Dos Ministerios y la Defensoría del Pueblo: las áreas del gobierno de Kicillof donde anida la Consultora privada de la perito Creimer

Pese a críticas de jueces y denuncias penales, la médica expande su “metodología imputadora” con toda la palanca estatal: convenios, propaganda, pasantías para sus alumnos y acceso a potenciales clientes para la consultora.

Virginia Creimer con el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

Su característico autobombo, combinado con el silencio de quienes más conocen sus prácticas, le han permitido a la médica Virginia Creimer volver a ocupar puestos importantes en el Estado, de donde había salido años antes por motivos no esclarecidos.

Con el kirchnerismo en el Ejecutivo bonaerense, a partir de 2021 la médica volvió al Estado. Esta vez desembarcó en varias áreas al mismo tiempo junto al equipo de su Consultora Pericial de Ciencias Forenses SRL, creada en 2015, que vende servicios para operar en causas judiciales del campo de la violencia de género, la policial y el abuso sexual infantil.

Defensoría del Pueblo

Creimer convenció al Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires (DPB), Guido Lorenzino, de que era pertinente crear allí un área de Orientación e Intervención Pericial. El objetivo del singular espacio es “asesorar” a la gente que quiere denunciar abuso sexual, violencia de género y violencia policial, para “detectar irregularidades en el proceso judicial”, “redactar informes técnicos periciales” para ser introducidos en los expedientes y “poder arribar a una resolución favorable del caso”.

El primer problema es que su Consultora, ubicada a metros de la DPB, se dedica al mismo negocio: convencer gente de ir al fuero penal por este tipo de presuntos delitos y hacer informes que avalen las teorías deseadas para el caso; esos informes salen un promedio de cuatro mil dólares, luego se van agregando servicios extra. El segundo problema es que esas pericias fueron desacreditadas por varios jueces y también denunciadas penalmente en distintas provincias.

Creimer desarrolla desde el Estado una suerte de asesoramiento imputador que coincide con su negocio privado, y lo multiplica en capacitaciones que brinda para las delegaciones de la DPB en el interior bonaerense.

Además, la DPB la colocó en juicios orales resonantes. Por ejemplo, cuando este organismo decidió participar del segundo juicio por la muerte de Lucía Pérez. En ese proceso, Creimer fue presentada como “asesora científica permanente” de los acusadores, en representación de la DPB, según comunicó el propio organismo.

Creimer también convenció a Lorenzino de que era pertinente colaborar desde el Estado provincial con un centro forense de punta, conducido por ella misma en otra institución donde hace pie: la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).

Al menos así surge de la propaganda de la DPB: se trata de un Centro Universitario de Ciencias Forenses y Derechos Humanos, con una morgue. Su génesis habría sido apoyada por un convenio entre el Defensor Guido Lorenzino y la UNAJ.

Esa morgue, según dijo Creimer, serviría para “no sólo realizar autopsias clínicas a personas sin vida que hayan sido vulneradas, no identificadas, sin diagnóstico de certeza de muerte o en caso de violaciones a los derechos humanos, sino que además dará respuesta directa, a través de consultorios de violencias, a toda la población que requiera asistencia en esos casos”. Según Lorenzino, “estas decisiones sirven para fortalecer a la Defensoría, porque nos da la posibilidad de abrir más puertas a las personas que tienen diferentes problemáticas”.

La actividad pericial de Creimer fue cuestionada por magistrados y forenses de varias provincias por su falta de rigor científico. Además, recibió denuncias penales (por los presuntos delitos de falso testimonio agravado, estafa procesal y usurpación de títulos y honores, entre otros ). La mayoría de estas graves denuncias se archivó sin ser investigada pero algunas se investigan en este momento.

Ministerio de Salud

Por sus contactos con el Ministerio de Salud, de Nicolás Kreplak, Creimer fue designada también al frente de un **Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses **dentro del Policlínico San Martín, de La Plata.

Creimer, cirujana allí, logró también desembarcar en el área de Medicina Legal el 28 de enero de 2022, según un posteo de la Consultora. Meses antes, se refaccionó a nuevo una gran oficina para esta misión de Creimer.

En esse Servicio, la perito colocó a casi todo el personal de la Consultora, incluido su hijo.

Una causa judicial de La Plata por la que está preso el joven Facundo Lemos refleja hasta qué punto puede ser una tentación para una consultora privada del rubro anidar en un hospital, con acceso directo a clientes potenciales. Es como si se le entregara la llave de una oficina de un hospital a un buffete de abogados.

En esa causa, mientras una paciente que había caído al vacío desde 14 metros de altura estaba en coma, la médica, sin tener elementos para decirlo, hizo un informe que especulaba con “violencia de género” y terminó por involucrar a Lemos. El abogado Emiliano Obdulio Núñez lo presentó a la Justicia y en los medios como un dictamen “fehaciente” surgido “del cuerpo de profesionales del hospital”, como si fuera parte de la historia clínica. Así comenzaron a trabajar como querella para que una tentativa de suicidio se encaminara hacia una tentativa femicidio.

Creimer le puso el sello del hospital San Martín al informe, algo que le dio fuerza neutral, estatal. Además, la médica aseguró en esas páginas carentes de membrete y estilo institucional que este trabajo se lo había “solicitado el servicio de UTI” (donde estaba internada la paciente), pero no está claro que esto haya sido así.

El fiscal de juicio Lucas Rodríguez Domski tiene a cargo esta causa.

Ministerio de las Mujeres

Creimer logró también erigirse en asesora de la ministra Estela Díaz y convencerla de involucrarse como Estado tanto en el mencionado caso de Lemos como en el reciente “caso Ghisoni”, una falsa denuncia de abuso sexual infantil. Son apenas ejemplos.

El caso refleja trágicamente el rol imputador de Creimer de ambos lados del mostrador: la Consultora y el Estado.

Ella es la autora del taxativo dictamen de abuso sexual infantil, hecho por encargo de una funcionaria de la Secretaría de Género de La Matanza, Andrea Vázquez, para involucrar a su ex, Pablo Ghisoni. Según contó Ghisoni en Telenoche, esa pericia habría costado $500.000 de la época (unos 30.000 dólares). Vázquez estuvo patrocinada por Verónica Heredia, la abogada de Sergio Maldonado.

Lo cierto es que ese dictamen fue desacreditado por una junta médica (por presunta falta de ética y de imparcialidad, y por haber revictimizado al niño) y hoy es el eje de una investigación por falsa denuncia y presunta asociación ilícita a cargo del fiscal Daniel Vaqueiro, de Lomas de Zamora.

Creimer logró que el Ministerio de la Mujer de Axel Kicillof intentara presentarse como amicus curiae en este caso, como parte de una columna militante compuesta por la socióloga Dora Barrancos, la fundación Thelma Fardin, la APDH y el exjuez federal Carlos Rozanski. En un caso donde ni siquiera el fiscal acusó y donde al final del camino el propio hijo de Ghisoni reveló que lo habían manipulado para denunciar.

Cuando quedó al descubierto que se trataba de una denuncia falsa que le arruinó la vida a una familia, la ministra Estela Díaz no explicó por qué apoyó la causa llegando al extremo de querer ser amicus (aunque no fueron aceptados).

Todo esto sin hablar del rol de Creimer en el caso Lucas Puig (donde aportó un polémico relato imputador sin ser psicóloga y sin entrevistarse con víctimas ni imputados) y en varias decenas de casos judiciales de supuesta violencia policial en los que fue contratada por organismos de derechos humanos estatales e hizo pericias engañosas, fue denunciada por presuntas maniobras para falsear causas de muerte y hasta se jactó de “hallar” objetos que involucraban a personas en graves delitos y resultaron ser truchos. Todo con el fin de calzar los casos en las teorías requeridas.

Además de beneficiarse de la propaganda estatal y del contacto masivo con clientes potenciales, varios de los convenios que la Consultora hace con el gobierno bonaerense incluyen pasantías o rotaciones en esas instituciones para los alumnos privados de Creimer.

En la Universidad Nacional de La Plata Creimer es profesora titular de la cátedra de Deontología Médica y Medicina Legal en la Facultad de Medicina.