Foto: Swiss Info

¿Estamos ante una nueva reforma estructural en el Perú?

La pequeña minería y la disputa silenciosa por el subsuelo

En 1969 la Reforma Agraria transformó radicalmente la relación entre el Estado, la propiedad de la tierra y el mundo rural peruanos. No fue un evento que sucediera de la noche a la mañana: desde el siglo XIX se había expandido el latifundismo y el sistema de haciendas que estructuraban el campo en el Perú. Casi a la par, ocurría la Revolución Rusa, el marxismo latinoamericano y las ideas de Mariátegui –plasmadas en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana– fueron sedimentando narrativas de justicia agraria y obrera. Para cuando terminó la Segunda Guerra Mundial ya se había institucionalizado el discurso indigenista en el Estado y en nuestra idea de nación que, tras décadas de movimientos campesinos, cristalizo en tomas de tierra y, por último, en el golpe de Estado de Velasco. La Reforma Agraria fue la resolución estatal a un conflicto territorial arrastrado por generaciones.

En los últimos veinte años he recorrido e investigado en las zonas mineras del Perú: desde los campamentos de la minería aluvial en la selva, a socavones a más de cinco mil metros de altura, y de allí, a mítines de federaciones mineras y a extensas charlas con sus líderes. A partir de esta experiencia y de los datos acumulados durante estos años, sostengo una hipótesis: estamos ante el inicio de una reforma minera agazapada, comparable en escala y profundidad a la reforma agraria de fines de los años sesenta.

El paralelo entre la Reforma Agraria y la expansion de la pequeña minería actual se sostiene, a mi juicio, en cinco razones principales:

“La mina para quién la trabaja”. Foto obtenida de la cuenta en Facebook: “Mineros ancestrales”.

Primera razón: las invasiones.

En los años sesenta, el campesinado se organizó para ocupar tierras bajo el lema “la tierra para quien la trabaja”. Las tomas de Quillabamba, lideradas por Hugo Blanco, simbolizaron un movimiento que desbordó al Estado y forzó la reforma agraria.

Hoy, un fenómeno paralelo ocurre en el subsuelo.

Miles de pequeños mineros artesanales y organizaciones de mineros informales, y otros tanto de ilegales, explotan concesiones que, legalmente, pertenecen a terceros pero que han ocupado de facto, y reclaman un derecho territorial legitimado en su trabajo.

Esta no es solo una expansión económica: es un movimiento social que abarca desde el oro hasta el cobre, y que opera como un vector de reconfiguración territorial en Madre de Dios, Puno, Arequipa, Piura, Apurímac y otras regiones. A este movimiento se suman antiguas comunidades campesinas que hoy explotan las concesiones bajo sus terrenos comunales, directamente. Sin permiso ni del titular de la concesión ni del Estado.

Medio siglo después, la pequeña minería ocupa el mismo lugar de ruptura estructural que las tomas campesinas. Estamos presenciando una reforma minera silenciosa, que el país aún no reconoce ni nombra. El subsuelo — y no la superficie — es ahora la frontera donde se disputa el derecho a existir económicamente.

Segunda razón: el discurso telúrico: la mina como derecho ancestral.

En los años sesenta, el campesinado popularizó una consigna que resumía un conflicto estructural: “la tierra para quien la trabaja”. Hoy, escuchamos una versión casi idéntica, con una sola palabra cambiada: “la mina es para quien la trabaja”.

Este no es un mero eslogan.

Es un discurso de legitimidad telúrica, en el que los pequeños mineros no solo reclaman un derecho económico, sino una identidad. Se presentan como los verdaderos peruanos, los dueños ancestrales del subsuelo, herederos directos de los mineros del Tahuantinsuyo. No es solo subsistencia. Es pertenencia. En sus propias palabras:

“Incas, espartanos, guerreros y guerreras que dinamizan la economía del país en todos los rincones de la patria”.

“Somos la voz que sale de los socavones, de las cumbres y de las playas […] Somos la revolución constructiva que el país tiene que hacer en paz y democracia”.

“No podemos permitir que nos sigan diciendo ilegales. Nosotros somos la realidad de la economía”.

“Se han dedicado a perseguirnos, erradicarnos. No hay una sola ley a favor de los pequeños mineros. […] Somos el motor de la economía”.

Tal como los campesinos reclamaban el derecho a la tierra en los sesenta, hoy decenas de miles de trabajadores mineros reclaman el derecho a la mina propia no desde la ilegalidad, sino desde una legitimidad que construyen sobre su trabajo y su propia lectura de la historia.

Este discurso telúrico, emocional y profundamente político, choca frontalmente con el lenguaje técnico del Estado: trazabilidad, REINFO, normas. El proceso de formalización, concebido como solución burocrática, es leído desde la pequeña minería como un dispositivo hostil, orientado a debilitarlos y desarticularlos políticamente.

Tercera razón: liderazgo sindical transformado en liderazgo minero.

Buena parte de los líderes actuales de las federaciones de pequeños mineros provienen de la cultura sindical forjada en torno a las grandes empresas estatales como Centromin. Formados en partidos de izquierda y movimientos obreros, estos dirigentes trasladaron su marco ideológico a su nueva condición de pequeños productores mineros. La gran minería formal sigue siendo su adversario simbólico, aunque sus propias operaciones frecuentemente incumplan normas laborales y ambientales.

Este liderazgo, nutrido de nuevos cuadros, es el que estructura y reproduce el discurso telúrico: la mina como derecho legítimo y el Estado como adversario. En términos políticos, es el mismo liderazgo que impulsó la reforma agraria, reconfigurado ahora en torno al subsuelo y la economía minera informal.

Cuarta razón: de la organización al poder económico: una novedad histórica.

A diferencia del campesinado que impulsó la Reforma Agraria a fuerza de organización y voluntad política, la pequeña minería de hoy cuenta con algo que aquellos movimientos nunca tuvieron: poder económico real.

Nuevas empresas exportadoras vinculadas a la MAPE se han ubicado entre los principales exportadores de oro del país. La economía generada por la pequeña minería — formal, informal o ilegal — es de tal magnitud que financia campañas políticas regionales y congresales. No es solo un actor social: es ya un actor económico con capacidad de influencia política.

Este poder económico constituye un factor diferencial frente a la Reforma Agraria. La pequeña minería no depende exclusivamente de la movilización social: dispone de recursos financieros para disputar poder dentro del sistema. De facto, el sector ha ganado presencia política y avanza hacia un objetivo claro: reformar el marco normativo minero, empezando por la estructura del régimen concesional y el capítulo minero de la Constitución.

Lo que sucede hoy en Pataz no es un simple caso de minería ilegal, como suele presentarse en los medios. Es el escenario más visible del conflicto estratégico entre la pequeña y la gran minería por el control del sector minero nacional. Con un agravante inquietante: la infiltración y presencia del crimen organizado, que capitaliza esta disputa y debilita aún más la autoridad estatal.

Quinta razón: el crimen organizado es la nueva guerrilla.

En los años sesenta, la guerrilla era el enemigo interno que desafiaba la capacidad del Estado peruano para controlar su territorio y su población. Hoy, esa función desestabilizadora ha sido ocupada por el crimen organizado. En extensas zonas del Perú amazónico y andino, grupos armados hasta los dientes extorsionan a mineros informales y también a los mismos ilegales y consiguen algo que las guerrillas apenas soñaron: administran un territorio, establecen economías paralelas y desplazan la presencia del Estado, que termina compitiendo contra ellas como un grupo armado más.

En este contexto, la pequeña minería no puede analizarse solo como informalidad o como subsistencia. Se ha convertido en un espacio gris, situado entre la legalidad regulada y el crimen organizado, donde coexisten economías de supervivencia, redes familiares, y dinámicas extractivas vinculadas — a veces directamente — al control criminal. Mientras el Estado intenta combatir el crimen organizado y formalizar la minería artesanal mediante mecanismos burocráticos, la realidad territorial es otra: el subsuelo peruano está fragmentado entre actores que el Estado ni regula ni comprende del todo.

La chispa que encendió la pradera nacional

La pandemia funcionó como la chispa que activó este proceso latente. Durante el confinamiento, cientos de miles de migrantes internos regresaron a sus comunidades y provincias de origen. En un Perú rural sin un mercado laboral capaz de absorberlos, encontraron en la pequeña minería — ya fuera artesanal, informal o ilegal — la única vía inmediata de ingreso y supervivencia.

Este fenómeno reconfiguró el paisaje humano de las zonas mineras. Muchos de quienes hoy operan en campamentos informales no son mineros tradicionales, sino poblaciones desplazadas por el colapso económico. En este contexto, la represión contra la minería ilegal es percibida no como una acción contra el crimen, sino como un ataque directo al derecho básico al trabajo y a la subsistencia.

La pandemia del Covid–19 no creó la pequeña minería informal, pero sí amplificó su expansión y la legitimó socialmente como solución económica en ausencia del Estado.

Frente a este escenario, las herramientas estatales tradicionales — formalización, trazabilidad, fiscalización — resultan insuficientes. No estamos ante un problema técnico ni administrativo. Estamos ante una reforma minera no declarada, que desde abajo, y sin marco legal, está redefiniendo la economía rural y la propiedad efectiva del subsuelo peruano.

Cada año que el Estado no reconozca este proceso, el margen de negociación se reducirá. La pregunta no es si habrá una reforma, sino en qué términos se dará y quiénes la definirán.

¿Tendrá el Estado la capacidad política de negociar una salida? ¿O asistiremos a una reconfiguración territorial que será reconocida solo después, como ya sucedió con la Reforma Agraria?

🔍 ¿Cuál es tu mirada?

¿Estamos ante una reforma minera no declarada o el Estado aún tiene margen para ordenar este proceso? Te invito a comentar y sumar tu perspectiva — desde el campo, la empresa, el Estado o la cooperación internacional — a esta discusión que, más que urgente, parece inevitable.