Cuatro niños heridos por mina antipersonal en Nariño: tragedia humanitaria y respuesta médica oportuna en Tumaco

Por Janer Alberto Cuellar

Un nuevo hecho de violencia contra la población civil sacude al suroccidente colombiano. Cuatro niños, con edades entre los 2 y 6 años, resultaron gravemente heridos tras la explosión de una mina antipersonal mientras jugaban en la vereda La Laguna, zona rural del municipio de Olaya Herrera, el pasado 19 de abril.

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El incidente, que pone de relieve la persistencia de prácticas prohibidas en el conflicto armado, dejó a tres de los menores con heridas de tal gravedad que requerirán la amputación de uno de sus pies. La activación del artefacto explosivo ocurrió en un área que, según información preliminar, estaría bajo la influencia de la estructura Alfonso Cano, perteneciente a la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).

En medio de la tragedia, la rápida reacción institucional fue determinante. Tropas de la Fuerza de Tarea Hércules del Ejército Nacional realizaron una evacuación aeromédica de urgencia, trasladando a los menores, junto a un familiar y personal sanitario, hacia el Hospital San Andrés de Tumaco.

Allí, el equipo médico actuó con celeridad y precisión. La atención inicial fue clave para estabilizar a los pacientes en un contexto crítico, garantizando condiciones seguras antes de su eventual remisión a centros de mayor complejidad fuera del departamento.

El liderazgo de la doctora Marylin Rosales Arboleda resultó fundamental en la coordinación de la respuesta hospitalaria. Su gestión, junto al compromiso del personal asistencial, permitió contener una emergencia de alta complejidad en un territorio históricamente golpeado por limitaciones estructurales en el acceso a servicios de salud especializados.

Desde la Gobernación de Nariño se activaron los protocolos de atención y acompañamiento a las víctimas, en articulación con las autoridades militares y de salud. La respuesta conjunta evidencia la capacidad de reacción del Estado en situaciones extremas, aunque también deja al descubierto los desafíos persistentes en materia de seguridad y protección de la niñez.

El Ejército Nacional, por su parte, condenó enérgicamente lo ocurrido, calificándolo como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), al tratarse del uso de métodos de guerra indiscriminados que afectan directamente a la población civil, especialmente a menores de edad.

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Más allá de la respuesta oportuna de las instituciones, el hecho resulta profundamente alarmante. La instalación de minas antipersonal en zonas donde habitan comunidades rurales no solo constituye un crimen de guerra, sino también una muestra de la degradación del conflicto armado en regiones como Nariño.

Este caso, además, sería el primero registrado en el departamento durante 2026, aunque no es un hecho aislado en el país. En octubre de 2025, un episodio similar en Antioquia dejó también a menores de edad gravemente heridos, evidenciando la continuidad de estas prácticas pese a su prohibición internacional.

Aunque las autoridades no han atribuido la instalación de la mina a un grupo específico, en esta zona opera la estructura Alfonso Cano, de la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

La tragedia de estos cuatro niños no puede ser reducida a una estadística. Es un llamado urgente a reforzar las acciones de desminado, garantizar la protección efectiva de las comunidades y exigir responsabilidades a los actores armados ilegales que continúan utilizando artefactos explosivos en violación de todas las normas humanitarias.

Mientras tanto, en Tumaco, el compromiso del personal médico y la respuesta institucional lograron contener lo peor en medio del horror. Pero la pregunta de fondo sigue intacta: ¿cuántas tragedias más serán necesarias para erradicar definitivamente estas prácticas del conflicto colombiano?