Pacto de Mayo y un Sol que oscurece.

El 1 de marzo, durante la Apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei presentó el contenido inicial y la convocatoria para formar parte del Pacto de Mayo. En su discurso, el mandatario anticipó una propuesta que tendría como sede la ciudad de Córdoba (porque de ahí es su perro Conan) y en la que se plasmaban 10 puntos específicos que incumben a la ciudadanía y delinean los lineamientos institucionales de Argentina. Pretendía ser un acuerdo de 10 puntos con el objetivo principal de “reconstituir las bases de la Argentina”.

Al momento del anuncio, Milei destacó que el decálogo quedaba sujeto a la aprobación previa de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Debido a que esta ley no se aprobó hasta el 28 de junio y ante una convocatoria débil, se pospuso hasta el 9 de julio, en Tucumán (con un gobierno peronista muy afín al Gobierno de La Libertad Avanza). Por diferentes sucesos se quedó atrás la reivindicación como fecha fundacional la circunstancia histórica de 1810 y se hará en la genuina génesis como Nación independiente y soberana que fue el 9 de julio.

De acuerdo con la presentación formal, las propuestas que incluyen 10 puntos relevantes para la vida institucional, económica, fiscal, laboral, previsional y política de todos los ciudadanos son las siguientes:

1. La inviolabilidad de la propiedad privada.
2. El equilibrio fiscal innegociable.
3. La reducción del gasto público a niveles históricos, aproximadamente el 25% del Producto Bruto Interno.
4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
5. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para poner fin de una vez por todas al modelo extorsivo actual.
6. Un compromiso de las provincias para avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
7. Una reforma laboral moderna que fomente el trabajo formal.
8. Una reforma previsional que asegure la sustentabilidad del sistema, respete a los contribuyentes y permita a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.
9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y realinee los intereses de los representantes con los representados.
10. La apertura al comercio internacional, para que Argentina vuelva a ser una protagonista en el mercado global.

Las invitaciones se dirigieron a los gobernadores que apoyan el proyecto, ex presidentes, miembros del Estado Mayor Conjunto, la cúpula de la Iglesia Católica, representantes de otros credos, autoridades militares y miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; más de 700 invitaciones. Además, se informó que se enviarán invitaciones a veteranos de la Guerra de Malvinas, presidentes de partidos y bloques que apoyaron la Ley Bases.

“Quiero convocar a gobernadores, expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la ciudad de Córdoba, para la firma de un nuevo contrato social, llamado Pacto de Mayo”, fue la invitación que extendió Javier Milei en marzo, con el objetivo de sumar adeptos al proyecto.

Durante esos meses, hubo presión para incluir temas adicionales en el Pacto de Mayo, principalmente en Educación. Un extenso diálogo que finalizó con la inclusión, aunque débilmente, de este tema.

El 7 de julio, a través del vocero Adorni, se dio a conocer el nuevo Pacto de Mayo:

1. La inviolabilidad de la propiedad privada.
2. El equilibrio fiscal innegociable.
3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar.
5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para poner fin de una vez por todas al modelo extorsivo actual que padecen las provincias.
7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.
9. Una reforma previsional que asegure la sostenibilidad del sistema y respete a los contribuyentes.
10. La apertura al comercio internacional, para que Argentina vuelva a ser protagonista en el mercado global.

Muchas de estas propuestas ya están contempladas en la Constitución Nacional, por ejemplo en su Artículo 17 en términos de propiedad privada. En cuanto a Educación, se olvidó de incluir que el Estado debe garantizar una educación inicial pública, gratuita, laica y de calidad; además, es poco claro el término “útil y moderna”, lo cual carece de definición precisa frente a una agenda vacía. Honestamente, resulta irónico que los dirigentes sociales y políticos crean que este punto respeta lo que realmente desprecian: la educación pública.

Sin embargo, algo que se presenta tanto en la primera como en la segunda versión del pacto a firmarse en vísperas del Día de la Independencia es la preocupación por el derecho ambiental. El nuevo séptimo punto (anteriormente el punto 6) abre la puerta a la explotación irresponsable y desmedida de los recursos y bienes naturales de la República Argentina. “El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país” invita no solo a explotar irresponsablemente los ecosistemas de nuestro territorio, sino que carece de sentido asignarle un punto que representa el 10% equitativo del pacto. Se podría dar el beneficio de la duda, pero ya hemos visto la intención detrás de esto en varias ocasiones, como las declaraciones del presidente y sus funcionarios, y en la sección de la Ley Ómnibus sobre el avance contra el derecho ambiental del país, donde se propuso desproteger los glaciares, el Mar Argentino, los bosques nativos y todo lo que implica la naturaleza y su protección.

La Ley Bases aprobada contiene varios títulos que potencialmente afectan el “derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano (…)” que contempla el Artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, centrado en el desarrollo sostenible de nuestro país. Con esta aprobación, el Poder Ejecutivo Nacional podrá modificar e incluso disolver fideicomisos públicos (como el de protección de bosques nativos o manejo del fuego), lo cual es relevante frente a funcionarios públicos que afirman que la deforestación debe regular el mercado y que el cambio climático no existe, ignorando que los bosques nativos son fundamentales para la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

Y lo más preocupante: se aprobó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que establece que “sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o acción que limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en este título por parte de la Nación, las provincias o sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hayan adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insubsanable, y la justicia competente deberá impedir su aplicación de manera inmediata”. Básicamente, anula cualquier normativa que las empresas explotadoras de recursos naturales consideren mínimamente perjudicial para sus negocios. Este y otros beneficios del RIGI se extienden por 30 años en un contexto de crisis climática, pérdida de biodiversidad y contaminación ambiental. No es difícil anticipar que las condiciones ambientales y climáticas cambiantes, así como el surgimiento de nuevas tecnologías y tendencias de mercado, requieran la implementación de nuevas normas de protección ambiental en beneficio del bien público. Sin embargo, según el RIGI, estas serían consideradas nulas.

El RIGI parte de una premisa grave y errónea: que los inversores o las VPU tienen derechos absolutos después de adherirse al régimen, donde el zorro cuida el gallinero y se ignora las autonomías provinciales y el principio básico de la democracia: la capacidad de definir a través de mecanismos de deliberación democrática las leyes bajo las cuales nos regimos como comunidad. Además, el RIGI permite eliminar regulaciones sobre insumos; por ejemplo, si hay escasez de agua, la empresa tiene prioridad de acceso sobre la población argentina. Obviamente, este régimen no requiere que las empresas beneficiarias presenten Estudios de Impacto Ambiental ni realicen Evaluaciones de Impacto Acumulativo.

El RIGI es la clave para el punto 7 del Pacto de Mayo, es la llave que abre la puerta para cumplir este punto, y es una llave para socavar la cultura democrática y la destrucción del ambiente. Lo que se intentó en el proyecto de Ley Ómnibus y los instrumentos aprobados en la Ley Bases legitiman de alguna manera la explotación irresponsable de nuestros recursos naturales. Es un relanzamiento del frustrado capítulo ambiental, pero esta vez con una declaración y un pacto unilateral, cuyo único propósito práctico es socavar los fondos destinados a la protección ambiental y flexibilizar normas clave en la gestión de los recursos naturales.

Estoy de acuerdo con algunos puntos enumerados en la nueva Acta de Mayo (propiedad privada, reducción del gasto público, educación moderna, equilibrio fiscal, reducción de la presión impositiva, comercio internacional, inserción de Argentina en el mundo, entre otros), pero en materia ambiental es extremadamente perjudicial, especialmente dado el historial conocido de este Gobierno nacional.

Puede parecer un conjunto de deseos y buenas intenciones, reflejando un compromiso firme con la libertad, la responsabilidad fiscal y el desarrollo económico, donde la protección de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y la reforma tributaria son medidas esenciales para fomentar la prosperidad y el bienestar de todos los argentinos. Sin embargo, no lo es.

Es crucial recordar que los pactos políticos deben surgir del diálogo y la cooperación entre partes con diferentes perspectivas, priorizando el bien común y buscando acuerdos duraderos y beneficiosos para la sociedad. Un compromiso que se presenta como inalterable e impuesto unilateralmente sirve más a la narrativa política del gobierno de turno que al bienestar efectivo de la nación, excluyendo oportunidades de diálogo y acuerdos efectivos.

Los problemas de Argentina no se limitan a las diferencias políticas, sino que incluyen la degradación institucional y la violencia estructural que han persistido durante generaciones. Debemos abogar por reconocer y resolver estas dinámicas, donde el problema es ético, moral y humano, y reafirmar el compromiso con el estricto cumplimiento de la Constitución Nacional.

Este pacto peca de falta de trascendencia y pluralismo en los diez puntos propuestos, una mezcla de principios constitucionales ya establecidos, buenas intenciones y propuestas de reformas específicas de un gobierno particular. La composición minimalista del Consejo de Mayo sugiere un intento de suplantar al Congreso, comportándose de manera autocrática y corporativista. El Congreso de la Nación debe ser el único espacio institucional para la deliberación pública y la construcción de consensos necesarios para Argentina.

El pacto no debería renunciar a la esperanza de que nuestro país aproveche su potencial ambiental cuidándolo mejor, ampliando su horizonte productivo y generando más y mejores empleos. El punto debió decir algo como “Un compromiso de las provincias para avanzar en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del país, como establece el Art. 41 de la Constitución Nacional”. Tampoco debió renunciar a una justicia transparente y eficiente, aunque ya hay un pacto para establecer la impunidad de los corruptos, como la designación del juez Lijo para la Corte Suprema. También se debió pactar cambiar las cárceles y mejorar la Salud Pública.

La foto y las 19 firmas de los gobernadores respaldan lo que hará, y en términos ambientales, será un enorme retroceso y ataque a los ecosistemas naturales, los ambientes humanos y las comunidades argentinas. Es un “OK” a las barbaridades ambientales.

Con la determinación “refundacional”, autoritaria y desorganizada en no acepta Es la Subordinación de Mayo, pero en julio. Una subordinación de quien lo firme hacia los designios del Presidente violento. No es una Argentina que muestra consenso y acuerdos.

Los gobiernos nacionales rara vez han cumplido con el mandato constitucional, y Argentina enfrenta nuevamente una crisis económica, social y política. La flexibilización de normas ambientales no es el camino hacia un desarrollo sostenible. Tras la aprobación de la Ley Bases y el Pacto de Mayo, la sociedad civil debe vigilar los posibles impactos socioambientales negativos. No podemos permitir que se sacrifiquen los recursos naturales que abastecen a ecosistemas, poblaciones y diversas actividades productivas solo para beneficio de unos pocos. Seguiré exigiendo que no se flexibilicen leyes ambientales fundamentales como las de bosques y glaciares. Hoy no existen certezas ni garantías respecto a que las modificaciones propuestas anteriormente no vuelvan a ser presentadas.

Para lograr un verdadero cambio, es necesario adoptar un enfoque diferente y comprometido, que incluya escuchar, trabajar juntos y respetar las diversas perspectivas. El Pacto de Mayo, que parece más un contrato unilateral que una verdadera plataforma de reformas, no representa el camino auténtico hacia la transformación deseada.

¿Cuándo van a entender que la Acta de Mayo (Pacto de Mayo) es una trampa?¿Cuando van a entender que es un evangelio libertario?