Futuros que nacen del diálogo: lo que los hipopótamos de Colombia nos enseñan sobre la participación ciudadana

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El 13 de abril de 2026, el Ministerio de Ambiente de Colombia anunció lo que muchos llevaban años temiendo y otros exigiendo: un plan para reducir la población de hipopótamos del río Magdalena, que incluye por primera vez la eutanasia de individuos, con una inversión de más de 7.200 millones de pesos. La ministra en funciones, Irene Vélez, fue categórica: “Sin esta acción, es imposible controlar el crecimiento de la especie.” Los cálculos respaldan la urgencia. Si no se interviene, la población — hoy en torno a los doscientos animales — podría llegar a mil ejemplares para el año 2035.

La respuesta fue inmediata y predecible. La senadora Andrea Padilla calificó el plan de “cruel” y acusó al gobierno de tomar “el camino fácil”. Organizaciones animalistas presentaron propuestas alternativas. Comunidades ribereñas del Magdalena Medio — que llevan décadas conviviendo con estos animales, que los han nombrado, que los han incorporado al paisaje de su cotidianidad — observan atónitas cómo una decisión tomada en Bogotá, con argumentos científicos, pero sin ellas adentro, determinará el destino de unos seres que sienten como propios.

Aquí no hay villanos. Hay, en cambio, un dilema extraordinariamente complejo que ningún bando puede resolver solo.

Los problemas del problema

La falla más profunda en el debate sobre los hipopótamos colombianos no es técnica. No es que falten datos, ni que los científicos estén equivocados en sus proyecciones, ni que los defensores de los animales carezcan de argumentos morales válidos. La falla es que el problema se ha tratado durante décadas como si tuviera una sola respuesta correcta — que quienes la poseen solo necesitan imponerla sobre los que se equivocan.

Unos dicen: son una especie invasora que destruye ecosistemas, contamina ríos, desplaza al manatí y a la tortuga de río. La ciencia confirma que se debe actuar. Otros responden: son seres sintientes con historia, con vínculos, con una presencia que Colombia no eligió pero que ya es parte de ella. Matarlos no es gestión ambiental; es una decisión moral que requiere más que un protocolo técnico. Y en el medio están los pescadores, los campesinos, los niños que crecieron viendo hipopótamos en el río y que no han sido convocados a decidir nada.

Desde la perspectiva de la gobernanza colaborativa desarrollada por Jacob Torfing y Eva Sørensen, una decisión en política pública solo adquiere legitimidad cuando quienes serán afectados participan efectivamente en el proceso mediante el cual esa decisión se construye. No alcanza con tener razón. Hay que construir esa razón con quienes serán afectados por ella.

La trampa de los problemas retorcidos

Desde el diseño existe un nombre para situaciones como esta: wicked problems, problemas retorcidos. Son aquellos en los que no existe una formulación definitiva del problema, en los que toda solución genera nuevas consecuencias imprevistas, y en los que los actores involucrados sostienen valores fundamentalmente distintos que no pueden reducirse a un cálculo común. Horst Rittel y Melvin Webber los describieron hace más de cincuenta años, y su descripción sigue siendo devastadoramente precisa para el caso colombiano.

El error clásico ante un problema retorcido es tratarlo como si fuera un problema técnico bien definido. Se convoca a los expertos, se producen los datos, se emite la resolución, se implementa el plan. Y entonces aparecen los que se sienten excluidos, los que desconfían de la ciencia porque nunca se les preguntó nada, los que bloquean las acciones porque nadie les explicó los criterios. El resultado no es la solución del problema: es la escalada del conflicto.

En Colombia, eso es exactamente lo que ha ocurrido durante los últimos años con los hipopótamos.

Lo que propone “Futuros que nacen del diálogo”

La metodología desarrollada por el proyecto VOCES — iniciativa transdisciplinar financiada por la Vicerrectoría de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes — parte de una premisa que parece sencilla pero que tiene consecuencias profundas: la diferencia entre un problema y un dilema. Un problema tiene una solución. Un dilema tiene posiciones legítimas en tensión que necesitan aprender a coexistir.

Cuando se reformula la pregunta — de “¿cuál es la solución correcta para los hipopótamos?” a “¿cómo pueden coexistir la integridad ecológica y el bienestar de los animales que ya están aquí?” — el espacio de conversación se transforma. Ya no es un debate en el que alguien tiene que ganar. Es un proceso en el que actores muy distintos — científicos, funcionarios, animalistas, comunidades, legisladores — se sientan a construir comprensión compartida antes de formular propuestas.

La metodología no propone evitar las decisiones difíciles. Propone asegurarse de que quienes deben tomarlas cuenten con la comprensión y la legitimidad que solo el diálogo genuino puede proveer.

Por qué esto importa ahora mismo

El plan anunciado en abril de 2026 es, en términos técnicos, defendible. La ciencia respalda la urgencia de intervenir. Pero su viabilidad social es una pregunta abierta. Las medidas de manejo de fauna que carecen de legitimidad comunitaria tienden a fracasar — o a generar niveles de conflicto que hacen imposible su implementación sostenida — . No es ideología: es lo que muestran décadas de investigación en gobernanza de sistemas socioecológicos en el mundo, desde bosques comunitarios y pesquerías artesanales hasta áreas protegidas cogestionadas, donde los arreglos participativos y policéntricos han demostrado ser más efectivos y sostenibles que las decisiones impuestas desde arriba.

Lo que la metodología “Futuros que nacen del diálogo” puede aportar en este momento no es retrasar las decisiones urgentes. Es asegurarse de que esas decisiones que se toman sean ejecutables, que las comunidades en territorio las entiendan y puedan integrarse a su implementación, que los movimientos animalistas encuentren en el proceso canales para sus legítimas preocupaciones éticas, que los funcionarios que ejecutarán el plan en campo no enfrenten solos la presión de comunidades que se sienten excluidas.

Un plan de manejo que se anuncia desde Bogotá, sin un proceso de diálogo territorial previo, tiene todos los ingredientes para convertirse en otro capítulo de un conflicto que lleva décadas sin resolverse.

El diseño como práctica democrática

Hay algo que el diseño tiene para ofrecer a la gestión ambiental que no puede dar la sola experticia técnica: la capacidad de crear artefactos de diálogo — tarjetas, lienzos, notas concepto — que estructuran conversaciones complejas sin predeterminar sus resultados. Que permiten que un pescador del Magdalena, un ecólogo del Instituto Humboldt, un activista de derechos animales y un funcionario de Cornare se sienten alrededor de la misma mesa y construyan algo juntos que ninguno podría haber construido solo.

Esta no es una aspiración romántica. Es una condición práctica para que cualquier intervención en problemas de esta naturaleza tenga posibilidades reales de funcionar.

Colombia tiene una oportunidad única. Los hipopótamos del Magdalena son un caso de estudio que el mundo entero observa — científicos, juristas, filósofos, conservacionistas de decenas de países han escrito sobre ellos. Una estrategia de manejo que combine rigor científico con legitimidad participativa podría convertirse en un modelo de gobernanza ambiental para América Latina. Una estrategia que prescinda del diálogo, en cambio, reproducirá los patrones de conflicto que han bloqueado cualquier avance durante décadas.

Antes de disparar — literal o metafóricamente — , vale la pena preguntarse: ¿con quiénes conversamos para llegar hasta aquí? ¿Y con quiénes deberíamos conversar todavía?

Esta nota está vinculada a los resultados del taller “Futuros que nacen del diálogo”, desarrollado por el proyecto VOCES financiado por le Vicerrectoría de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes, en el que mesas de trabajo multiactor abordaron dilemas socioambientales en torno al manejo de hipopótamos en Colombia.