiendo que intermediarios — como el proveedor local de Internet (ISP) o agencias de vigilancia — puedan leer o modificar los datos en tránsito. Si bien esta función es clave, la protección del origen de la conexión (el usuario) es igual o más importante. De hecho — como se mencionó anteriormente — , muchos servicios de VPN se comercializan más por esta segunda función que por la primera. La VPN reemplaza la dirección IP real del usuario por la del servidor remoto, ayudando así a ocultar la ubicación, sortear bloqueos geográficos o evadir mecanismos de censura local.

Resumiendo, podemos decir que las principales funciones técnicas de una VPN son:

• Cifrado del tráfico para proteger la privacidad.
• Ocultar la IP y la ubicación real del usuario.
• Evadir bloqueos por región, simulando conexión desde otra localización.
• Permitir acceso remoto seguro, como sucede en ambientes corporativos cuando empleados o usuarios se conectan a la red interna.

Estas funciones explican por qué las VPN se asocian con libertad digital y anonimato. Sin embargo, tienen limitaciones fundamentales que afectan su capacidad para garantizar neutralidad de red o acceso irrestricto.

Las VPN no evitan la censura

En regímenes autoritarios o en países donde no se garantiza la neutralidad de la red, el Estado suele controlar los puntos de acceso a Internet y cuenta con respaldo legal para exigir que los proveedores de servicios (ISP) colaboren en tareas de vigilancia, censura o bloqueo selectivo de contenidos. Pero esto también puede extenderse a quienes brindan servicios de VPN. Si bien en la mayoría de los países las VPN no son consideradas ISP dado que no proveen acceso directo a Internet, sino que simplemente encriptan y redirigen el tráfico del usuario, en otros con fuerte control estatal sobre las telecomunicaciones, sí son tratadas funcionalmente como tales. En estos casos:

• El Estado puede detectar y bloquear el uso de VPN no autorizadas.
• Los proveedores de VPN pueden ser forzados a entregar datos de usuarios.
• Usar VPN sin autorización puede ser ilegal y sancionado.
• La neutralidad de red está ausente, por lo que cualquier tráfico puede ser discriminado.

En suma, las VPN son sólo una herramienta técnica, pero no pueden imponer libertad o neutralidad donde el marco legal y la infraestructura se lo impiden.

Del discurso a los hechos: las VPN en el mundo real

Como se mencionó anteriormente, las VPN no nacieron de movimientos altruistas, ni como respuesta a una causa filosófica en favor de la libertad digital. Fueron creadas y desarrolladas por corporaciones, principalmente para garantizar conexiones seguras dentro de redes empresariales distribuidas geográficamente. Es recién después — y con el auge de la vigilancia masiva post-2001 — que las VPN se popularizan como “soluciones” de privacidad individual.

Pero qué hay de aquellas plataformas o empresas que ofrecen servicios de VPN gratuitos, muchos como complemento de su función original (navegador web, suite de seguridad, etc). Para esto hay una respuesta sencilla: “Si no estás pagando por el producto, probablemente tú seas el producto”. No hay madre Teresa de Calcuta, y si la hay es una sola.

Veamos algunos de los motivos que explican la “gratuidad” de estos servicios:

• Recopilación de datos (tiempos de conexión, direcciones IP, patrones de uso) que luego se venden a terceros o se utilizan para construir perfiles digitales altamente monetizables.
• Testeo de mercado, donde se aprovecha la base de usuarios para experimentar con nuevos servicios, medir comportamiento real y validar modelos de usabilidad.
• Fidelización y reputación: ofrecer una VPN gratuita puede servir como herramienta de marketing, posicionamiento o responsabilidad social empresaria (RSE), especialmente cuando se incluye como beneficio adicional de un producto pago.
• Modelos “freemium”: versiones limitadas en velocidad, cantidad de servidores o cantidad de datos disponibles, diseñadas para convertir usuarios gratuitos en suscriptores pagos. (Y quizás lo más preocupante: ¿qué implica una VPN “limitada”? ¿Qué tipo de protección se está realmente entregando?)

Lo paradójico de todo esto es que se instala una VPN para hacer exactamente lo contrario de lo que muchas veces termina ocurriendo: delegamos nuestra privacidad creyendo que la estamos protegiendo.

Las limitaciones y restriccciones van desde lo legal hasta lo funcional.

Ahora bien, más allá de lo que ofrezcan las empresas que brindan servicios de VPN, estos funcionan dentro de un contexto legal y jurisdiccional determinado. En definitiva, las limitaciones también son políticas y legales. Y ahí es donde entra en juego la acción (o inacción) de los Estados: muchos han comprendido que el acceso libre a herramientas de anonimato representa una amenaza a su capacidad de control. Por eso legislan, restringen, bloquean o directamente criminalizan su uso.

A continuación, veamos cómo se expresa este fenómeno en distintos contextos.

China: censura y bloqueos de VPN

China ha prohibido el uso de VPN no autorizadas desde 2017, y aplica técnicas avanzadas de DPI, bloqueo de puertos y bloqueo total de IPs de servidores VPN. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información exige licencias para operar VPN, lo que limita a las empresas a usar “simulacros de privacidad”.

• En octubre de 2022, China bloqueó masivamente servidores TLS de VPN, cerrando puertos y luego IPs completas cuando los usuarios intentaron evadir el bloqueo (TechCrunch, 2022).
• Usuarios que intentan usar VPN no autorizadas enfrentan multas y confiscación de ingresos, como el caso reportado en 2023 donde un programador fue sancionado (ChinaDigitalTimes, 2023).
• Importantes plataformas tecnológicas eliminan apps VPN de sus tiendas dentro de China, como fue el caso de Apple (BBC, 2017) y Amazon (Infosecurity Magazine, 2017). Tim Cook justificó la medida indicando que Apple “preferiría no retirar las apps, pero cumple con las leyes locales donde opera”

Deep Packet Inspection (DPI) o Inspección a fondo de los paquetes, es el acto de inspección realizado por cualquier equipo de red de paquetes que no sea punto final de comunicación, utilizando con algún propósito el contenido (normalmente la parte útil) que no sea el encabezamiento del paquete. Esto se efectúa en el momento en que el paquete pasa un punto de inspección en la búsqueda de incumplimientos del protocolo, virus, spam, intrusiones o criterios predefinidos para decidir qué medidas tomar sobre el paquete, incluyendo la obtención de información estadística. Esto contrasta con la inspección superficial de paquetes (usualmente llamada Packet Inspection) que solo inspecciona el encabezamiento de los paquetes.[1]

Fuente: Wikipedia

Pero esta táctica tecnológica forma parte de una estrategia más amplia. Según reportes recientes, el endurecimiento del control sobre las VPN coincide con una intensificación del aparato propagandístico del Partido Comunista Chino, centrado en reforzar la narrativa oficial dentro del país y reducir al mínimo las herramientas que permiten a los ciudadanos acceder a visiones alternativas o cuestionar el discurso dominante (Talk N’ West TN, 2024).

Pero aunque todo esto parezca reservado a regímenes estrictos y distantes, lo cierto es que veremos más adelante que hay máscaras más sutiles con intenciones muy parecidas.

Rusia e Irán: regulación rigurosa y control estatal

• Rusia obliga a oferentes de servicios de VPN a registrar usuarios y cooperar con la seguridad estatal. Producto de lo anterior, varios proveedores han sido multados o incluso cerrados por incumplimiento. Para acompañar la medida y darle potencia, sancionaron leyes que penalizan la promoción de VPN no autorizados (Investing, 2023).
• Apple eliminó 25 apps VPN de su App Store en Rusia por pedido de Roskomnadzor, el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación de Rusia (Reuters, 2024).
• Irán exige desde 2024 licencias estatales para VPN, lo que implica entre otras cosas, la entrega sistemática de datos a los servicios de inteligencia. Una resolución del Consejo Supremo del Ciberespacio de Irán impone restricciones estrictas al acceso a Internet, reforzando el control estatal sobre herramientas que permiten evadir la censura (Rferl, 2024).

VPN que han entregan datos voluntaria o forzadamente

En un mundo hiperconectado pero legalmente fragmentado, las VPN no actúan como islas aisladas, sino como eslabones vulnerables en una cadena global que ha mostrado varios antecedentes:

• En un caso entre Finlandia y Alemania (2019), la policía finlandesa obligó a un proveedor VPN a entregar registros de usuarios para una investigación alemana, a pesar de su política “no logs” (TorrentFreak, 2020).
• Algunos VPN gratuitos han sido descubiertos vendiendo datos de usuarios a terceros, dinamitando la privacidad prometida. Solo en una ocasión se filtraron más de 1,2 TB de datos de siete VPN distintas (NordVPN Blog, 2020).
• Jurisdicciones como las del “Five Eyes” (una alianza de cooperación en vigilancia entre EE.UU., Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) obligan a proveedores a cooperar con vigilancia estatal (NordVPN Blog, 2018).

“No logs” es una política declarada por ciertos proveedores de VPN que afirma que no almacenan registros de actividad del usuario, como sitios visitados, direcciones IP o duración de la conexión. En teoría, esto significa que incluso si un gobierno solicita información, no habría nada que entregar.”

— Adaptado de Electronic Frontier Foundation (EFF) y políticas estándar de privacidad de VPNs.

El problema también radica en que, incluso donde el uso de VPN está prohibido o fuertemente limitado, muchos ciudadanos siguen recurriendo a servicios alternativos para sortear la censura. Sin embargo, cuando esas VPN provienen de fuentes desconocidas o poco confiables, el riesgo no desaparece: cambia de manos. La vigilancia, la pérdida de privacidad o incluso el robo de datos personales pueden venir ahora no del Estado, sino de operadores opacos, sin rostro ni jurisdicción clara. El tráfico sigue siendo observado, solo que por otros.

Y como hemos sugerido, este fenómeno no es ajeno a contextos con tradiciones democráticas consolidadas.

Neutralidad de la red en Estados Unidos: ¿libertad?

Aunque pueda sorprendernos, en un país con la influencia tecnológica como lo es Estados Unidos, la neutralidad de la red está lejos de ser un principio inamovible. La neutralidad de la red en Estados Unidos ha sufrido idas y vueltas significativos, impulsados tanto por decisiones de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) como por fallos judiciales.

Uno de los antecedentes más importantes se dio en 2014, cuando la empresa proveedora de servicios de internet Comcast fue descubierta ralentizando (throttling) el tráfico de Netflix, aplicando prácticas de gestión de red que afectaban la calidad y velocidad del contenido. Este caso generó una fuerte reacción pública y política, evidenciando cómo los proveedores podían interferir en el acceso a ciertos servicios, afectando la competencia y la libertad en la red.

Fue en este contexto que, en 2015, la FCC (bajo la administración de Obama) decidió clasificar el acceso a Internet como un servicio de telecomunicaciones bajo el “Título II”, imponiendo reglas que prohibían bloqueos, ralentizaciones y priorizaciones pagas del tráfico.

Sin embargo, en 2017, bajo la presidencia de Trump y con Ajit Pai al frente de la FCC, estas reglas fueron revocadas mediante una orden administrativa, alegando que eran regulaciones excesivas que frenaban la innovación y la inversión privada.

Con el cambio de gobierno en 2021, la administración Biden y la FCC retomaron el impulso por la neutralidad, publicando en 2024 la “Safeguarding Order” que restablecía buena parte de las protecciones originales y otorgaba mecanismos de reclamación a consumidores y pymes.

Sin embargo, y nuevamente con un cambio de gobierno — al regresar Donald Trump al poder — , el 2 de enero de 2025 el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito (que abarca estados como Ohio, Kentucky, Michigan y Tennessee) falló en Ohio Telecom Association v. FCC que la FCC carecía de autoridad estatutaria para imponer dicha orden, anulando por sentencia judicial la Safeguarding Order antes de que entrara en vigor en los estados bajo su jurisdicción.

Naturaleza de la decisión (2 ene 2025):

-Fue una sentencia judicial del Sexto Circuito, no una nueva orden de la FCC.

-Anuló la norma restaurada en 2024, devolviendo el marco anterior (regulación de transparencia sin Título II) en esa jurisdicción.

-Puede apelarse ante el Tribunal Supremo de EE. UU., que decidirá si acepta la revisión.

Link de la sentencia: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca6/24-3497/24-3497-2025-01-02.html

Pero, en definitiva, ¿cuál es la situación actual? Podemos resumir que, a nivel federal, actualmente no existe una regla de neutralidad plena tras el fallo judicial. Solo algunas leyes estatales(como las de California, Nueva York o Washington) mantienen sus propias protecciones. La decisión del Sexto Circuito tiene carácter ejecutivo, salvo que sea apelada y revisada por el Tribunal Supremo. Hasta que este se pronuncie o el Congreso legisle nuevamente, no habrá un marco federal uniforme.

Este panorama fraccionado deja a los consumidores en un escenario donde la igualdad de trato del tráfico depende de la legislación de cada estado y de posibles resoluciones futuras del máximo tribunal o del Poder Legislativo.

¿El confort digital ha modelado una nueva forma de docilidad global?

La justificación de esta polémica medida viene de promover la desregulación para incentivar la inversión y competencia en telecomunicaciones, bajo la idea de que la regulación previa era excesiva y limitaba el crecimiento económico, aunque en la práctica favoreció a grandes corporaciones a costa de derechos digitales. Por ejemplo, estudios y denuncias han señalado cómo algunos proveedores de telecomunicaciones han otorgado privilegios a ciertos servicios propios o aliados comerciales, en detrimento de plataformas como Facebook o Google, lo que vulnera la idea de una competencia justa y neutral. las empresas de telecomunicaciones respaldadas por servicios de streaming pueden tener vía libre para comportarse agresivamente, utilizando prácticas como “usage caps” (límites de uso) y/o la creación de “fast lanes” para contenidos preferidos (The Verge 2017).

Casos y legislaciones en Europa, América Latina y África

Europa: Balance entre Privacidad y Seguridad con Desafíos a la Neutralidad de la Red

En la Unión Europea, si bien el uso de VPN no está prohibido, hay cierto ruido respecto a iniciativas futuras como **ProtectEU y [Chat Control](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2022%3A209%3AFIN)* podrían afectar significativamente la privacidad del usuario al exigir potencialmente la instalación de backdoors* (puertas traseras) o el registro de metadatos. Estas medidas, impulsadas legítimamente por la urgente necesidad de investigar y combatir el material de abuso sexual infantil en línea (CSAM), representan un avance importante en la protección de los menores y la seguridad digital. Sin embargo, el foco del debate debería también considerar las consecuencias que tiene para la integridad del cifrado y la neutralidad de la red, ya que debilitar estos pilares podría poner en riesgo la privacidad de todos los usuarios y abrir la puerta a abusos y vulnerabilidades mayores.

Al mismo tiempo, Europa ha sido una firme defensora de la neutralidad de la red. El Reglamento de Acceso a la Internet Abierta *(UE 2015/2120)* garantiza que los ISP traten todo el tráfico de datos por igual, sin discriminación, restricción o interferencia, independientemente del remitente, el receptor, el contenido, la aplicación o el servicio. Este reglamento tiene como objetivo salvaguardar la capacidad de los usuarios finales para acceder y distribuir información y contenido, y para usar y proporcionar aplicaciones y servicios de su elección.

Sin embargo, la presión por una mayor vigilancia y acceso a los datos, como se ve con ProtectEU y Chat Control, podría generar tensiones con estos principios existentes de neutralidad de la red. Si los ISP se ven obligados a inspeccionar o filtrar el tráfico, incluso para fines específicos, esto podría sentar un precedente que erosione el ideal de “internet abierta” que la neutralidad de la red busca proteger. El verdadero debate debería centrarse en si los imperativos de seguridad pueden equilibrarse con el derecho fundamental a la privacidad y a una internet abierta, lo que incluye la capacidad de usar VPN (o nuevas alternativas) de manera efectiva sin interferencias no deseadas.

América Latina: Libertad con Marcos Regulatorios y la Neutralidad de la Red como Pilar

En la mayoría de los países latinoamericanos, el uso de VPN sigue siendo legal, y su coexistencia con marcos de neutralidad de la red y protección de datos es clave. Esta región se inclina principalmente hacia la protección de las libertades en internet, y la neutralidad de la red juega un papel importante en este foco. Veamos algunos puntos interesantes:

• Brasil: El “Marco Civil da Internet” (Ley de Derechos Civiles de Internet de Brasil) es una legislación histórica que protege explícitamente la neutralidad de la red. Asegura que los ISP no pueden discriminar en el tratamiento de los paquetes de datos, garantizando un campo de juego igualitario para los servicios y aplicaciones en línea, incluidos los accesibles a través de VPN. Si bien es cierto que los ISP están obligados a conservar registros de tráfico por hasta 12 meses para fines judiciales (importante para equilibrar libertad y monitoreo), la protección de la neutralidad de la red sigue siendo fundamental. Un ejemplo claro de esto es que un ISP no podría ofrecer un paquete de datos que acelere el acceso a una plataforma de streaming específica mientras ralentiza otras, ya que iría en contra de la naturaleza del principio.
• Argentina y Uruguay: Ambos países han recibido una “decisión de adecuación” del GDPR (Reglamento General de Protección de Datos de la UE). Esto facilita las operaciones transfronterizas de servicios VPN sin que se les impongan obligaciones adicionales, lo que es un punto a favor para la libre circulación de datos y servicios. En cuanto a la neutralidad de la red, si bien no tienen leyes tan explícitas como Brasil, sus marcos regulatorios generalmente defienden la no discriminación del tráfico. En Argentina, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522) ha sido interpretada en algunos aspectos como un intento indirecto de proteger la neutralidad. En Uruguay, la regulación y las políticas tienden a favorecer un acceso no discriminatorio a internet, aunque no existe una ley específica de neutralidad de la red.
• Chile: La reforma de la Ley de Protección de Datos (agosto de 2024) crea una Agencia de Protección y refuerza los derechos de los usuarios. Aunque no limita ni restringe en forma directa a las VPN, este avance en la protección de datos es importante para el ecosistema digital en el país. Chile fue el primer país en América Latina en aprobar una ley de neutralidad de la red, la Ley 20.453 (2010), que prohíbe a los ISP bloquear, interferir, discriminar, complicar o restringir el derecho de cualquier usuario de internet a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de internet.

África: Restricciones Directas y Control de Contenido con Desafíos a la Neutralidad de la Red

En algunos países africanos, las restricciones directas a las VPN están relacionadas con el control del “contenido ilegal”, lo cual le da cierta ambigüedad, y esto muchas veces se superpone con un control menos estricto o incluso la ausencia de principios de neutralidad de la red. Mientras que países como Egipto, Marruecos, Sudáfrica y Nigeria presentan enfoques más flexibles o regulados respecto al uso de VPN, con ciertas limitaciones específicas, otros mantienen políticas mucho más restrictivas.

• Tanzania (Reglamento de 2020, aplicabilidad desde 2023): Este país prohíbe el uso de VPN sin permiso del regulador. El incumplimiento puede acarrear multas pecuniarias o incluso penas de prisión si el servicio no está registrado. Esta es una de las regulaciones más restrictivas a nivel global en cuanto al uso de VPN. La falta de una legislación sólida sobre neutralidad de la red en Tanzania permite a los ISP una mayor libertad para gestionar el tráfico, lo que puede incluir la ralentización o el bloqueo de servicios, especialmente aquellos que el gobierno considera problemáticos. Esto crea un entorno donde tanto el uso de VPN como la libertad de acceso a contenidos están limitados.
• Convención de Malabo (vigente desde junio de 2023): Esta norma continental de la Unión Africana sobre ciberseguridad y protección de datos podría sentar las bases para marcos nacionales más estrictos. Aunque busca fortalecer la ciberseguridad, también podría abrir la puerta a mayores restricciones en el uso de herramientas como las VPN en el futuro, especialmente si no se acompaña de protecciones robustas de neutralidad de la red. Lo relevante es que la Convención en sí no aborda directamente la neutralidad de la red, lo que significa que la implementación a nivel nacional podría carecer de protecciones explícitas contra la discriminación del tráfico.

Vale agregar que Egipto, Marruecos, Sudáfrica y Nigeria se destacan como referentes en el continente por sus mercados digitales más desarrollados y marcos regulatorios más definidos y por ello los mencionamos específicamente. Sin embargo, presentan diferencias importantes: Egipto aplica sanciones estrictas para el uso de VPN con fines de eludir bloqueos, respaldadas por técnicas de inspección profunda de paquetes; Marruecos regula la importación de tecnologías criptográficas y ejerce cierto control sobre contenidos críticos; Sudáfrica permite el uso generalizado de VPN pero limita su uso para evadir derechos de autor; mientras que Nigeria, aunque con menos regulación específica, impulsa un crecimiento digital dinámico con enfoque en ampliar el acceso y mejorar la infraestructura. A pesar de estas diferencias, los cuatro países ofrecen un entorno relativamente más abierto y con mayores expectativas de avance en neutralidad de la red y protección de derechos digitales en comparación con otros países africanos.

Un tema de capas: ¿dónde reside el verdadero poder?

Cuando nos conectamos a Internet, lo hacemos a través de una pila de protocolos que van desde lo físico hasta lo lógico, desde lo que transmite los datos hasta lo que da sentido a esa transmisión. Técnicamente, hablamos de capas como:

• Interfaz de red (nivel físico),
• Internet (nivel IP),
• Transporte (TCP/UDP),
• Aplicación (lo que usamos: redes sociales, streaming, servicios, etc.).

La disputa real ocurre sobre todo entre las capas de transporte y aplicación. Mientras la capa de transporte debería ser neutral, es decir, permitir que todos los datos fluyan sin discriminación, la capa de aplicación se ha convertido en el centro de poder donde unas pocas empresas concentran el diseño, la monetización y el control de la experiencia digital.

La disputa entre la capa de aplicación y la capa de transporte no es meramente técnica: es una pelea por el control de la capa que “da valor”, no necesariamente por el valor que realmente importa a los usuarios. En otras palabras, se lucha por quién intermedia, quién captura la atención y los datos, quién define las reglas de la experiencia digital. Pero en ese forcejeo, muchas veces se pierde de vista lo esencial: la verdadera utilidad que las personas necesitan o desean. La capa que más factura (o ejerce mayor control político) no siempre es la que más aporta. Mientras tanto, el usuario queda atrapado entre capas que compiten entre sí, sin que ninguna termine de garantizarle soberanía, privacidad o libertad real.

En definitiva debemos respondernos: quién intermedia y quién queda marginado, quién captura los datos (y por ende la atención y las decisiones) y quién delimita los límites de la experiencia digital.

¿La solución? Una infraestructura de red descentralizada

La pelea es por la capa que da facturación o poder, y no por lo que es realmente importante para los usuarios.

La verdadera solución a largo plazo para garantizar neutralidad, privacidad y resistencia a la censura es una infraestructura de Internet descentralizada, gestionada y mantenida colectivamente.

Entre las aproximaciones más prometedoras destacan:

• Redes mesh y comunitarias: cada nodo es un participante activo que provee y recibe acceso. Proyectos como Althea o LibreMesh demuestran cómo las comunidades pueden autoorganizarse para construir mallas de conectividad local sin depender de grandes operadores.
• Protocolos blockchain para incentivos de conectividad: plataformas como Helium o SpaceCoin utilizan tokens para coordinar y recompensar a los nodos que ofrecen cobertura y ancho de banda. Además, el éxito de Bitcoin y otros criptoactivos ha demostrado la eficacia de los mecanismos de incentivos distribuidos para desafiar y remodelar estructuras de poder establecidas, confirmando que los modelos basados en blockchain pueden ser un motor real de cambio en el ecosistema de las telecomunicaciones.
• Cooperativas y organizaciones civiles: modelos cooperativos como Guifi.net en Cataluña o iniciativas de asociaciones de vecinos que administran infraestructura de fibra óptica o radioenlaces, evitando la dependencia de empresas y gobiernos centralizados.
• Sistemas híbridos P2P–blockchain: plataformas que combinan intercambio directo de datos (p2p) con registro distribuido en cadena, permitiendo tanto el traspaso de paquetes como la trazabilidad de quién provee qué recursos.

Estas soluciones eliminan puntos únicos de fallo y control, elevan el costo de la censura y democratizan el acceso al Internet. Al distribuir tanto la capa de transporte como la de aplicación entre múltiples participantes (usuarios, validadores, etc) , se promueve una neutralidad de hecho, capaz de resistir tanto presiones económicas como políticas.

Conclusión (necesaria)

Cuando hablamos de neutralidad, privacidad y resistencia a la censura, no basta con diseñar protocolos descentralizados: necesitamos una ciudadanía tecnológicamente consciente y políticamente activa.

Al mencionar el mundo blockchain, a menudo recuerdo las clases sobre Bitcoin (y sus grandes aspectos vinculados a la neutralidad de esta red) en las que se afirma que, si el acceso a Internet estuviera restringido por un país o un proveedor, bastaría con usar una VPN “mágica” para eludir bloqueos. La realidad, como hemos visto, es muy otra: todo depende del país, de la aplicación concreta, de las políticas del proveedor y del grado de confianza que depositemos en cada servicio. No todas las VPN son seguras, ni todas las apps permiten sortear la geolocalización, y el uso de software de origen desconocido acarrea sus propios riesgos.

Esta facilidad aparente — este confort digital — crea la ilusión de libertad mientras refuerza la sumisión: delegamos nuestra soberanía en actores opacos a cambio de que “todo funcione” sin esfuerzo. Por eso, la batalla de fondo no se libra solo en las capas de transporte o de aplicación, ni únicamente en el código de una red mesh o un smart contract: se libra en las mentes de las personas.

Solo a través de una educación digital con conciencia cívica — donde no solo se enseñe a manejar hardware o software, sino a entender quién controla la infraestructura, qué valores subyacen en cada diseño y cómo organizarnos para transformarlo — podremos convertirnos en ciudadanos y ciudadanas críticas, capaces de exigir garantías reales de neutralidad y privacidad. Sin esa formación, cualquier red descentralizada corre el riesgo de convertirse en un sistema de monitoreo “suave”, tan imperceptible como irreversible.

¿De qué sirve un sistema neutral si el camino para llegar a él está controlado?

Y he aquí la paradoja: la única forma de preservar la libertad en línea es renunciando al confort pasivo y abrazando el civismo tecnológico.